Oficina de Prensa de la CIDH
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la masacre ocurrida en Canaán, provincia al norte de la capital de Puerto Príncipe, y urge al Estado a investigar de forma seria e imparcial lo sucedido, sancionar a los autores materiales e intelectuales, y a reparar a las víctimas y sus familiares.
El 26 de agosto de 2023, bandas armadas dispararon a un grupo de personas que participaba en una marcha contra la inseguridad y la violencia en el país. Los ataques habrían ocasionado la muerte de al menos 7 personas y más de 10 estarían heridas. Asimismo, se reportó el secuestro de manifestantes por una de las bandas armadas, sin que se conozca el paradero de estas personas hasta el momento.
La Comisión viene advirtiendo sobre el recrudecimiento de la violencia por el actuar de las bandas armadas en Haití y por actividades delictivas, como los secuestros, los homicidios, la violencia sexual y de género, que agravan la vulnerabilidad de las personas, así como la continua impunidad.
En el informe sobre la situación de Derechos Humanos en Haití de la CIDH, se alerta que el deterioro de la seguridad ciudadana en el país representa un desafío histórico y complejo para la protección y el goce de los derechos de todas las personas. En este contexto, un informe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH) reporta que al menos 846 personas fueron asesinadas, 393 heridas y 395 secuestradas, durante el primer trimestre de este año.
Por otro lado, la Comisión observa con preocupación el aumento en el número de personas desplazadas internas como consecuencia de la situación de inseguridad, el debilitamiento de la institucionalidad y la crisis política en el país. Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones alertó acerca de un incremento significativo de personas desplazadas internas en la capital de Haití, que han debido abandonar sus alojamientos y actualmente residen en campamentos improvisados, en condiciones insalubres y de extrema vulnerabilidad.
Asimismo, la CIDH recuerda la situación de particular vulnerabilidad de las personas desplazadas internamente y reitera al Estado la necesidad de adoptar medidas legislativas y políticas públicas para prevenir y mitigar los factores de desplazamiento interno forzado, inclusive en cooperación con las agencias internacionales especializadas.
Con base en lo anterior, la Comisión recuerda el deber del Estado de establecer una política pública para abordar la grave crisis de inseguridad; así como, investigar y sancionar los hechos de violencia de acuerdo a los estándares interamericanos.
En este marco, la CIDH toma nota de la Resolución 2692 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del 14 de julio de 2023, que insta a las autoridades a abordar las causas de la violencia de manera integral y urgente. En particular, a través del fortalecimiento del Estado de derecho, programas de reducción de la violencia y programas específicos, entre otros, contra la gestión de armas y municiones.
La Comisión Interamericana reitera su llamado al Estado y a la comunidad internacional a buscar soluciones integrales y duraderas frente al agravamiento de la inseguridad ciudadana y a la persistente impunidad de violaciones de derechos humanos; particularmente, de los derechos a la vida, integridad y libertad personal.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 216/23
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