Comunicado de Prensa


SEGÚN ENCUESTA DE LA OEA MUCHOS PAÍSES MIEMBROS CARECEN DE INSTANCIAS PARA PROCESAR DELITOS CIBERNÉTICOS

  20 de noviembre de 2007

Según una encuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 18 Estados Miembros carecen de una instancia con autoridad y función específicas para procesar delitos cibernéticos. Según la misma encuesta, 12 países han informado que sí cuentan con dicha instancia.

Los referidos resultados fueron revelados al comienzo de una reunión de dos días que comenzó el lunes en la sede de la OEA, en Washington. La V Reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales en Materia de Delito Cibernético tiene como objetivo analizar los últimos desarrollos relacionados con estrategias de seguridad cibernética.

El Presidente del Grupo de Expertos Gubernamentales en Materia de Delito Cibernético, Howard Cox, dio la bienvenida a los participantes, haciendo hincapié en los progresos registrados hasta la fecha, entre los cuales figura un mayor número de instancias con poderes investigativos en las naciones que componen el organismo continental. Cox, Subjefe de la Sección de Delito Cibernético y Propiedad Intelectual de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que varios países que antes no contaban con capacidades de investigación cibernética ya han progresado en ese sentido, y están cooperando plenamente con los esfuerzos internacionales por contrarrestar este problema.

La creación de instancias de procesamiento fue una de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos. Estas instancias permitirán combatir el creciente problema internacional de la actividad delictual perpetrada a través de redes electrónicas, explicó Michael Thomas, experto de la Oficina de Cooperación Jurídica, del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la OEA.

Thomas informó también sobre los resultados de las encuestas que muestran que el 53 por ciento de los países (16) cuentan con instancias de investigación cibernética, mientras que 14 países no la tienen (o no lo han informado a la OEA). Además, señaló que la mitad de los países que han respondido (15) indican que sí cuentan con “legislaciones sustantivas que permitan la investigación y sanción de varias formas de delito cibernético”. Por otra parte, Thomas informó sobre los últimos desarrollos relativos al Portal Interamericano de Cooperación en Delito Cibernético.

Tras ser elegido como el nuevo Presidente del Grupo de Expertos, Al Rees tomó el mando de la reunión, destacando que la agenda surgió de las recomendaciones formuladas por la IV Reunión del Grupo de Expertos, celebrada hace dos años. La presente reunión también está analizando la cooperación entre autoridades gubernamentales y el sector privado, ya que los participantes destacan el importante control que tiene el sector privado sobre gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones, junto con su acceso a las pruebas de delitos cibernéticos.

Jorge García González, Director de la Oficina de Cooperación Jurídica, hizo una exposición sobre los antecedentes, objetivos y desarrollos de los mandatos del Grupo de Expertos, mientras que Juan José Goldschtein, Director del Departamento de Servicios de Información y Tecnología de la OEA, estuvo a cargo de la presentación sobre los posibles desarrollos futuros, por lo cual se refirió al Sistema de Comunicación Electrónico Seguro.

Entre otros temas, los expertos están analizando en su reunión la cooperación y asistencia internacional en materia de delito cibernético, los resultados de las sesiones regionales de capacitación sobre informática forense, desarrollos recientes relacionados con la Convención del Consejo de Europa sobre la Delincuencia Cibernética, y desarrollos recientes en los Estados Miembros de la OEA en materia de delito cibernético.

El Grupo de Expertos Gubernamentales en Materia de Delito Cibernético fue establecido en marzo de 1999 por la Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores de las Américas (REMJA) para atender al problema global de delito cibernético.

Referencia: C-298/07