Comunicado de Prensa
Cuba: CIDH y REDESCA expresan su preocupación por el agravamiento de la escasez de alimentos y de interrupciones prolongadas del suministro eléctrico
29 de abril de 2024
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Oficina de Prensa de la CIDH
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Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
junto con su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales (REDESCA), expresa preocupación ante el agravamiento reciente de
la inseguridad alimentaria en Cuba y de las interrupciones prolongadas del
suministro eléctrico. Esta situación afecta desproporcionadamente a ciertos
grupos de personas, como las personas mayores, mujeres embarazadas, niñas, niños
y adolescentes, así como a personas con enfermedades crónicas, lo cual genera
graves impactos en sus condiciones de vida.
De acuerdo con el Food Monitor
Program, se observa que en 2023 la mayoría de las provincias habrían
enfrentado un bajo nivel de seguridad alimentaria. A su vez, se toma nota que
recientemente el Gobierno Cubano solicitó apoyo
al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) ante las
dificultades del país para seguir distribuyendo leche subvencionada a niñas y
niños menores de 7 años, así como debido a la
escasez de harina para el pan subvencionado de la canasta básica, pese a
ser un bien básico en la dieta cubana. Asimismo, en marzo de 2024, se observó un
incremento significativo de interrupciones en el suministro eléctrico en
diferentes partes del país.
Al respecto, es de destacar que la CIDH se ha
pronunciado anteriormente sobre la persistencia del cuadro crónico de
desabastecimiento de alimentos básicos y productos esenciales en la Isla. La
situación resulta de un contexto de bajo crecimiento económico, alta inflación,
reducción de la producción y venta de alimentos y problemas de infraestructura,
sobre todo en el sector eléctrico; y se agravó con las recientes medidas
económicas adoptadas por el gobierno, entre ellas, el aumento de precio de los
combustibles y de la electricidad y el fin del subsidio de la canasta básica,
así como la devaluación de la moneda.
Adicionalmente, consistente con sus pronunciamientos previos, la CIDH reitera su
preocupación por la continuidad del embargo económico impuesto por Estados
Unidos de América, y subraya la importancia de levantarlo para asegurar los
derechos humanos que resultan afectados por esta medida. En particular, señala
que las restricciones económicas a Cuba profundizan y empeoran las condiciones
socioeconómicas en el país, y tienen impacto en el acceso de la población a
alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.
Por otra parte, este contexto de deterioro de las condiciones para el ejercicio
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Cuba resultó
en el resurgimiento de protestas sociales en marzo de 2024. Entre estas, se
destacan las iniciadas el 17 de marzo en Santiago de Cuba con reclamos
ciudadanos relacionados principalmente al suministro eléctrico y la escasez de
alimentos. Estas manifestaciones se ampliaron en diferentes partes del país y
también destacan el descontentamiento de la ciudadanía con la ausencia de
libertades fundamentales. Esta nueva ola de protestas sociales se inserta en un
contexto de persistente insatisfacción social y que viene expresándose en las
calles desde el 11 de julio de 2021.
Frente a este escenario, en particular el agravamiento de la escasez alimentaria
y de interrupciones en el suministro eléctrico, la CIDH y la REDESCA reiteran su
llamado al Estado cubano a adoptar acciones concretas para proporcionar el
acceso de su población a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla,
así como a los servicios públicos indispensables a sus necesidades vitales y
desarrollo integral. Asimismo, instan a la comunidad internacional a fomentar la
cooperación en materia de acceso a alimentos, medicamentos y productos de
primera necesidad en Cuba.
En cuanto a las movilizaciones sociales, la CIDH insta al Estado a garantizar
los derechos humanos de todas las personas manifestantes. Además, destaca que
la protesta social es una herramienta fundamental en la defensa de la democracia
y de los derechos humanos, que permite canalizar y visibilizar las demandas y
reclamos de la población hacia las autoridades. En consecuencia, el Estado debe
respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión
y reunión pacífica.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente
americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia./p>
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