Esta Asamblea General tendrá como marco los significativos logros de la Cumbre de Quebec que nos imponen enormes responsabilidades y deberes a los que nos reunimos bajo este techo. Es nuestra tarea construir unas instituciones hemisféricas a la altura del vasto proceso de integración económica, social y política en que se encuentran comprometidos nuestros gobernantes y nuestros pueblos. De Canadá salimos imbuidos de fe y esperanza en el futuro de progreso, paz y democracia de todos los Americanos.

¿Quien podría imaginar un mejor entorno para trabajar y asumir esos retos que Costa Rica? En esta próspera y hermosa tierra han florecido los más acendrados ideales democráticos, la expresión acabada de una vocación pacifista, de respeto por los derechos humanos, de protección de nuestro entorno natural, así como de la más elevada voluntad política para avanzar hacia la justicia social. Esos valores, esos principios que germinaron aquí, son los que hoy unen a todos los americanos y nos hermanan en un destino común. Y qué mejor anfitrión podíamos esperar que el Presidente Miguel Angel Rodríguez.

Señor Presidente:

Usted encarna la imagen misma del gobernante. Es usted un líder serio, pulcro, inteligente, visionario, demócrata convencido. Ha dedicado su acción de gobierno a promover los valores democráticos, el estado de derecho y la modernización de las estructuras económicas del país. Gracias al Canciller Roberto Rojas por su invaluable apoyo, al Embajador Hernán Castro por su trabajo infatigable y al pueblo de Costa Rica por su generosa hospitalidad.

En Quebec nuestros gobernantes incorporaron una cláusula democrática para participar en estas reuniones hemisféricas y dispusieron que nuestros cancilleres elaboraran una Carta Democrática. Estos pasos notifican a todos los que pretendan quebrantar el orden constitucional que encontrarán una comunidad de naciones unida en su acción colectiva para hacer respetar la institucionalidad democrática. Ambas decisiones apuntan a realzar la que consideramos nuestra principal responsabilidad, la de trabajar para defender, fortalecer y consolidar la democracia en las Américas. Esta, más que nuestra función primordial, es nuestra razón de ser.

Tal vez no haya mejor ejemplo de nuestra determinación y de la utilidad de la acción colectiva para apoyar la democracia que las tareas que llevamos a cabo en Perú, en cumplimiento del mandato que ustedes nos dieron en Windsor. En compañía del Canciller canadiense y en consulta con el gobierno, las fuerzas políticas y la sociedad civil, diseñamos una mesa de diálogo a la cual se le asignó una agenda de reformas democráticas. Así fue posible trabajar con eficacia en un ambiente en el que cumplimos un papel de facilitación y mediación. En ese esfuerzo contamos con la capacidad y dedicación del ex canciller Eduardo Latorre y del Embajador Peter Boehm.

Trabajamos con el mandato de contribuir a que el Perú regresara a la plena vigencia de sus instituciones democráticas y de su orden constitucional, de los que se separó como consecuencia de un gobierno que fue apelando cada vez más a procedimientos autoritarios y por fuera del control político, a cercenar la independencia del poder judicial, a silenciar a los medios de comunicación, a usar los organismos de inteligencia para propósitos totalmente ajenos a los intereses del estado peruano, a hacer un uso indebido de los fondos públicos y a minar totalmente el clima de libertades y de equidad en la elección presidencial.

Para fortuna de todos, gracias al coraje, la coordinación y la determinación de las organizaciones políticas de oposición y de la sociedad civil fue posible construir una alternativa capaz de asumir la dirección del país cuando el régimen anterior se desmoronó como resultado del conocimiento público de sus actos ilegales y antidemocráticos. El presidente Paniagua y el Primer Ministro Pérez de Cuellar han conducido una transición ejemplar, respetuosa del orden constitucional, que le devolvió la estabilidad y la esperanza al Perú. Gracias a ellos, los peruanos están hoy ejerciendo sus derechos políticos para escoger libremente a sus gobernantes. El ex canciller Eduardo Stein ha sido de nuevo jefe de nuestra misión electoral. A él los demócratas del hemisferio le debemos gratitud por la impecable tarea en la defensa de la democracia.

Esta experiencia nos ha mostrado una vez más que las Misiones de Observación Electoral, como las concebimos en la OEA, tienen una gran utilidad para asegurar la integridad, imparcialidad y confiabilidad de los procesos electorales. Su presencia contribuye también a un entorno de respeto a los principios de transparencia, igualdad y equidad que ofrece las garantías necesarias para la participación y libre expresión de la voluntad de todos los ciudadanos. La autonomía de que ha gozado la Secretaria General en su orientación ha contribuido a este propósito y debe ser preservada.

Este compromiso con la democracia explica nuestra dedicación y preocupación por la situación en Haití. La crisis actual surge de los problemas señalados por nuestra misión de observación electoral durante las elecciones legislativas y locales realizadas el 21 de mayo del año pasado. De acuerdo con el informe final de la misión, "los observadores percibieron numerosas irregularidades, lo cual hacía imposible el recuento en muchos puestos de votación. La Misión confirmó la manipulación de los resultados de la etapa post-electoral, incluyendo la metodología para calcular los porcentajes en la determinación de los escaños al Senado (en contravía de los preceptos constitucionales), la transmisión defectuosa de resultados y el tratamiento arbitrario de las impugnaciones."

Por esas razones, la Organización decidió no observar la segunda vuelta de esas elecciones, ni las que posteriormente se celebraron para elegir presidente. Sin embargo, de común acuerdo con el Gobierno haitiano, el Consejo Permanente decidió el envío de una Misión para facilitar el diálogo y contribuir a la superación de la crisis. En ella participaron varios embajadores ante la OEA y representantes de CARICOM. En los meses siguientes el Secretario General Adjunto Luigi Einaudi regresó a Puerto Príncipe en varias ocasiones. En este empeño se contó siempre con la participación activa de CARICOM y de los países amigos del Secretario General de la ONU en Haití. Desgraciadamente, a pesar de todos los esfuerzos de facilitación adelantados hasta ahora por la misión conjunta OEA-CARICOM, la crisis continúa.

En los días inmediatamente anteriores a esta Asamblea, la ex Primera Ministra de Dominica, Doña Eugenia Charles y yo viajamos a Puerto Príncipe en un nuevo intento por desbloquear el proceso. Lamentablemente confirmamos la inexistencia de un clima propicio para iniciar una negociación entre las partes. Nos preocupa muchísimo la falta de confianza mutua, así como la escasa disposición de todos los actores involucrados para crear un entorno de negociación que permita superar la crisis política que tiene agobiado al país.

Es urgente que el Gobierno reitere su voluntad indeclinable para avanzar en un proceso de negociación y es urgente que la comunidad internacional se involucre más y comunique a los actores la necesidad de llegar pronto a un acuerdo. La presión internacional para que el gobierno corrija las graves irregularidades ocurridas ha sido útil, pero la perspectiva de un Haití aislado de sus lazos con la comunidad financiera internacional es demasiado severa con su pueblo. Cuando se compruebe que se han dado pasos irrevocables para corregir las graves anomalías en el elección de Mayo debería ser posible iniciar la normalización de esa relación.

Con la renuncia de siete senadores elegidos de manera irregular, el Gobierno de Haití da un primer paso para corregir las serias anomalías ocurridas. El Presidente Aristide nos informó de su decisión de constituir un nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP) que garantice su imparcialidad y eficacia con la participación de todos los sectores. Este gesto, urgente y necesario, no debe verse empañado por elecciones complementarias que puedan desvirtuar la certeza de ese carácter y el equilibrio del Consejo que surja fruto de los acuerdos que eventualmente se realicen. Es también imprescindible que el Presidente Aristide, como lo ofrece en su misiva a la Asamblea General, honre el compromiso que el Ministro Antonio asumiera ante nuestro Consejo el pasado mes de marzo para recortar los períodos de todos los parlamentarios elegidos el 21 de mayo de 2000 y realizar elecciones legislativas anticipadas el próximo año con miras a renovar la Asamblea y el Senado.

Al dejar Haití expresé la necesidad de fortalecer la labor de la Misión OEA-CARICOM e incorporar como amigos del proceso a algunos países con influencia decisiva en Haití, para que hagamos llegar un mensaje terminante sobre la necesidad de que todos los actores de la sociedad haitiana, el gobierno del Presidente Aristide, las fuerzas políticas, la sociedad civil, las Iglesias y el sector privado se comprometan a encontrar una solución nacional a este problema. El cumplimiento de las promesas y anuncios hechos por el Presidente Aristide debería abrir la puerta para el inicio de un proceso de negociación con nuestra facilitación encaminado a superar esta crisis y fortalecer las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y la justicia.

El pueblo haitiano es la principal víctima de esta polarización que afecta todos los ámbitos de la vida nacional y pesa como un lastre sobre la imperiosa necesidad de iniciar la senda de crecimiento económico y desarrollo social que esperan y merecen esa nación y todos sus ciudadanos.

Estrechamente ligada a estos objetivos, la otra área prioritaria para la Organización es, como lo dispuso la Cumbre, fortalecer el sistema Interamericano de Derechos Humanos. La historia de las Américas ha sido una de luchas por la libertad, la defensa de la dignidad humana y de los derechos de cada ciudadano. Los documentos que fundamentan el trabajo de la Comisión y la Corte, especialmente el Pacto de San José y sus protocolos, configuran un verdadero monumento a los valores que todos compartimos, y han sido baluarte eficaz contra las dictaduras, los abusos y las desviaciones autoritarias. Sin duda la Corte y la Comisión han demostrado que son capaces de defender las libertades y los derechos fundamentales de todos los americanos, en medio de un clima de mayor respeto por los valores democráticos. Actuando con rigor, seriedad y valentía se han ganado nuestro respeto, lealtad y apoyo.

Pero esto no significa que no debamos continuar fortaleciendo el sistema o ahondar en sus fortalezas. La universalización del Sistema debe seguir siendo un objetivo prioritario y un compromiso de todos. Y lo es también la búsqueda de mecanismos que aseguren el cumplimiento tanto de las recomendaciones de la Comisión como de las sentencias de la Corte. El futuro del sistema, su cohesión, su integridad y legitimidad dependerán críticamente de hacer respetar lo que ellas disponen. Por ello debemos valorar las decisiones recientes de la República Dominicana, Haití, México, Brasil y Barbados de reconocer la competencia de la Corte, y subrayar la importancia del retorno del Perú a dicha jurisdicción.

El acceso de las víctimas al proceso es un tema que viene siendo objeto de atención, y cuya importancia fue resaltada nuevamente por nuestros mandatarios en Quebec. Quiero destacar y saludar la aprobación reciente de los nuevos reglamentos de la Comisión y de la Corte que otorgan participación directa de las víctimas en el proceso, así como la ambiciosa iniciativa de Costa Rica de proponer a esta Asamblea un protocolo facultativo para hacer avanzar de manera significativa ese mismo tema.

Debemos avanzar también hacia un funcionamiento más permanente de la Corte y de la Comisión. Soy un convencido de que la configuración actual le exige demasiado a los comisionados y a los jueces. Por eso es tan acertada la orientación que ha dado la Cumbre para que en el marco de esta Asamblea incrementemos los recursos humanos y financieros a disposición del sistema. Igualmente debemos avanzar en asegurar que no se repitan las investigaciones en la Comisión y la Corte, y en fortalecer la capacidad para la instrucción de los procesos, así como en lograr mayor apoyo en los sistemas nacionales, todo lo cual sin duda le permitiría a la Corte fallar muchos más casos.

También es necesario continuar la agenda de trabajo del sistema para abarcar las nuevas y cambiantes necesidades del Continente y el Caribe. El acometer la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de los trabajadores migrantes, de la mujer y la niñez, del nexo entre el medio ambiente y los derechos humanos así como la figura del Relator para intensificar la defensa de materias de particular importancia, como lo es la libertad de expresión, comprueban la sintonía del sistema con la evolución de nuestras sociedades.

Y al regresar al tema democrático que nos ocupa hoy tenemos que señalar la ampliación del concepto de democracia a lo largo de la última década. Quisiera destacar tres aspectos de esa expansión o enriquecimiento.

Primero, hoy es claro que la democracia no es sólo la realización de elecciones libres, justas, transparentes y el respeto de los derechos humanos. Es independencia y equilibrio de los poderes públicos; transparencia y ética en el manejo del estado; es participación ciudadana y rendición de cuentas; es fortalecimiento de los gobiernos locales; es consolidación de los partidos políticos; acceso a la información, libertad de prensa y libertad de expresión.

Segundo, democracia también es el buen funcionamiento del Estado. Los ciudadanos perciben las falencias de las instituciones públicas que cumplen funciones de supervisión, regulación y control o de aquellas que prestan servicios públicos básicos, como fallas del sistema democrático. Las instituciones democráticas han sufrido mucho, particularmente en América Latina, como resultado de un Estado ineficiente, debilitado por la crisis de la deuda y agobiado por las limitaciones fiscales.

Debemos tener en cuenta también que el desempeño económico está hoy mucho más vinculado a los temas de democracia. Consideraciones tales como la paz social, la estabilidad política, el respeto al estado de derecho o la seguridad normativa son tan importantes para el crecimiento como el ahorro o la inversión.

Tercero, la globalización ha generado una conciencia planetaria en la búsqueda de justicia social y en defensa de la democracia y los derechos de todos los ciudadanos. Hasta hace poco nuestros países tenían la opción de tener un sistema político que operara mal. Pero con la globalización política eso ya no es posible. Gracias al desarrollo de los medios, la mundialización de las noticias y el acceso a la Internet, los problemas de fraude electoral, el abuso del poder, la discriminación de mujeres o indígenas, o las violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del planeta, nos movilizan a todos.

Los ciudadanos del hemisferio se ofenden porque cualquier gobierno desconoce su sistema judicial o ejerce sobre él presiones indebidas, o se aparta de un fallo de un tribunal constitucional. Igualmente se solidarizan y movilizan para apoyar a sus congéneres ante la adversidad, como lo vimos recientemente en el caso de los terremotos en el Salvador. El aislamiento y la indiferencia ya no tienen cabida en nuestras vidas.

Así mismo, las ONG y la sociedad civil con sus poderosas movilizaciones gozan hoy de mucha más libertad de movimientos, sus voces tienen mucho mas eco, sus gritos se oyen en todos los continentes. Hoy tenemos más agentes, más voceros y más organizaciones mostrando las falencias de nuestras instituciones, descubriendo sus limitaciones y exigiendo sus transformaciones.

Hay cosas muy buenas de esta súbita y emergente severidad al juzgar nuestras instituciones democráticas. El respeto de los derechos de cada ciudadano de América se ha ido convirtiendo en un asunto que a todos nos compete. El ataque despiadado contra la corrupción, en la búsqueda de mayor transparencia, y la mejor rendición de cuentas son algo inescapable.

Si bien esta visión tan extensa de lo que es democracia amplía el universo de nuestras acciones, igualmente nos ubica en un complejo panorama que significa que la democracia termina siendo responsable de todo lo que haga o haya hecho, deje o haya dejado de hacer el estado, el gobierno o cualquier órgano del poder público. Se le imputan las limitaciones de la política social o educativa. Tiene que cargar con la herencia de injusticia y desigualdad del anterior modelo económico y con las consecuencias del ajuste estructural que en algunos de nuestros países ha producido más pobreza al ampliar la brecha social. Tiene que asumir también los malestares, las tensiones del intenso cambio económico, social y político de la última década. Y más grave aun, muchos ciudadanos empiezan a identificar la democracia con los problemas contemporáneos que la amenazan, que le quitan legitimidad y que corroen nuestras sociedades: el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, y la violencia.

Estas responsabilidades no pedidas no pueden eludirse. Hoy por hoy estos problemas son más notorios, más recurrentes. El sistema democrático tiene que traducirse en la mejoría de las instituciones políticas, económicas y sociales; en un mejor sistema político y mejor cumplimiento de las funciones del estado; en una mayor cooperación internacional para combatir las amenazas de los sistemas democráticos; y en un mejoramiento claro de la calidad de vida de todos. Es nuestro deber hacer que así sea.

Ese es el enorme desafío que tienen que encarar nuestros gobernantes todos los días. Es una responsabilidad que todos ustedes y sus gobiernos tienen y que en muchas naciones no se corresponde con los precarios medios que se ponen a su disposición. Y es allí donde nuestra acción colectiva debe estar presente para complementar la labor de nuestros gobiernos sin poner en peligro los valores consignados en nuestra Carta.

Son estas consideraciones las que hacen tan relevante el proyecto de Carta Democrática que viene para su consideración y sobre el cual nuestro Consejo Permanente ha trabajado con dedicación e intensidad desde Quebec. El proyecto incorpora muchos de estos nuevos elementos y principios a los aspectos constitutivos de la democracia y de nuestros sistemas políticos. No voy a mencionar el alcance de todos sus contenidos que sistematizan y armonizan muchos elementos que hacen parte de nuestra Carta o están en resoluciones de nuestras asambleas. También recoge practicas recientes sin respaldo normativo y algunas normas que representan importantes avances.

El Proyecto representa, por ejemplo, un avance significativo sobre la resolución 1080 en lo que hace al incremento de las situaciones que pueden representar un quebrantamiento o alteración de la democracia, así como en cuanto a la amplitud de los medios o acciones a los que pueden recurrir tanto nuestros órganos políticos, el Consejo Permanente y las Reuniones de Cancilleres, como la Secretaria General para defender de una manera inquebrantable la vigencia de la democracia conforme a los principios de nuestra Carta. También le da un peso significativo a los aspectos de promoción.

Es de resaltar igualmente que los países pueden apelar en busca de apoyo cuando esté en riesgo su proceso político institucional democrático o su ejercicio legitimo del poder. Lo es también el que se disponga que la organización debe mantener sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el país miembro afectado

En la elaboración de la Carta ha estado muy presente que si bien podemos decir que en la última década hemos sorteado con éxito las crisis que pusieron en peligro nuestras democracias, tenemos que intensificar también nuestras acciones para fortalecer la democracia y para superar los enormes desafíos que crea una agenda política más amplia, compleja y costosa.

Estas consideraciones demuestran la trascendencia de los mandatos que recibimos de Quebec de adelantar en cooperación con las otras agencias del sistema interamericano las acciones en pro de la reforma de los sistemas políticos. En los temas de reforma del Estado, el papel de los bancos multilaterales y en especial el del BID ha sido fundamental. Ellos han asumido estas tareas con una solvencia y dedicación lo que subraya su compromiso con la democracia. Sin embargo, es evidente que esta reforma sigue siendo un tema que debe tener una clara prioridad.

Pero debemos reconocer que tenemos un sistema interamericano, por fuera del BID, extraordinariamente pequeño y crónicamente desfinanciado. Nos faltan recursos, conocimientos, información comparable, un intercambio de experiencias más rico.

Las decisiones de la Cumbre reflejan la voluntad de nuestras naciones de recurrir al sistema interamericano y fortalecerlo. Guardamos la esperanza de que, como lo dispusieron nuestros gobernantes en Quebec, la Organización esté dotada de los medios financieros y humanos que nos permitan encarar las nuevas iniciativas, atender las nuevas responsabilidades, mejorar nuestros sistemas de información, estimular los intercambios de experiencias, acercarnos más a la sociedad civil.

Debemos capacitar al sistema interamericano para hacerle frente a la vigorosa agenda hemisférica que surge de las necesidades de estos tiempos de globalización e integración. El establecimiento de la zona de libre comercio de las Américas cambiará de manera radical el proceso económico regional, y le brindará nuevas y amplias oportunidades de progreso a nuestros conciudadanos. Más importante aún, nuestro sistema, a diferencia de otras instancias como la OMC, nos ofrece la oportunidad de trabajar de manera integrada en muchos temas, mediante la acción simultánea en los frentes ambiental, laboral, de derechos humanos, democracia, de política social e infraestructura física. Es nuestra misión fortalecerlo y utilizarlo a plenitud Sólo así haremos compatibles nuestros objetivos de paz, seguridad, justicia y prosperidad.

Los pagos recientes de Brasil y Argentina nos han sacado de los graves problemas de liquidez que veníamos enfrentando y nos han permitido por primera vez en más de una década el establecimiento del Subfondo de Reserva. Esto, sin embargo, no ha resuelto las limitaciones estructurales de nuestro presupuesto, cuya solución demanda un aumento permanente de nuestros recursos. Lo cual no implica, sin embargo, que vayamos a desistir de las drásticas políticas de austeridad que se han venido poniendo en práctica, ni abandonar los esfuerzos que se deben profundizar para movernos a las nuevas prioridades para abandonar programas, actividades, estructuras relacionadas con prelaciones y problemas del pasado. Tampoco excluye que muchos de los mandatos de la Cumbre se puedan atender como proyectos que sólo implican erogaciones temporales.

Señores Cancilleres,

Ya hemos visto como la OEA encara nuevos desafíos. En casos de tensiones y diferendos fronterizos como los ocurridos entre Honduras y Nicaragua y entre Guatemala y Belice, la actuación de la Organización ha constituido un factor de mediación y facilitación con la colaboración eficaz del Secretario General Adjunto Einaudi. Hemos contribuido así al desescalamiento de las tensiones, al desarrollo de instrumentos de confianza y al establecimiento de mecanismos para resolver las diferencias aceptados por las partes. Hemos podido mostrar también nuestra idoneidad, neutralidad y eficacia para apoyar a las partes en la búsqueda de soluciones pacíficas a sus diferencias. En este empeño debo agradecer el apoyo que hemos recibido de Estados Miembros y Observadores que han aportado recursos a las subcuentas del Fondo de Paz creado para estas tareas.

Lo hemos visto también con la exitosa puesta en marcha del Mecanismo Multilateral de Evaluación de las políticas contra drogas ilícitas. Se ha creado un nuevo espíritu de cooperación y multilateralismo para hacerle frente a este desafío.

En materia de lucha contra la corrupción, mañana los Estados Parte en la Convención suscribirán formalmente el documento acordado en la Conferencia realizada en Buenos Aires a comienzos del mes de Mayo, mediante el cual crean un mecanismo para dar seguimiento a la aplicación de la Convención.

Nuestra nueva Agencia de Cooperación nos ayudará a movilizar más recursos externos. Su director ha aprovechado la circunstancia de que la Agencia puede trabajar con más agilidad y tiene atribuciones más amplias para realizar acuerdos de cooperación, para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos que ya existen en otros organismos e instituciones públicas y privadas. Todos estamos a la espera de que algunos países accedan pronto a estos recursos para mostrar la viabilidad y oportunidad de esas nuevas posibilidades.

Señor Presidente, Señores Cancilleres:

Las cumbres hemisféricas son hoy, sin duda, el más poderoso instrumento de integración regional y fuente principal de los mandatos políticos que guían nuestra labor en estos tiempos de acrecentada interdependencia. La confianza depositada por los Jefes de Estado y de Gobierno en Quebec sobre nosotros no será defraudada. La OEA asume con orgullo y confianza el reto de estar a la altura de las demandas de nuestros gobiernos, de cumplir a cabalidad y con eficiencia sus funciones de secretaría técnica y memoria institucional del proceso de Cumbres y de las reuniones sectoriales de Ministros, una herramienta esencial para la realización de las tareas ordenadas por la Cumbre.

La Oficina de Seguimiento de Cumbres necesita ser fortalecida, como lo debe ser el Fondo que se ha creado para este propósito. Así podremos cumplir con el objetivo de dar todo nuestro apoyo, asistencia secretarial y logística al GRIC, a su Consejo Ejecutivo y a la Comisión Especial de Gestión de Cumbres.

La Organización movilizará sus mejores recursos para cumplir con los más de 30 mandatos directos que le fueron entregados, para facilitar y mejorar la acción coordinada de todas las instancias del sistema interamericano, para apoyar a nuestros 34 Estados miembros a cumplir con la ambiciosa y visionaria agenda que nuestros gobernantes fijaron para sus pueblos.

Hemos preparado para su información y consideración un documento que busca darles una idea de como concebimos el cumplimiento de los mandatos, las acciones concretas que esperamos desarrollar para hacerlo y un orden de magnitud sobre su costo.

Queremos así también proponer que este documento sea la base de un sistema de información y seguimiento sobre las metas fijadas, en consonancia con los mandatos y el avance logrado por cada una de las instituciones del sistema. Esto nos permitirá ejercer una mejor labor de coordinación y complementación entre los organismos internacionales y los bancos subregionales de desarrollo con los que en días recientes hemos realizado acuerdos para dar una respuesta más ordenada y vigorosa a los mandatos de nuestros gobernantes. Igualmente, trabajaremos con la sociedad civil para facilitar acceso a la información y el intercambio con los representantes de los gobiernos.

Señores Cancilleres, Señoras y Señores:

El año que culmina desde la pasada sesión de la Asamblea General en Windsor ha sido uno de renovación, dinamismo y esperanza. Los obstáculos y desafíos que nuestras sociedades enfrentan son difíciles y complejos, pero la determinación de nuestros gobernantes y nuestros pueblos son claras y contundentes. Este camino lo tomamos confiados, movidos por la fe y la decisión de estar obrando por un futuro de paz, democracia, justicia social, libertad y prosperidad para todos los ciudadanos de las Américas.

Muchas gracias