Luchar contra la criminalidad y fortalecer la justicia como mecanismo eficaz para asegurar el medio de prueba testimonial y apoyar el deber ciudadano de colaborar con la administración de justicia.

Ofrecer la garantía de la protección de la vida e integridad de las personas en condiciones diferenciales; y prestar atención integral, para que las personas protegidas reconstruyan su proyecto de vida.

Generar confianza en la comunidad, garantizando el ánimo de colaboración para la administración de justicia.

La incorporación al programa generalmente se materializa con el traslado del protegido (y su grupo familiar) de la zona riesgo a una zona segura, y con vinculación de este al esquema de seguridad correspondiente al nivel de riesgo definido por la evaluación.

Así, para los casos definidos como de riesgo extremo y dependiendo de las particularidades de cada caso, los protegidos pueden ser acogidos bajo una de los siguientes esquemas de seguridad:

Maximo: Consistente en control absoluto del programa y una condición de intramuralidad, es decir de acompanamiento y vigilancia permanente en el lugar de residencia.

Mediano: En condición de extramuralidad pero sometido al seguimiento de las orientaciones de seguridad y a la supervisión periódica por parte del programa.

Supervisado: Consistente en el cambio de domicilio y en la supervisión esporádica por parte del programa de protección.
En lo que hace a los servidores públicos intervinientes en el proceso penal y que por efecto de esto resulten sometidos a algun nivel de riesgo, el programa preve las siguientes medidas:

Si el riesgo es evaluado como extraordinario, se solicita la reasignación de la investigación y/o el traslado del servidor a otra región del país ademas de carácter administrativo.

Si el riesgo es calificado como extremo se le asigna un esquema de seguridad y se solicitan medidas de orden administrativo.