CIDH presentó ante la Corte IDH caso de Venezuela por detención ilegal y actos de tortura cometidos en El Helicoide

13 de diciembre de 2023

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso 13.435 respecto de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 7 de septiembre de 2023, referente a la detención ilegal y arbitraria, y actos de tortura contra Jorge Rojas Riera, así como la impunidad asociada a dichos eventos.
 
Jorge Rojas Riera fue detenido el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira, en la ciudad de Caracas por agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) durante una protesta pacífica y fue llevado al Centro de Detención El Helicoide.
 
Durante su detención fue interrogado sobre otras personas que participaban de la protesta y sufrió diversas agresiones, incluyendo golpes de puño y la utilización de bolsas plásticas para asfixiarlo. Las lesiones causadas se pudieron constatar posteriormente en un examen médico forense.
 
Rojas Riera fue investigado por porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Después de comparecer ante el Juzgado, en septiembre de 2003, se le otorgó una medida de arresto domiciliario. Durante la audiencia, solicitó al tribunal examinar las lesiones físicas causadas por la DISIP durante su detención e instó al Ministerio Público a investigar los actos de tortura en su perjuicio.
 
En octubre de 2003, la autoridad judicial dictó una medida de detención preventiva a Rojas Riera, la cual mantuvo hasta enero de 2004. El 9 de agosto de 2004, el juzgado a cargo emitió una sentencia condenatoria y le impuso una pena de cuatro años, seis meses y quince días de prisión.
 
Rojas Riera obtuvo la suspensión condicional de su pena en abril de 2006, con período de prueba de tres años y presentaciones periódicas. Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución declaró la extinción de su responsabilidad penal en 2009, y le otorgó libertad plena.
 
En el proceso penal de Rojas Riera, el Juzgado instó al Ministerio Público a investigar alegatos de tortura. A pesar de la denuncia detallada por la defensa, que incluía crímenes como privación ilegítima de la libertad y tortura, el expediente fue archivado.
 
Después de analizar el caso, la Comisión destacó que el Estado no pudo demostrar su alegato sobre que Rojas Riera estuviera armado en su detención, por lo cual, al no existir una situación de flagrancia, y no haber controversia de que no existía una orden judicial, la Comisión consideró que la detención resultó ilegal. Asimismo, señaló que la detención preventiva de dos meses fue arbitraria dado que careció de una motivación suficiente en términos de finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La Comisión también señaló que no fue informado sobre las razones de la detención.
         
La CIDH destacó la coherencia en las declaraciones de Jorge Rojas Riera sobre los actos de violencia sufridos durante su arresto, respaldadas por un informe médico que registró lesiones posteriores a su detención, así como por el contexto sobre la situación de personas detenidas en El Helicoide, por lo cual concluyó que fue víctima de tortura, lo cual le causó intenso sufrimiento físico y mental.
 
En relación con la investigación de las denuncias presentadas por la Defensa, la CIDH notó que el Ministerio Público cerró el caso en 2008 sin documentar las diligencias para esclarecer los hechos, violando los derechos a las garantías judiciales y  a la protección judicial.
 
La Comisión también resaltó que Rojas Riera se encontraba participando pacíficamente en la protesta en la Plaza Francia, cuando agentes estatales procedieron con la detención ilegal y arbitraria, por lo cual determinó que su derecho a la reunión pacífica fue restringido de manera ilegal, innecesaria y desproporcional.
 
Con base en dichas consideraciones, la Comisión determinó que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 15 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas identificas en el informe. Además, el Estado es responsable por violar los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
 
Por lo anterior La Comisión recomendó al Estado las siguientes medidas de reparación:

• Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el aspecto material como inmaterial.
• Implementar medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de Jorge Rojas Riera y sus familiares, de ser su voluntad.
• Realizar procedimientos penales, administrativos u otros relacionados con las violaciones de derechos humanos de manera imparcial y efectiva, dentro de un plazo razonable, para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
• Emitir una directiva desde altas autoridades para que las y los funcionarios se abstengan de prácticas que constituyan tortura o trato cruel, inhumano y degradante, incluyendo actos de violencia sexual y de género, como garantía de no repetición.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 292/23

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