Quiero comenzar esta intervención expresando mi agradecimiento al Gobierno de Venezuela por la invitación que me ha extendido para dirigirme a todos ustedes, con ocasión del evento que hoy nos congrega. Venir a Caracas es, como de costumbre, una feliz ocasión que me permite reencontrarme con viejos y apreciados amigos, al igual que observar el devenir de un país que ha sido desde siempre tan cercano a mis afectos.

Deseo también saludar al Presidente Rafael Caldera, quien ha sido, es y será ejemplo e inspiración para todos los que nos hemos embarcado en estos meandros de la vida pública. Su clarividencia, sus cualidades morales y su valor, señor Presidente, han ennoblecido no solo a Venezuela, sino a toda la comunidad hemisférica.

El lugar de privilegio que hoy ocupa este país dentro de las naciones americanas se va a ver confirmado una vez más, cuando el próximo mes de noviembre se reúnan en la isla de Margarita los Jefes de Estado y de Gobierno que forman parte de la Cumbre Iberoamericana, para reflexionar sobre los valores éticos en la democracia. No albergo ninguna duda sobre el éxito de esa cita, y sobre el profundo significado que tiene el tema, escogido a propuesta del presidente Caldera, y que le da un cierto viraje al enfoque sobre temas mas relacionados o conexos con los procesos económicos y de intensa competencia que han prevalecido en citas anteriores.

Por eso el tema escogido para este foro sobre gobernabilidad democrática y derechos humanos tiene una trascendencia especial. Tendría que comenzar manifestando algo que a mi juicio hace una gran diferencia en estas discusiones en América en comparación con otros continentes. Me refiero a que mientras en otras latitudes se hace énfasis en la gobernabilidad con un sentido de eficiencia o eficacia para aplicar las difíciles medicinas que los países tienen que tomar para avanzar hacia una economía de mercado o para introducir una serie de reformas institucionales o estructurales, sin mucha consideración por los métodos con que tales medidas se introduzcan, en América, cuando hablamos de gobernabilidad estamos partiendo ante todo de la preservación de los principios de la democracia.

Y esto nos debe servir para dejar claro que entre los varios principios que hemos desarrollado en la búsqueda de un destino común (igualdad jurídica de los estados, solución pacifica de las controversias, no intervención en los asuntos internos de otros estados, respeto a la soberanía y a la integridad territorial), la defensa de la democracia representativa constituye hoy uno de superior valor, aquel que, podríamos decir, le da razón de ser a la existencia de las instituciones interamericanas y a la propia OEA.

Este esfuerzo en América lo hemos tomado con toda seriedad solo en tiempos recientes, a raíz del fin de la guerra fría y del abandono de la tolerancia que hubo para con los gobiernos de facto. Porque debemos reconocer que uno de los grandes costos que tuvo esa tensión militar y política fue la de que muchos, incluidos desde luego gobiernos, se hacían los de la vista gorda frente a las arbitrariedades y atropellos de los gobiernos de facto. Y fue en ese período, con la vigorosa acción de ciudadanos de muchos países y de la que acometieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, cuando se comprendió que el punto de partida para avanzar hacia la democracia era la protección de los derechos fundamentales. Y es así como encontramos el cordón umbilical de nuestra institucionalidad. En América, gobernabilidad, democracia y protección de los derechos humanos están indisolublemente unidos. Es bien difícil saber dónde empieza una y dónde termina la otra.

Nuestros países tienen pues, ahora, no solo lo que podríamos llamar una identidad de propósitos, de medios. Nos hemos ido acercando a lo que podríamos llamar una ética común. La región ha dejado atrás la época del autoritarismo y el pasado cruel de la dictadura y de las conflagraciones internas, y se ha abocado a la construcción y consolidación de las instituciones democráticas. Es necesario insistir en que la democracia es la columna vertebral de la renovación estructural del continente y que es fundamental mirar a través de ese prisma para poder comprender la magnitud de las transformaciones pasadas y los desafíos del porvenir, las consecuencias del proceso de globalizacion y de los procesos de integración y libre comercio.

Y tal vez podríamos añadir que cuando hoy hablamos de gobernabilidad estamos refiriéndonos no a la vigencia de las instituciones democráticas desde un punto de vista simplemente formal, sino a a legitimidad de esas instituciones, a los peligros que la asechan. Y es aquí donde los fenómenos de la globalizacion, la revolución de la informática, el avance hacia lo que se ha denominado la aldea global, ha terminado por generar efectos de contagio, de aproximación a unos mismos valores económicos, políticos y sociales, con aspectos y tendencias positivos en algunos casos y muy negativos en otros. Sin duda la globalizacion ha tenido el efecto de unificar las aspiraciones políticas, de uniformizar los derechos, incluidos los económicos y sociales.

También en los últimos tiempos han surgido nuevos llamados de alerta sobre el desencanto que en diversas naciones han producido las diversas reformas originadas en los procesos de apertura, integración y globalización. Más que un movimiento masivo coherente contra los cambios, en muchos países éste ha tomado la forma de un escepticismo colectivo que en ocasiones ha estimulado la aparición de propuestas alternativas y de protestas populares. Dicho escepticismo también se extiende a las bondades de la democracia. Muchos en nuestro hemisferio empiezan a identificarla con los males que la aquejan: terrorismo, narcotráfico, corrupción, inseguridad y pobreza.

Los ciudadanos sin duda son permanentemente estimulados a tener una actitud mas contestataria, que usualmente se refleja en una gran presión para desentrañar las bondades de las instituciones politicas. Y con ello y la globalizacion de las actividades criminales, se llega a que temas que antes eran periféricos se ubiquen hoy en la médula de las preocupaciones públicas.

Una boca con hambre, un funcionario venal, un crimen sin castigo, un atentado contra la vida o el comercio de una sustancia ilícita, son todos golpes que recibe la democracia como el mejor sistema de gobierno. En todas las latitudes en América se dan entonces procesos que le quitan a la democracia su legitimidad y credibilidad y por ende le restan eficacia para el logro de los objetivos que son esenciales para la creación de instituciones sólidas y duraderas. Para fortalecer nuestra gobernabilidad democrática es necesario confrontar esas amenazas con el mismo vigor que lo hicimos en su oportunidad con respecto a los mas acuciantes males de nuestras economías.

Sin embargo, a pesar de esos brotes, ningún país ha dado marcha atrás. Los cambios siguen siendo por doquier apreciados, pero han ido perdiendo el atractivo político, la novedad, la fuerza aparentemente incontenible que poseían hasta hace un par de años. Más que regresar al pasado lo que los habitantes del hemisferio quieren y reclaman es que las reformas lleguen a las políticas públicas en aquellas áreas del Estado que tienen más que ver con sus preocupaciones cotidianas. Y como los ciudadanos, los medios y lo que se denomina la opinión pública de nuestros países dan por descontado el éxito de las reformas iniciales, creen que ya son objetivos alcanzados, se ha ido formando una nueva agenda sobre la cual se demanda la atención de nuestros gobernantes y de las instituciones políticas. Esta es más compleja, tiene objetivos más amplios y difusos, es más difícil de cuantificar y cualificar en su evolución, y sus resultados muchas veces sólo se pueden medir con el transcurso de los años.

Y en cuanto a ese escepticismo sobre las bondades de la democracia, más que un rechazo a ella lo que con frecuencia vemos es algún cansancio frente a nuestras instituciones políticas. Los ciudadanos ven al estado como indiferente a sus derechos, registran la impunidad que impera en la justicia, y consideran a los partidos políticos y sus dirigentes responsables de la corrupción y de la pobreza.

Por estas razones, el continente requiere más atención y seguimiento que nunca. Al análisis que de él hacemos es necesario incorporar nuevos elementos institucionales y políticos. Quizás la principal razón de que eso sea así recae sencillamente en que hoy las libertades económicas y las libertades políticas en América están más entrelazadas que nunca. Me explico con un ejemplo. Todos hemos sido sorprendidos por la fuerza del Mercosur y la manera en que han cambiado las relaciones entre los socios que lo componen. Si se mira lo sucedido, yo no tengo ninguna duda de que lo alcanzado se debe a la consolidación de la democracia en el sur del continente.

Puesto de otra manera, jamás se habría producido la integración que hemos visto dentro del esquema de regímenes autoritarios que tantos de nuestros conciudadanos conocieron por muchos años. Sólo con más reformas y más democracia, podemos responder a las renovadas expectativas sobre las obligaciones del Estado en áreas como derechos humanos, administración de justicia, dotación de infraestructura, política social o en su capacidad regulatoria frente a los particulares.

De todos es conocido el hecho de que el corazón de la OEA y su genuina razón de ser residen en el fortalecimiento y la promoción de la democracia. Siendo los derechos humanos - individuales y colectivos - la esencia misma de la democracia, no podría pensarse en ninguna acción en pro de la democracia que a su vez no fuera una contribución a la salvaguarda de los derechos humanos.

El sistema de protección de los derechos debe ser desarrollado y fortalecido tanto a nivel de las instituciones nacionales como a nivel regional.

En el ámbito interamericano, se ha iniciado un proceso de revisión y análisis tendiente a lograr el perfeccionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Como parte del diagnóstico se ha avanzado en tres elementos. En primer lugar, a pesar de que la lucha contra el abuso de los derechos humanos siempre es un tema que tiene prioridad absoluta en nuestra agenda hemisférica, los procedimientos vigentes no aseguran eficiencia, y el sistema es crónicamente deficitario en sus recursos financieros y administrativos.

En segundo lugar, las líneas de defensa de los derechos humanos están penetrando cada vez más el escenario doméstico. Los sistemas nacionales pesan cada vez más en la tarea de protección, y necesitamos modificar nuestro instrumento regional para poder estimular y fortalecer esa tendencia. En tercer lugar, no todos los Estados miembros son parte del sistema. Tenemos que encontrar los motivos por los cuales aún no hemos logrado una adhesión universal a éste y buscar una serie de soluciones eficaces para lograrlo.

Es por todas estas razones que también se han introducido cambios en nuestra propia casa. No sólo hemos apoyado con más recursos la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la de la Corte, sino que está en marcha el mecanismo de los cuerpos políticos de nuestra Organización para evaluar cuidadosamente el sistema interamericano de derechos humanos con miras a su perfeccionamiento, y para ponerlo en condiciones de hacer frente a las nuevas realidades hemisféricas y encarar los desafíos que debemos afrontar en el próximo siglo.

Dicha evaluación incluye una revisión del sistema de tramitación de los casos; busca una relación más fluida y más especializada entre la Corte y la Comisión; la creación de mecanismos más claros y eficaces para la instrucción de los procesos, evitando la innecesaria duplicación de actividades; una nueva relación con los sistemas nacionales en los cuales recae la mayor responsabilidad en su protección; la revinculación de los sistemas regionales y los nacionales a través de enlaces operacionales especiales con magistraturas nacionales, fiscalías y oficinas de los ombudsman; y la generación de un nuevo interés en el sistema por parte de los ciudadanos, así como entre los órganos políticos de la OEA.

En el proceso de fortalecimiento y en el debate que lo rodea, no debemos limitarnos a la preservación de la normatividad actual de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al aproximarnos al año 2000, se deberá considerar también si es o no necesario efectuar revisiones sistemáticas y fundamentales a este instrumento. No debemos perder esta oportunidad de debatir y examinar a fondo la viabilidad de cambiar profundamente, si fuera necesario, los modelos de promoción y vigilancia de los derechos humanos para nuestra región.

Dichos mecanismos e instrumentos interamericanos operan en el contexto constitucional y democrático de cada uno de los países de la región. Todos conocemos la trascendencia que tienen el equilibrio entre los poderes, así como la deliberación parlamentaria en estos temas, inclusive mediante la creación de defensores del pueblo. Sobra decir que la participación ciudadana y comunitaria, al igual que el pluralismo y la equidad en la contienda electoral, han sido pilares fundamentales en la defensa de la libertad.

La democracia representativa, con la cual los Estados del hemisferio han reiterado su firme compromiso, es terreno fértil para cultivar la cultura de los derechos humanos, ampliando así, constantemente, ese concepto de democracia. Solamente un profundo respeto por los derechos fundamentales de las personas puede consolidar los procesos de democratización iniciados en el continente.

Apreciados asistentes:

Quisiera compartir con ustedes unas observaciones finales en relación con el fenómeno de la globalización. El hemisferio y el mundo atraviesan hoy un proceso tendiente a la homogeneización que es evidente en torno a algunos principios comunes. La revolución en las telecomunicaciones y el fin de la guerra fría han acelerado tal fenómeno, cuyos efectos deben ser analizados con suma cautela. Algunas voces señalan que a medida que nos acercamos a una integración global, también nos aproximamos a la desaparición de la cultura, o por lo menos a su decadencia. Otras predicen que las fronteras políticas llegarán a ser obsoletas, pues la globalización erosionará la concepción tradicional de soberanía y conducirá a la eventual desaparición del estado-nación.

Por mi parte, no creo en tal eventualidad, ni acepto anticipadamente algunos de los más terribles pronósticos de los efectos de la globalización. Coincido, sin embargo, en que ésta afectará profundamente la forma en que las naciones se relacionarán en el futuro. Hoy ya somos testigos de la creciente convergencia existente entre el ámbito de lo nacional y lo internacional, de la incidencia de la retórica de los foros internacionales sobre el foro doméstico.

Nosotros lo vemos en los sutiles pero significativos cambios de nuestro propio escenario multilateral. En la OEA, por ejemplo, se observan cambios en las tareas que los Estados miembros han encomendado a la Organización. Con sólo mirar los temas que fueron tratados en la última Asamblea General celebrada en Lima, se puede apreciar que estos son fruto de las preocupaciones nacionales o domésticas de nuestros países: seguridad ciudadana, corrupción, combate a las drogas, pobreza, derechos de los indígenas, migraciones y muchos más. Al mismo tiempo, se trataron otros temas que corresponden tradicionalmente al escenario internacional, y que también ponen de manifiesto el fenómeno de la globalización, como son el libre comercio, el fomento de la solidaridad, el desarrollo sostenible y las medidas de fomento de la confianza en el campo de la seguridad.

El fenómeno de la integración no sólo se refleja en los temas que son encomendados a la Organización, sino también en la manera de abordarlos. La tendencia hacia la cooperación horizontal busca sustituir el modelo de asistencia norte-sur que ha imperado por muchos años. A nivel de nuestros países los temas internacionales son manejados por un creciente número de protagonistas interagenciales de cada gobierno, quienes saben apreciar los efectos que estos tienen a nivel nacional. No en vano la integración global está transformando a las cumbres hemisféricas y regionales en herramientas cada vez más importantes para la formulación de políticas que nos guiarán en el futuro.

En este contexto de la globalización, nuestro trabajo en la OEA empieza a hacerse evidente. En primer lugar, debemos estar disponibles para colaborar en el trabajo que implica el proceso de las cumbres periódicas. Segundo, debemos servir al creciente grupo de actores en el plano internacional y estar capacitados para responder a sus cada vez más amplias preocupaciones. Tercero, una tendencia como ésta no deja de generar nuevos cambios que la OEA debe procurar comprender y controlar.

La más clara lección de la globalización, creo yo, es que la gobernabilidad en el futuro va a requerir más, no menos, cooperación entre los países. Se requiere un estudio y un modo de pensar con más imaginación por lo cual celebro que se produzcan reuniones como esta.

No puedo terminar esta intervención sin expresarle mi reconocimiento al Canciller Miguel Angel Burelli por el éxito de este certamen. Una vez más, señor Ministro, su país sigue demostrando que sigue a la vanguardia del pensamiento político, en estos tiempos complejos donde se requieren mentes como la suya, que sabe mirar el bosque por encima de los árboles.

Al reiterar mis votos por el éxito de la Cumbre, quiero concluir diciendo que el desempeño que tengan nuestros pueblos al comenzar el próximo milenio, depende en buena parte de la preparación que tengamos para entender el entorno y la amplitud de los cambios que hemos vivido en estos últimos tiempos. Convencido como estoy en el futuro promisorio del continente americano, creo también que el renacer de nuestras democracias nos ha abierto por fin la puerta del destino y el universo inmenso de posibilidades que trae consigo un mundo nuevo, complejo y prometedor.

Muchas gracias.