Quisiera comenzar agradeciendo al gobierno de El Salvador y al Presidente Armando Calderón por el amable ofrecimiento que hicieran a la Organización de los Estados Americanos, para que la ciudad de San Salvador fuera sede de la Primera Reunión de Alto Nivel sobre las Preocupaciones de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares del Caribe. Constituye un honor para la OEA el que esta reunión se lleve a cabo en este país, que es un vivo ejemplo de lo que son capaces de hacer los pueblos de las Américas cuando están unidos en torno a los propósitos de la paz y el desarrollo.

También quiero saludar de manera especial a todos los miembros de las delegaciones presentes y, particularmente, de los Estados Insulares del Caribe que con su presencia hoy aquí, ratifican de manera inequívoca la voluntad política de sus gobiernos por encontrar cada día mejores y más efectivos mecanismos de cooperación en torno a los más apremiantes problemas de la seguridad sub-regional. Sin duda hoy la OEA y el Caribe, con la realización de esta reunión, están dando ejemplo de cómo es posible enfrentar estos retos, contando para ello con los instrumentos del diálogo y la búsqueda de consensos, y aplicando una de las premisas más elementales de la política pero, a la vez, una de las más difíciles de llevar a la práctica: aquella que dice que la unión hace la fuerza.

Señores Embajadores y Delegados:

El fin de la guerra fría determinó un cambio de enfoque en la aproximación tradicional hacia el concepto de seguridad. El panorama internacional ha venido modificándose durante la década de los noventa, y los paradigmas estratégicos sobre los cuales fueron elaboradas las políticas de seguridad en el pasado, ya no sirven para manejar las realidades del presente.

Hoy los mayores desafíos a la seguridad de muchas de las naciones de nuestro hemisferio incluyen riesgos no tradicionales, riesgos no militares. En efecto, existen nuevos elementos que atentan contra la seguridad de los Estados y sus ciudadanos: el terrorismo internacional, el tráfico de drogas, las actividades delictivas transnacionales, el deterioro de la seguridad ciudadana, el tráfico de armas y la explotación ilícita de recursos naturales, entre otros, se perfilan en la actualidad como potenciales amenazas de la paz y la estabilidad. Y junto con ellos, en el caso del Caribe, fenómenos naturales que también pueden llegar a amenazar la supervivencia de las naciones.

Las particularidades de cada sub-región determinan su propia percepción de las amenazas contra su seguridad, y de esa manera, factores externos que para unos pueden representar un peligro real, para otros pueden ser totalmente insignificantes.

En el ámbito del Caribe, la creación del Sistema de Seguridad Regional es un ejemplo concreto de los acuerdos que pueden alcanzarse. Dicho sistema reúne a un grupo de diez Estados y territorios dependientes que han resuelto promover la cooperación para la prevención del tráfico ilícito de drogas, el control de la contaminación, la prevención del contrabando o el control de los inmigrantes ilegales, entro otros aspectos. Dentro de una visión integral de los problemas de seguridad forman también parte de los propósitos del Sistema, la protección de los recursos pesqueros, la cooperación en casos de desastres naturales y la protección de las instalaciones de mar adentro y de las zonas económicas exclusivas. Pero lo más importante, estos países del Caribe con este pacto han demostrando su voluntad política por superar los problemas de seguridad dentro de un marco de la cooperación y la asistencia mutua.

No hay duda de que existen razones concretas por las cuales los Estados insulares del Caribe son más vulnerables que otros ante factores como el tráfico de drogas, la delincuencia transnacional, el tráfico de armas, los desastres naturales o los cambios ecológicos. Son países territorialmente pequeños, altamente dependientes del comercio exterior y el turismo, especialmente vulnerables a los desastres naturales, sensibles a los cambios ecológicos y cuyas economías, en muchos casos, están basadas en la producción de uno dos bienes básicos, de los cuales depende el mayor porcentaje de la fuerza laboral del país. En esta región, un cambio de precio en un producto de exportación o la suspensión de una tarifa concesionaria, puede significar un desequilibrio económico de magnitud devastadora. O de igual forma, el paso de un ciclón, la erupción de un volcán o la ocurrencia de un maremoto, puede causar pérdidas humanas y materiales que medidas, en términos relativos, afecten a un porcentaje mayoritario de la población o de su territorio.

Quisiera recordar que la consideración de este tema en el marco de la OEA, no es reciente. Años atrás, estas cuestiones fueron acertadamente abordadas por el Embajador Patrick Lewis, quien en su momento nos presentara un resumen del informe realizado por el Grupo del Commonwealth sobre la seguridad de los Pequeños Estados. Desde entonces, el tema entró a formar parte de la agenda de la OEA y para 1992, la Asamblea General recomendó estudiar los problemas especiales de seguridad y las necesidades económicas de los pequeños Estados del Hemisferio.

Complacidos pudimos observar cómo a partir de la Declaración de Santiago de Chile, el tema cobró un nuevo impulso. La Asamblea General reunida en 1996 convocó a una sesión especial de la Comisión de Seguridad Hemisférica, a la que fueron invitados reconocidos expertos gubernamentales en la materia. En aquella ocasión, se realizó un importante esfuerzo por identificar y definir de manera comprehensiva los problemas de seguridad que enfrentan las islas del Caribe y se trazaron los lineamientos de un plan de acción dirigido a reducir la amenaza que ciertos factores representan o a mitigar sus efectos a través de medidas preventivas según el caso.

En esa oportunidad se subrayó el carácter multidimensional de las preocupaciones de seguridad de los Estados del Caribe, y es a partir de ese enfoque que la OEA ha venido acentuando su trabajo en el área del comercio, el turismo, el tráfico ilegal de drogas, el desarrollo sostenible, la prevención de desastres y el fortalecimiento de las medidas de confianza en la subregión.

Quisiera, entonces, presentar una síntesis de la forma en que estas inquietudes han sido abordadas en el seno de la OEA.

En primer lugar, entendemos que el tráfico ilegal de drogas y armas, unido a la cadena delincuencial que éstos generan, producen no sólo la corrupción de la sociedad y la pérdida de los valores democráticos y solidarios, sino que atentan también gravemente contra el turismo, que se constituye en una de las industrias más prósperas de la región. Para sólo citar dos ejemplos, esta actividad representó en Bahamas alrededor del 60% del Producto Interno Bruto en 1996 y, en República Dominicana, produce ingresos anuales de más de mil millones de dólares.

La CICAD ha venido trabajando en este tema e incluye dentro de sus programas algunos como el apoyo en comunicaciones a las agencias nacionales de lucha contra las drogas; el fortalecimiento del Programa de Protección de Testigos del Caribe; el fortalecimiento de las comisiones nacionales contra las drogas; el diseño de un sistema de documentación común, dirigido al control de cargamentos comerciales de armas de fuego; y el entrenamiento de personal especializado para el tratamiento de consumidores de droga.

Por su parte, la Unidad de Turismo ha elaborado un proyecto que busca abordar el tema de la seguridad como un elemento esencial del turismo sostenible en las islas del Caribe. De igual manera, acogimos sin reservas una resolución del Decimoséptimo Congreso Interamericano de Turismo, por medio de la cual, se insta a los Estados miembros de la OEA a que pongan en práctica programas dirigidos a garantizar la seguridad de los turistas y sus propiedades, sobre el cual estamos trabajando actualmente.

En segundo lugar, está el tema de la vulnerabilidad económica de estas naciones que se caracterizan por tener economías cuyos ingresos dependen, en gran medida, del comercio internacional de uno o dos productos básicos. Por ejemplo, en Santa Lucía el banano constituye el 80% de las exportaciones y en San Vicente y las Granadinas, su producción ocupa el 60% de la fuerza laboral. Frente a ello, la Unidad de Comercio de la OEA está llevando a cabo, en unión con la Organización Mundial del Comercio y la Universidad de Georgetown de Washington, un curso de entrenamiento avanzado para funcionarios gubernamentales sobre temas de comercio multilateral y regional en América. Actualmente, esta Unidad se ha constituido en el principal apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pequeñas Economías del Area de Libre Comercio de las Américas y al día de hoy, se han preparado para éste grupo cuatro documentos técnicos sobre las oportunidades y los retos de las economías más pequeñas. Planean realizarse en un futuro próximo otros cursos, seminarios y talleres que ayudarán al diseño de políticas comerciales.

Pero lo que es escencial es el respaldo de la Unidad de Comercio de la OEA a los grupos de trabajo del ALCA y la disposiciòn para proveer cooperaciòn tècnica a los paìses del Caribe si ellos lo solicitan, en el marco de las disposiciones de la reuniòn ministerial de comercio.

El tercer grupo de amenazas que merece especial atención por las graves consecuencias que puede originar, está conformado por los desastres naturales que, como ya lo dijimos, en esta región pueden tener características devastadoras. Sin embargo, no son ellos las únicas amenazas al medio ambiente en las islas del Caribe: el calentamiento global, la fragilidad de sus ecosistemas, el depósito de desechos nucleares y otros materiales peligros, son también preocupaciones significativas.

Por ello, consciente de que la mayor parte de los problemas ambientales requieren para su tratamiento de la cooperación internacional, la Unidad para el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente de la OEA, lleva a cabo en actualidad tres proyectos de gran importancia. El primero está dirigido a la mitigación de desastres en el Caribe, a través de programas como la preparación comunitaria, la introducción de códigos de construcción, el refuerzo de la seguridad de refugios y la elaboración de mapas de riesgo. El segundo se denomina programa de administración costera integrada en el Caribe y tiene por objeto fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo de legislación adecuada para la protección de los ecosistemas; y, finalmente, un plan de adaptación a los cambios globales del clima, que consiste en la instalación de una red de sensores que reporta datos y permite su pronta difusión y análisis. Asimismo, esta Unidad ha facilitado el establecimiento de un Diálogo Interamericano sobre reducción de desastres y una reunión inter-institucional que permita incorporar este elemento dentro de los planes económicos.

Por último, no podemos descuidar los aspectos tradicionales de seguridad en el Caribe. Esto plantea una conexión entre los temas anteriormente expuestos y el proceso de aplicación de medidas de fomento de la confianza y la seguridad a nivel hemisférico. Quiero resaltar la activa participación de los países del Caribe, tanto en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y en el Informe Estandarizado sobre Gastos Militares, como en el envío de información para la actualización del inventario completo e integrado que sobre medidas de confianza lleva la OEA.

Es satisfactorio para todos saber que están siendo realizadas actividades como la de "Tradewinds", en la cual participan no sólo los miembros del Sistema de Seguridad Regional y otros países miembros de CARICOM, sino también los Estados Unidos y el Reino Unido. Sin duda esta actividad contribuye a fortalecer la confianza y los lazos de cooperación entre las Fuerzas Armadas de los países involucrados y entre éstos y los invitados en calidad de observadores. De igual manera, cumplen similares propósitos aquellas actividades de apoyo logístico y suministro de socorro llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de varios Estados del Caribe.

Por otra parte, no tengo duda de que una declaración del Caribe como Zona de Paz en el contexto de la propuesta de las Naciones Unidas captaría la atención de toda la comunidad internacional y contribuiría a fomentar la conciencia sobre las preocupaciones especiales de los pequeños Estados insulares del Caribe. Según ya lo hemos dicho, un primer paso en esta dirección, lo constituye la ratificación por parte de todos los Estados del Tratado de Tlatelolco, que proscribe las armas nucleares de la región.

Señores Delegados:

Soy consciente de que para muchos puede sonar bastante heterodoxo hablar de temas de comercio, turismo o desastres naturales en una conferencia sobre la seguridad de la región del Caribe. Pero ello es señal, sin duda, de los nuevos tiempos. ¿Cómo, en efecto, se le puede negar a un país o a grupo de países que una amenaza latente, cualquiera que ella sea, que tenga el potencial de atentar contra la supervivencia misma de ese país, o contra la mayoría de su población, o que signifique un colapso de su economía, no pueda ser considerada como una amenaza legítima a su seguridad nacional? Evidentemente, para estas naciones, este tipo de amenazas son determinantes para su existencia como Estados independientes.

Pero lo que me parece fundamental de este debate es analizar las implicaciones que este hecho pueda tener sobre la definición del nuevo pensamiento estratégico de las Américas o, mas concretamente, del nuevo paradigma de seguridad del Continente. En la tarde de hoy, en la apertura de nuestra Segunda Conferencia Hemisférica Sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad voy a referirme a este tema, pero quiero aquí hacer una breve reflexión.

En mi sentir, debemos aproximarnos a este concepto políticamente, de forma realista. No podemos llegar a él por medio de reflexiones teóricas o mecánicamente, partiendo simplemente de decir que existe una dimensión de seguridad en casi todos los temas políticos, sociales o económicos. Caer en la tentación de elaborar una definición demasiado amplia de la seguridad hemisférica, traería confusión en diversos e importantes temas como en el de la cooperación a nivel internacional o en el de la identificación del papel de las instituciones militares a nivel nacional. Por ejemplo, una interpretación exageradamente amplia del concepto de seguridad, podría llevar a que se justificara un mayor involucramiento de las instituciones militares en asuntos que son propios del poder civil o, en el otro caso, a subordinar las decisiones de la cooperación internacional a los enfoques de la seguridad.

Creo, por tanto, que este proceso de redefinición del concepto de seguridad hemisférica trae oportunidades pero también encierra peligros.

No son, como sucedía en el pasado, únicamente los aspectos militares los determinantes del nuevo concepto, ni tampoco lo son todos los aspectos económicos, sociales o políticos, porque la seguridad debe tener su ámbito e instituciones propias. Es, por supuesto, un balance difícil de lograr pero necesario. Un balance que, a mi juicio, debe ser resuelto a nivel sub-regional.

Veamos este aspecto. Actualmente en nuestro continente, considerado como un todo, conviven las viejas amenazas de la guerra fría con los nuevos desafíos no tradicionales a la seguridad de las naciones. En efecto, pese a que la tendencia se inclina hacia la solución pacífica de los conflictos, la universalización de las medidas de confianza y la generalización de los mecanismos de la diplomacia preventiva, en algunos países persisten conflictos internos o disputas fronterizas y en otros, distintos fenómenos del crimen transnacional han crecido gravemente.

La reconstrucción del concepto de seguridad hemisférica deberá realizarse, entonces, a partir de combinar tres procesos: en primer término, el imperativo que tienen las naciones de enfrentar poderosos enemigos comunes que no conocen fronteras; segundo, la necesidad de administrar o reducir los arsenales militares acumulados por algunas naciones durante el período de la guerra fría y, finalmente, el deber que tienen los Estados de defender la integridad de su territorio y el orden constitucional.

Y en este escenario, los acuerdos sub-regionales van a marcar la pauta en este proceso. Lejos de desconocerlos, hay que promoverlos, porque a partir de ellos debe darse la discusión a nivel continental. No hay razón para que una serie de acuerdos sub-regionales sobre temas de seguridad no puedan, posteriormente, hacerse compatibles dentro de unos consensos básicos de carácter regional. Creo que sobre esta base podemos aproximarnos de nuevo a un concepto de seguridad hemisférica aceptado por todos, en el cual no existan imposiciones ni omisiones. Y creo también, que es la manera de no distorsionar

Una tarea, sin duda, mucho mas compleja que en el pasado donde todo estaba subordinado a una amenaza y no existían opciones: nadie se atrevía a quedarse solo y las naciones tenían que alinearse a un lado o al otro. Hoy el panorama es distinto. De ahí la trascendencia de esta reunión.

No tengo duda de que las conclusiones que hoy se obtengan enriquecerán grandemente nuestro debate hemisférico sobre la nueva agenda de seguridad y sobre los nuevos desafíos que tenemos por delante en este frente.

A todos Ustedes les deseo suerte en sus deliberaciones y estamos confiados en que el Caribe, una vez más, ofrecerá su aporte de paz y concordia a sus vecinos, a las Américas y al mundo entero como es y ha sido su tradición.

Muchas gracias.