La función del programa es brindar protección –a través de medidas de asistencia y seguridad– al testigo, víctima testigo, colaborador de justicia y otros sujetos que, por su intervención en un proceso penal que adelante el Ministerio Público, se encuentren en situación de riesgo o peligro – extremo o extraordinario– de sufrir menoscabo en sus bienes jurídicos fundamentales, en miras a garantizar su participación eficaz en el proceso penal.

Interviene en todo el territorio de la República, dando prioridad especial a los casos penales relacionados con la criminalidad organizada, de acuerdo a un Plan de Implementación gradual y progresivo que, incluirá a los hechos punibles de mayor relevancia, conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Ello no excluye la protección que, dentro del ámbito que compete a la tarea fiscal, se deba propiciar ante otros organismos competentes del Estado. Así, el fiscal general del Estado ha establecido como política de protección a testigos, la división en dos frentes: a) Situaciones de riesgo ordinario: el agente fiscal es responsable de impulsar la aplicación de medidas de protección, conforme al Instructivo F.G.E. N.° 7/14 y b) Situaciones de riesgo o peligro extremo o extraordinario: la Dirección del Programa de Protección a Testigos es responsable de impulsar la aplicación de medidas de protección, conforme a la ley”

Las medidas de protección son:
- Medidas de Asistencia: Tienen como finalidad atender, contener y asistir a los sujetos de protección incorporados al Programa (jurídicas, psicológicas, sociales, médicas o sanitarias).

-Medidas de Seguridad: Tienen como finalidad preservar la vida, la integridad fi´sica y la libertad de los sujetos de proteccio´n incorporados al Programa.