Comunicado de Prensa

En el Día de la Tierra, CIDH y REDESCA saludan la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y llaman a los Estados de la región a fortalecer sus políticas públicas ambientales frente a la emergencia climática

22 de abril de 2021

Enlaces útiles

Datos de Contacto

Oficina de Prensa de la CIDH

cidh-prensa@oas.org

Lista de distribución

Suscríbase a nuestra lista de distribución de correos para recibir comunicaciones de la CIDH

Washington D.C.- En el Día de la Tierra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), celebran la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justica en asuntos ambientales, conocido también como Acuerdo de Escazú. Asimismo, felicitan a los Estados latinoamericanos y caribeños que sumaron las 11 ratificaciones requeridas para su entrada en vigor, expresando su reconocimiento a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la que, en su calidad de impulsora y secretaría del instrumento, ha venido articulando esfuerzos con la sociedad civil y demás actores de la región (incluyendo a la REDESCA), hacia su pronta adopción y ratificación.

En línea con lo expresado en su reciente comunicado conjunto con las presencias de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la CIDH y la REDESCA consideran que el Acuerdo de Escazú viene a reforzar principios y obligaciones establecidos en la normativa y jurisprudencia interamericana en materia del derecho a un medio ambiente sano, poniendo de relieve la necesidad de garantizar los denominados "derechos de acceso" para asegurar su vigencia, como la protección efectiva del derecho de las personas a defender el medio ambiente. En tal sentido, hacen un llamado para que los Estados de América Latina y El Caribe que aún no lo han hecho, ratifiquen o adhieran a este importante tratado, que tanto contribuye a consolidar el reconocimiento y efectiva protección de los derechos ambientales en la región.

Asimismo, la CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que, sobre la base de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, inter alia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Protocolo de San Salvador, como de la jurisprudencia interamericana, el derecho a un ambiente sano forma parte del catálogo de derechos que los Estados deben respetar y garantizar, tanto con carácter autónomo, como en su indivisibilidad e interdependencia con los demás derechos humanos. Por su parte, REDESCA llama especialmente a los Estados a proteger los derechos de la naturaleza en los casos en donde su constitución, legislación interna o jurisprudencia de tribunales nacionales así lo haya provisto, destacando la importancia que tales normativas y jurisprudencia tienen también para la efectiva protección del derecho a un medio ambiente sano y los derechos humanos.

Para la CIDH y la REDESCA, el Acuerdo de Escazú es también un destacado avance normativo frente a la degradación ambiental y el cambio climático, en un contexto cada vez más preocupante para el planeta, como para quienes defienden el ambiente. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), los compromisos reflejados por los Estados en sus obligaciones derivadas del Acuerdo de París estarían lejos de limitar la temperatura global promedio a 1.5°C; por el contrario, se prevé una trayectoria hacia una temperatura por encima de 2°C, si estos compromisos no se llegaran a implementar. Esto traería consecuencias devastadoras, sobre todo para millones de personas que viven en situación de pobreza, quienes incluso en el mejor de los casos, enfrentarían inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte. Concretamente, los impactos climáticos abruptos como los de evolución lenta producen cambios en los ciclos naturales de los ecosistemas, sequías, inundaciones, olas de calor, incendios, pérdidas de las líneas costeras, entre otros. Los mismos que han traído consigo una amenaza importante al disfrute de una amplia gama de derechos, inter alia, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al agua y el derecho a un ambiente sano.

La degradación de la naturaleza, en general, impacta de maneras desproporcionadas no solamente a sus ciclos vitales, sino a la subsistencia y a los factores para obtener una calidad de vida digna de las personas. En el actual contexto de pandemia, la CIDH y la REDESCA recuerdan que la naturaleza brinda además los cimientos para la salud humana en todas sus dimensiones y contribuye a los aspectos inmateriales de la calidad de vida de las personas, siendo el riesgo de daño particularmente alto para aquellos segmentos de la población que se encuentran actualmente en una situación de marginación o vulnerabilidad o que, debido a la discriminación y las desigualdades preexistentes, tienen acceso limitado a la toma de decisiones o recursos, incluyendo a mujeres; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas; personas afrodescendientes; personas con discapacidad; personas que viven en la pobreza, asentamientos informales o en situación de calle; migrantes y personas en movilidad humana; poblaciones campesinas y personas que viven en zonas rurales, entre otros. Esto, muy a pesar de que tales poblaciones contribuyan escasamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa de la crisis climática.

Los impactos climáticos desproporcionados ya son una realidad en las Américas, como ejemplifica la magnitud de los incendios forestales en la Amazonía y otras zonas de la región. La destrucción de los bosques no solo contribuye a la crisis climática, sino que provoca el desplazamiento forzado de comunidades, la pérdida de tierras de subsistencia y el grave riesgo para la subsistencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Así mismo, el aumento de la temperatura global se asocia a una disminución en el caudal de los ríos y a una tendencia a la sequía en los ríos en Centroamérica; esto mientras que un área de entre el 20% y el 50% de glaciares andinos se ha derretido desde los años setenta. Todo ello reduce la disponibilidad del recurso hídrico, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de poblaciones enteras, especialmente de aquellas que están expuestas a condiciones preexistentes de precariedad y desigualdad social.

En Centroamérica, el derecho a la vida, a un medio ambiente sano y a la vivienda, entre otros DESCA, se están viendo severamente afectados por la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como en el caso de huracanes e inundaciones. De igual manera, los fenómenos extremos intensifican la tendencia histórica hacia la migración, ejemplificado por el desplazamiento de la población causada por la sequía y el cambio de régimen de lluvias en las regiones del "corredor seco", sobre todo en los tres países del norte de Centroamérica. En el Caribe, el alza del nivel del mar, entre otros fenómenos extremos, acentúa la pérdida y la erosión de las áreas costeras, el deterioro de los ecosistemas marinos, la modificación de los hábitats marinos y la pérdida de manglares o corales. En particular, se estima que todo el ecosistema de corales colapsaría hacia 2050. Resulta innegable que la pérdida de biodiversidad originada por tales impactos climáticos, tiene un impacto negativo en una amplia gama de derechos humanos.

Frente a esta realidad, la CIDH y la REDESCA llaman a los Estados americanos a fortalecer de manera urgente sus políticas públicas ambientales frente a la emergencia climática, reiterando su compromiso y disposición a contribuir en todo lo que esté a su alcance con tales esfuerzos. En tal sentido, como mandato especializado de la CIDH en derechos ambientales, la REDESCA seguirá impulsando acciones para determinar la vinculación "entre los efectos adversos del cambio climático y el pleno goce de los derechos humanos", tal como previsto en la Resolución de la Asamblea General de la OEA 2429 de 2008 sobre Derechos Humanos y Cambio Climático en las Américas. Al respecto, la CIDH encargó a REDESCA en el vigente Plan Estratégico 2017-2021 el desarrollo de estándares sobre medio ambiente y cambio climático, algo en lo que el mandato ha venido avanzando y se refleja, por ejemplo, en el Informe sobre Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. Asimismo, se trata de una línea estratégica priorizada en el Plan Trianual 2020-2023 de REDESCA, recientemente aprobado por la CIDH, para cuya implementación la CIDH y la Relatoría Especial llaman a la amplia colaboración de los Estados, como con la sociedad civil y demás actores relevantes de las Américas.

"Desde la CIDH, felicitamos la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y lo mucho que significa para la mejor protección de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe, destacando su carácter complementario con los instrumentos y obligaciones del sistema interamericano en la materia". "En el Día de la Tierra, destaco la urgencia de atender las implicancias de los impactos medio ambientales para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, como para su derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un ambiente sano, seguro y sustentable. La pandemia hace aún más urgente mirar a la realidad de tales pueblos, como aprender de su sabiduría ancestral de respeto y cuidado de la naturaleza", destacó la Presidenta de la CIDH y Relatora para los pueblos indígenas, Antonia Urrejola

En palabras de la Relatora Especial sobre DESCA, Soledad García Muñoz "En el Día de la Tierra, celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú también urge a recordar que el cambio climático es una de las mayores amenazas para el pleno disfrute y ejercicio de los derechos humanos por las generaciones presentes y futuras, para la salud de los ecosistemas, como de todas las especies que habitan las Américas". "Estamos frente a una emergencia que, sumada a la pandemia, exige determinación y compromiso de los Estados americanos para proteger tanto los derechos humanos como a la naturaleza. En el actual contexto, las respuestas efectivas a la crisis ambiental van de la mano con las requeridas por la crisis sanitaria, económica y social que transitamos", añadió.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete personas expertas independientes que son elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La REDESCA es una Oficina de la CIDH con independencia funcional y especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

No. 098/21