Embajador Heraldo Muñoz, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,

Señor Bernard Aronson, ex-Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos,

Señor Presidente del Consejo Permanente, Embajador Esteban Tomic

Embajador Einaudi,

Señores Embajadores, Representantes Permanentes,



Es para mi un placer el estar reunido con ustedes en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente dedicada a la conmemoración del décimo aniversario de la adopción del Compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del Sistema interamericano, y de la Resolución 1080 "Democracia Representativa". Se trata de una celebración y un justo reconocimiento a un momento histórico en el cual nuestros gobiernos, con visión y compromiso con los ideales americanos, trazaron un nuevo rumbo a las relaciones interamericanas basado en la cooperación, el respeto mutuo y la solidaridad democrática, e idearon un instrumento eficaz y claro para ejercerla, recién terminada la guerra fría que había paralizado la acción política de la Organización.

Estos dos documentos simbolizan el profundo arraigo democrático de los países del hemisferio y la voluntad política de nuestros gobiernos y nuestros pueblos por defender la institucionalidad democrática y el orden constitucional bajo circunstancias siempre bastante disímiles. Hemos ido avanzando de manera creciente hacia un conjunto de valores compartidos y los tiempos del pesimismo atávico, del lenguaje confrontacional, de la desconfianza sistemática han quedado atrás. Su utilidad para activar la solidaridad hemisférica con la democracia quedó demostrada frente al golpe militar en Haití en 1991, los auto-golpes en Perú en 1992, y en Guatemala en 1993 y frente a la rebelión militar en Paraguay en 1996.

Y creo que todos los que nos reunimos en esta Casa de las Américas interpretamos que defender la democracia es nuestra principal responsabilidad, la que da razón de ser a la OEA. Hemos creado una doctrina americana de la solidaridad con la democracia que actúa contra cualquier amenaza militar, de derecha, de izquierda, del crimen organizado, de desconocimiento a las decisiones de uno de los poderes públicos, no importa cual sea su denominación o ideología, cualquiera que pretenda perturbar o interrumpir el proceso democrático e institucional de un país. Y esta doctrina se pone en marcha desencadenando una serie de acciones diplomáticas y coercitivas, respaldadas todas en acuerdos de carácter internacional.

La resolución 1080 permitió la consolidación de la doctrina de solidaridad democrática cuya primera piedra fue el Protocolo de Cartagena de Indias de 1985, mediante el cual se integró a la Carta el concepto de democracia representativa como fundamento de esta asociación de naciones y elevó su promoción y defensa al rango de propósitos esenciales de la OEA. Hoy nadie, en ningún país del hemisferio, puede dudar que cualquier deriva autoritaria se enfrentará al rechazo unánime de las democracias de la región.

Y a lo largo de la ultima década hemos presenciado como se ha enriquecido el sentido de lo que es una democracia dentro de los lineamientos del Compromiso de Santiago. Y ese es el motivo esencial para la notable expansión de la agenda hemisférica.

El Compromiso de Santiago se convirtió así en la brújula para el diálogo, la acción y la cooperación hemisférica hasta que se celebraron las Cumbres de la Americas con la presencia de nuestros gobernantes. Cuando miramos los temas que se incluyeron en esas propuestas, encontramos los grandes ejes sobre los que giran las preocupaciones de nuestras sociedades: la lucha contra la pobreza, la defensa de la democracia, la protección de los derechos humanos, la profundización de los vínculos de comercio, la protección del medio ambiente, la lucha contra el problema de las drogas, el mantenimiento de la paz y la seguridad en el hemisferio y la cooperación solidaria para el desarrollo.

Hoy cuando hablamos de democracia queremos significar elecciones justas, limpias y transparentes. La OEA ha desarrollado una metodología que nos ha permitido estar a la vanguardia de los procesos que la Comunidad Internacional realiza para asegurar que cada certamen electoral cumpla con unos estándares. Y en muchas ocasiones, mas allá de un rol técnico, terminamos por cumplir el rol de un tribunal o de mediador entre los participes del proceso electoral. Y más allá de lo que formalmente hace la OEA los ciudadanos a todo lo ancho de nuestro hemisferio están vigilantes, atentos a asegurarse que en todas las naciones de nuestro sistema se cumplan a cabalidad los procedimientos democráticos.

Y si queremos hablar de un asunto estrechamente ligado al anterior es precisamente el del celoso respeto a los derechos humanos y la prevalencia en cada nación de un régimen de libertades publicas. Atrás están las épocas oscuras de violaciones masivas a los regímenes establecidos en la Convención Americana y las enormes resistencias de los gobiernos a aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana o las sentencias de la Corte Interamericana. Así mismo hemos sido testigos de como han ido surgiendo una nueva constelación de derechos de los grupos de población más vulnerables, mujeres, niños, indígenas y migrantes en cuya defensa el sistema trabaja hoy con ahínco y con una cooperación mucho mayor de los gobiernos.

Y también hemos trabajado en función de enfrentar los problemas que afectan nuestra democracia: narcotráfico, terrorismo, corrupción, violencia y tráfico de armas, fenómenos estos que poseen una dinámica que se proyecta mas allá de las fronteras de cualquier país y son una amenaza para la democracia y para la propia seguridad regional. Las naciones americanas han suscrito convenciones o estrategias hemisféricas que las vinculan jurídica y políticamente en la búsqueda de fortalecer nuestras democracias: la Convención contra la Corrupción, la Estrategia Hemisférica contra las Drogas, el Mecanismo de Evaluación Multilateral, la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilegal de Armas, la Convención sobre Transparencia en la Adquisición de armas, el proceso de creación del ALCA, el compromiso con la eliminación de las minas terrestres anti-personal y las medidas de fomento de la confianza y la seguridad, son tan sólo algunos ejemplos de la intensa y fructífera actividad desplegada en el seno de la Organización a lo largo de estos últimos diez años, inspirada por el derrotero fijado por los países en el Compromiso de Santiago.

Con la adopción del Compromiso de Santiago y la resolución 1080 sobre democracia representativa, nos movimos desde un viejo orden a uno nuevo en el que las ataduras que en el pasado paralizaron a la OEA desaparecieron. Hoy hay mucho más espacio para la acción diplomática, para la prevención de conflictos y para asegurar un debido equilibrio de los poderes públicos, más allá de los golpes militares.

Hoy en día, diez años después, en nuestro trabajo cotidiano, en la secretaría, en el Consejo Permanente, en la Asamblea General, el Compromiso de Santiago sigue siendo una referencia obligada y natural que guía nuestros pasos, nuestras acciones y nuestras aspiraciones. El proceso de Cumbres mismo, estoy convencido, no se habría dado ni hubiera tenido los importantes desarrollos que ha alcanzado de no haber existido ese acto renovador y fundacional que constituyó el Compromiso de Santiago. La región y la OEA están mucho más avanzadas en este aspecto que cualquiera otra en el mundo, tal y como quedó de manifiesto en la reciente reunión que sobre "El papel de las organizaciones multilaterales y regionales en la defensa y promoción de la democracia" la "Comunidad de Democracias" realizó en la sede de la OEA.

A pesar de los resultados de la aplicación de la 1080, el debate sobre su alcance y utilidad está al orden del día. Para algunos esta resolución es sólo un primer paso en la defensa de la democracia y sugieren que debería estar complementada por otras medidas más automáticas en materia de sanciones, incluyendo entre otras la exclusión de las Cumbres o la marginalización de los procesos de integración comercial. Para los países que lo han ratificado, el Protocolo de Washington de 1992, en vigor desde 1997, cumple en gran medida ese papel.

Otros argumentan que la 1080 interviene demasiado tarde, cuando ya una situación de tensión y riesgo ha hecho crisis. Por lo tanto, aseguran que deberían crearse mecanismos de monitoreo y alerta tempranos que permitieran una intervención más rápida, preventiva antes que correctiva.

Sin embargo, para otros éstas propuestas podrían ir en contravía del principio, igualmente consagrado en la carta, de la no-intervención. Como lo dijo el Presidente De la Rúa en su alocución ante el Consejo Permanente en junio del año pasado, debemos encontrar un camino que permita cuidar la calidad de la democracia, sin violar el principio de no-intervención. Él habló entonces de la no-indiferencia.

En este marco, creo que uno de los elementos a tener en cuenta es la claridad de las normas y preceptos a defender y de las reglas de aplicación de los mecanismos. Una vez más, una de las ventajas de la aplicación de la 1080 es que no ha sido ideológica. Pero sin duda ganaríamos bastante si, como lo ha sugerido el Canciller peruano, Don Javier Pérez de Cuellar, se estableciera una Carta Democrática Interamericana, que integre todos los compromisos del hemisferio con la democracia y que recopile claramente las reglas del juego que nos demos en defensa de la misma.

Otro elemento que creo que los países deben discutir tiene que ver con lo que hemos aprendido en materia de observación electoral. Hasta el momento en ningún caso se ha recurrido a la 1080 frente a situaciones de fraude o de problemas en la realización de los certámenes electorales. Su aplicabilidad en estos casos, así como en los casos de coacción evidente a las libertades públicas o de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, debe ser objeto de profundos debates en el seno de este Consejo.

De otra parte, hoy en día, en nuestros países las amenazas a la democracia se han vuelto más sutiles. Nuestras democracias se debilitan no sólo por la tentación autoritaria o hegemónica, sino por las enormes falencias que nuestros sistemas políticos han mostrado de cara a la globalización de las relaciones políticas. La afectan también las fallas del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades sociales.

Frente a todos estos problemas, no existen recetas fáciles ni soluciones sencillas. Tampoco se resuelven simplemente incrementando la función policiva de la OEA. Como lo señalaron nuestros Cancilleres en las Declaraciones de Nassau y Managua, es necesario incentivar y acrecentar la cooperación y la asistencia técnica para el fortalecimiento, consolidación y promoción de la democracia, así como para el desarrollo social y económico.

Esto implica igualmente que debemos darle un rol más importante y significativo al diálogo político hemisférico. Tenemos que desarrollar iniciativas ambiciosas, aunar recursos y esfuerzos, aprovechar la tecnología para promover la discusión y el conocimiento. Debemos vincular nuestras universidades, centros académicos y las organizaciones de la sociedad civil a los esfuerzos de reflexión colectiva para así enriquecer los centros de información y ampliar los intercambios de experiencias.

La defensa y promoción de la democracia es propósito fundamental de la Organización de los Estados Americanos. En esta tarea están empeñados todos nuestros esfuerzos. Debemos defenderla de todas las amenazas y riesgos que puedan ponerla en peligro. Debemos unirnos no sólo para preservar su existencia formal, sino para profundizar, enraizar y dinamizar su contenido cotidiano, para que efectivamente se convierta en motor y vector del desarrollo y bienestar de todos. Ese es el legado y el mandato renovado que recibimos en Santiago hace 10 años.