REDESCA llama a los Estados de la región a poner los derechos humanos en el centro de sus políticas fiscales

20 de julio de 2023

Washington D.C. – En el marco de la realización de la primera Cumbre latinoamericana por una tributación global justa, sostenible y equitativa a celebrarse en Cartagena de Indias, Colombia, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que adopten un enfoque de derechos humanos como aspecto central de todas las negociaciones, políticas y acciones en materia fiscal.

La REDESCA nota con preocupación que los países de la región suelen recaudar significativamente menos ingresos fiscales que las economías más avanzadas y sus estructuras fiscales suelen ser regresivas. Al mismo tiempo, las empresas multinacionales y las personas más ricas a menudo aprovechan las lagunas de los sistemas fiscales de los distintos países, trasladando sus ganancias desde jurisdicciones de alta tributación a aquellas de baja tributación para minimizar sus obligaciones fiscales, es decir, para pagar menos o nulos impuestos, privando a los Estados de recursos valiosos para garantizar los derechos humanos, en particular los DESCA. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la evasión fiscal en América Latina y el Caribe alcanza los $300.000 millones de dólares equivalente al 6,1% del PIB regional. Los últimos estudios estiman que el 27% de la riqueza de América Latina se encuentra en paraísos fiscales.

Como ya han señalado la CIDH y la REDESCA, el aumento de la progresividad de las políticas fiscales y otras reformas relacionadas en la región pueden contribuir significativamente a evitar una mayor regresión en el disfrute de los derechos humanos y sentar las bases para una recuperación verde e inclusiva. En su Informe "Pobreza y Derechos Humanos en las Américas" de 2017 la Comisión ya señaló que los principios de derechos humanos constituyen un marco que apuntala las funciones clave de la política fiscal y la tributación. Allí destacó que es necesario un marco amplio de políticas de carácter redistributivo que vayan más allá del crecimiento de la economía, e identificó que para lograr una reducción de las desigualdades los Estados podrían por ejemplo aumentar la carga tributaria de manera progresiva, revisar deducciones de impuestos, exenciones y vacíos legales, y combatir la evasión, elusión y otros abusos fiscales. Posteriormente, en el Informe "Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos" de 2018, la Comisión afirmó que una adecuada política fiscal puede contribuir –entre otros puntos– a la redistribución de la riqueza para la reducción de las brechas de desigualdad y a la inversión necesaria para el cumplimiento de los derechos humanos, en particular los derechos económicos y sociales.

Por otro lado, en el Informe sobre "Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos" de 2019, la CIDH y la REDESCA sostuvieron que determinadas prácticas tributarias implementadas por las empresas y el esquema de control estatal que se ejerza sobre ellas pueden generar impactos nocivos para el ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, en la Resolución 1/2020 de la CIDH y la REDESCA sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, se recomendó a los Estados miembros movilizar el máximo de los recursos disponibles a través de políticas fiscales nacionales y de coordinación regional para hacer efectivo el derecho a la salud y otros DESCA. Por último, la Resolución 3/2021 sobre emergencia climática contiene un capítulo completo sobre "Políticas fiscales, económicas y sociales para una transición justa" donde se evidencia que la política fiscal no es solo crucial para financiar derechos, sino también para proteger el medio ambiente e incentivar o desincentivar conductas necesarias para la garantía de los DESCA.

Por todo lo anterior, la Relatoria Especial advierte que es necesario instaurar un verdadero cambio de paradigma en materia de política fiscal, en línea con el compromisos asumidos mediante la Carta de la OEA de sumar esfuerzos para la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, con plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo como componentes del desarrollo integral. Asimismo, en el marco de su Plan Trianual en vigor, como de la actual Agenda Estratégica 2021-2023 de la CIDH, la Relatoría Especial incorpora los temas relativos a políticas fiscales y derechos humanos como una de sus prioridades estratégicas, con el objetivo de canalizar diálogos entre los actores económicos y de derechos humanos, fortalecer el desarrollo de estándares interamericanos en la materia y apoyar la recuperación económica de los Estados desde una perspectiva de derechos humanos. A tales fines, la Relatoría Especial se encuentra a disposición de los Estados Americanos, de la sociedad civil, de los actores empresariales y económicos, así como de la academia y de todas las partes interesadas para cooperar y fomentar el desarrollo de acciones fiscales respetuosas de los derechos humanos en las Américas.

En este contexto, la REDESCA celebra los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe para realizar la primera Cumbre Latinoamericana por una tributación global justa, equitativa y sostenible a celebrarse en Cartagena de Indias, Colombia, durante los días 27 y 28 de Julio de 2023. Esta iniciativa regional tiene como objetivo acordar estándares tributarios comunes para combatir los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal y otros problemas compartidos, como la creciente pobreza, las desigualdades y la emergencia climática. Además, bajo la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, esta iniciativa servirá como una plataforma permanente, transparente e inclusiva para la cooperación tributaria regional.

En el marco de estas negociaciones tributarias regionales, la REDESCA hace un llamado a todos los Estados para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de movilizar todos los recursos disponibles para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos a nivel nacional y extraterritorial, generando recursos suficientes para financiar servicios públicos de calidad que permitan el pleno goce de los derechos humanos y garantizar una transición justa.

En particular, la REDESCA recomienda a los Estados a:

• Fortalecer los mecanismos de coordinación en las negociaciones tributarias globales, por ejemplo, apoyando las discusiones hacia una Convención Tributaria de las Naciones Unidas para profundizar las reformas multilaterales que buscan una mayor equidad en el sistema tributario global y un marco de gobernanza global más equitativo.
• Promover la progresividad fiscal llevando a cabo reformas fiscales en los países de América Latina y el Caribe para grabar mejor la riqueza y los ingresos del capital y evitar la competencia fiscal.
• Combatir los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos incluida la evasión y la elusión fiscal a través de "guaridas fiscales", como parte de su deber de movilizar los recursos máximos disponibles para el cumplimiento de los derechos humanos.
• Acordar impuestos verdes emprendiendo políticas fiscales coordinadas sobre los combustibles fósiles, las emisiones de carbono y los impuestos específicos sobre las industrias extractivas y los minerales de transición.
• Fortalecer la participación y la rendición de cuentas promoviendo la participación pública en los procesos de toma de decisiones relacionados con la tributación. Esto incluye fomentar la participación significativa de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y grupos marginados en las negociaciones tributarias. Sus perspectivas y voces deben ser escuchadas para garantizar que las políticas y acuerdos fiscales sean inclusivos, transparentes y responsables.
• Garantizar la transparencia, implementando registros de beneficiarios finales en todos los países, con acceso público, bajo estándares homologados y sin umbrales mínimos, como paso preliminar para articular un registro regional de activos globales.
• Promover la igualdad sustantiva de género mediante su política fiscal con una perspectiva de interseccionalidad, como enfoques indispensables para disminuir las brechas de desigualdad y remover los obstáculos para la realización de todos los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en la materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. RD160/23

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