DURANTE LA SESIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE NICARAGUA.

29 de noviembre de 2021 - Washington, DC

Queridas y queridos colegas.

El 7 de noviembre de 2021 Nicaragua celebró elecciones en el marco un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia descritos en la Carta Democrática Interamericana. Ni el respeto a los derechos humanos, ni a las libertades fundamentales, ni el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho.

Estas elecciones no fueron ni libres, ni justas, ni basadas en el sufragio universal, ni en el régimen plural de partidos ni en las organizaciones políticas, ni en la separación e independencia de los poderes del Estado.

Estos principios son de carácter obligatorio, constituyen el marco jurídico en el cual los estados políticos -los regímenes políticos- del continente deben afirmarse, basarse.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las regulaciones que implementen los Estados deben ser compatibles con la Convención Americana y por ende con los principios de la democracia representativa que subyacen en el sistema interamericano, incluyendo los que se desprenden de la Carta Democrática Interamericana.

A pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole con ello a su gente, a la comunidad internacional y a esta Organización respecto de su voluntad para trabajar y edificar un sistema electoral sólido.

En los últimos años, los países que integran el sistema interamericano y la Secretaría General de la OEA, por diferentes mecanismos institucionales existentes, trabajamos en este sentido. El gobierno nicaragüense, sin embargo, ignoró por completo estas iniciativas.

No tomaron en cuenta las recomendaciones formuladas. No tomaron en cuenta los informes de la CIDH ni del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes). No tomaron en cuenta las resoluciones aprobadas por la Asamblea General o por este Consejo Permanente.

Se advierte que en está nueva reelección del comandante Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua desconoció de facto los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal estableció que la habilitación de la reelección presidencial es contraria a los principios de una democracia representativa cuando es indefinida y por ende, por las obligaciones establecidas en la Convención Americana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En 2017, habíamos instalado una hoja de ruta, habíamos trabajado a través de la Misión de Acompañamiento Electoral (MAE) de la OEA que consignó recomendaciones fundamentales para llevar adelante un proceso electoral que fuera justo y transparente en el país.

En el informe final presentado al Consejo Permanente, el Gobierno de Nicaragua agradeció la presentación, que trazaba una hoja de ruta para el fortalecimiento institucional y electoral de Nicaragua.

Ahí había un proyecto para emprender reformas electorales y contribuir al fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral. Nada de esto se trabajó, nada de esto avanzó. Los múltiples esfuerzos que llevamos adelante desde la Secretaría General, que llevó adelante el Grupo de Trabajo y que llevó adelante la Comisión Especial.

No hubo la menor insinuación al final del tiempo en trabajar en los temas de organización y transparencia.

Debido a la grave situación del país, hemos enfatizado que una elección sin exclusiones, sin inhabilitaciones, con proceso electoral justo, claro, transparente y con un registro nuevo era fundamental. Ese proceso quedó trunco y llevó al debacle de la democracia nicaragüense.

Es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no contó con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles. El Estado no solo fue incapaz de emprender las reformas electorales que permitieran el proceso con condiciones básicas, sino que se ocupó de violar sistemáticamente los derechos humanos de la población, de la ciudadanía, cada derecho civil y político y cada derecho económico y social de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua. Y también los candidatos y los presos políticos.

La descomposición se llevó a los extremos con la promulgación de la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Esto es completamente inconsistente con la normativa internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano y la normativa internacional de la democracia.

No se puede hablar de injerencismo, no se puede hablar de intervencionismo, recién citaba el fallo de la Corte. Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, el artículo 1º de la Carta de la OEA es muy claro en cuanto jurisdicción doméstica de los Estados, estos son la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos, no hay alma en este mundo que pueda decir que es un tema de jurisdicción doméstica de los Estados.

La prisión de candidatos presidenciales y líderes opositores se ha llevado a un extremo. Las detenidas y los detenidos, algunos con ética revolucionaria, ética revolucionaria de verdad, la que nosotros querríamos que se asumiera para tener una Nicaragua democrática verdadera, para que se reinstaure el Estado de Derecho en Nicaragua.

La cancelación de partidos políticos fue otra dinámica que es inaceptable. Los ataques permanentes a la libertad de expresión como fueron denunciados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, como fueron denunciados por la CIDH y como fueron denunciados por Reporteros Sin fronteras y por la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa).

Un órgano electoral completamente cooptado al servicio del Poder Ejecutivo. No es este el camino a darle más derechos a los y las nicaragüenses, cooptar la soberanía que debe radicar en el pueblo y quedarse con las instituciones del Estado. Ese no es el camino.

La reforma electoral es simplemente un acto de maquillaje absolutamente inaceptable.

Hemos dado todas las oportunidades para que Nicaragua evitara aislarse. Hemos procurado de todas formas instalar espacios de diálogo. Hemos trabajado con el gobierno en la liberación de presos políticos, junto con la Nunciatura y la Cruz Roja, como fue el caso de los presos liberados a comienzos de 2019. Hemos trabajado para fortalecer las dinámicas de protección de derechos humanos, el trabajo que ha hecho la CIDH, el trabajo que ha hecho el MESENI han sido fundamentales al respecto.

El camino hacia adelante tiene que ser con elecciones libres, libertad de los presos políticos, restauración del Estado de Derecho y restauración de cada uno de los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.

La comunidad internacional, la comunidad interamericana ha trabajado con ahínco, ha ofrecido a Nicaragua mil veces volver al camino de la democracia, renovar el camino de la democracia, renovar un compromiso democrático.

El mayor peligro para la democracia de la región ha sido está erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, como señaló la Corte.

La erosión y el quiebre de la democracia en Nicaragua es algo que duele a todos, duele profundamente ver la Revolución Sandinista terminar en un esquema dictatorial como el que tiene ahora.

Respecto al camino hacia adelante, debemos renovar los esfuerzos, tenemos que renovar los esfuerzos. Debemos seguir desempeñando un papel en la defensa de la democracia y los principios democráticos en Nicaragua.

Debemos seguir desempeñando un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes. Debemos seguir trabajando para que los derechos políticos y civiles de la gente la gente en Nicaragua sean apoyados por la acción de esta Organización.

Debemos promover y facilitar el diálogo político. Debemos promover y facilitar la negociación y el consenso. Debemos hacer un seguimiento de esto. Debemos llevar a un punto en que haya la liberación total de los presos políticos, la implementación de reformas electorales claras, contundentes y concretas. Hay que dejar sin efecto toda la legislación que se ha implementado que afecta a los derechos humanos de la gente.

Estos acuerdos en el tiempo deben ser puestos sobre la mesa y deben ser endosados por todas las partes nicaragüenses. Esto es algo que recibí el otro día y estoy totalmente de acuerdo, la comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión, los que sean bilaterales, los que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras y lo que tengan que ver con el multilateralismo político.

Debemos seguir trabajando para que Nicaragua retome el camino de la democracia.

Gracias señor Presidente.