Lograr a través de un proceso de concertación entre la comunidad y el Estado, conformar y concretar alianzas interinstitucionales para fijar normas respecto a la vinculación de distintos actores sociales en conductas, actitudes y prácticas de consumo asociadas a la reducción del homicidio a nivel local.

Promover y fortalecer mecanismos, entidades y programas de resolución pacífica de conflictos que dificultan un entorno de paz y bienestar colectivo.

Concretar la participación de entidades públicas y privadas en proponer alternativas económicas sostenibles y viables que permitan la generación de plazas o cupos laborales, el desarrollo de proyectos de competitividad regional, el uso asertivo y la inclusión de la tecnología, entre otros aspectos de formación integral a población juvenil y/o adulta, asociada a condiciones de marginalidad, pobreza o a distintas situaciones de violencia social.

Proponer e integrar a la comunidad en espacios de encuentro cultural, bajo el enfoque de educación regional y local para la paz.

Control del consumo del alcohol.

Regulación del horario de centros nocturnos.

Jornadas de desarme.

Administración del espacio público.

Campañas de comunicación orientadas a la promoción de valores cívicos y morales. 

Proponer e integrar a la comunidad en espacios de encuentro como: casas de justicia, centros de conciliación, el programa de jueces de paz y la mediación de las iglesias y de sus líderes espirituales en conflictos sociales.