En nombre de la Organización de los Estados Americanos y de todos los aquí presentes, quisiera agradecer al Gobierno de Chile por el generoso ofrecimiento para que esta reunión tuviera lugar en Santiago. Este hecho, sin lugar a dudas, reconfirma el compromiso, tantas veces mostrado por el Presidente Frei y por su Gobierno, con la causa de la lucha contra la corrupción y, en sentido más amplio, con la persistente búsqueda de la consolidación y el perfeccionamiento de las instituciones democráticas en el Hemisferio.

Quisiera agradecer, en especial, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Don José Miguel Insulza, al Representante Permanente de Chile ante la OEA, Embajador Carlos Portales Cifuentes, así como a todos los funcionarios de la Cancillería por la dedicación y el empeño en la organización de este encuentro y por la cálida acogida que nos han brindado.

Regresamos a Santiago, transcurridos apenas seis meses desde la Segunda Cumbre de las Américas realizada en esta ciudad, para dar cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos entonces por los Jefes de Estado y de Gobierno y de realizar un Simposio sobre el Fortalecimiento de la Probidad en el Hemisferio. Es esta una nueva dimensión de un multilateralismo renovado que ha abierto a la cooperación internacional problemas que es necesario enfrentar colectivamente con todas nuestras energías si no queremos que nuestras democracias parezcan como identificadas con esos males, en vez de ser amenazadas por ellos; corrupción, terrorismo, miseria, narcotráfico, crimen e inseguridad.

Permítanme comenzar por destacar el hecho de que esta reunión haya sido concebida como un primer escenario de encuentro para el diálogo y la coordinación de acciones entre los representantes de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y de las instituciones de la sociedad civil que están trabajando en la lucha contra la corrupción a todo lo ancho de América.

En pasadas ocasiones he dicho, y hoy quiero repetirlo ante ustedes, que no creo que la corrupción sea un camino sin regreso. Contrario a quienes asumen la actitud de los perdedores, porque según ellos, nada se puede hacer y estamos condenados a convivir con la corrupción; o de aquellos otros que piensan que este es un problema de idiosincrasia, de forma de ser y actuar, de algo que no saben explicar pero que pareciera hacer que las personas provenientes de ciertas regiones o países tuvieran la tendencia a ser corruptas porque sí, yo creo que podemos adoptar muchas medidas eficaces para combatirla y eliminarla de sectores enteros de nuestra administración publica y de las empresas privadas.

Sin embargo, estoy seguro que ustedes también estarán de acuerdo en que si bien es indispensable que exista voluntad política para enfrentar este flagelo, ésta es una condición absolutamente necesaria pero no suficiente para conseguir efectivamente ese propósito. Además de ella, se precisa contar con las políticas, estrategias e instrumentos apropiadas para enfrentarla de manera eficaz.

Por eso, me parece particularmente acertado el enfoque de este encuentro. Algunos analistas, voluntaria o involuntariamente, han pretendido establecer una suerte de dicotomía, de separación irreconciliable entre la acción de las instituciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y la que es propia de la sociedad civil. Seguramente como rezago de la desconfianza mutua del pasado, algunos afirman que el combate contra la corrupción debe ser esencialmente una responsabilidad de las instituciones públicas. Otros, por el contrario, sostienen que todo lo que se pueda hacer en este campo, debe realizarse a nivel de la sociedad civil, pues parten del supuesto de que la corrupción es algo inherente a los funcionarios y las instituciones públicas.

A mi juicio, esa separación tajante que algunos pretenden establecer carece de razón y de sentido en la hora presente. La corrupción es un enemigo común, desafortunadamente cada vez más organizado y globalizado. Por eso, justamente, se precisa que todos los que estamos en contra de ella también nos organicemos y aunemos esfuerzos para enfrentarla de manera contundente. La corrupción no podrá ser derrotada sin las instituciones o en contra de ellas pero, de igual forma, ninguna acción o programa en este frente será exitoso o permanente sin la contribución de las organizaciones internacionales, del sector privado o de la sociedad civil.

Quisiera antes de avanzar en algunas propuestas señalar algunos aspectos de la actividad publica que considero como premisas que todos hemos aceptado como indispensables a nivel nacional antes de acordar otras acciones en la esfera internacional.

Un Estado moderno es la mejor barrera contra la corrupción. No sólo es importante un ejecutivo eficaz y trasparente sino lo son también un cuerpo legislativo deliberativo y fortalecido en sus funciones de control político, y una justicia capaz de investigar y sancionar. La existencia de pesos y contrapesos entre los poderes públicos es esencial para acabar con la corrupción. Igualmente lo son las medidas para eliminar los tramites incensarios; para estimular la competencia; y las disposiciones para dar transparencia a la administración publica, el reconocimiento efectivo de los derechos de petición e información, así como el de la motivación y publicidad de los actos y decisiones publicas. Lo es también el fortalecimiento de la responsabilidad o "accountability" en la administración.

La lucha contra la corrupción pasa también por la modernización de la función publica, incluida la existencia de un sistema adecuado de selección de los empleados basado en el principio del mérito, el reconocimiento de salarios competitivos y los estímulos a la productividad. Incluye también los buenos regímenes disciplinarios y la transparencia y reglas de juego claras y precisas en la actividad contractual del estado; el efectivo control y transparencia de las actividades de los partidos políticos y el escrutinio de sus finanzas y el de las campañas electorales; como la tipificación de todos los delitos en materia de corrupción y los mecanismos de control para lavado de activos.

Habría que decir que le sector privado debe comportarse con lealtad frente a la competencia y al Estado. Y más allá de las responsabilidades de las empresas privadas, los ciudadanos, la gente, es esencial en cualquier programa de lucha contra la corrupción. Tienen también los medios de comunicación una gran responsabilidad pedagógica, de investigación y de denuncia.

Este Simposio, en buena hora auspiciado por los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas y convocado por nuestra Asamblea General y el Gobierno de Chile es entonces una excelente oportunidad para hacer un inventario o examinar los pasos que hemos dado en los temas que rápidamente he referido, así como en la ratificación y aplicación de la Convención Americana, y para que avancemos en la definición y coordinación de nuevas acciones hacia el futuro en un contexto de cooperación nacional e internacional.

En el marco de la Organización, la lucha contra la corrupción, como preocupación y tema de carácter multilateral, surgió en nuestra Asamblea en el 92, y se consolidó a partir de la Cumbre de Miami con todo el proceso que llevó a la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Por su naturaleza, contenido y alcances, esta Convención fue el primer instrumento internacional mediante el cual los países de una de las regiones del mundo -los pertenecientes al Hemisferio Americano- asumieron compromisos que los vinculan tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico. Es el tratado más importante para la extradición de personas, la cooperación judicial, el intercambio de pruebas y la adopción de medidas sobre bienes. Es una respuesta adecuada a temas que obstaculizaban muchas investigaciones como lo eran los derechos protegidos por el asilo y por el secreto bancario. Es, también, el principal instrumento contra el soborno transnacional.

Sin lugar a dudas, la Convención fue un esfuerzo pionero de singular importancia a nivel internacional. Me atrevería a afirmar que su adopción fue fundamental para que la inmensa mayoría de los países industrializados, que durante muchos años se habían negado a asumir compromisos jurídicos en esta materia, tuvieran que acceder a suscribir a finales del año pasado, en el marco de la OCDE, un tratado -con alcances más limitados- contra el soborno a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

De igual forma, ella ha sido un punto de referencia ineludible para los esfuerzos que con orientaciones similares se están dando en el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, así como para los importantes pasos que se han venido dando en el marco de otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.

Este tratado interamericano, a través de sus disposiciones, es parte de una concepción integral y coherente sobre la lucha contra la corrupción. Así, de su contenido se infiere que más que una decisión o un acto aislado, el combate contra este mal es un esfuerzo permanente, ya iniciado por los países, que implican una gran cantidad de medidas de tipo interno, que avanza con la Convención y que necesariamente debe continuar con otras definiciones a nivel interno y en el campo internacional.

Como parte de esa concepción, la Convención reconoce de manera expresa que este problema no puede ser solucionado únicamente con acciones represivas o sancionatorias, sino que también se precisan decisiones de carácter preventivo orientadas a modernizar las instituciones y eliminar las causas mismas de la corrupción o las condiciones que la facilitan o la hacen propicia. Así la corrupción debe entenderse como un problema de sistemas y no simplemente de personas corruptas. No basta con poner en la cárcel a algunos corruptos sin solucionar las causas estructurales que propician la corrupción.

Así mismo, la Convención revela la importancia de la acción de todos los actores, gubernamentales y no gubernamentales. En especial, reconoce la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción y dispone que los estados se prestarán la más amplia cooperación técnica y jurídica, propiciarán el intercambio de experiencias y otorgarán especial atención a las formas de participación ciudadana en el combate a este fenómeno. En la Asamblea General de la OEA de Lima de 1997, también, adoptaron un programa interamericano de cooperación para combatir la corrupción que parte de su implementación y de que se adopte otro conjunto de medidas para enfrentarla de una manera sistemática.

Con el marco de referencia que nos ofrece la Convención y teniendo en cuenta los avances ya logrados, quisiera aprovechar esta ocasión para presentar algunas ideas en relación con la agenda común que debiera surgir de este encuentro y sobre las cuales quisiera invitar a los participantes a enriquecerlas con sus observaciones y sugerencias.

Nuestro primer gran propósito colectivo debería ser el de buscar que la Convención entre en vigor en todos los países de las Américas. Hasta la fecha, veinticinco Estados han firmado la Convención y doce de ellos, la han ratificado. Les propongo que asumamos el desafío colectivo de buscar que para el comienzo del nuevo milenio, la Convención esté firmada y ratificada por todos los países del Hemisferio.

Esa sería una señal clara ante el mundo de que el compromiso de los países de las Américas es real y profundo, así como una notificación contundente a los corruptos de que ellos y los bienes productos de sus actos delictivos serán perseguidos en cualquier parte de la región en que se encuentren y que las autoridades se prestarán la más amplia asistencia recíproca para que los actos de corrupción no queden en la impunidad y los responsables sean castigados de manera severa y ejemplar.

Para conseguir este fin de la vigencia general de la Convención, pueden contar con la colaboración de la Secretaría General de nuestra Organización que ya ha apoyado a algunos países en las labores de difusión e implementación. En unión del Banco Interamericano de Desarrollo, durante el próximo año, vamos a desarrollar un proyecto de cooperación para asistir a un número importante de países del hemisferio con este mismo propósito.

Una segunda área en la que debemos avanzar es en la coordinación de nuestras acciones, la de los organismos internacionales, con las instituciones nacionales con responsabilidades en materia de lucha contra la corrupción, así como con las organizaciones de la sociedad civil. Diversos organismos desarrollan acciones en este campo como el BID, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras instituciones de las Naciones Unidas, así como agencias bilaterales de cooperación como la AID. A nivel nacional, los países también han avanzado en la definición de responsables de la coordinación de programas en este frente como Ministerios, Consejerías Presidenciales o Comisiones especiales. De igual forma, la sociedad civil se ha ido organizando, tanto a nivel nacional como regional y muchas de esas organizaciones están presentes en este foro.

Por eso, creo que ha llegado la hora de hacer un esfuerzo adicional que nos permita no sólo maximizar recursos y asegurar la necesaria complementariedad, sino también ser más eficaces. El combate contra la corrupción debe concebirse como un proceso permanente y no como el simple resultado de acciones puntuales u ocasionales, así como no se puede precisar un solo instante u acción en que la corrupción haya surgido o se haya consolidado, tampoco es posible concebir en que ella se va a suprimir en un solo instante o con un solo acto o decisión. Por el contrario, se requieren muchas decisiones, en diferentes niveles, de todos los actores y con diferentes orientaciones.

Para conseguir este propósito y además de las acciones nacionales que he referido quisiera proponerles que creemos una red interamericana contra la corrupción, en la cual participen las instituciones públicas, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en este frente en las Américas. Asimismo, si ustedes lo consideran útil y conveniente, quisiera ofrecerles que nuestra organización podría prestar los servicios de secretaría y apoyo en la coordinación de acciones de la red que sugiero.

Esta red debería servirnos para intercambiar información y experiencias, para cooperarnos mutuamente y coordinar acciones a nivel hemisférico. De igual forma, sería un instrumento para relacionarnos con otras regiones del mundo, como fue sugerido en el seminario realizado hace apenas unas semanas en un esfuerzo conjunto entre la OEA y la OCDE, en Buenos Aires.

Un cuarto campo en el que deberíamos avanzar más es en la consolidación de un servicio de información que nos permita a todos conocer de manera más sistemática y permanente los desarrollos y acciones que en materia de lucha contra la corrupción se están dando en el Hemisferio. Teniendo en cuenta los avances que ya hemos dado en este campo, entre otros a través de nuestra página en el "Internet", la Secretaría General de la OEA, en el marco de sus disponibilidades de recursos, y en coordinación con las autoridades nacionales, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta área en la región, ofrecería sus servicios como centro de difusión e intercambio de información a nivel hemisférico en los temas relacionados con la lucha contra la corrupción.

Otra área en la cual los países le han reconocido ventajas comparativas a nuestra organización y en la cual tenemos experiencia, es en el desarrollo de programas y proyectos de intercambio de experiencias y cooperación horizontal. Dada esta circunstancia, deberíamos fortalecer este tipo de actividades de cooperación sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

Un sexto frente en el cual las instituciones del sistema interamericano han dado pasos de importancia con posterioridad a la adopción de la Convención, es en la elaboración de las llamadas "leyes modelo", en especial en lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito y el soborno transnacional. Con base en estos progresos, deberíamos consolidar como un servicio de cooperación con los países, el de contar con un conjunto de leyes "tipo" o "modelo" que pudieran ser de utilidad a los Estados, en el momento de elaborar, estudiar y aprobar disposiciones legislativas.

El séptimo campo en el que deberíamos progresar es en el apoyo a programas de investigación aplicada tendiente a detectar las causas y los métodos de la corrupción en sectores específicos tales como la recaudación de impuestos, las aduanas y las compras oficiales, así como determinar líneas de política que conduzcan a su eliminación.

Finalmente, los países de las Américas tenemos que avanzar en el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil organizada. En especial, entre todos debemos diseñar y ejecutar políticas y programas dirigidos al mejoramiento y consolidación de los sistemas de control de la sociedad civil sobre la gestión pública.

Señor Canciller; señoras y señores:

Quienes concurrimos a esta cita de Santiago lo hacemos bajo el convencimiento de que la corrupción no es ni puede ser un camino sin regreso. Son muchas, muchísimas las acciones que se pueden emprender para combatirla. Por supuesto, como lo expresa la integración y la agenda de este simposio, la responsabilidad es de todos. Por ser un problema colectivo, ésta tiene que ser, también, una causa común.

Estoy seguro que las conclusiones y resultados de este Simposio serán fundamentales para trazar el sendero que, entre todos, debemos recorrer para combatir esta amenaza al sistema democrático y al desarrollo económico y social de nuestros países.