Comunicado de Prensa

La CIDH expresa preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala

6 de agosto de 2021

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Washington D.C.- La CIDH expresa su preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala y urge al Estado a priorizar y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción, mediante el respeto a un sistema de justicia independiente e imparcial.

La Comisión recibió con suma preocupación información sobre la destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ordenada por la titular del Ministerio Público el pasado 23 de julio de 2021. De acuerdo con información pública, la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público notificó la destitución del titular de la Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), supuestamente por presentar objeción por escrito a una instrucción verbal. Según fuera informado a la CIDH, la destitución sería arbitraria e ilegal, y colocaría en entredicho el compromiso del Estado de Guatemala con la lucha contra la corrupción, debido al incumplimiento de los estándares internacionales en materia del debido proceso legal y a las causales establecidas en la normativa nacional para la destitución de funcionarios de carrera.

La Comisión nota con preocupación que la destitución del titular de la FECI ocurre en el contexto de un conjunto de acciones que tienen como efecto debilitar la independencia de las y los operadores de justicia y, por consiguiente, representan severos retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Al respecto, durante el 2021, se recibió información sobre la criminalización y persecución judicial contra jueces, juezas, fiscales, ex fiscales, magistradas y magistrados como forma de hostigamiento, debido al trabajo de investigación o juzgamiento de estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico, casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado; o bien, porque en su momento apoyaron la labor de Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en el país.

Preocupa particularmente, la grave y permanente situación de criminalización de jueces y juezas con competencia de Alto Riesgo en Guatemala, entre ellos, Pablo Xitumul De Paz, Miguel Angel Gálvez Aguilar, Iris Yassmín Barrios Aguilar y Erika Lorena Aifán Dávila, todas personas beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana.

De igual manera, la CIDH reitera su preocupación ante la negativa del Congreso de la República de juramentar a la magistrada Gloria Porras quien fuera electa para un nuevo período en la Corte de Constitucionalidad y que no ha podido tomar posesión en el cargo.

Por su parte, mediante comunicación del 5 de agosto, el Estado guatemalteco informó a la Comisión que, a través de los procedimientos establecidos en su legislación, resguarda plenamente la estabilidad en el desempeño de los cargos, así como su independencia judicial. Indicó que el Ministerio Público cuenta con una Fiscalía de Derechos Humanos que se encuentra dividida por Unidades Fiscales, quienes conocen las diferentes causas de conformidad con la función o actividad que realiza cada una. Asimismo, señaló que ha velado por la seguridad e integridad de todas las personas Magistradas y Jueces de la República, atendiendo las medidas cautelares dictadas por CIDH, como las decretadas y/o solicitadas por los operadores de justicia.

La Comisión recuerda al Estado la obligación de proteger a las y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente. Si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia.

En la Resolución 1/17 sobre Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y la Corrupción dirigida al Estado de Guatemala, se enfatizó la relación inequívoca de la lucha contra la corrupción con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Asimismo, en el Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos, se manifestó que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos; que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de derecho y exacerba la desigualdad.

En este contexto, la Comisión Interamericana llama a Guatemala a reafirmar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para combatir la impunidad mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial. Asimismo, resalta la importancia de establecer medidas de protección a operadores de justicia e investigadores que garanticen la capacidad de ejercer su labor, libres de amenazas, intimidaciones y otros actos en su. Finalmente, destaca la labor de personas defensoras de derechos humanos en la lucha contra la corrupción y la obligación de los Estados de garantizar las condiciones de seguridad para la realización de sus trabajos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 203/21

8:49 AM