Como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, constituye para mi un honor dar la bienvenida a don Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a los Embajadores y representantes de los Estados ante nuestras dos instituciones y a todos los asistentes a este acto mediante el cual el BID y la OEA, una vez más, se unen para confirmar su compromiso conjunto de apoyar a los países del hemisferio en la lucha contra uno de los problemas que más afecta el sistema democrático y el desarrollo económico y social como es la corrupción.

Quisiera relevar que el acuerdo que hoy firmamos ha sido posible gracias a la acción de diversas personas y entidades. Ante la dificultad de mencionar cada uno de los nombres, permítanme destacar la labor cumplida por las misiones y las instituciones ejecutoras de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Panamá y República Dominicana, que constituyen los países en los cuales se va a desarrollar este proyecto. De igual forma, ha sido fundamental el apoyo del fondo específico constituido por el Gobierno de Estados Unidos en el marco del CIDI. Asimismo, deseo agradecer la colaboración y el respaldo brindados a esta iniciativa por Transparencia Internacional, la organización mundial no gubernamental más importante en este campo. Quisiera mencionar la importante labor de coordinación cumplida por el despacho del Asesor Jurídico Adjunto del Departamento Legal del BID y por el Departamento de Cooperación Jurídica y la Secretaría Ejecutiva del CIDI en lo que tiene que ver con la OEA. Y finalmente esta iniciativa conjunta tiene mucho que ver con ese continuado e intenso interés que Don Enrique Iglesias siempre ha mostrado por los asuntos de la OEA, tanto en lo que tiene que ver con los temas relacionados con el fortalecimiento de nuestras democracias, como en los de hacerle frente a los problemas que le quitan legitimidad y vigencia.

La lucha contra la corrupción ha sido una preocupación constante en las Américas. Desde el pasado, con diferentes orientaciones y énfasis, los países han emprendido y ejecutado acciones para combatirla. En el marco de la Organización, la lucha contra la corrupción, como preocupación y tema de reflexión, surgió desde 1992, avanzó con decisiones de la Asamblea General de Belén do Pará de 1994, se confirmó en la Cumbre de las Américas de 1994 y en la Asamblea General de Haití de 1995, y se consolidó con todo el proceso que llevó a la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Por su naturaleza, contenido y alcances, esta Convención fue el primer instrumento internacional mediante el cual los países de las Américas asumieron compromisos que los vinculan tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico, para combatir ese flagelo.

Sin lugar a dudas, la Convención fue un esfuerzo pionero de singular importancia a nivel internacional. Me atrevería a afirmar que su adopción fue fundamental para que con el liderazgo de Estados Unidos, los países industrializados, que durante muchos años se habían negado a asumir compromisos jurídicos en esta materia, tuvieran que acceder a suscribir a finales de 1997, en el marco de la OCDE, un tratado -con alcances más limitados- contra el soborno a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

De igual forma, ella ha sido un punto de referencia ineludible para el proceso que llevó a la adopción de una Convención en materia penal por parte del Consejo de Europa a finales del año pasado, así como para las negociaciones en curso de una Convención contra los delitos transnacionales en el marco de las Naciones Unidas.

La Convención Interamericana contra la Corrupción es, sin lugar a dudas, la decisión colectiva más importante que se ha tomado en las Américas en este frente. No obstante, como lo han reconocido los Estados, ella no es el punto de llegada sino, por el contrario, el primer gran paso dado por los países americanos, en el marco de la OEA, para hacerle frente a este problema.

Este tratado interamericano, a través de sus disposiciones, expresa una concepción integral y coherente sobre la lucha contra la corrupción. Así, de su contenido se infiere que más que una decisión o un acto aislado, el combate contra este mal es un esfuerzo permanente, ya iniciado por los países, que avanza con la Convención y que necesariamente debe continuar con otras definiciones a nivel interno y en el campo internacional. La Convención facilita además que dos instituciones tan caras a los países americanos como son el derecho de asilo y el secreto bancario no se conviertan en obstáculos insalvables para avanzar en la cooperación internacional tan necesaria en las investigaciones contra la corrupción.

Por eso, su propósito no es sólo el de facilitar la cooperación judicial internacional para hacer frente a este flagelo. Ella también define una serie de medidas que se consideran convenientes o necesarias para prevenir o atacar de manera efectiva la corrupción y que los Estados se comprometen a promover o adoptar en el marco de su ordenamiento jurídico interno.

Como parte de esa concepción, la Convención reconoce de manera expresa que este problema no puede ser solucionado únicamente con acciones represivas o sancionatorias, sino que también se precisan decisiones de carácter preventivo orientadas a modernizar las instituciones y eliminar las causas mismas de la corrupción o las condiciones que la facilitan o la hacen propicia.

Así mismo, la Convención releva la importancia de la acción de todos los actores, gubernamentales y no gubernamentales. En especial, reconoce la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción y dispone que los estados se prestarán la más amplia cooperación técnica, propiciarán el intercambio de experiencias y otorgarán especial atención a las formas de participación ciudadana en el combate a este fenómeno.

La Convención es y debe mantenerse como la gran Carta de navegación de nuestra acción colectiva a nivel hemisférico para combatir la corrupción. De hecho, así lo han entendido los Estados Americanos y por eso en la Asamblea General de la OEA de Lima de 1997 adoptaron un programa interamericano de cooperación para combatir la corrupción, y los Jefes de Estado y de Gobierno en el Plan de Acción aprobado en la Segunda Cumbre de las Américas se comprometieron a respaldar las acciones para lograr la pronta ratificación e implementación de dicho tratado.

Este proyecto busca dar cumplimiento a los mandatos asignados a la OEA y al BID por los jefes de Estado y de Gobierno para apoyar la realización de ese propósito. En este sentido, hace parte del mismo espíritu pionero que representó la Convención en su momento. Los Estados de las Américas, con iniciativas como esta, quieren mostrar ante el mundo que su compromiso en la lucha contra la corrupción es serio y que, en consecuencia, no se queda en la simple firma de este instrumento internacional, sino que va más allá hasta buscar su ratificación y asegurar su efectiva implementación.

Para conseguir este fin, se requiere que los Estados, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, reformen o adopten nuevas medidas de carácter legislativo, en especial en materia penal. Los cambios que se precisan en cada caso varían de un país a otro de acuerdo con el marco constitucional y legal y las condiciones propias de cada uno de ellos.

El proyecto que hoy firmamos continúa las labores de apoyo a los Estados en el proceso de ratificación e implementación de la Convención que iniciamos el año pasado en Venezuela, Costa Rica y Colombia. Su propósito es apoyar a otros doce países del hemisferio en la labor de evaluar y generar consenso entre las autoridades competentes sobre las reformas que se deben adoptar en cada uno de ellos para adecuar sus leyes penales a las disposiciones de la Convención contra la Corrupción, así como, en relación con aquellos Estados que aún no lo han hecho, promover simultáneamente la pronta ratificación de este tratado. Las conclusiones que se deriven de este ejercicio serán difundidas en una publicación y a través de "Internet", lo cual va a facilitar el seguimiento de los desarrollos posteriores de las mismas.

Como resultado del proyecto, también se facilitará el intercambio de información a través de los sistemas electrónicos entre las diferentes instituciones nacionales ejecutoras, como parte de una iniciativa más amplia en cuanto a la creación y mantenimiento de una red de instituciones y expertos en materia de lucha contra la corrupción que el Departamento de Cooperación Jurídica de la OEA ha venido promoviendo y coordinando, y en la cual ya participan 19 países y 56 instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.

Finalmente, quisiera destacar que este proyecto hace parte de una estrategia integral en materia de lucha contra la corrupción, de la cual también son elementos, entre otros, las conclusiones del Simposio para el Fortalecimiento de la Probidad en el Hemisferio realizado en Santiago de Chile en noviembre de 1998; los resultados del Seminario que organizamos con la OCDE y el Gobierno de Argentina sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales, celebrado en septiembre del año pasado en Buenos Aires; y las "leyes modelo" elaboradas por el Comité Jurídico Interamericano en materia de enriquecimiento ilícito y lucha contra el soborno transnacional.

Con la adopción de la Convención y la puesta en marcha de las medidas necesarias para su ratificación y efectiva aplicación, los Estados de las Américas están notificando a los corruptos que ellos y los bienes producto de sus actos delictivos serán perseguidos en cualquier parte de la región en que se encuentren y que las autoridades se prestarán la más amplia asistencia reciproca para que los actos de corrupción no queden en la impunidad y los responsables sean castigados de manera severa y ejemplar. Estoy seguro que este proyecto que hoy emprendemos con el apoyo conjunto del BID y de la OEA va a contribuir en gran medida a la consecución de este propósito.

Muchas gracias.