Quiero agradecer muy especialmente al General Charles Wilhelm, Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y al Coronel Guy Roberts, Director Jurídico del mismo, por su gentil invitación para estar hoy con ustedes. He tenido la oportunidad de estar en este mismo foro anteriormente y debo decir que regreso con especial interés. En efecto, valoro particularmente el hecho de que militares de alto nivel, provenientes de todo el continente, se interesen y reflexionen conjuntamente sobre temas que forjarán el mundo en que vivirán las nuevas generaciones de americanos, así como sobre el papel de las fuerzas militares en él. Y quiero congratular al General Wilhem y al Comando Sur porque han persistido año tras año en este espacio de fortalecimiento democrático y de creación de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Me complace que dejemos atrás ese período de nuestra historia en el cual las acciones de nuestras Fuerzas Armadas estaban estigmatizadas como ajenas a las consideraciones humanitarias, desligadas de las preocupaciones democráticas y sistemáticamente sospechosas de violar los derechos humanos de los ciudadanos americanos, y que nos empeñemos no sólo en enderezar nuestro pasado sino en hacer que nuestros pueblos y nuestros ciudadanos cuando piensen en nuestros hombres en armas piensen que ellos están allí para tutelar sus derechos y no para conculcarlos o socavarlos, que están para preservar el orden constitucional y no para quebrantarlo, para defender el estado de derecho y no para debilitarlo. Que nuestros hombres en armas son el bastión de nuestra democracia y nunca más una amenaza.

Y más allá de que las Fuerzas Armadas de cada uno de nuestros países estén al servicio de la idea de sociedades democráticas y del desarrollo de una cultura de respeto de los derechos humanos, el ideal americano para el siglo XXI se sustenta en la idea de una sociedad respetuosa de los derechos y libertades individuales, solidaria y justa en lo social, próspera y estable en lo económico. A la construcción de esa sociedad deben apuntar todos nuestros esfuerzos y nuestras energías. Y nuestros militares se deben identificar, como de manera creciente lo están haciendo, con esos propósitos.

Con el fin de la guerra fría hemos dejado atrás nuestro pasado autoritario y dictatorial. Hemos enterrado décadas de lenguaje confrontacional y de desconfianza, y estamos avanzando en la búsqueda de unos valores comunes en lo político, económico y social. Los que estamos hoy aquí reunidos tenemos claro que el camino recorrido no tiene regreso. La democracia se ha impuesto como la regla de juego básica aceptada por todos. Para nosotros en la OEA constituye nuestra principal responsabilidad y nuestra razón de ser, y ya no la sacrificamos en aras de combatir el enemigo común ni está supeditada a ningún otro objetivo. Hoy las dificultades, los desafíos, las amenazas, sin importar su gravedad o magnitud, las superamos por los mecanismos constitucionales y democráticos. Y cuando por alguna razón esos procedimientos o mecanismos resultan insuficientes la obligación de todos, incluidas sus Fuerzas Armadas, es la de preservar su espíritu y garantizar transiciones pacíficas que preserven la esencia de la voluntad popular.

Un compromiso de todos nos obliga a avanzar de manera decidida y simultánea en tres frentes: la profundización democrática, la cohesión social y el fortalecimiento del estado de derecho.

La profundización democrática exige que los ciudadanos, hombres y mujeres, sin distinciones de raza ni origen social, se incorporen cada vez más al proceso de toma de decisiones sobre el futuro de sus comunidades y de sus países.

Este ejercicio requiere no sólo de la creación por parte del Estado de los espacios formales para hacerlo, sino también una transformación cultural profunda y generalizada. Los dirigentes y funcionarios públicos deben cambiar. Deben respetar a sus conciudadanos, deben abandonar esa larga tradición de arbitrariedad y autoritarismo que ha sido tan del talante de la los funcionarios públicos en nuestra región. Deben comprometerse con la rendición de cuentas al electorado y hacerlo dentro del respeto a la libertad de prensa y de información. Deben aprender a ver, entender y asumir la oposición no como un enemigo sino como un aliado estratégico en su función de forjar sociedades más democráticas. Y deben actuar con un sentido de pluralismo, de tolerancia, de respeto a las opiniones y derechos ajenos. Como dijo don Benito Juárez la paz es el respeto al derecho ajeno.

Pero nuestro objetivo también tiene que ser formar ciudadanos autónomos, informados, con capacidad de comprender sus derechos y obligaciones sociales. Sin estos cambios en la mentalidad de nuestros ciudadanos será imposible avanzar de manera seria y eficaz hacia una democracia más participativa, en la que no haya espacio para la marginalidad, el clientelismo ni el paternalismo que ha padecido la vida democrática de nuestros países.

Este proceso participativo debe darle especial cabida precisamente a aquellos que en el pasado han tenido menores oportunidades. Las minorías étnicas, las mujeres, los más pobres, los más vulnerables deben ser integrados cada vez más a las tareas sociales, a las decisiones públicas, otorgándoles el lugar preeminente que les corresponde. La democracia genuina no puede construirse sobre la base de la exclusión de algunos o con la aceptación de ciudadanías de segunda clase. El reconocimiento de los derechos de las minorías, de los derechos de todos y de cada uno de nuestros ciudadanos sin restricciones, sin aceptar circunstancia alguna de discriminación es la fuente histórica misma de los derechos humanos.

Hoy y hacia el futuro, para el ejercicio de la democracia y la defensa de los derechos humanos, debemos ir más allá de la libertad de expresión y de las garantías que le debemos a la oposición; debemos abrir nuestros sistemas políticos para que cada uno de los americanos encuentre un lugar, una tarea que realizar, una responsabilidad social, y para hacer realidad el que todos seamos titulares de unos derechos y también dueños de obligaciones políticas y sociales.

Es también el progreso social el objetivo complementario de la democracia política. A pesar de los avances que mencioné hace unos minutos, es necesario reconocer que en el campo de los llamados derechos económicos y sociales tenemos mucho por hacer. Pasémosle pues un vistazo a los indicadores sociales. Para fortuna de todos, en las últimas décadas hemos visto avances incontrovertibles: la disminución radical de la mortalidad infantil, el incremento de la escolaridad y de la esperanza de vida, el acceso al agua potable y a servicios básicos de salud de millones de familias a lo largo y ancho del continente. Estos logros han sido posibles gracias a que hemos recuperado nuestra capacidad de crecimiento a pesar de los tropiezos fruto de la volatilidad que nos ha traído la globalización y de las dificultades para disminuir la pobreza o mejorar la distribución del ingreso

Pero también es una realidad que la pobreza sigue siendo el desafío más dramático para la región. Las desigualdades sociales persisten en niveles superiores a los de la mayor parte del resto del mundo. La miseria de tantos americanos en el continente es inaceptable. Es irreconciliable con los principios humanistas y se constituye en un obstáculo para la vigencia plena de la democracia. Combatir estas injusticias es un deber inaplazable. Para ello debemos ampliar, modernizar y fortalecer los mecanismos de expresión y de solidaridad con los más vulnerables. Sin ello no construiremos la cohesión social indispensable para garantizar la sostenibilidad y la estabilidad futuras de nuestras democracias.

Como ustedes pueden ver, la idea democrática para el siglo XXI se define en términos del respeto y del compromiso con todas estas libertades y derechos fundamentales. Pero las ideas necesitan encarnarse en cuerpos ciertos que les den vida y las hagan realidad. Esta es la función primordial de las instituciones estatales. Por esa razón se equivocan quienes pretenden que un Estado fuerte es una amenaza para los derechos humanos.

Son los estados débiles, las instituciones que carecen de legitimidad democrática, los que se dejan tentar por el autoritarismo, la restricción de las libertades esenciales y, en casos extremos, la violencia. Un estado fuerte es un estado eficiente, que ha incorporado de manera efectiva los principios de libertad y de protección del ciudadano que le dan su razón de ser.

Y estas reflexiones nos traen un tema también esencial a todos los que hacemos parte de esta reflexión, como lo es la protección de los ciudadanos. Se trata de un aspecto fundamental del contrato social. El ciudadano acepta la autoridad y promete obediencia a cambio de una garantía de paz y tranquilidad. Por lo tanto, una de las piedras angulares del Estado de Derecho es el monopolio del uso de la fuerza y de su control legal. Ello es esencial y de ninguna forma puede entenderse en menoscabo de los derechos humanos, sino más bien en hacer realidad sus postulados.

Es un hecho claro que en la mayor parte de los países del hemisferio la violencia y la criminalidad han venido creciendo de manera alarmante. Formas idóneas de abordar esta problemática deben ser estudiadas con detenimiento. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado a la violencia, bien como forma inaceptable de reivindicación política, o como expresión de la criminalidad, debe hacerse siempre con una visión estratégica de largo plazo que garantice el pleno respeto de los derechos esenciales de los individuos.

Igualmente es fundamental evaluar cuidadosamente y resistir las tentaciones de extender las funciones de las Fuerzas Armadas en estas materias. Quisiera reafirmar, como lo dije en este mismo foro hace dos años, que esa tendencia que parece no conocer fronteras, encierra consecuencias riesgosas para las Fuerzas Armadas y también para la delicada trama democrática que estamos tejiendo.

Infortunadamente la primera reacción de la autoridad civil no siempre es la de adoptar soluciones económicas y sociales que fortalezcan el estado de derecho, sino optar exclusivamente por recurrir a las fuerzas armadas como la solución única del problema del incremento en la criminalidad. Creo que en buena medida la mayor parte de los problemas que hoy surgen para las Fuerzas Armadas, relacionados con abuso de los derechos humanos, surgen en razón de esa sistemática e inapropiada utilización de la herramienta militar. Las falencias de un estado débil institucionalmente no se pueden contrarrestar apelando únicamente a que las Fuerzas Armadas llenen los vacíos y la falta de legitimidad de las instituciones o del proceso de toma de decisiones. El fortalecimiento del estado de derecho requiere una cuidadosa limitación del ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Militares.

Las fuerzas militares deberán concentrarse nuevamente en los pilares centrales de su misión: garantizar la defensa de la soberanía y la integridad del territorio, la defensa del orden constitucional y la permanencia de las instituciones

Estas tareas deben emprenderlas de manera que vayan a la par de la evolución general de las instituciones políticas y democráticas. La necesidad de que las autoridades políticas avancen en materia de rendición de cuentas ante los ciudadanos, de que se democratice el proceso de toma de decisiones y se amplíen los espacios de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, tiene su correspondencia en el marco de los aspectos de seguridad y de las funciones de las fuerzas militares. Los estamentos militares deben continuar avanzando en aspectos relacionados con el sometimiento a la autoridad civil y con el proceso de acercamiento a la sociedad en su conjunto.

El otro elemento que tiene incidencia directa en la forma como las Fuerzas Militares asumen y cumplen con sus misiones es el cambio que se ha registrado en los últimos años en la región en materia de relaciones de seguridad entre los Estados.

La democratización, la integración económica regional, el fortalecimiento de los espacios de diálogo y cooperación en el hemisferio, nos están brindando la oportunidad histórica de participar en el surgimiento de nuevos conceptos de seguridad. Atrás estamos dejando las relaciones basadas en el miedo y la prevención. Nos encaminamos hacia un esquema en el que la carrera armamentista debe dar paso a la cooperación, donde las amenazas veladas deben ceder el lugar a los ejercicios conjuntos, donde los enemigos de ayer, en virtud del renacer de una esperanza integradora, son los aliados de hoy y de mañana.

Gracias a estos nuevos vientos, las necesarias garantías de seguridad de cada estado deberán poder ser alcanzadas en beneficio y ya no en detrimento de las de sus vecinos.

La cooperación internacional, al fortalecerse cada día más, brindará las herramientas para que los países del continente enfrenten las nuevas amenazas de una manera más eficaz y al mismo tiempo más respetuosa de los derechos fundamentales. Esto en razón, nuevamente, de que la fortaleza permite limitar el recurso a la fuerza.

Nuevamente déjenme darles un ejemplo surgido de la OEA. En diciembre del año pasado se adoptó en Mar del Plata una declaración de todos los Estados miembros para combatir conjuntamente el terrorismo. Y lo menciono porque a veces se piensa que nuestros esfuerzos en materia de derechos humanos pueden ir en menoscabo de acciones contra las graves amenazas que han surgido para nuestras democracias. Fruto de esta decisión trascendental surgió un organismo, el CICTE, cuya vocación es la de fomentar la cooperación, la ayuda mutua y el intercambio de información entre los estados para protegernos de las acciones inhumanas de algunos grupos extremistas. Gracias a este nuevo impulso de colaboración, a esos criminales les será imposible encontrar formas de burlar la justicia prevaliéndose de las fronteras. Esto redunda en un estado más fuerte, que podrá enfrentar de manera más firme, pero siempre legítima y legal, expresiones criminales que pueden llegar a constituir amenazas directas para su seguridad. Estas son las tareas que hoy podemos asumir con la certeza de que ellas fortalecen el estado de derecho y la democracia y que no tienen porque afectar nuestros compromisos con el mas estricto respeto a los derechos humanos.

General Wilhelm, Señores oficiales, participantes en este foro:

Al reiterarles mi deseo por que estos espacios de reflexión sigan contribuyendo a delinear unas fuerzas militares siempre más comprometidas con esos ideales democráticos y pacíficos, quisiera dejar con ustedes una última consideración.

El siglo XXI deberá ser el siglo de la consolidación de las Américas como una región próspera y pacífica. Para ello, los dirigentes políticos y militares de nuestros países tienen la responsabilidad histórica de liderar a sus pueblos en el camino del fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la cohesión social y la seguridad. Los invito para que sigamos trabajando para estar a la altura de tan altas misiones.



Muchas gracias.