Comunicado de Prensa

La CIDH y su RELE llaman a los Estados a adoptar medidas para reducir las brechas digitales de las personas mayores

1 de octubre de 2021

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Washington, D.C. - En el día internacional de las personas mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llaman a los Estados a adoptar medidas positivas para reducir las brechas digitales que las afectan, y a reforzar las políticas de acceso y asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

En tal sentido, preocupa el impacto desproporcionado que las desigualdades en el acceso a las tecnologías digitales tienen en las personas mayores. Recordando la guía práctica ¿Cómo promover el acceso a internet durante la pandemia del COVID19?, se resalta que internet constituye hoy una herramienta crucial para potenciar la calidad de vida de las personas, permitiendo interacciones descentralizadas y sin límites de fronteras y, en el contexto de la pandemia, determina en muchos casos la posibilidad de tener o no interacciones familiares, sociales y de vida en comunidad, así como para la realización de los derechos fundamentales, como el acceso a la información, los derechos de reunión y asociación, los derechos civiles y políticos, el derecho a la educación, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la salud, entre otros.

Tanto la CIDH como la RELE observan que desde 2015 las personas entre 15 y 29 años utilizan internet entre siete y nueve veces más que las personas mayores de 60 años. Asimismo, se revelan las desigualdades estructurales que refuerza la brecha digital, incluso entre las propias personas mayores, de acuerdo con niveles socioeconómicos o zonas geográficas en las que residen, las cuales se habrían profundizado durante la pandemia

Además, durante la pandemia de COVID-19 se pudo ver que se acentuó el impacto de la brecha digital en las personas mayores, debido a la creciente digitalización de un amplio espectro de servicios públicos y socio-sanitarios —como la telemedicina, trámites bancarios, información sobre transporte público y plataformas educativas—, a los que ellas aun enfrentan obstáculos para acceder, debido a la falta de conectividad y de las habilidades digitales para su uso.

Si bien las herramientas digitales han cumplido un rol facilitador para la gestión de bienes y servicios públicos durante la pandemia, también pueden representar un obstáculo para quienes no cuentan con las condiciones necesarias. La Comisión reconoce que la tecnología puede complementar el despliegue estatal para el acceso de derechos, pero no puede constituir el canal exclusivo para la garantía de estos, en tanto hay un enorme riesgo de que las personas mayores queden por fuera.

Es oportuna la ocasión para recordar que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores establece el compromiso de los Estados de adoptar medidas que aseguren el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Cabe resaltar que, actualmente, las Américas enfrentan importantes retos para lograr la inclusión de aquellas personas y grupos de personas que no cuentan con acceso a internet o las habilidades y competencias para el uso de las TICs. En este sentido, la Comisión y su RELE destacan las políticas y programas emprendidos por varios Estados de la región para la capacitación de las personas mayores en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el objetivo de contribuir a su inserción, integración y desarrollo social, proporcionando además una herramienta valiosa de conocimiento y concientización para el ejercicio pleno de sus derechos.

En atención a las anteriores consideraciones, se reitera el llamado a acelerar las políticas de acceso universal y de calidad a internet. Asimismo, alientan a los Estados a promover la educación y el acompañamiento de las personas mayores en el desarrollo de competencias y habilidades digitales en perspectiva de derechos humanos, y a partir de un enfoque interseccional, que considere las desigualdades de género, geográficas y socioeconómicas priorizando a grupos de especial vulnerabilidad e incrementando la integración social y comunitaria.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 259/21

9:00 AM