DURANTE EL CONSEJO PERMANENTE QUE CONSIDERÓ LA SITUACIÓN EN NICARAGUA

27 de diciembre de 2018 - Washington, DC

Gracias Señora Presidente,

Hace unos días el Presidente Ortega me dirigió una carta. Acá las referencias principales en nuestra respuesta.

Es una pena que uno de los últimos revolucionarios históricos vivo en América Latina, que hasta hace un año, todavía representaba la posibilidad de una izquierda revolucionaria democrática en nuestro continente, ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos, y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder.

Decepciona que el mismo revolucionario que ayudó a terminar con una dictadura familiar, y entregó el poder por la vía pacífica y democrática, hoy no asume la responsabilidad del Estado en materia de asesinatos extrajudiciales, de tortura, de mantener presos políticos, de intimidar y perseguir a ciudadanos supuestos “terroristas” que no están de acuerdo con su Gobierno.

El Estado de Derecho es la esencia misma de la democracia, no por un sentido de justicia inmanente y necesario sino porque es el fundamento mismo de la preservación de garantías, libertades y derechos. Al presente los nicaragüenses han sido despojados de todos los mecanismos y medios de denuncia y justicia, primero con la cooptación del poder judicial, luego con la criminalización de la sociedad civil defensora de derechos humanos y ahora con la expulsión del MESENI y del GIEI. La lógica de las dictaduras está definitivamente instalada.

Esta acción nos obligará a buscar la justicia internacional y la justicia universal de los derechos humanos. Nos obliga a acciones concretas.

Ninguna revolución deja a la gente con menos derechos que cuando empezó. Pero todas las dictaduras sí. Todas las que tenemos en nuestro continente hoy.

Creo que hay un error de comprensión grave y una simple negación de los hechos quizás por las presiones que reciben de afuera o quizás por la que perciben como la posibilidad de dejar su posición de poder.

Las dictaduras contaminan: malas prácticas, polarización, conculcación de derechos, violación de derechos humanos, corrupción rampante e impune, vínculos con el crimen organizado, tortura, asesinatos. Se ha hecho lo posible por evitar esta contaminación en Nicaragua. No queríamos –ni podemos querer nunca- un camino de muerte y de odio. No queríamos que se lo impusieran a un pueblo más en el continente.

A la Secretaría General lo que le interesa es que el Estado nicaragüense cumpla con la normativa interamericana. Cumpla para el bien de la gente nicaragüense. Y es lamentable que, en esta coyuntura, el Estado nicaragüense se muestre lejos de cumplir con sus obligaciones contraídas a nivel internacional para con la democracia y los derechos humanos. La prueba más clara es la existencia de presos políticos en su país y la tortura denunciada. Es inconcebible que sea así.

La misión de la CIDH, del MESENI y del GIEI en Nicaragua era estar junto a los familiares de los asesinados en búsqueda de la verdad. Fueron a Nicaragua a investigar, a velar por los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, fueran del bando que sean. No estuvieron ahí para favorecer la versión oficial, para cumplir con sus expectativas y guion, trabajaron para abogar por los intereses de las víctimas de un gobierno que viene adoptando rasgos de dictadura.

Acusarme de ser funcional a “imperios” o “hegemonías” foráneas por los abusos de su gobierno parecería propio de un infantilismo si no fuera tragicómico. No soy yo el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ni de la tortura en Nicaragua, asuman su responsabilidad, sean dignos. Ya han perdido la credibilidad ante la comunidad internacional, no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron. Con todo respeto por su historia les pido, en nombre de quienes en su momento valoramos vuestro espíritu de liberación nacional, que no se escuden en discursos infantiles, que los descalifican a vosotros mismos, para esconder violaciones de derechos humanos. Nadie creerá las palabras de quien usa ese lenguaje para apañar la tortura.

Según las denuncias que hemos recibido, Usted deberá asumir la responsabilidad del Estado por lo actuado por las fuerzas de su régimen, que torturan y mantienen a presos políticos.

Ya se está haciendo costumbre que la referencia a la “no injerencia” en asuntos internos sea el argumento predilecto de los regímenes que incursionan en el autoritarismo creciente, en la violación de los principios democráticos, en el camino dictatorial. Creen que es su última línea de defensa cuando saben que están cometiendo atrocidades contra su propia población. Es el argumento al cual recurren cuando saben que hay culpa, y que creen que la comunidad internacional, por lo blindado del argumento, los protegerá.

La referencia a la no injerencia es el argumento predilecto de las dictaduras para reprimir y oprimir a su propio pueblo. La apertura que usted demostró al inicio para reformar su sistema electoral y someterse al escrutinio internacional se ha terminado, han lanzado a su país en caída por el abismo de las dictaduras.

En este contexto, cuando los líderes caen en el precipicio de la dictadura y no se dan cuenta y/o no se quieren dar cuenta, la OEA debe actuar, la OEA existe y siempre existirá para proteger y estar al lado de las víctimas y de los derechos de los pueblos, en este caso del pueblo nicaragüense.

La reciente expulsión de la CIDH, el MESENI y el GIEI es prueba de ello. Al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no hay que suspenderlo, no hay que temerle, quien lo hace tiene algo que esconder y maquillar. Aquí se llega a un límite donde la responsabilidad de mantener la democracia y la justicia en Nicaragua se traslada al sistema de pesos y contrapesos de la comunidad internacional. En específico, de la comunidad Interamericana.

Es inevitable, nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución a la falta de democracia y de derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarla. Y que para bien o para mal, los incluye a Ustedes, al gobierno. El futuro de Nicaragua no puede ser uno con un Ortega dictador, qué bueno sería con un Ortega demócrata.

Nicaragua ya ha sufrido mucho en su historia, ciertamente tiene más años acumulados de dictadura que de vida en democracia en total. Esto no es un juego político. Esto se trata de la vida y derechos de los nicaragüenses.

Reconocemos que al inicio Presidente Ortega mostró apertura por un camino hacia la democracia y la justicia, es decepcionante observar cómo ha cambiado la dirección y se ha lanzado hacia el precipicio de las dictaduras.

Al comenzar el camino de la Carta Democrática Interamericana se abre también un camino para que su Gobierno reconsidere sus acciones. La Carta así lo prevé, y quisiera aferrarme a esa última esperanza. A la esperanza de que Usted y su Gobierno recuperen la dignidad revolucionaria, la dignidad de la autocrítica, la dignidad de buscar la verdad, reconocerla y hacerse responsable.

La dignidad de asumir errores.

La dignidad de mostrarle a los jóvenes ilusionados por la idea de una sociedad más justa que los proyectos colectivos son mas importantes que las personas que están circunstancialmente en el poder y por supuesto más importante que los privilegios que ostentan esas personas.

La dignidad es volver a las raíces.

La dignidad es volver a los principios que los llevaron a la reconciliación nacional y a la democracia en Nicaragua.

Tengan toda la seguridad que, por el bien de Nicaragua y su gente, pondremos estos principios en práctica.

Las acciones a futuro por las que trabajaremos están:

Restablecer el diálogo nacional; iniciar los procedimientos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana como solicitáramos a este Consejo Permanente en la Sesión del 19 de octubre del corriente año.

Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncie los crímenes cometidos incluidos en su informe, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Solicitar al Consejo Permanente que remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el informe del Grupo Independiente y pidan una reunión para su exposición.

Decir expresamente que de continuar cometiendo Crímenes de Lesa Humanidad, solicitaremos a los Estados partes de la OEA, así como a todos los Estados democráticos, que bajo el concepto de la Justicia Universal, los funcionarios nombrados como inductores y ejecutores en el informe del Grupo de Expertos, sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así, la Justicia Universal.

Enviaremos las conclusiones del GIEI a la Unión Europea para que sean tenidas en cuenta en sus relaciones con el Sistema Interamericano.

Gracias Señora Presidente.