La CIDH reitera su preocupación por el incremento de la violencia estructural en Colombia

25 de febrero de 2022

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su profunda preocupación por el incremento de la violencia estructural y sus vínculos con situaciones históricas en Colombia. Frente a estos hechos, la CIDH llama al Estado fortalecer la implementación práctica y efectiva de estrategias integrales destinadas a la transformación de las causas estructurales de la violencia en el país, en especial aquellas establecidas en el Acuerdo de Paz.

En el año 2021, la Policía Nacional registró un incremento del 14% de personas asesinadas en el país en comparación con el 2020. De los 13.708 homicidios registrados en 2021, 10.371 personas fueron asesinadas con arma de fuego y, según información pública, 8.095 de estos se catalogan como "sicariato". La mitad de los homicidios se concentraron en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquía y Norte de Santander, en regiones que se caracterizan por una limitada presencia del Estado y por las afectaciones del conflicto armado.

La CIDH observa que, en esas regiones, los hechos de violencia están particularmente conectados con la actuación de grupos armados no estatales y que afectan de manera desproporcionada a personas campesinas, indígenas, afrodescendientes, así como aquellas que actúan en la labor de defensa de derechos o con liderazgo social y/o comunitario.

Como ejemplos de esta situación, la CIDH ha registrado los enfrentamientos entre grupos armados no estatales, ejecuciones y atentados durante el mes de enero, en la frontera con el departamento de Apure, Venezuela y en el departamento colombiano de Boyacá, entre los cuales se habrían contabilizado 39 asesinatos selectivos. La Fiscalía señala que en 27 de esos casos, los cuerpos presentan disparos a corta a distancia y otros elementos que indican que estas personas habrían sido ejecutadas. El 19 de enero, se registró la explosión de un carro bomba en Saravena, Arauca, que afectó varias oficinas de organizaciones sociales, y el lugar donde se encontraban resguardadas aproximadamente 50 personas con liderazgo por el incremento de violencia en la región.

Igualmente, se tiene información del asesinato del adolescente Breiner Cucuñame, del pueblo indígena Nasa, el 14 de enero, tras un disparo efectuado por un integrante de un grupo armado no estatal durante una incursión en un territorio indígena, en el municipio de Buenos Aires, Cauca. En estos hechos, también fue asesinado Guillermo Chicame Ipia, integrante de la Guardia Indígena, y habrían resultado heridas varias personas más, entre ellas Fabián Camayo, autoridad uka we'sx y kiwe thegnas del territorio de Las Delicias.

También, el 24 de enero, fue asesinado del ex coordinador zonal de la Guardia Indígena Albeiro Camayo, y su hijo Arli Oliver Camayo fue secuestrado. El 15 de enero, la niña Valeria Murillo, fue asesinada en el municipio de Medio San Juan, Chocó, y el líder del Pueblo Indígena Wounaan, Luis Chamapurro Quiro fue secuestrado y asesinado en esta misma región. Asimismo, se registró la muerte de los militares César David Gómez y Óscar José Arroyo, en el municipio de Bagre, Antioquía.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo indicó que, durante el 2021, fueron asesinadas 145 personas defensoras y con liderazgo, el 70% de estos homicidios ocurrieron en Antioquia (24 homicidios), Cauca (22 homicidios), Valle Del Cauca (19 homicidios), Chocó (10 homicidios), Nariño, Norte de Santander y Putumayo (9 homicidios). A su vez, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recibió 202 alegaciones de asesinatos de personas defensoras y con liderazgo social, de las cuales pudo verificar 78, 39 están en proceso de verificación y 85 de estas alegaciones, la información con la que se cuenta hasta el momento no son concluyentes. De acuerdo con el registro efectuado por organizaciones de la sociedad civil, desde el inicio de 2022, habrían sido asesinadas 28 personas con liderazgo social, entre ellas, la lideresa campesina y reclamante de tierras Luz Marina Arteaga Henao en enero. De igual manera, de los líderes campesinos Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur, voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolivar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes, en febrero.

Frente a estos hechos, la CIDH urge nuevamente al Estado a redoblar sus esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos destinadas a transformar, de manera practica y efectiva, las causas estructurales de la violencia. Para ello, reitera su convicción sobre la necesidad de dejar atrás miradas belicistas que perpetúan una cultura de guerra e implementar integralmente el Acuerdo de Paz, en la medida que esto también supone fortalecer la presencia integral del Estado en todo el territorio colombiano.

Por último, la Comisión exhorta al Estado colombiano a investigar todos estos hechos de manera pronta y efectiva, sancionar a los autores materiales e intelectuales, así como repara a las víctimas y sus familiares. Además, subraya de manera enérgica la necesidad de que se investigue diligentemente el secuestro del niño Arli Oliver Camayo Chicame.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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