Comunicado de Prensa

La CIDH expresa preocupación por reportes de actos de hostigamiento y mensajes estigmatizantes que alientan la discriminación en el contexto electoral en Perú

22 de junio de 2021

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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante denuncias de actos de hostigamiento contra autoridades electorales y personas que participan en la vida pública en el Perú; asimismo, manifiesta su alarma ante reportes sobre la difusión de discursos estigmatizantes que alientan a la discriminación. En ese orden, llama al Estado a observar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relacionadas con la prevención, investigación y sanción de tales hechos, ocurridos en el contexto social posterior a la celebración de las elecciones presidenciales el 6 de junio de 2021.

La CIDH ha monitoreado de cerca la situación de derechos humanos en el país durante el desarrollo del proceso electoral que ha sido calificado como positivo por las distintas misiones de observación electoral que acompañaron. Al respecto, se destaca que los Jurados Electorales Especiales no han reportado indicios de irregularidades electorales; asimismo, que, a la fecha, se encontrarían pendientes de resolver algunos recursos por parte de dichos Jurados y por la Junta Nacional de Elecciones, respectivamente, previo a la proclamación de resultados finales.

Sin embargo, en el marco de su labor de monitoreo sobre la situación de derechos humanos, la CIDH recibió información sobre la difusión de mensajes que incluyen expresiones denigrantes y estigmatizantes que pueden alentar a la discriminación por origen étnico-racial, situación socioeconómica, supuestas afiliaciones políticas, origen regional y otras condiciones sociales de las personas, principalmente, personas indígenas y habitantes de zonas rurales del país. Al respecto, advierte que dicha situación fue denunciada por autoridades de los pueblos indígenas, comunidades campesinas del país y rechazada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En similar sentido, la Comisión resalta la difusión de mensajes dirigidos al amedrentamiento de personas específicas con base en sus opiniones políticas. Como parte de estas acciones se habría difundido información personal confidencial, sin consentimiento de personas ciudadanas que participan en la vida pública a fin de obligarlas a abandonar el territorio nacional como represalia por sus afiliaciones u opiniones políticas. Respecto de dicha campaña la CIDH nota que el Ministerio Público ha iniciado un procedimiento en prevención de la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal.

La CIDH destaca que esta categoría de hostigamiento digital, conocida como "doxing", consiste en la divulgación de información personal confidencial con fines intimidatorios o extorsivos. El doxing tiene el potencial de exponer a las personas a ataques digitales y, además, a vulneraciones en el ámbito físico, incluyendo atentados contra la vida e integridad personal, fomentados por la divulgación de la información personal en el ámbito digital. Al respecto, se resalta la importancia de que las empresas de internet puedan adoptar medidas para prevenir y mitigar este tipo de contenidos, en línea con las recomendaciones que ha realizado la CIDH en distintos informes temáticos en los que se han analizado el potencial de difusión que tiene el internet.

En esa línea, la CIDH expresa su preocupación ante las denuncias de intimidaciones o acoso contra autoridades electorales, incluyendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Al respecto, la CIDH toma nota de que la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al cese de manifestaciones a las afueras de los domicilios de las autoridades electorales, así como a evitar la interrupción de su vida familiar. En similar sentido, la Comisión ha recibido información sobre un plantón frente al domicilio de un Fiscal Anticorrupción, cuya dirección de residencia fue publicada en redes sociales.

Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes acerca de la falta de garantías para ejercer la labor periodística en el contexto electoral en Perú. En este sentido, la Oficina ha registrado diversas denuncias de trabajadoras y trabajadores de prensa que habrían sido presionados en sus puestos de trabajo en relación con la línea informativa de la cobertura de las elecciones, lo que en algunos casos habría resultado en renuncias forzadas. Por ello, la CIDH llama al Estado a brindar las más amplias garantías para que periodistas y medios de comunicación desempeñen su labor, que resulta crucial en contextos electorales.

Por otro lado, la Comisión recuerda al Estado su deber de garantizar la igualdad y no discriminación respecto de grupos en situación de vulnerabilidad en contextos electorales. En esa línea, la CIDH reitera al Estado su deber de prevenir, investigar y sancionar la discriminación, la violencia y actos de acoso o intimidación que puedan reportarse en el contexto electoral. Asimismo, urge al Estado a garantizar la vida e integridad personal de quienes participan en la vida pública del país, así como la independencia en el ejercicio de las funciones de las personas titulares de cargos dentro del sistema electoral y judicial, a la luz de las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos.

Finalmente, la CIDH reitera que uno de los elementos esenciales de la democracia representativa es la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. En ese orden, llama al Estado a continuar garantizando las condiciones necesarias para la resolución de los recursos pendientes para la proclamación de los resultados electorales finales, a la luz del marco constitucional interno y dentro del efectivo ejercicio de la democracia representativa como base del Estado de derecho.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 155/21