|
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA
OEA, CÉSAR GAVIRIA, EN CUMPLIMIENTO
DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.811 (1315/02) Situación en Venezuela
Washington D.C. abril 18 de 2002
Me corresponde como Secretario General de la OEA
rendir en este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General el
informe que dispuso nuestro Consejo Permanente mediante resolución CP/RES.
811 (1315/02) en desarrollo del Artículo 20 de la Carta Democrática. En dicha resolución se me ordenó
investigar los hechos ocurridos el 11 y 12 de abril, y emprender las
gestiones necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la más
pronta normalización de la
institucionalidad democrática.
Tan
pronto los Presidentes del Grupo de Río concluyeron su reunión en Costa Rica
el pasado viernes 12 de abril, fui informado de sus decisiones tanto por el
Presidente Miguel Angel Rodríguez como por su Canciller Roberto Rojas. Con
ellos tuve la oportunidad de intercambiar opiniones a lo largo del día y con
la Presidenta de nuestro Consejo, la Embajadora Margarita Escobar, estuvimos atentos a sus deliberaciones. Al
finalizar dicha reunión procedimos a hacer algunas consultas con el fin de
dar cumplimiento a la solicitud presentada por el Grupo de Río, en el sentido
de reunir lo antes posible el Consejo Permanente. Los Presidentes también me
pidieron que tomara contacto con la
realidad política de Venezuela a través de los medios que considerara mas
adecuados.
Es
conveniente señalar que el grupo de Río consideró la renuncia del Presidente
Chávez como un hecho cumplido, así como también la destitución del
vicepresidente y de su gabinete, por lo cual no se solicitó su restitución
como parte de las acciones necesarias para defender el orden constitucional.
En sesiones informales y privadas el viernes en
la noche y el sábado anteriores, bajo la acertada dirección de la Embajadora
Margarita Escobar, el Consejo examinó la situación en Venezuela, condenó la alteración del orden
constitucional y los lamentables hechos de violencia, y expresó su
solidaridad con el pueblo de ese país. En la mañana del sábado, el que se
autodenominaba presidente del gobierno de transición, llamó a la OEA para
informar que se había alterado el orden constitucional y para hacer algunas
otras afirmaciones que estaban contenidas en un mensaje que fue
circulado a las delegaciones. También
dijo que se querían hacer representar en la reunión por un funcionario de la
misión de Venezuela y que luego enviarían cartas credenciales. Todo ello se
puso en conocimiento de las misiones. Yo le expresé a él que al día siguiente
viajaría a Caracas con el mandato que me diera el Consejo Permanente.
El Secretario General, según lo autorizó el Consejo
Permanente, se hizo acompañar de las embajadoras Margarita Escobar,
Presidente del Consejo Permanente, y Lisa Shoman, Representante de Belice y
vocera del CARICOM. Algunos de los embajadores del Grupo de Río no me
pudieron acompañar por la rapidez con la que se tuvo que desplegar la misión.
Las embajadoras me han dado apoyo y consejos muy valiosos, pero debo aclarar
que todo lo afirmado por mí, en reuniones privadas o ante los medios de comunicación en dicha misión, así como el
contenido de este informe, son de mi exclusiva responsabilidad.
Ustedes sabrán comprender la dificultad de rendir un
informe sobre los hechos. No obstante, me he propuesto hacer una presentación
sucinta sobre los antecedentes de lo ocurrido entre 11 al 13 de abril, la
cual de ninguna manera puede interpretarse como una justificación de la
alteración del orden constitucional. Es apenas un contexto en el cual se
dieron los sucesos trágicos del 11 de abril.
En la muy difícil coyuntura que han vivido las
instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela, juzgué también
oportuno mirar aspectos de la vida institucional del país en relación con disposiciones de la Carta
Democrática.
Tendría que comenzar por decir que es necesario señalar,
por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario, que los organizadores de
la manifestación convocada por la oposición política y muchas organizaciones sociales en
los días precedentes y en el propio 11 de Abril, son diferentes de quienes
usurparon el poder, detuvieron al Presidente Chávez y trataron de instaurar
lo que llamaron un gobierno provisional, cuyo ejercicio del mando encontró un
amplio y generalizado rechazo no solo por su origen fáctico, sino además por
las decisiones que tomó y que significaban el cierre de los organismos
elegidos popularmente, la intervención del poder judicial y de todos los
organismos del llamado “poder moral”, y en la práctica la derogatoria de la Constitución y de
muchos de los actos realizados bajo su desarrollo.
Podemos afirmar que el gobierno que estaba apenas en la
fase de instauración, sin ninguna legitimidad democrática, fue fruto de
decisiones tomadas por los militares. En carta, que fue del conocimiento de
los miembros del Consejo Permanente, quien presidía lo que se auto calificó
como gobierno provisional expresamente reconoció la ruptura constitucional.
Para fortuna de las instituciones democráticas de
Venezuela, esa alteración del orden constitucional fue revertida por la reacción de
buena parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y por una vigorosa
respuesta ciudadana, tanto de defensores como de opositores del gobierno del
Presidente Chávez.
Como parte de la responsabilidad que ustedes me
encomendaron, me reuní con un amplio grupo de voceros de algunas de las
principales instituciones del país como el Presidente Hugo Chávez y su
canciller; la mesa directiva de la Asamblea Nacional; El Fiscal General de la
Nación, el Contralor, el Defensor del Pueblo y el Presidente del Tribunal
Superior. Igualmente me reuní con el Cardenal y los representantes de la
Conferencia Episcopal; algunos grupos de la sociedad civil; con
representantes de algunos de los principales diarios, cadenas de televisión y
radiales; con la Central de Trabajadores de Venezuela; los miembros de los partidos de Oposición en la
Asamblea Nacional; y con otras personalidades que llevaron documentos en los que fijaban posición sobre los hechos ocurridos
e interpretaban a su juicio la realidad Venezolana.
Señores Cancilleres:
De las conversaciones con los diferentes sectores
quisiera resaltar lo siguiente:
El Presidente de la República en todas sus alocuciones
ha hablado de reflexionar, de rectificar, de enmendar. Aseguró “que no habría
ánimos revanchistas, ni persecuciones, ni abusos”. Ha dicho que lo ocurrido
representa una “inmensa lección”; “que se debe hacer una profunda reflexión”;
que hay que actuar ahora con “calma y cordura”; que es necesario “corregir lo
que sea necesario corregir”; “restablecer el dialogo”.
Habló también de la “unidad respetando las diferencias”
y señaló que como un primer paso convocaría el Consejo Federal de Gobierno
para que sirva de epicentro para el diálogo con todos los sectores y para
alcanzar el mayor consenso posible en materia económica, social y política.
También señaló que el Presidente designado de PDVSA, como la junta por él designada, habían renunciado, con lo cual
se puso fin al asunto que dio origen a las últimas jornadas de protesta.
Aunque una buena cantidad de personeros de instituciones
ajenas al gobierno han aceptado la llamada del Presidente al diálogo, aun
después de los fatídicos hechos del 11 y 12 de abril, existe una excesiva
polarización no solo de los protagonistas naturales de la política, como lo
son el gobierno, los partidos y las bancadas de oposición, sino de casi todas
las organizaciones laborales, empresariales, de la sociedad civil, los
representantes de algunos de los otros poderes del Estado y los medios de
comunicación. Esa excesiva polarización tiene connotaciones de intolerancia
que en la práctica impiden el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos
que permitan cierto entendimiento para mantener la paz social. Pareciera prevalecer el convencimiento según el cual es
inevitable una renovada confrontación entre amigos y contradictores del
gobierno, lo que podría desembocar en mayor protesta social.
Quiero igualmente señalar una práctica peligrosa de
deliberación en la Fuerzas Armadas, que determina que muchos protagonistas de
la vida pública vivan atentos a lo que los oficiales de las distintas armas
opinan del acontecer político, incluidas las ordenes de su Comandante en
Jefe, el Presidente Constitucional de la República. Muchos buscan fundamentos
para tal forma de deliberación en un articulo de la Constitución.
Los sectores de oposición y otros protagonistas de la
vida social toman de diferentes maneras distancia de las normas
constitucionales. En particular expresan inquietudes sobre la separación e
independencia de los poderes públicos y la falta de contrapesos, como que sus
titulares fueron escogidos por las mayorías que imperaron en la Asamblea. Los
diputados de oposición llaman la atención sobre una reciente providencia del
Tribunal Supremo de Justicia que señaló que el período presidencial comenzó a
partir del mes de enero del 2002.
Después de los acontecimientos que ya hemos mencionado
se han incrementado las denuncias de violación de los derechos humanos, de
intimidación, de vandalismo y saqueos, de pérdidas de vidas y personas
heridas. Esto ha ocurrido antes, durante y después de la reciente crisis. Nosotros
enviamos estas denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y,
en algunos casos, a la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Esta Misión recibió numerosas quejas sobre la responsabilidad
en estos hechos de los Círculos Bolivarianos, grupos de ciudadanos u
organizaciones de base que apoyan el proyecto político del Presidente. Muchos
sectores los responsabilizan de violaciones a los derechos humanos, de actos
de intimidación y de saqueos.
Los representantes de los dueños de los medios de
comunicación y un grupo de periodistas consideran que los Círculos
Bolivarianos son la mayor amenaza a la libertad de prensa y expresión. Varios
de estos casos se han puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y del Relator para la libertad de Expresión. Haría bien el
gobierno en trabajar en estos aspectos y disipar muchas de las graves
preocupaciones que han surgido.
Los representantes de las cadenas de televisión se quejan
de la manera abrupta como se interrumpieron las señales de los canales de
televisión privados abusando según ellos de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones. Esto produjo una sistemática suspensión de su
programación con largas intervenciones del Presidente y de otros funcionarios
del poder ejecutivo en los días previos al 11 de abril. Reclaman también que
el gobierno, según lo recomienda la CIDH, haga “ una condena categórica a las
agresiones de las que han sido objeto los trabajadores de comunicación social”.
Por otra parte las autoridades que representan los
poderes del Estado señalaron la falta de objetividad de algunos medios para
informar sobre los sucesos que condujeron a la restauración del orden
constitucional. Algunos medios han registrado esa preocupación o queja sobre
lo acontecido, y han dado explicaciones que no soy llamado a calificar como
satisfactorias o no, así como no lo soy de la validez de las quejas
referidas.
Los miembros de los partidos de oposición en la
Asamblea Nacional consideran conculcados sus derechos como minorías. Llamaron
la atención sobre el uso de los mecanismos de la ley habilitante. Esta es una
vieja disposición en las Constituciones de Venezuela que da al ejecutivo un
gran poder legislativo. El gobierno del Presidente Chávez hizo uso amplio de
tales facultades, y ello ha demostrado la gran resistencia que genera la
aprobación de normas sin el proceso de transacciones que se da en el debate
parlamentario y sin la discusión pública que se daría en la Asamblea.
La Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) planteó la imperiosa necesidad de que el poder
ejecutivo acepte la escogencia de sus directivos conforme al resultado de la
elección convocada por iniciativa del propio gobierno nacional. Esta Central
y sus directivos tienen el reconocimiento de la OIT, y ese reclamo se puede también mirar a la
luz del artículo 10 de la Carta Democrática. Los directivos de la CTV también
reclaman la convocatoria del diálogo Tripartito.
Por estas consideraciones, en las reuniones con los
diferentes sectores señalé acciones que a mi juicio se deben acometer con
urgencia para evitar ulteriores expresiones de descontento que pudieran dar
origen a la repetición de los trágicos sucesos del 11 y 12 de abril. En todo
caso es importante que hoy se reiteren algunos de los considerandos y dispositivos de la
resolución del Consejo, sobre todo en lo referente a la condena de cualquier
quebrantamiento del orden constitucional y de los violentos sucesos que
llevaron a la muerte de un numero apreciable de personas.
La OEA, sus países miembros, el resto de la Comunidad
Internacional y algunas organizaciones como la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal podrían prestar su
concurso para propiciar el diálogo y asegurar que estos hechos no se vuelvan
a repetir.
Quisiera resaltar además algunas acciones que se deben
tomar para desactivar algunos de los más graves conflictos, recuperar la
gobernabilidad, ganar estabilidad política y propiciar la recuperación económica.
Es fundamental que todos los sectores de la sociedad,
por lo menos la totalidad de los que he citado, busquen mecanismos o acuerdos
que permitan hacer del respeto a la Constitución la base fundamental y el
marco de acción para todos los protagonistas de la vida pública venezolana.
Es indispensable un acuerdo para que el artículo 350 de
la Constitución no se interprete como un derecho general a la rebelión. Tal
interpretación puede llevar a más y peores actos de violencia. Todos deben
poner de su parte para un acuerdo en tal sentido.
Es esencial que gobierno, oposición, fuerzas sociales,
organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, se comprometan a
rechazar toda forma de deliberación de la fuerza pública y respalden la
aplicación de los códigos militares que sancionan tales conductas. También es
esencial que se abandone la interpretación según la cual el citado artículo
de la Constitución puede servir de base a la conducta de oficiales de
distintas armas. Quisiera reiterar que si no se avanza en tal sentido se
podría dar pie a que se presenten nuevos actos de insubordinación contra la
autoridad civil. Esta Asamblea debería ser categórica al señalar la
subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la
autoridad civil legalmente constituida, tal como lo señala el articulo cuarto
de la Carta Democrática.
Existe la imperiosa necesidad de acudir solo a los
medios pacíficos. El estado, sin que sobre ello pueda haber la menor duda,
debe mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Se deben investigar
las denuncias según las cuales hay sectores que están poniendo en peligro ese
componente esencial de la seguridad pública. En todo caso cualquier uso de las armas debe hacerse bajo autorización y
dentro de la normatividad acordada o dispuesta por las Fuerzas Armadas.
Es muy importante para la democracia venezolana que la
investigación sobre el desenlace trágico de las manifestaciones del 11 de
abril se realice de manera que sus conclusiones sean aceptadas por todos, y
que los responsables reciban todo el peso de la ley. Lo que señalo no debería
interpretarse como un menoscabo de los poderes legítimamente constituidos.
Con un buen grado de voluntad política podría conseguirse tal resultado. En
todo caso hay que aprender de lo ocurrido porque cuando se dan
manifestaciones de varios centenares de miles de personas los riesgos son
enormes.
Se nos informó que en el seno de la Asamblea Nacional
se ha avanzado en conformar una Comisión de 25 miembros que se encargaría de
investigar los hechos, aunque existen diferencias en cuanto al nombre de la
Comisión, al mecanismo de integración y a su composición.
Gobierno y oposición deberían hacer lo que esté a su
alcance para afianzar la independencia de los poderes y establecer sus
debidos contrapesos. Más allá de la importancia de asegurar la supremacía de
la Constitución, es fundamental restablecer la confianza en el estado de derecho y
asegurar que todos los estamentos sociales estén dispuestos a acatarla. Así
lo dispone el articulo cuarto de la Carta Democrática.
Cualquier acuerdo entre los distintos sectores de la
vida venezolana debe pasar, como lo señala la Carta Democrática, por el pleno
respeto a la libertad de expresión y por ende de prensa. Debe quedar claro
que cualquier queja o deficiencia debe resolverse conforme a la Declaración
de Chapultepec. Esta Secretaría expresó públicamente su confianza en que el
gobierno del presidente Chávez resolverá de manera satisfactoria las
preocupaciones de seguridad e intimidación que alegan los representantes de
Medios de Comunicación con los que me reuní.
En el tema de la televisión, es importante acordar un
código de conducta que, mas allá de la legislación, asegure la compatibilidad
de las transmisiones de interés publico con la programación normal.
La comunidad internacional debería prestarle a
Venezuela apoyo para asegurar que de nuevo los partidos y las agrupaciones o
movimientos políticos sean los principales protagonistas de la vida pública.
El vacío que han dejado y que han pretendido llenar otros sectores sociales
ha demostrado de manera palmaria sus limitaciones. Aquí cabrían acciones en
el marco del artículo quinto de la Carta Democrática.
Quiere esta Misión agradecer la hospitalidad y adecuado
apoyo que recibió del Gobierno del Presidente Chávez. Espero haber cumplido con la disposición
de nuestro Consejo Permanente al someter este informe a su consideración. La
OEA debe estar a disposición del gobierno y el pueblo de Venezuela para que
de la trágica experiencia vivida se puedan colegir actitudes y acciones que
nos aseguren que estos hechos infaustos y trágicos no se vuelvan a repetir.
Muchas gracias
|
