Señores y señoras embajadoras y representantes de las Misiones Permanentes;

Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

Distinguidos panelistas, señores y señoras:

Me resulta muy grato estar con ustedes en esta sesión del Foro Democrático discutiendo la relación entre democracia y derechos indígenas. Tengo un interés personal en las culturas indígenas de nuestro continente. Este interés nace de la experiencia de mi propio país, Colombia, y se extiende al resto del hemisferio. También creo que el tema indígena es muy relevante a los desafíos actuales de los Estados miembros de la OEA: erradicación de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas; fortalecimiento y consolidación de la democracia; pleno respeto a los derechos humanos; y protección del medio ambiente.

Hasta el momento, debemos reconocer, el tema indígena ha sido tratado de manera un poco marginal dentro de la Organización. Creo que llegó el momento de hacer deliberada incorporación del tema indígena a las prioridades de nuestra agenda. No podemos continuar ignorando la contribución que los 40 millones de indígenas que habitan en las Américas hacen a diario en cada uno de nuestros países, ni tampoco los problemas de discriminación, marginación y pobreza que tienen la mayoría de ellos. Por ello, la Organización debe iniciar un diálogo más profundo y un trabajo más intenso en el tema indígena. Este Foro nos ofrece la oportunidad de comenzar ese diálogo, que debería continuar cuando los Estados miembros consideren la propuesta de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Este Foro es particularmente valioso porque ofrece la oportunidad de conocer las perspectivas y contribuciones de las distintas entidades del Sistema Interamericano sobre el tema indígena, y también conocer las opiniones de importante representantes indígenas. Espero que esta reunión nos impulse a trabajar conjuntamente para mejorar el respeto a sus culturas, para incorporar plenamente a los indígenas en nuestras democracias, y para buscar mecanismos más eficientes para erradicar la pobreza y la discriminación en la que viven la mayoría de ellos.

Distinguidos participantes:

Quisiera detenerme para abordar algunas cuestiones centrales en esta tema. La identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un asunto crítico y de transcendencia histórica para el presente y el futuro de nuestro hemisferio. A partir de la historia de la conquista, la colonización y de las migraciones, las Américas tienen hoy un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. El Instituto Indigenista Interamericano ha identificado una población indígena en las Américas de unos 40 millones de personas, pertenecientes a cerca de 400 grupos étnicos. En las poblaciones indígenas se encuentra una extraordinaria diversidad lingüística y étnica, múltiples formas de desarrollo comunal en hábitats diversos como las selvas, las montañas, el campo y los centros urbanos. En todas estas latitudes las comunidades indígenas se caracterizan por utilizar mecanismos de decisión comunitarias que constituyen una parte muy importante de su tradición política y cultural.

Sin embargo, no hemos sido siempre respetuosos y conscientes de la riqueza y profundidad que presenta la diversidad cultural y los diferentes modelos socioeconómicos de estos pueblos. Tampoco hemos hecho lo suficiente para respetar sus tradiciones y autoridades. Al contrario, por muchos años, nuestros gobiernos o fueron hostiles o indiferentes a los indígenas o siguieron, en el mejor de los casos, una política que pudiéramos calificar de paternalista que trajo consecuencias adversas o fue bastante insuficiente tanto para el cumplimiento de las responsabilidades de los Estados, como para los indígenas. En general estas políticas fracasaron en sus intentos de reducir la pobreza y marginación en que han vivido estas personas, o en mejorar la relación entre indígenas y Estado.

En los últimos quince años, hemos sido testigos de nuevas actitudes que han permitido buscar una redefinición de la relación entre pueblos indígenas, Estados y la sociedad civil. Desde comienzos de los ochenta las sociedades de América Latina experimentaron un proceso gradual, pero decidido, de apertura. Los ciudadanos han ganado mayores espacios de participación política. En ese contexto, cuando nuestras sociedades comienzan a dejar de lado el modelo autoritario y centralista, e importantes sectores de la sociedad, aun marginadas, demandan un espacio propio, entendemos que es necesario redefinir las relaciones del Estado con todos los sectores de la población, y ello involucra necesariamente a los pueblos indígenas.

Por parte de los indígenas es clara una reivindicación de sus propias culturas, prácticas y derechos; y también una organización fortalecida a nivel nacional, regional e internacional para ocupar los espacios que les corresponden en una democracia moderna. Estas reivindicaciones incluyen temas relacionados con la tenencia y el uso de la tierra, el medio ambiente, el sistema de justicia, uso de sus lenguas, recuperación de algunos de sus territorios ancestrales, consagración expresa de sus derechos, participación en el desarrollo socioeconómico y político, así como el respeto de sus costumbres y autoridades.

Hay un reconocimiento por parte de los gobiernos, y en general de las sociedades, en el sentido de que la vieja manera de abordar las relaciones con las comunidades indígenas fracasó y que es necesario buscar una nueva forma de entendimiento. Por ello, los gobiernos han comenzado a modificar su política indígena, promoviendo su desarrollo socioeconómico, y la necesidad de encontrar soluciones que sean fruto del dialogo y del reconocimiento de sus derechos. En general se empieza a forjar una nueva manera para zanjar las diferencias que existen entre el Estado, la sociedad en su conjunto, y los pueblos indígenas.

En ese sentido los gobiernos han logrado importantes avances, entre los que se destacan los siguientes:

La modificación de las Constituciones de 11 países para reconocer el carácter pluriétnico y pluricultural de sus sociedades, y la promulgación en otros países de legislación que reconoce y protege ciertos derechos indígenas, sus autoridades, territorios y algunas de sus instituciones de justicia

El reconocimiento y la protección constitucional de las lenguas indígenas y la educación bilingüe en casi todo los países con importantes poblaciones indígenas;

La modificación de instituciones gubernamentales encargadas de la relación con grupos indígenas, fomentando una participación más directa de los pueblos indígenas en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo de sus comunidades;

La formulación y ratificación de instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, y la participación activa de gobiernos y pueblos indígenas en los procesos de Naciones Unidas y nuestra organización.
La confluencia de estos factores ha permitido que los indígenas asuman un protagonismo creciente en la esfera política y social de nuestros países. Ello se ve reflejado en un aumento significativo de autoridades electas de origen indígena, tanto a nivel local como nacional.

Pese a estos importantes avances queda mucho por hacer. Los indígenas siguen siendo los ciudadanos más pobres y discriminados del hemisferio, padecen de los índices más bajos de educación y salud, y continúan siendo objeto de reiteradas y graves violaciones de derechos humanos. La aguda pobreza y la enorme desigualdad en que viven, en ocasiones, conduce a situaciones de violencia y de manipulación por fuerzas externas a los pueblos indígenas.

La democratización, la integración de nuestras naciones y el desarrollo socioeconómico de nuestros países no se consolidará mientras subsistan enclaves de pobreza, marginación y exclusión. Estos factores limitan el desarrollo nacional y restringen las oportunidades que ofrece la diversidad cultural y los distintos modelos socioeconómicos. No habrá plena integración hacia afuera mientras no exista integración adentro de nuestros naciones. En ese proceso debemos encontrarnos como iguales, como herederos de un pasado común y como coautores de un nuevo destino.

En la esfera internacional presenciamos el desarrollo de nuevas normas por parte de los órganos de derechos humanos a nivel universal y regional, así como una nueva manera de diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo que enfatiza la participación, la consulta, y el respeto de las prácticas indígenas.

La OEA no puede estar ajena a estas nuevas modalidades. Por ello, apoyamos la iniciativa de los Estados miembros de encomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaborar una propuesta de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Apoyamos particularmente los esfuerzos de la Comisión de consultar ampliamente a los gobiernos y pueblos indígenas dentro del proceso de formulación de esta declaración. La manera en que distintas entidades del sistema interamericano colaboraron en ese proceso constituye una experiencia única y digna de ser emulada por el conjunto de la Organización.

Invito a los países a considerar y estudiar seriamente la nueva propuesta de declaración, a plantear sus opiniones y recomendaciones, a consultar con sus comunidades indígenas, y avanzar con decisión en la consideración de una declaración final que pudiera ser adoptada en la Asamblea General de 1998, al llegar la Organización a sus cincuenta años de existencia..

Así mismo, considero importante fortalecer y hacer más relevante al Instituto Indigenista Interamericano. El Instituto debe ser el foro hemisférico de diálogo político sobre temas indígenas y, por lo tanto, debe ganar la confianza de gobiernos y pueblos indígenas. La labor del Director apunta hoy a estas metas. El Primer Foro Continental de Pueblos Indígenas realizado en México al año pasado es un primer paso en esa dirección.

También, otras entidades de la OEA, como la UPD, el CIDI, la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y la Unidad de Desarrollo Social, entre otras, deben incorporar a los indígenas como actores y beneficiarios de sus programas y proyectos.

Quiero terminar mis palabras citando a un protagonista de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en las Américas. El Vicepresidente de Bolivia, señor Víctor Hugo Cárdenas, durante la inauguración del Fondo Indígena sostuvo que la construcción de la democracia en las Américas requiere combinar Alo mejor de la tradición democrática liberal con las tradiciones democráticas indígenas@. La democracia y el bienestar de nuestros países deben construirse sobre la inclusión y la dignidad de nuestros pueblos. La OEA quiere apoyar esos esfuerzos con lo mejor de sus recursos.

Muchas gracias.