Oficina de Prensa de la CIDH
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 29 de abril de 2024 la Resolución de Ampliación y Seguimiento 26/2024, en relación con la situación de las personas integrantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) respecto de Venezuela (MC-438-15).
En la Resolución, la CIDH analizó la continuidad de una situación de riesgo a las personas coordinadoras de PROVEA, beneficiarias de las Resoluciones 36/2015 y 63/2019. Asimismo, concluyó que ese riesgo es extensivo a las demás personas que integran la organización, en un contexto de persecución contra las personas defensoras de derechos humanos y contra quienes hacen público su disenso con el gobierno.
La CIDH expresó particular preocupación de que los hechos de amenaza alegados hayan sido atribuidos a agentes estatales en Venezuela. Pese a las acciones adoptadas para lograr una respuesta por parte del Estado, no se recibió información reciente que indique que viene adoptando medidas de protección a favor de las actuales personas beneficiarias. Por el contrario, la información disponible indica que agentes estatales, entre ellas, altas autoridades, vienen tomando acciones en contra de estas personas, lo que ha intensificado la situación de riesgo.
En consecuencia, la Comisión decidió requerir a Venezuela que:
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
No. 083/24
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