CIDH condena asesinatos de personas defensoras en Honduras

14 de febrero de 2023

Enlaces útiles

Datos de Contacto

Oficina de Prensa de la CIDH

[email protected]

Lista de distribución

Suscríbase a nuestra lista de distribución de correos para recibir comunicaciones de la CIDH

Washington, D.C - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los recientes asesinatos de al menos 5 personas defensoras de la tierra y el territorio en Honduras ocurridos en lo que va del año y llama al Estado a investigar de forma diligente y efectiva estos hechos, y a proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país.

Según información pública, las cinco personas defensoras asesinadas realizaban actividades de defensa de la tierra, el territorio y/o el medio ambiente. El 12 de febrero fue asesinado el defensor campesino e integrante de la Empresa Campesina Gregorio Chávez, Santos Hipólito Rivas, y su hijo Javier Rivas en Trujillo, Colón. El 29 de enero fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, defensor garífuna e integrante del Comité de Defensa de la Tierra, en la comunidad de Triunfo de la Cruz municipio de Tela, Atlántida. El 18 de enero fue asesinado Omar Cruz Tomé, líder campesino y defensor de la tierra, presidente de la Cooperativa Los Laureles en Tocoa, Colón. Aly Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del medio ambiente y territorio de la comunidad de Guapinol, fueron asesinados el 7 de enero, en el municipio de Tocoa, Colón. En relación con la muerte de Ricardo Arnaúl, el Estado informó a la Comisión que estaría en proceso el esclarecimiento de los hechos.

La Comisión ve con preocupación que estos hechos se enmarcan en un contexto de violencia histórica al que las personas defensoras en Honduras están expuestas constantemente, en particular las del Bajo Aguán y los territorios garífunas. La CIDH ha identificado actos de violencia que van desde hostigamientos, criminalización a través del uso indebido del derecho penal y amenazas, hasta atentados contra la integridad personal y la pérdida de vida.

Según la información recibida, en la región del Bajo Aguán estarían ocurriendo actos de violencia con posterioridad a la firma de un acuerdo celebrado entre el gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) en febrero de 2022. El Estado indicó a la Comisión, haber iniciado diálogos para definir la ruta de acción a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en este convenio. La CIDH recuerda al Estado hondureño la importancia de dar cumplimiento efectivo a las medidas cautelares MC 50-14 que protege a un número importante de personas campesinas en la zona del Bajo Aguán.

En relación con el pueblo garífuna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado adoptar todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de las personas integrantes de las Comunidades Garífuna de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, quienes desarrollan colectivamente acciones de defensa de los derechos del pueblo Garífuna.

La Comisión toma nota del rechazo público realizado por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) en Honduras por estos actos de violencia; e insta al Estado a continuar investigando con la debida diligencia los hechos, enjuiciar y sancionar, tanto a los responsables materiales como intelectuales. El Estado debe tomar como línea de investigación la posible relación entre estos hechos y las actividades de defensa de las víctimas. De igual forma, asegurar la incorporación de un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, y sanción, y en la implementación de medidas de reparación a familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición.

Los asesinatos y otros actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos tienen una consecuencia multiplicadora que va más allá de la afectación a su persona pues, cuando la agresión es cometida en represalia a su actividad, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares. En especial, para los pueblos indígenas y afrodescendientes, la pérdida de una persona líder o defensora podría afectar su participación efectiva en asuntos que inciden en sus derechos, inclusión, autodeterminación y libre desarrollo dentro de un Estado multicultural y democrático, así como afectar el tejido social y comunitario de sus pueblos.

La CIDH llama al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, en particular de liderazgos indígenas y afrohondureños defensores de la tierra, el territorio y/o el medio ambiente. Es indispensable que Honduras avance en combatir las causas estructurales que han permitido que la violencia contra estos colectivos permanezca, para ello debe fortalecer los mecanismos de reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.

La Comisión insta al Estado a adoptar medidas prioritarias para el efectivo funcionamientos del Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de derechos humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Igualmente, se pone a disposición para brindar asistencia y cooperación técnica que permitan alcanzar soluciones a los desafíos identificados en Honduras y cumplir con sus obligaciones internacionales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 022/23

3:15 PM