La Conferencia especializada que hoy instalamos marca, sin lugar a dudas, un hito histórico en la lucha contra uno de los males que más afecta y amenaza el sistema democrático, no sólo en nuestro Hemisferio sino en todas las regiones del mundo.

Por eso siento especial satisfacción que esta reunión se realice aquí, en Caracas, como un reconocimiento a la acción permanente del pueblo venezolano por la defensa y consolidación de la democracia y, en especial, al liderazgo que ha ejercido Venezuela y el Presidente Caldera en la búsqueda de medidas efectivas para enfrentar la corrupción.

Señor Presidente Caldera:

En nombre de la OEA y de todos los Estados que la integran quisiera agradecer a su país, por el generoso ofrecimiento realizado para que esta Conferencia tuviera lugar en Caracas, así como por el indiscutible e invaluable liderazgo que ha desarrollado para hacer posible que los países del hemisferio americano, por primera vez en la historia, se reúnan en el marco de la OEA, para considerar una Convención contra la corrupción.

Su participación en la Cumbre de las Américas de 1994, en que se reconoció de manera expresa el carácter multilateral del problema de la corrupción; su presencia y el contenido de su intervención en la clausura del Seminario sobre Probidad y Ética Cívica organizado por la OEA en Montevideo en noviembre pasado; la presentación por parte de su Gobierno de un proyecto de Convención que sirvió de base para iniciar las discusiones sobre este importante instrumento jurídico; la labor cumplida por el Canciller Burelli en la reunión de seguimiento de la Cumbre de las Américas, en relación con este tema, realizada en Washington el año pasado; la activa participación del Embajador Sebastián Alegrett, entre otros hechos, comprueban claramente que su compromiso y el de su Gobierno han sido constantes durante todo el proceso que hemos seguido hasta llegar a esta Conferencia Especializada.

La corrupción es, cualesquiera sean las razones que se invoquen para ello, una de las más serias amenazas para la sobrevivencia y la consolidación de la democracia y para el desarrollo económico de nuestros países.

Como lo han demostrado recientes experiencias, la corrupción constituye a su vez una dificultad y un desafío real para todos los Estados, en todas las latitudes y regiones, en países desarrollados y en vías de desarrollo.

Desafortunadamente, con diferentes orientaciones o énfasis, todos tenemos problemas en este frente. Por esto justamente, por tratarse de un enemigo que trasciende las fronteras nacionales, se requiere la acción colectiva de todos los países de América.

Presidente Caldera:

Venimos a Caracas a demostrar todo lo que esa acción colectiva puede hacer frente a ese enemigo común. Venimos a confirmar que la corrupción no es un camino sin regreso ni es inevitable. Venimos a enfrentar el pesimismo de los perdedores, de los que creen que nada se puede hacer. Por el contrario, los países americanos estamos convencidos que la corrupción se puede derrotar y por eso acudimos a esta cita para adoptar medidas que permitan conseguir ese propósito.

En la Cumbre de las Américas de diciembre de 1994, los Jefes de Estado y de Gobierno, destacaron que la corrupción era una amenaza para la democracia en el Hemisferio y por eso se comprometieron a negociar, en el marco de la OEA, un acuerdo hemisférico para la cooperación en la lucha contra este flagelo.

Por eso, apenas un poco más de un año después de esa cita histórica, la OEA, presenta en esta Conferencia Especializada el resultado de uno de los encargos que le hicieran, ustedes, los Jefes de Estado y de Gobierno: el de considerar y, en su caso, adoptar medidas para hacerle frente común a la corrupción.

El itinerario diseñado por la Asamblea de Montrouis ha facilitado que el contenido del proyecto de Convención se haya enriquecido con numerosos aportes. El texto que se presenta a consideración de esta Conferencia Especializada es el resultado de un proceso permanente de perfeccionamiento con las contribuciones de todos, desde el primer texto presentado por el Gobierno de Venezuela, pasando por el proyecto del Presidente del Grupo sobre Probidad y Ética Cívica, Embajador de Chile Edmundo Vargas Carreño, las observaciones del Comité Jurídico Interamericano, los aportes de los expertos en la materia, y la activa participación de todos los Estados.

Señoras y señores:

En el Seminario de Montevideo tuve ocasión de formular algunas reflexiones sobre la forma como debería concebirse la lucha contra la corrupción, y de presentar algunas ideas sobre el papel que puede cumplir la OEA para continuar el proceso iniciado con las discusiones en torno al proyecto de Convención.

En esa oportunidad coincidimos que el proceso que habíamos iniciado debería llevarnos a avanzar en la conceptualización y definición de una estrategia integral de lucha contra este flagelo, que el debía ser concebido más como un problema de sistemas que de personas corruptas, que el combate contra este problema debía entenderse como un proceso, y que en él todos los actores tenemos responsabilidades: los Estados, el sector privado, la sociedad civil en sentido amplio, y la comunidad internacional.

En el texto que viene a consideración de esta Conferencia Especializada, se han dado importantes avances con estas orientaciones.

Así, en primer lugar, en cuanto a su objeto, la Convención ahora no sólo buscaría la cooperación entre los Estados para hacer frente a este flagelo, sino que también tendría como propósito promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

En segundo lugar, el proyecto reconoce de manera expresa en su preámbulo y en varios de los artículos nuevos que este problema no puede ser solucionado únicamente con acciones represivas o sancionatorias una vez que ha surgido el mal, sino que también se precisan decisiones de carácter preventivo orientadas a modernizar las instituciones y a eliminar las causas mismas de la corrupción o las condiciones que la facilitan o la hacen propicia.

En tercer lugar, el nuevo texto concibe la lucha contra la corrupción como un proceso y no como el simple resultado de acciones puntuales, aisladas y sin ninguna conexión o coordinación. Del proyecto se infiere que este debe ser un esfuerzo permanente, ya iniciado por los países, que avanzaría con esta Convención y continuaría con decisiones que los Estados promoverían a nivel interno o que acordarían a nivel interamericano, a través de protocolos adicionales a esta Convención.

En cuarto lugar, el proyecto, sin desconocer la responsabilidad de los Estados para erradicar la corrupción, destaca la importancia de la acción de todos los actores. En especial, reconoce la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción y dispone que los Estados se prestarán la más amplia cooperación técnica, propiciarán el intercambio de experiencias y otorgarán especial atención a las formas y métodos de participación ciudadana en el combate de este flagelo.

Permítanme mencionar también los pasos dados en relación con otros temas que surgieron del seminario de Montevideo, así como sobre otros desarrollos recientes.

En lo que se refiere a la investigación o suministro de información por parte de entidades bancarias o financieras, la Convención representará un importante avance dentro del propósito de evitar que el secreto bancario pueda ser utilizado para encubrir o proteger a los corruptos.

En relación con el tema del derecho de asilo, al que se refirió el Presidente Caldera en su intervención en Montevideo y sobre el cual también se pronunciaron algunos Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en su reunión en Bariloche, Argentina, pienso que se ha avanzado en lograr un adecuado compromiso entre los valores protegidos por el asilo y los que son propios del combate contra la corrupción.

La razón de ser y la esencia del asilo no pueden ser en ninguna forma vulneradas, pero éste tampoco puede servir para encubrir o facilitar que quienes han cometido actos de corrupción eludan la acción de la justicia.

Dentro de este propósito, es muy importante la disposición contenida en el proyecto, según la cual, el hecho de que los bienes obtenidos como consecuencia de un acto de corrupción hayan sido destinados a fines políticos o que se alegue que él ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas, no bastarán por sí mismos para considerarlos como un delito político o conexo con uno de estos.

Otro de los temas que quisiera destacar es el que tiene que ver con el combate al soborno en las transacciones comerciales internacionales. La Cumbre de las Américas hizo un llamado a los gobiernos del mundo industrializado para que adopten y hagan cumplir las medidas contra este problema, una de las mas grandes fuentes de corrupción en nuestros países, y nos estableció un mandato de cooperación con la OCDE.

La norma propuesta en el proyecto sobre esta materia, no sólo constituiría un gran progreso, sino que colocaría a nuestro hemisferio a la vanguardia en este tema, pues la regulación y el compromiso de sancionar esta práctica ilícita se haría a través de un instrumento con carácter vinculante desde el punto de vista jurídico.

También, conviene subrayar la norma incluida sobre el enriquecimiento ilícito. Según ella, los Estados adoptarán las medidas necesarias para tipificar este delito y, para los que ya lo han hecho, éste sería un acto de corrupción para los propósitos de la Convención.

Quisiera también mencionar los avances dados recientemente, en el marco de la OEA, en relación con el combate al lavado de dinero que como ustedes saben y lo destacaron varias delegaciones en pasadas reuniones, es un tema íntimamente ligado con los propósitos de este proyecto de Convención.

En la Conferencia Ministerial realizada en diciembre del año pasado en Buenos Aires, se recomendó el establecimiento de un grupo de trabajo en la OEA sobre este tema. Dicho Grupo ya fue creado por el Consejo Permanente y, de acuerdo con el encargo que se le dio, ha comenzado a estudiar una respuesta hemisférica coordinada, incluyendo la posibilidad de adoptar una Convención interamericana para combatir el lavado de dinero.

Señores Jefes de Delegación, señores Delegados:

La Convención Interamericana contra la Corrupción será, sin duda, el más importante paso de acción colectiva dado en nuestro hemisferio en la lucha contra este mal. Pero, por supuesto, todos estamos de acuerdo en que ella no es el punto de llegada sino, el primer gran paso que dan los Estados Americanos, en el marco de la OEA para eliminar la corrupción.

De hecho, a partir de su adopción, el primer compromiso que debieran asumir los Estados aquí presentes es el de promover su ratificación en el menor tiempo posible.

Con la Convención no se agotaría el compromiso de nuestra Organización en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, la Convención debería ser la gran carta de navegación de las acciones que hacia el futuro deba emprender la OEA para apoyar a los países en sus esfuerzos para erradicar este problema.

Tanto la Secretaría General como el Presidente del Grupo de trabajo sobre probidad y ética cívica, hemos presentado algunas ideas preliminares sobre el papel que puede cumplir la OEA en el futuro, como escenario para la coordinación de políticas entre los Estados en esta materia, como foro para la coordinación de acciones con otros organismos internacionales e instituciones nacionales, y como instrumento para apoyar el desarrollo de programas de cooperación horizontal e intercambio de experiencias, así como de asistencia judicial y cooperación técnica.

Esas ideas y otras que han surgido durante todo este proceso, han llevado al convencimiento de que para continuar este esfuerzo, la OEA debería definir, a partir de la adopción de esta Convención, un Plan de acción en materia de lucha contra la corrupción como lo han hecho otras organizaciones internacionales, para lo cual presentaré en breve una propuesta al Consejo Permanente.

Señoras y señores:

Quiero compartir con ustedes unas reflexiones finales. La primera, tiene que ver con el futuro de la democracia en nuestro hemisferio y, la segunda, con el papel del multilateralismo para el trámite y solución de problemas colectivos.

Después de la noche oscura de las dictaduras, la democracia llegó a nuestros países. Pero, permítanme decirlo con toda sinceridad, esto no quiere decir que no existan amenazas. Por el contrario, viejos y nuevos problemas atentan contra la economía, la democracia, la paz y la seguridad en nuestro hemisferio.

Vengo de Cartagena de Indias donde tuve la ocasión de decirle a los empresarios de nuestro hemisferio reunidos allí que el Área de Libre Comercio de las Américas no era simplemente un proyecto económico sino un proyecto político. Que más allá de preservar la voluntad de los países, o de sus gobiernos o de mantener el dinamismo de las corrientes comerciales, como uno de los motores de nuestro crecimiento económico, era necesario mantener también los compromisos de la Cumbre de Miami, en el área de política social y fortalecer nuestra democracia para combatir amenazas como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo.

No tendría sentido que avanzáramos en materias comerciales si nuestras democracias tambalean carcomidas por la corrupción, o si las gentes se levantan contra el sistema de libre empresa porque equivocadamente lo responsabilizan de las dificultades que encuentran los gobiernos para adelantar políticas sociales que realmente mejoren los niveles de vida de los sectores más pobres.

Desde Miami hemos aprendido mejor a conocer nuestras debilidades e incertidumbres. Hoy es más fácil conocer los factores económicos, las limitaciones políticas y la necesidad de fortalecer el Estado sin acrecentar su tamaño en muchas áreas.

Lo que ha pasado en las Américas no es muy distinto de lo que ha ocurrido con la evolución económica y política del este de Europa y de la ex-Unión Soviética. Hasta hace unos pocos meses, pensábamos que la globalización, la prosperidad, el progreso y la reforma económica eran inevitables porque compartíamos unos valores económicos y subestimábamos los problemas políticos y sociales. Vivíamos una oleada de euforia ilimitada. Hoy ya sabemos que no hay utopía sin tropiezos.

Pero yo no creo que en ningún país de América se esté dando un retroceso. Más bien, estamos viviendo en un mundo más realista, sin milagros económicos y sin la fe ciega en esa suerte de determinismo, según la cual, la fortaleza de los mecanismos del mercado era suficiente para garantizar el crecimiento y el bienestar.

Nuestros pueblos no le han dado la espalda a la modernización, ellos han aprendido de manera dolorosa los altos costos y traumatismos de los abultados déficits fiscales y de la pérdida de la estabilidad financiera y monetaria, como lo ha señalado claramente el propio Presidente Caldera en la reciente instalación del Congreso. En todos los países, dirigentes y ciudadanos han estado dispuestos a pagar los costos de recuperar el equilibrio fiscal, la estabilidad de precios y la confianza empresarial, punto de partida, de la prosperidad y el crecimiento.

Pero los ciudadanos de las Américas también quieren que las reformas lleguen hasta las funciones del Estado y que este tenga la capacidad de enfrentar los problemas que a los ciudadanos más les conciernen en su vida diaria. Nuestra gentes desean ver como sus gobiernos defienden sus libertades políticas y económicas, pero también como aseguran la igualdad, la justicia social, los nuevos derechos, más democracia, una mayor participación y un mejor control ciudadano.

Para integrar en la década próxima a las Américas, al mismo tiempo que defendemos las reformas económicas, debemos ser capaces de fortalecer las democracias y sus libertades, eliminar la corrupción política y enfrentar las diversas formas de violencia,

El trámite de este proyecto de Convención también nos confirma que es a través de la acción colectiva, de la cooperación y la definición de unas reglas comunes, en un plano de igualdad, con sujeción a los principios de la Carta de nuestra Organización, como el respeto de la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos, como podemos hacerle frente a enemigos o amenazas comunes.

Tenemos que evitar las tentaciones unilaterales y las soluciones simplistas o extremas para hacerle frente a problemas comunes. Entre todos tenemos que fortalecer el multilateralismo y, en particular, el Sistema Interamericano como el escenario natural para resolver los problemas colectivos.

Como lo dije en Haití, la gran paradoja de los tiempos que corren es que quienes por muchos años pensaron en el multilateralismo como un instrumento que era útil solo para legitimar las decisiones de los poderosos, se encuentran hoy enfrentados a la realidad de que esas mismas organizaciones pueden ejercer ahora un papel que garantice el equilibrio en las relaciones internacionales contemporáneas y ser el espacio propicio para la acción colectiva.

Señor Presidente, señores Delegados:

Ningún sitio mejor que Caracas, la cuna del Libertador Simón Bolívar, para que "los hijos del hemisferio de Colón" -como él llamara a todos los pueblos de América- se unan en torno a una causa común: la consolidación de la democracia y la lucha contra la corrupción, una de sus más serias amenazas.

El Libertador Bolívar habló de "la peste moral", dijo que las administraciones deshonestas quiebran los países y afirmó que la corrupción envenena las repúblicas y les quita toda la esperanza.

Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones. Estoy seguro que esta Conferencia nos aportará valiosos instrumentos para erradicar la corrupción de nuestros países y asegurar, como Bolívar: "la mejor política es la honradez".

Muchas gracias.