Comunicado de Prensa

CIDH presenta su informe de balance semestral y los resultados de la implementación del Plan Estratégico 2017-2021

27 de septiembre de 2021

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informe de balance semestral de progreso del quinto año del Plan Estratégico

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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de balance semestral de progreso del quinto año del Plan Estratégico, el cual incluye un recuendo de los principales resultados de las metas para los 21 programas definidos en el Plan Estratégico 2017-2021, el cual tiene por objetivo la transparencia y rendición de cuentas a la comunidad internacional de derechos humanos en los siguientes aspectos: reducción del atraso procesal; monitoreo estratégico, integrado y coordinado; y el diálogo, cooperación y coordinación con diferentes actores.

Reducción del retraso procesal

En primer lugar, la CIDH destaca los avances en la superación del atraso procesal y en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos para la consolidación de estándares interamericanos. En este sentido, durante 2021 se priorizó la atención de todos los casos anteriores al año 2001 en etapa de fondo y a 2014 en admisibilidad; así como las peticiones y casos que desarrollan estándares sobre las temáticas prioritarias de la Comisión, reflejadas en sus Relatorías. Hasta el 30 de junio se recibieron 1.126 peticiones, de las cuales se evaluaron 886. De este total, se decidió abrir a trámite 177; no abrir a trámite 581; y solicitar información adicional en 128 (14%). Asimismo, se aprobaron 115 informes sobre admisibilidad y 23 informes de fondo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), podrá pronunciarse sobre la responsabilidad de los Estados y emitir las reparaciones correspondientes a favor de las víctimas, a partir de los 26 casos que la CIDH sometió bajo su jurisdicción, que abarcan graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada. Además, algunos de ellos permitirán el desarrollo de la jurisprudencia en temas de gran relevancia, como la independencia judicial, el deber de investigar actos de mala praxis médica con enfoque de género, prevención e investigación de actos terroristas, el derecho a la protección judicial frente a actos discriminatorios por orientación sexual o por discapacidad, el derecho a la participación política en condiciones de igualdad, las restricciones permisibles a la libertad personal y la compatibilidad de figuras como el arraigo o la reclusión perpetua.

Respecto al mecanismo de solución amistosa, en el primer semestre se registraron 90 procesos en curso en dicha etapa. Además, se avanzó en la implementación de 31 medidas de reparación contenidas en las 7 homologaciones y 11 cierres de negociaciones de solicitudes entre las partes. Del total de las medidas de reparación, 23 alcanzaron cumplimiento total, 2 cumplimiento parcial sustancial y 6 cumplimiento parcial.

En lo que refiere a medidas cautelares, se resalta que se mantiene la revisión inicial en tiempo real de las solicitudes. En el primer semestre se recibieron 587 solicitudes, de las cuales 566 fueron evaluadas en etapa inicial, 25 otorgadas, 6 ampliadas y 18 levantadas. . Teniendo en cuenta lo anterior se cuenta a la fecha con un total de 594 medidas cautelares y 86 mil personas beneficiarias, entre las cuales se encuentran personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, periodistas, personas privadas de libertad o desaparecidas, entre otras personas o grupos de personas en gran situación de vulnerabilidad.

Monitoreo estratégico, integrado y coordinado

Asimismo, se sigue trabajando en el monitoreo estratégico, integrado y coordinado que permite responder de manera efectiva e inmediata a las situaciones de derechos humanos que ocurren en diferentes países de la región. En el primer semestre del año se realizó una histórica visita de trabajo a Colombia para verificar en terreno la situación del país en el contexto de las protestas sociales que iniciaron en abril de 2021. Posteriormente se presentaron las observaciones y recomendaciones al Estado. Se llevaron a cabo también visitas de trabajo virtuales a República Dominicana y México para abordar la situación de violencia y discriminación hacia mujeres, niñas y adolescentes y la situación de las personas en contextos de movilidad humana.

A su vez, se identificaron tendencias sobre derechos humanos en la región, tales como debilitamiento de la institucionalidad democrática, independencia entre poderes e instituciones de derechos humanos, altos niveles de desigualdad y discriminación; la militarización de servicios de naturaleza civil; los altos niveles de impunidad y corrupción, aumento de vasos comunicantes del crimen organizado con estructuras estatales; uso desproporcionado de la fuerza en contextos de protesta social; impacto diferenciado de COVID-19 respecto de personas en situación especial de riesgo, y crisis migratorias y humanitarias. Al respecto, se emitieron comunicados de prensa y pronunciamientos en redes sociales.

Adicionalmente, fueron aprobados y publicados: el informe de país sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, el informe sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes, las guías prácticas sobre internet y derechos humanos; migración, unidad y reunificación familiar en contextos de pandemia y mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos, así como los compendios sobre memoria, verdad y justicia, normativa interna y estándares interamericanos.

En un esfuerzo articulado con la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), la CIDH aprobó la Resolución 1/21 sobre las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos, la cual contiene importantes y estratégicas recomendaciones para que los Estados lleven a cabo sus procesos de vacunación con estricto respeto a los derechos humanos.

Desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se prestó especial atención a asuntos concernientes al ejercicio de la libertad de expresión en el espacio digital, así como a las amenazas y ataques a periodistas en la región. La Relatoría Especial sigue trabajando en su plan trianual, el cual fue consultado y socializado con distintos actores, incluyendo Estados Miembros, donantes, sociedad civil y academia de la región.

En el contexto de la pandemia, la CIDH mantuvo la adopción de nuevas formas de trabajo y colaboración con los Estados y la sociedad civil de la región. En el primer semestre de 2021, realizó dos Periodos de Sesiones, 179 y 180, con un total de 42 audiencias públicas temáticas, y sobre casos y medidas cautelares. En el mismo sentido, y con el objetivo de profundizar diálogos con los Estados, se destacan las reuniones realizadas con distintos grupos regionales en el marco de los Periodos de Sesiones, con Estados de América del Sur y México, América Central y República Dominicana, Canadá y Estados Unidos, y CARICOM, y con Observadores Permanentes, además de 36 reuniones bilaterales con varios Estados.

En cumplimiento de su rol consultivo ante los órganos políticos de la OEA, la CIDH llevóa cabo un total de 28 participaciones, ante el Consejo Permanente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la Secretaría de la Cumbre de las Américas y ante Core Group LGTBI.

En lo que refiere a la colaboración con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, con organismos regionales y subregionales de derechos humanos y la Corte IDH, se elaboraron declaraciones, comunicados y otros documentos conjuntos sobre diversos temas para contribuir con la promoción y defensa de los derechos en la región, aunando articulaciones y esfuerzos estratégicos. En la misma línea de promoción y defensa de los derechos humanos, se realizaron 62 actividades promocionales con actores estratégicos para promover el desarrollo de capacidades en temas de derechos humanos, y la implementación de estándares interamericanos en ámbitos nacionales y locales.

Asimismo, la CIDH viene redoblando sus esfuerzos para garantizar los recursos humanos, infraestructura, tecnología y presupuesto necesarios para el pleno cumplimiento de sus mandatos y funciones a partir de una gestión basada por resultados para un desarrollo institucional efectivo, comprometido con los derechos humanos y con la justicia y reparación de las víctimas de violaciones a sus derechos. A tales efectos se siguió con la política de puertas abiertas y el programa Cuidar Cuidando.

La CIDH agradece a los Estados Miembros, Observadores Permanentes e Instituciones cuyas contribuciones voluntarias han sido realizadas durante el primer semestre del 2021, las mismas han sido decisivas para el alcance de los resultados presentados. Agradecemos a Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Irlanda, México, Noruega, Panamá, España, Suecia, Suiza, la Fundación Ford, la Fundación Open Society, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 256/21

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