Comunicado de Prensa

La CIDH y la REDESCA expresan su preocupación por la falta de acceso universal y equitativo a las vacunas contra el COVID-19 en las Américas, llamando a la solidaridad regional con los países de menos renta

25 de octubre de 2021

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Washington D.C.- Ante el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su preocupación por los obstáculos existentes para el acceso universal y equitativo a las vacunas, especialmente para los países de bajos y medianos ingresos; en particular, respecto de ciertos grupos en situación de extrema vulnerabilidad o discriminación histórica.

A diez meses del comienzo de la inmunización contra el COVID-19 en la región, la Comisión y la Relatoría Especial DESCA reiteran de manera enfática que las vacunas son un bien público mundial y regional, frente al que se requiere no sólo que se tomen medidas concretas para asegurar su alcance a todas las personas – bajo el principio de igualdad y no discriminación –, sino que a su vez se asegure que la equidad sea un componente clave para su distribución entre los países y dentro de los mismos, en el marco de las obligaciones derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Asimismo, de conformidad con las recomendaciones establecidas por la CIDH para abordar la pandemia con un enfoque de derechos, a través de sus Resoluciones No. 1/2020, No. 4/2020, No. 1/2021, y demás pronunciamientos realizados en el marco de su SACROI-COVID19, frente a los que se hace un llamado a los Estados para que estos sean implementados de manera efectiva.

La CIDH y su REDESCA observan que, de las muertes a nivel mundial por COVID-19, la región da cuenta de aproximadamente el 30%, aunque solo representa el 8,4% de la población. Igualmente, toman nota de la disparidad significativa a nivel regional, en la que, a julio, mientras en algunos países de Norteamérica la proporción de población con esquema de vacunación completo era de aproximadamente 49,3%, en América Latina y el Caribe la tasa era del 16,8% (con Suramérica con 17,2%, Centroamérica con sólo el 7,4% y el Caribe con 10%), con algunos países en los que ni siquiera se había alcanzado el 1% de inoculación. De esta manera, a finales de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que pese a la administración de más de mil millones de dosis en las Américas desde que estuvieron disponibles, sólo el 35% de las personas en América Latina y el Caribe habían sido inmunizadas completamente. Así, aunque a octubre hay algunos países en la región que han vacunado a más del 70% de su población, la mayoría no superan el 40% de cobertura con esquema de vacunación completo, de los cuales seis países no habrían alcanzado siquiera al 20% de su población y requerirían mayor apoyo internacional -siendo estos: Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití, Guatemala y Nicaragua-. Al respecto, la OEA ha estimado que el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a ninguna vacuna contra el COVID-19 en el año 2021. Por su parte, la CEPAL prevé que la región no alcanzará a vacunar al 80% de su población en este año.

Dicha situación, que tiene la capacidad de prolongar la emergencia sanitaria a nivel mundial y regional, sería resultado no sólo de la presencia de variantes peligrosas -tales como la Delta o la P1 del coronavirus, con mayor carga viral y capacidad de trasmisión-, sino a su vez del acceso inequitativo a las vacunas entre países y dentro de los mismos, con un impacto desproporcionado en los de bajos y medianos ingresos, en los cuales, a septiembre, sólo el 20% de las personas habría recibido la primera dosis de la vacuna, en comparación con el 80% de las personas en países de ingresos altos y medios altos. En el mismo sentido, se toma nota de que diversos grupos en situación de vulnerabilidad, tales como personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, personas en zonas rurales dispersas o de difícil acceso, personas en situación de calle, entre otras, no fueron priorizados en los planes de vacunación nacionales en la mayoría de los países de la región.

A lo anterior se suma un panorama regional complejo que agrava esta situación, que a la fecha se ha caracterizado por un alto escepticismo público hacía las vacunas; la ausencia de planes de vacunación y hojas de ruta para la inmunización, así como retrasos en la implementación de los planes de vacunación en algunos países de la región o la falta de su difusión activa. Asimismo, en al menos cinco países de la región salieron a la luz pública hechos de corrupción en los procesos de inmunización, en los que de manera irregular se priorizó el acceso a las vacunas a personalidades políticas, funcionariado público y/o personas empresarias reconocidas, junto a sus personas cercanas, pese a no hacer parte de los grupos prioritarios.

En el mismo sentido, se observa con preocupación la prelación de la propiedad intelectual sobre los derechos humanos, que ha derivado en la ausencia de un intercambio suficiente de información y tecnología en materia de vacunación y tratamientos, así como en la falta de consenso para liberar las patentes de las vacunas, y con ello, retrasos para la producción de más vacunas y tratamientos relacionados para hacer frente al COVID-19. Esto aunado a la prevalencia del secretismo y opacidad en los contratos firmados con las compañías farmacéuticas para adquirir antígenos, en los que se han incluido diversas cláusulas de confidencialidad que impiden el acceso efectivo a la información e irían en detrimento de la obligación de transparencia activa y de la capacidad de negociación de los Estados.

En este escenario, la CIDH y REDESCA encuentran preocupantes los anuncios y planes para brindar dosis de refuerzo contra el COVID-19 por algunos Estados, de los cuales, casi una tercera parte de los países de las Américas habrían iniciado o estarían por iniciar la aplicación de dosis de refuerzo. Lo anterior, mientras en la mayoría de países de la región una gran proporción de personas sigue sin siquiera recibir la primera dosis – incluyendo, en algunos casos, personal de salud y grupos priorizados, tales como personas mayores o quienes viven con enfermedades preexistentes-. Es de precisar que justamente los países que ya habrían hecho uso de la mayoría del suministro de vacunas contra el COVID-19 son los que adelantan este tipo de iniciativas.

En este escenario, y teniendo en cuenta las obligaciones interamericanas en la materia, la CIDH y REDESCA llaman a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a:

  • Poner en marcha planes nacionales que aseguren el acceso equitativo y universal a las vacunas sin discriminación y que consideren el Marco de valores del Grupo de Personas Expertas en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
  • Garantizar, bajo enfoques diferenciados, interseccionales e interculturales, la difusión activa de información adecuada y suficiente sobre las vacunas, los planes de vacunación y la información relativa a la adquisición, importación, distribución, priorización y aplicación de las vacunas, además de los procesos y procedimientos de control y vigilancia.
  • Para hacer frente al escepticismo público hacía las vacunas, implementar acciones concretas que contribuyan a fortalecer la seguridad en las instituciones de salud pública y en el conocimiento de base científica sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 y su proceso de desarrollo.

A partir de la disponibilidad de información suficiente y adecuada, y en aras de salvar vidas con base en el principio de solidaridad, la Comisión y su REDESCA hacen un llamado para que toda persona que tenga la posibilidad de vacunarse adelante su proceso de inmunización, no sólo con el fin de salvaguardar su salud y vida, sino también de contribuir a contener la pandemia del COVID-19.

A su vez, la CIDH y su REDESCA hacen un firme llamado a erradicar la corrupción en el ámbito de la distribución y aplicación de las vacunas, así como a garantizar que la propiedad intelectual, las patentes y el secreto empresarial no sigan siendo un impedimento para el derecho a la salud en el contexto de pandemia. Adicionalmente, la Comisión y su Relatoría Especial DESCA se adhieren al llamado de la OMS de implementar una moratoria a las dosis de refuerzo hasta mínimo finales de año para que al menos un 40% de la población de todos los países esté vacunada y no se siga ampliando la brecha de vacunación.

En ese sentido, se exhorta a fortalecer la cooperación internacional para concertar acciones regionales efectivas que impulsen el desarrollo tecnológico y el intercambio de información y tecnología en materia de vacunación y tratamientos frente al COVID-19, mediante las que se fortalezcan las capacidades de producción de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales frente al COVID-19 en las Américas. Frente a este punto, la CIDH y su REDESCA toman nota de la aprobación por parte de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de los lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe elaborados por CEPAL. En el mismo sentido, destacan la iniciativa de la OPS, en colaboración con la OMS, para producir vacunas de ARNm en la región.

La Comisión y su Relatoría Especial DESCA reiteran que la cooperación internacional debe estar guiada por el principio de solidaridad internacional, por lo que las medidas asociadas con las restricciones a la movilidad humana en el contexto de la pandemia -incluyendo los pasaportes sanitarios u otros documentos para prueba de inmunización contra COVID-19-, deben observar los principios de igualdad y no discriminación, así como las particularidades de los planes de vacunación de los países de origen. En consecuencia, se debe evitar que mediante la imposición de este tipo de medidas se brinde información que no esté basada en el conocimiento científico y que se convierta en un vector de desinformación sobre las vacunas y su seguridad.

Lo anterior, en aras de garantizar el derecho a la salud, el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico, otros DESCA y el conjunto de los derechos humanos, en el marco de la pandemia y sus consecuencias. De manera específica, se llama a que estas acciones tengan un enfoque de derechos humanos y estén guiadas bajo el principio de solidaridad internacional, atendiendo particularmente los desafíos para el acceso a las vacunas contra el COVID-19 por parte de los países con menos renta. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, la Resolución 4/2020 sobre los derechos de las personas con COVID-19 y la Resolución 1/2021 sobre las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos.

Por último, ante los serios riesgos que continúan generando la falta de acceso universal, equitativo y oportuno a las vacunas contra el COVID-19 en la región, se exhorta a adoptar políticas públicas, incluyendo políticas fiscales, que permitan una redistribución equitativa de las vacunas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social y sistemas de salud.

La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 282/21

10:00 AM