El procedimiento para el resguardo del afectado se inicia una vez que un ciudadano, que se siente amenazado, solicita medidas de protección ante cualquiera de las 24 unidades de Atención a la Víctima a escala nacional, o al fiscal del MP que lleva su caso.

La solicitud se lleva ante un Tribunal de Control, el cual acuerda las medidas. En casos de urgencia, cuando la vida de la persona se vea amenazada, los fiscales superiores están facultados para acordar medidas transitorias, que tienen vigencia inmediata; pero deben ser presentadas ante la mencionada instancia judicial en un lapso de 24 horas.

El control del cumplimiento de las medidas le corresponde al tribunal; entre ellas se destaca la custodia personal o residencial por parte de funcionarios policiales.