Como Secretario General de la OEA, quisiera comenzar por agradecer, en nombre de nuestra Organización y de todos los participantes en esta reunión, al pueblo de Costa Rica por la generosa acogida y hospitalidad que nos han brindado durante estos días en San José. Deseo, en especial, agradecer al Presidente Miguel Angel Rodríguez quien, con el apoyo decidido que ha dado a este encuentro, nos comprueba, una vez más, su decidido compromiso y el de su Gobierno con la causa de la justicia y la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Permítanme expresar que esta reunión no habría sido tan exitosa y productiva sin el liderazgo de la señora Ministra de Justicia, Mónica Nagel, así como de la diligencia mostrada por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezados por su Canciller, Roberto Rojas y los Embajadores Hernán Castro y Jorge Rhenán Segura, Representantes Permanentes y Alterno de Costa Rica ante nuestra Organización.

Para mí y estoy seguro que para todos los aquí presentes, constituye un gran honor estar en la sede de la Corte Suprema de Justicia. Tengo la certeza de que la circunstancia de haber escogido este recinto para la sesión de clausura, además del carácter simbólico que él encierra, tiene el propósito de destacar la importancia que los gobiernos le conceden al hecho de coordinar sus políticas y acciones con los poderes judiciales, como protagonistas centrales de los procesos de reforma judicial, y de hacerlos partícipes activos del proceso de diálogo hemisférico sobre este tema fundamental para la consolidación de la democracia y el fortalecimiento del Estado derecho, y por ende del desarrollo de nuestros países.

Si hay algún tema en el que se requiera coordinar acciones y aunar esfuerzos entre todos los actores institucionales es en materia de justicia. Aquí, en Costa Rica, hay un excelente ejemplo de coordinación interinstitucional en materia de administración de justicia. La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, por más de 14 años ha demostrado ser un instrumento muy práctico y eficiente de coordinación de las políticas públicas en este campo entre los tres poderes del Estado y con la sociedad civil. Por eso, no me parece extraño que sea en este país donde tengamos este primer encuentro hemisférico entre los ministros de justicia de las Américas y autoridades judiciales.

Las reuniones de Ministros de Justicia han producido tan importantes resultados en tan poco tiempo que, sinceramente, han superado con creces las expectativas que tenía cuando me permití sugerir a la Organización la utilidad de convocar este tipo de encuentros. Sin lugar a dudas, estas reuniones son un mecanismo de diálogo y coordinación entre los gobiernos que han comprobado sus bondades y que, afortunadamente, ya se ha abierto camino e institucionalizado en la región.

Teniendo en cuenta esta circunstancia y como un esfuerzo complementario de coordinación entre los actores centrales en este campo en las Américas, cuando comencé mi segundo período en la Secretaría General de la OEA en Septiembre del año pasado, como parte de las ideas que presenté en el documento titulado "Desafíos para un nuevo futuro", me permití sugerir a la Organización considerar la conveniencia de crear un espacio de diálogo, cooperación e intercambio de información y de experiencias, en el marco de la OEA, entre las propias autoridades judiciales.

Aprovechando la circunstancia de encontrarnos en la sede de la máxima autoridad de la rama judicial de Costa Rica y antes de referirme a los muy importantes resultados de esta reunión, quisiera reiterar la importancia de que los Estados consideren la importancia de crear un espacio para la reunión de las autoridades judiciales en el marco de la OEA. Se trataría de un esfuerzo complementario de reuniones como ésta, cuya importancia para la coordinación de acciones a nivel interamericano, estoy seguro que los Ministros de Justicia son los primeros en reconocer.

Un esfuerzo de esta naturaleza se justifica aún más si se tiene en cuenta el papel aún más activo e importante que han adquirido las autoridades judiciales como resultado de las reformas judiciales que se han emprendido en un gran número de países del Hemisferio. Como ustedes saben, en muchos de ellos, ese proceso ha pasado, entre otros, por la creación de los llamados consejos de la judicatura o de la magistratura o de otros organismos similares y, en general, por el otorgamiento a las autoridades de las ramas judiciales de poder de decisión sobre aspectos fundamentales relacionados con su propia organización y funcionamiento, su presupuesto y su eficacia y eficiencia.

De igual forma, convendría mencionar que un hemisferio cada vez más interelacionado e interdependiente exige una creciente colaboración entre los jueces nacionales de los distintos países tanto para asegurar el respeto de los derechos de las personas y hacer frente a viejas y nuevas modalidades de criminalidad transnacional, como para garantizar la seguridad jurídica necesaria para facilitar el intercambio comercial y la circulación de personas, bienes y servicios.

Finalmente, quisiera destacar que, teniendo en cuenta sus grandes potencialidades como foro de diálogo político y técnico y las nuevas realidades internacionales, durante los últimos años nuestra organización ha abierto sus puertas a otros actores que antes podrían haber sido considerados ajenos o lejanos al quehacer de la OEA, como los miembros de los poderes legislativos o aún las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Esa es parte de la modernización del sistema interamericano que los Estados han venido emprendiendo para que sus instituciones estén más acordes con los tiempos que corren y para responder a las necesidades de nuestros pueblos. Francamente creo que no tendría ningún sentido dejar por fuera de ese proceso de apertura institucional de la OEA a las máximas autoridades de los poderes judiciales.

Señores Ministros y Procuradores Generales:

Permítanme referirme ahora a algunos de los temas que ustedes han abordado durante este encuentro y que han sido objeto de sus decisiones, conclusiones y recomendaciones.

En lo que tiene que ver con el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, quisiera comenzar por destacar la eficiente labor cumplida por el Grupo Especial que se creó en el marco de la OEA para darle seguimiento a las conclusiones y recomendaciones adoptadas por ustedes en sus dos reuniones anteriores y, en especial, hacer un reconocimiento público al liderazgo y grandes dotes diplomáticas de su presidenta, la distinguida Embajadora del Perú, Beatriz Ramacciotti. Estas circunstancias permitieron que la OEA, por intermedio de ese Grupo, pudiera presentar un informe del deber cumplido al comienzo de estas sesiones.



En nombre de todo los presentes y de todos los Estados miembros de la OEA deseo felicitar a los miembros del Consejo Directivo del Centro por su reciente elección, en un período fundamental para la definición de las directrices y planes fundamentales del mismo, así como por los resultados que se han producido con el proceso de evaluación de los ofrecimientos de sede para esta institución.

El Estatuto adoptado para el Centro tiene grandes bondades y ventajas. Entre ellas, quisiera relevar, en primer lugar, su carácter amplio y no excluyente que se refleja, entre otros, en el hecho de que de él hagan parte todos los Estados miembros de la OEA y que se haya previsto que al mismo se pueden vincular, como miembros asociados, los Observadores Permanentes ante nuestra Organización, así como cualquier organización nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental que tenga competencia en la materia.

En segundo lugar, conviene subrayar el adecuado equilibrio que se ha logrado al disponer que el Centro tendrá autonomía técnica y operativa pero, a su vez, prever que sus actividades se desarrollarán de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones de las Reuniones de Ministros de Justicia y que, según corresponda, podrán orientarse teniendo en cuenta los mandatos pertinentes provenientes de las Cumbres de las Américas y las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA.

En este sentido, merece especial mención la circunstancia de que el estatuto le confiere un papel fundamental a las reuniones de ministros de justicia como orientadoras de las actividades del Centro, entre otros, en todo lo relacionado con el intercambio permanente de información y puntos de vista entre el Centro y los Estados miembros; las prioridades y programas comprendidos en su programa de trabajo, y los planes programáticos y financieros de largo plazo de la institución, incluyendo la evaluación de los avances alcanzados en su ejecución.

Con la misma orientación, deseo relevar la previsión que se ha incorporado en el estatuto del Centro en cuanto a la necesidad de propiciar el fortalecimiento del diálogo con los poderes judiciales y legislativos para la definición de los lineamientos de las actividades del Centro.

En tercer lugar, quisiera llamar la atención sobre la importancia que tiene el hecho de haberle definido un nicho al Centro como ente facilitador en lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica, y el apoyo a los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en la región.

En cuarto lugar, considero muy acertada y realista la decisión que se ha adoptado en cuanto al hecho de que las labores del Centro se concentren, en una primera etapa, en los temas vinculados con la justicia penal y que se haya dispuesto que se buscará aprovechar las experiencias obtenidas en esta materia por otras organizaciones en el Hemisferio.

En quinto lugar, conviene destacar el esfuerzo que se ha hecho para evitar la duplicación de actividades con otras entidades existentes y, por el contrario, fomentar la colaboración y coordinación de esfuerzos al prever la posibilidad de celebrar acuerdos de cooperación tanto con Estados como con organizaciones internacionales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales.

Con este mismo espíritu, quisiera ofrecer toda la colaboración de la Secretaría General de la OEA para apoyar las labores del Centro y mantener con él un proceso permanente y fluido de intercambio de información, cooperación y coordinación en los temas de interés común.

Quisiera ahora referirme al segundo tema que ha ocupado la agenda de ustedes: el delito cibernético. Los hechos de vandalismo a través de "internet" que han sido registrados durante las últimas semanas por los medios de comunicación y de los cuales han sido víctimas por igual las páginas de instituciones gubernamentales y del sector privado en todos nuestros países, muestran claramente tanto la gravedad y las potencialidades de daño que engendran estas modalidades delictivas, como la importancia de adoptar mecanismos ágiles y eficientes de cooperación internacional para hacerles frente.

En este sentido, es de gran utilidad el trabajo desarrollado por el grupo de expertos gubernamentales sobre delito cibernético, con el apoyo de la Secretaría General. El diagnóstico elaborado y las recomendaciones formuladas por ellos son una muy buena carta de navegación sobre el tipo de acciones que tenemos que promover y ejecutar para enfrentar y castigar estas nuevas manifestaciones criminales y para evitar que los grandes avances tecnológicos y de las telecomunicaciones sean aprovechados en forma ilegal e indebida por los delincuentes.

Como lo ha expresado con gran claridad la Procuradora General de los Estados Unidos, Janet Reno, los delitos cibernéticos se diferencian de los delitos tradicionales de muchas maneras y, como resultado, plantean nuevos y desafiantes problemas. Los delitos cibernéticos no respetan fronteras ni puestos de control. De hecho, no requieren que los autores materiales o intelectuales de los delitos se encuentren en el país donde se cometen. Son por esencia delitos internacionales que plantean grandes retos legales, tecnológicos, de especialización, capacitación, asistencia y cooperación entre las autoridades judiciales de nuestros países. Sin temor a exagerar me atrevería a afirmar que estas nuevas formas criminales constituyen uno de los mayores retos para la asistencia judicial entre nuestros Estados.

Las conclusiones y recomendaciones adoptadas por ustedes en esta reunión constituyen, sin lugar a dudas, una base fundamental para continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación jurídica y judicial en este campo, en el marco del sistema interamericano.

Otro de los temas de cuales se han ocupado ustedes durante esta reunión tiene que ver con los sistemas carcelarios y penitenciarios. Las preocupaciones expresadas sobre la salud en los centros de reclusión son fundamentadas y guardan relación con algo que es de la esencia de nuestra Organización como es la defensa y protección de los derechos humanos.

Como ustedes saben, por razones de muy diverso orden, lamentablemente en muchos de nuestros países los problemas en este campo tienen más ramificaciones y expresiones. De manera recurrente surgen alzamientos carcelarios, confrontaciones entre presos y autoridades, quejas por abusos y casos evidentes de cárceles inseguras, insuficientes, mal dotadas y con altos índices de hacinamiento.

Las políticas en esta materia merecen una especial atención tanto por consideraciones humanitarias para con los reclusos, hombres, mujeres y niños, que deben contar con condiciones dignas y con mecanismos de rehabilitación, como por consideraciones de eficacia y eficiencia en la lucha contra el delito. Numerosos estudios muestran el alto peso de la reincidencia de delincuentes, lo cual indica de por sí fallas en los mecanismos de resocialización y rehabilitación de presos. De otro lado, los recursos que las sociedades y Estados invierten en combatir la delincuencia están representados, en parte, en los delincuentes aprehendidos, en proceso o ya condenados. No invertir lo suficiente en este campo puede significar para las sociedades en su conjunto dilapidar los recursos, siempre escasos, que se gastan para llevar los delincuentes a las cárceles.

Como lo expresé desde la primera reunión de ustedes en Buenos Aires, yo estoy convencido que ésta es una área todavía prácticamente inexplorada en materia de cooperación entre nuestros países en el marco del sistema interamericano y en la cual -no tengo la menor duda- muchos nos podemos ayudar los unos a los otros, por ejemplo, a través de programas de intercambio de experiencias y de cooperación horizontal.

Algunos temas en los cuales podríamos progresar con este tipo de instrumentos de cooperación podrían ser los relacionados con la infraestructura penitenciaria, los programas de resocialización y rehabilitación de delincuentes, el tratamiento a los menores de edad o la reinserción de ex-miembros de organizaciones armadas en procesos de paz. Un aporte adicional a este proceso sería el código modelo sobre la organización y normas mínimas de detención, acorde con el derecho internacional, en el cual ha trabajado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sus intervenciones en relación con este tema me ratifican en el convencimiento de que ésta es una área en la cual, mediante la ayuda y el apoyo mutuo, podemos dar grandes pasos en las Américas, así como en la conveniencia de que, en el marco de estas reuniones, continuemos el diálogo en este campo fundamental para la eficacia de nuestros sistemas de justicia.

En relación con el último tema de la agenda de ustedes, es evidente que tenemos que avanzar aún más en las Américas en el proceso de fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos en aquellas causas en que ello es posible. Esta será la única forma de facilitar y asegurar que los jueces se puedan concentrar en aquéllas causas que por su trascendencia jurídica y social así lo exijan.

Históricamente, los jueces eran la última instancia para la resolución de las disputas, después de que las partes no se habían puesto de acuerdo o que figuras como los amigables componedores o árbitros hubieran fracasado. Sin embargo, en nuestra región, en la mayoría de los casos, hemos ido en dirección inversa, hemos caminado hacia la judicialización de todos los conflictos, lo cual multiplica los procesos, aumenta los costos, genera retrasos en las decisiones judiciales y con frecuencia, en la práctica, implica impunidad o ausencia de pronta y debida justicia.

Por eso, justamente, como ustedes ya lo habían expresado con anterioridad y lo han reiterado en este encuentro, tenemos que darle un mayor impulso a los programas de cooperación en este campo cuyas potencialidades son aún muy grandes dentro del proceso de perfeccionar nuestros sistemas de justicia.



Señores Ministros y Procuradores Generales:

La creación y puesta en marcha del Centro de Estudios de Justicia de las Américas; el diagnóstico y las propuestas específicas en materia de delito cibernético; las conclusiones y recomendaciones en relación con la política carcelaria y penitenciaria, así como con el acceso a la justicia y los mecanismos de resolución de conflictos, comprueban una vez más la trascendencia y utilidad de estas reuniones, así como del diálogo y la cooperación mutua en torno a causas comunes. Este encuentro en San José nos ha permitido confirmar que la justicia es una de esas causas comunes en las Américas y que unidos vamos a conseguir más y mejores resultados y en forma más rápida y efectiva.



Muchas gracias.