Contexto


Mensaje del Secretario General sobre Venezuela

  28 de julio de 2017

Este domingo, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido de manera ilegal convocar a los venezolanos a una elección viciada de nulidad. Sin potestad constitucional para hacerlo, el régimen de Maduro estableció las reglas para la elección de los miembros de una ilegitima Asamblea Nacional Constituyente.

El encargado de implementar este proceso fraudulento es el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no es sino un instrumento de la agenda del gobierno nacional.

Este es el mismo Consejo Electoral que desconoció la voluntad del pueblo de convocar a un referéndum revocatorio y que tampoco cumplió con la celebración de elecciones regionales y municipales.

Las reglas para el proceso constituyente violan los principios básicos de la democracia establecidos en tratados internacionales y en la propia Constitución del país.

Se elegirá a 545 delegados, 364 en base territorial a nivel municipal y 181 entre 8 sectores de la sociedad, en violación al principio de representación proporcional establecido en la Constitución.

El peso político relativo de cada voto será muy diferente dependiendo del lugar de residencia del elector.

Asimismo, sólo aquellos ciudadanos que pertenezcan a alguno de los 8 sectores seleccionados podrán votar por un representante sectorial. El resto no tendrá esa opción.

Está claro que este domingo en Venezuela se violarán los principios de igualdad y universalidad del voto, al dividir a la sociedad en sectores definidos y controlados por el régimen. En ese sentido, se controló quiénes podrán ser candidatos por sector y se manipuló la elaboración del registro de quiénes podrán votar por cada sector.

La organización de este proceso está plagada de irregularidades.

Por ejemplo, no se realizaron las habituales auditorías de huellas dactilares, ni las que se realizan al sistema automatizado de votación, escrutinio, transmisión y totalización de resultados.

Se omitieron actividades y procedimientos clave con el objetivo de restarle transparencia y certeza al proceso electoral.

En cuanto a los centros de votación, sólo se habilitará menos de la mitad del número utilizado para los últimos comicios legislativos.

Asimismo, se han denunciado mecanismos de presión gubernamental para asistir a votar, como por ejemplo el ofrecimiento de bolsas de abastecimiento a quienes voten, el acarreo de votantes que reciben bolsas clap, así como de aquellos que tienen el carné de la Patria.

Otro mecanismo de presión que ha sido documentado es la amenaza de despidos a los funcionarios públicos y a los empleados de las empresas públicas. Se ha amenazado también con quitarles la pensión a los pensionados que no voten. Igualmente, los adultos mayores que están en centros de atención han sido amenazados con expulsión de los mismos si no votan.

Autoridades del régimen también dijeron que debían tomarse las nóminas de todas las empresas públicas y llamar por lista a todos los trabajadores para ponerse de acuerdo en la hora y cómo iban a ir a votar. Y al final del día se debe revisar la nómina y ver quién no ha ido a votar.

Del mismo modo, se establecieron barreras al control ciudadano. No se permitió la acreditación de testigos ni acompañantes nacionales al proceso de votación.

Está claro que existen argumentos técnicos de sobra para descalificar los actos de este domingo.

Venezuela necesita que se cumpla la Constitución, y que por lo tanto se detenga ya el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Los venezolanos necesitan poder decidir su futuro ya en elecciones libres, universales, limpias y con observación internacional.



Referencia: D-024/17