DURANTE EL CONSEJO PERMANENTE PARA TRATAR SITUACIÓN DE NICARAGUA

20 de octubre de 2021 - Washington, DC

Quiero saludar la aprobación de esta resolución, las tareas y trabajos de coordinación y elaboración de la misma, las negociaciones llevadas a cabo por los Estados Miembros y el resultado de la votación de hoy. Demuestra el compromiso de los Estados Miembros con la democracia, con los principios de la Carta de la OEA y con los principios de la Carta Democrática

El estado de la democracia en Nicaragua no es un problema sólo de los nicaragüenses, es un problema de todos.

Nicaragua tiene la obligación internacional -a partir de su propio compromiso con los instrumentos del sistema interamericano- de respetar y hacer valer los derechos humanos allí consagrados y de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas y todos los nicaragüenses. Y tiene la obligación de re-institucionalizar el país en el marco democrático.

Como todos los países, asumió la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia. Esto equivale, como manifestó recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “a realizar elecciones periódicas auténticas y tomar medidas necesarias para garantizar la separación de poderes, el Estado de Derecho, el pluralismo político, la alternancia en el poder y evitar que una misma persona se perpetúe en el poder”.

A pesar de las diversas oportunidades que existieron para fortalecer el proceso electoral y brindar las garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole a la comunidad internacional respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido.

La Secretaría General de la OEA colaboró durante los últimos años a través de diversas instancias para contribuir con el fortalecimiento de ese proceso electoral. Desplegamos una Misión de Acompañamiento Electoral (MAE) para las elecciones municipales de 2017 que brindó recomendaciones importantes, al punto que convenimos un proyecto para abordar una reforma electoral integral.

En el medio de ese proceso, la crisis iniciada en abril de 2018 aumentó la necesidad de emprender serias reformas que pudieran contribuir a una salida democrática. Durante las negociaciones de inicios de 2019 entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se solicitó a la Secretaría General de la OEA retomar los trabajos que comenzaron en 2018 para emprender una de reforma electoral. Incluso, en un encuentro llevado a cabo el 24 de abril de 2019, se informó sobre los criterios para dar inicio a ese proceso.

Tanto el Gobierno como la Alianza estuvieron de acuerdo con la propuesta de trabajo. Al poco tiempo, las negociaciones fueron canceladas y no hubo más voluntad para emprender las reformas necesarias.

A partir de ese momento, se tejió una ruta que lleva a las elecciones del próximo mes de noviembre. A menos de un mes de las elecciones en Nicaragua, es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no cuenta con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles.

Es notorio que hay presos políticos. Es notorio que Nicaragua tiene que realizar unas reformas electorales imprescindibles. Es notorio que Nicaragua tiene que tener elecciones creíbles en el futuro, en el futuro más mediato, más cercano. Y es notorio que Nicaragua tiene que liberar a los presos políticos.
Muchas gracias.