La distribución y consumo de energía eléctrica en áreas rurales comenzó en 1963, cuando la Comisión Ejecutiva hidroeléctrica del Río Lempa, CEL,1 inició un plan piloto. El termino rural utilizado es restringido, pues se confunde con agrícola; en efecto, se señala que "el consumo rural está integrado por el consumo domestico y el consumo agrícola, que es el más importante; este ultimo comprende el suministro de energía eléctrica a los beneficios de café y algodón, a los ingenios de azúcar, a los sistemas de riego y a los equipos eléctricos de implementación agrícola"2. Se dejan al margen totalmente las actividades rurales que no pertenecen al rubro agrícola y que en la medida que se avanza en el desarrollo económico cobran más importancia, sirviendo de drenaje de la mano de obra campesina hacia sectores secundarios y terciarios en el sitio.
1
Corporación Autónoma de Servicio Publico creada en 1945. Tiene por objetivos resolver los problemas de suministro de energía eléctrica de todo el país, y desarrollar, conservar, administrar y utilizar sus recursos hidráulicos y cualesquiera otros medios de generación eléctrica.
2 Informe General de la República de El Salvador para la III Conferencia Latinoamericana de Electrificación Rural.
Otra distorsión conceptual es que se ha llamado Plan de Electrificación Rural a un proyecto elaborado por la CEL, y que trata de suministrar energía a pequeños poblados; con este fin se ha dividido el país en 19 zonas que pudieran constituir unidades administrativas dentro de un plan general. Es obvio que la dotación de electricidad en las entidades de población no urbanas es importante, pero no pueden dejarse fuera los predios agrícolas.
Cuadro 5.27 Sitios de embalse (a)
Cuadro 5.27 Sitios de embalse (b)
Cuadro 5.27 Sitios de embalse (c)
Cuadro 5.27 Sitios de embalse (d)
Además de la CEL, han desarrollado programas la Distribuidora Eléctrica de Usulután, la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) y la Distribuidora Eléctrica de Sensuntepeque. Los totales de obras construidos hasta el año 1968 son: 25 subestaciones rurales; 315 km de líneas de subtransmision; 1698 km de líneas de distribución primaria, y 286 redes de distribución en comunidades rurales.
Hasta esa fecha se proporcionaba servicios a 261 de los 1939 núcleos de población inferiores a 2000 habitantes, lo que significaba el 13.4 por ciento; se beneficiaban sólo 15830 personas, o sea, el 0.8 por ciento de la población rural del país. Para 1970 la CEL daba servicios a 11664 familias, que equivalían al 2.6 por ciento del total.
No cabe duda que desde la fecha señalada se debe haber progresado bastante en la extensión de los servicios eléctricos; sin embargo, es necesario reconocer que no ha existido un programa orgánico que ponga en ejecución una verdadera política de electrificación rural. Debería delinearse una política de ampliación de servicios de energía y comunicaciones, especialmente teléfonos, y esto debería recaer en quienes tienen mayores responsabilidades dentro del sector rural, lo que significa, entonces, que sería competencia del Ministerio de Agricultura y de CONAPLAN.
Un aspecto que es importante subrayar es el que la extensión de líneas en el ámbito rural ha sido realizada con un criterio eminentemente comercial, sin la menor preocupación por los costos. En efecto, como las utilidades se obtienen de un porcentaje de las inversiones, y la extensión de líneas representa una importante cantidad, cuando no se hace por cooperativas especializadas no sólo quedan marginadas del servicio muchas familias que podrían pagar su consumo, sino que las inversiones se elevan a cifras exageradamente altas limitando las posibilidades de ampliar el servicio; es así como el costo por familia servida llega a la suma de 1216 colones. Lamentablemente no existe ninguna cooperativa de electrificación rural que tanto éxito han tenido en otros países de América Latina, con las cuales los costos de instalación podrían disminuir en rubros como líneas, sistemas de distribución, mediciones y conexiones domiciliarias, que asciende, con el sistema actual, a 865 colones por consumidor.
En el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social 1973-77 está considerada la formulación de un programa de electrificación rural, el que debería contar con el máximo de apoyo. No debe olvidarse que El Salvador es y será todavía por muchos años un país agrícola. Sin embargo, seguirá siendo un país eminentemente social; es decir, que la agricultura puede perder importancia relativa en el PTB y ser superada por la industria en un mediano plazo.
En varios países de América Latina se están llevando a cabo programas de electrificación rural mediante cooperativas, como es el caso de Chile, en donde existe una Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL) bastante poderosa. En los Estados Unidos existe la NRCA, que agrupa también a las cooperativas de electrificación rural y que suele colaborar con los países latinoamericanos. Tampoco debe olvidarse que instituciones como la AID, el BID y el BIRF hacen prestamos para programas de electrificación en áreas rurales.
Los objetivos serían analizar con técnicos nacionales el Plan de Electrificación elaborado por CONAPLAN dentro del Plan Quinquenal 1973-77, y preparar proyectos específicos de ejecución en zonas prioritarias de acuerdo con el potencial de desarrollo, y que pudieran ser presentados a los organismos internacionales de financiamiento. También debería estudiarse la posibilidad de crear una cooperativa de electrificación rural que se preocupe de la distribución de la energía, ampliando el numero de beneficiados y disminuyendo los costos de instalación y operación. Por ultimo, entre los objetivos mencionados habría que estudiar la manera de aprovechar la experiencia que sobre el particular han obtenido las cooperativas latinoamericanas, y las posibilidades de colaboración de las de los Estados Unidos.
La justificación para poner en marcha este plan de electrificación rural se basa en los siguientes puntos:
a. No debe olvidarse en ningún momento las limitadas oportunidades de trabajo que puede ofrecer la agricultura salvadoreña a las demandas de empleo, que cada vez son mayores. La excesiva concentración industrial puede ser un factor de distorsión mayor aun para el sector rural, por lo que la única solución viable es el desarrollo del sector rural.b. Las posibilidades de crear fuentes de empleo rurales radican en la existencia de infraestructura básica indispensable. Uno de los elementos fundamentales es la electricidad como fuente de energía. El impacto social que produce la electrificación de predios y áreas rurales tiene una trascendencia capaz de acelerar el desarrollo rural y frenar las migraciones a sectores urbanos.
c. Las necesidades de electrificar el campo están a la vista y no es necesario profundizar mucho para darse cuenta de la importancia del proceso. En efecto, cualquier medida tendiente a electrificar las áreas rurales debería contar con el apoyo unánime de los organismos gubernamentales, los cuales deben estar conscientes del impacto socioeconómico que representa un programa de este tipo. La energía eléctrica forma parte de un complejo dinámico de desarrollo, y está íntimamente ligada con:
i. Aplicación de modernas técnicas agrícolas;
ii. Mejoramiento del estándar de vida, los niveles de higiene, la salud y la educación;
iii. Ampliación del mercado productor y consumidor de equipos eléctricos;
iv. Integración social de un sector a través de los medios de comunicación audiovisuales;
v. Creación de oportunidades de trabajo no agrícola.En síntesis, se trata de un plan tendiente a eliminar la situación de marginalidad que sufren grandes sectores de la población, y que es causa de una creciente insatisfacción rural.
d. Como apoyo a estos beneficios socioeconómicos, existe un criterio respecto a la inversión en este tipo de proyectos que es difícil de evaluar por su alto e inmensurable contenido social. Si se considera la electrificación rural como una inversión publica destinada a incrementar el activo fijo, el estado, como regulador de la actividad social, deberá propiciar medidas que reduzcan las desigualdades de ingreso mediante inversiones de este tipo. En esta forma, el estado fomenta la inversión de obras de infraestructura a fin de elevar la productividad y los niveles de vida de las zonas rurales, aumentando sus ingresos y capacidad de compra.
e. El mayor mérito del sistema radica en que son instituciones que no persiguen fines de lucro, sino que su labor fundamental es entregar dicho servicio eléctrico al menor costo posible y al mayor numero de usuarios. En este caso, el ánimo de lucro es reemplazado por el esfuerzo de la comunidad para otorgarse a sí misma un servicio que estima esencial. Debido a que los miembros de las cooperativas son dueños de los predios que atraviesan las líneas, el sistema permite resolver fácilmente los problemas derivados de las servidumbres y derechos de cruce.
f. En el caso de Chile, tanto la AID como el BID han proporcionado créditos para la electrificación rural a las cooperativas agrupadas en la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, que están, por lo demás, interconectadas.
