Excelentísimo Señor Manuel Rodríguez Cuadros, Embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos,

Señores Embajadores y Delegados,

Señoras y Señores,

Es para mí un motivo de particular satisfacción el darle la bienvenida al Embajador Rodríguez Cuadros, nuevo representante permanente del Gobierno del Perú ante la Organización. Sus funciones ante la OEA no podían iniciarse bajo mejores auspicios que con la suscripción, en nombre de su Gobierno, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

La desaparición forzada de personas, como lo resalta el preámbulo de la Convención, es un crimen de lesa humanidad, violatorio de múltiples derechos esenciales del ciudadano y una afrenta inaceptable a los principios fundamentales consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En efecto, este tipo de atrocidades no sólo supone la privación arbitraria de la libertad del individuo, con frecuencia acompañada de torturas, vejaciones y a menudo la muerte, sino que también siembra una estela de dolor y de incertidumbre inacabable entre familiares y amigos. Se trata de un acto terrorista por definición pues afecta a la víctima directamente e intimida a la sociedad entera.

Es la antítesis de la democracia y del estado de derecho. Los Estados de la OEA, comprometidos con la defensa y promoción de la democracia, base esencial de la solidaridad hemisférica, no pueden permanecer pasivos ante su ocurrencia. Es su deber esencial prohibirla, castigarla y sancionar a los responsables de tales actos, así como cooperar con otros estados para hacerlo.

Por ello, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en el marco del vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA realizado en 1994 en Belem do Pará, regula una serie de aspectos y contiene disposiciones que obligan a los Estados parte a tomar medidas legislativas y constitucionales en los ordenamientos internos para tipificar como delito la desaparición forzada de personas. Otro aspecto importante a señalar es que los Estados se comprometen a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Asimismo, los Estados Parte se comprometen a tomar las medidas necesarias para cooperar con la extradición de personas condenadas por este delito.

Señor Embajador,

El gobierno del Perú está liderando un proceso interno de revitalización de las instituciones y prácticas democráticas con el apoyo de los partidos políticos, las fuerzas vivas y las organizaciones de la sociedad civil de ese país. En este fundamental empeño los peruanos han contado y podrán seguir contando con el apoyo irrestricto de la comunidad americana de naciones y de la Secretaría General de la OEA. El Presidente Paniagua y su gobierno, al decidir la suscripción de este importante instrumento jurídico, que se suma al retorno de su país a la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demuestran con hechos su compromiso con la consolidación democrática en el Perú, una de cuyas piedras angulares es la garantía y defensa de los derechos de los individuos.

Con este acto, el Perú viene a constituirse en el décimo quinto país firmante de la Convención, y contribuye de manera significativa al objetivo central de alcanzar la universalización de todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos, pieza indispensable del fortalecimiento del sistema.

No puedo dejar pasar esta oportunidad sin hacer un llamado a todos los países que aún no han firmado o no han ratificado esta convención a que sigan el ejemplo que hoy da el Perú y lo hagan.

Permítame, Señor Embajador, al reiterarle la bienvenida a esta Casa de las Américas, transmitir por su conducto al pueblo y al gobierno peruanos, las felicitaciones y la complacencia de toda la región con esta decisión.

Muchas gracias.