ASISTENCIA LEGAL POPULAR: LA EXPERIENCIA DE FORJA EN CHILE

Sebastián Cox

INTRODUCCION

El derecho es un instrumento para la justicia. También es un instrumento para la superación de la pobreza, para la ciudadanía y, por tanto, para la democracia. Este postulado lo llevamos adelante en Chile, un conjunto de profesionales, en su mayoría abogadas y abogados, pero también otros profesionales de otras ciencias sociales. Nuestra perspectiva, nuestra aproximación, los datos y constataciones que voy a entregar parten, entonces, desde la ciudadanía. Y dentro de la ciudadanía nos hemos abocado a trabajar con los sectores pobres del país, en la perspectiva de trabajar y considerarlos más que usuarios o eventuales "víctimas" del sistema, como colaboradores y beneficiarios; y, por tanto, como "actores y protagonistas". Esta presentación explica brevemente los antecedentes y las características del trabajo de fortalecimiento de la sociedad civil realizado por FORJA (Formación Jurídica para la Acción) en beneficio del acceso de los pobres a la justicia.

ANTECEDENTES

En el año 1993, la Corporación de Promoción Universitaria y la Universidad Católica realizaron una investigación en todo Chile. En ella se consultó la opinión de más de 1.600 personas sobre lo que pensaban de la justicia. El resultado fue una opinión mayoritariamente negativa. Esta alcanzó a un 82,8%, lo cual no hizo más que confirmar percepciones y opiniones anteriores. Esta percepción refleja una larga tradición de disconformidad de la ciudadanía de los diversos países del continente en relación con la justicia. También refleja, por otra parte, el hecho de que cuando a la gente se le pregunta por la justicia, las personas asumen más una "perspectiva jurídica" que, en rigor, una referida a la administración de justicia.

En esa oportunidad, y posteriormente en los Consultorios Jurídicos Vecinales -entidades con las cuales trabajamos-, también se preguntó por los problemas de justicia más recurrentes, encontrándose que son aquellos relativos a los derechos económicos, sociales y culturales. Fundamentalmente son temas relacionados con el trabajo y las relaciones laborales, con el derecho, el acceso y la mantención de la vivienda, y todo lo que ello significa. Dentro de esto último se da, por ejemplo, el reconocimiento de los títulos de propiedad a las tierras. En un segundo orden de problemas recurrentes están los de familia: aquellos que tienen que ver con los alimentos, con las pensiones alimenticias, con la regularización de la situación de las personas y de las familias. Actualmente, el 42,4% de los niños que nacen en Chile, nacen fuera del matrimonio. De allí se originan problemas y discriminaciones que afectan sus derechos hereditarios en las posesiones efectivas. También son motivo del surgimiento de problemas de civilidad que tienen que ver con la falta de identidad -nacen los niños y las niñas, y no se inscriben, entonces hasta el momento que hay alguna presión social esos niños no tienen existencia legal. También se generan problemas de antecedentes, que tienen mucha relación con la historia más cercana del país, según la cual uno de cada tres chilenas y chilenos, mayores de 18 años, ha pasado más de una vez por las instancias policiales y judiciales- eran otros tiempos, no los tiempos de la transición a la democracia. También es posible constatar problemas de rectificación de las partidas de nacimiento y de matrimonio, como problemas de comercio, contratos, inicio de actividades, problemas vecinales y delictuales.

De estas constataciones podemos desprender, entonces, que la amplia mayoría de las personas ha tenido o tiene problemas de este tipo, es decir, problemas de justicia y problemas de derechos. Pero lo más importante es que la gran mayoría de esos problemas tienen que ver con la falta de conocimientos, y pueden, por lo tanto resolverse en instancias que no son necesariamente jurisdiccionales. Esto es, pueden resolverse en instancias prejudiciales, administrativas o de servicios dependientes de la justicia, pero que no ejercen directamente una acción jurisdiccional.

Un artículo del Código Civil chileno (8º) presume que la ley es conocida por todos, y establece su cumplimiento obligatorio, lo que resulta una afirmación casi universalmente utilizada. Preguntados los encuestados respecto del conocimiento que tenían de sus derecho, el resultado, tanto a nivel urbano como a nivel rural, estableció que el 87,8% de las personas declaró conocer muy poco sus derechos o simplemente desconocerlos. Además de ser una constatación muy dura, esto debería llevar a preguntarnos y a preguntarle al resto de la sociedad chilena: qué tipo de democracia estamos construyendo o estamos postulando.

Hay otra afirmación en nuestro ordenamiento jurídico, esta es de carácter constitucional, según la cual "la constitución asegura a todos los ciudadanos la asistencia jurídica gratuita". Para eso, el Estado ha puesto en marcha desde hace varios años una muy buena iniciativa que pretende asegurar el cumplimiento de esta norma. Se trata de las llamadas Corporaciones de Asistencia Judicial. Sin embargo, cuando se le preguntó a la gente si creía que podía conseguir abogados gratis, el 55,1% de la gente dijo que no lo creía. A aquellos que contestaron que sí -un 36,7%- se les preguntó dónde y la verdad es que -a excepción de una mención de escuelas de abogados y colegio de abogados (33,3%) que hace años dejó de existir como una instancia de asistencia gratuita- la mayoría de la gente se refirió a los municipios (22,2%) y organismos de asistencia jurídica privada (22,2%), como Organismos No Gubernamentales, Fundaciones y Corporaciones.

Al mismo tiempo, se preguntó sobre la atención profesional prestada por los abogados. La opinión fue negativa en la mayoría de los casos. Sobre la eventualidad de un abogado gratis, la mayoría de la gente se inclinó por estimar de que esta no sería suficiente. También se les consultó si creían o si encontraban legítimo recurrir a personas que no fueran abogados ni jueces. El 64% estimó posible la ayuda de alguien que no fuera abogado. Cuando se les pidió que especificaran a quiénes recurrirían, muchos se refirieron a asistentes sociales (21,1%) -se trata básicamente de profesionales que se encuentran a nivel de los Municipios-, a la policía o Carabineros (13,2%), y a los dirigentes vecinales y dirigentes comunitarios (13,2%). Fueron igualmente mencionados familiares o conocidos (34,2%). Por último, en la categoría otros, quienes aparecieron con mayores menciones fueron los profesores y los sacerdotes (18,4%). El sondeo de opinión también inquirió sobre las alternativas de cambio, consideradas las más necesarias, para mejorar la justicia en Chile. El resultado obtenido fue que la mayoría absoluta se inclinó por la alternativa de darle a conocer a la gente sus derechos (gráfico 1).

Gráfico 1
Alternativas de Cambio consideradas como más necesarias para mejorar la Justicia en Chile

(*) Se dieron tres alternativas posibles a seleccionar, por lo que resultan más de 100 respuestas. Fuente: "Justicia y Marginalidad: Percepción de los Pobres", Jorge Correa S.- Luis Barrios L., C.P.U.-DESUC-1993

LA MISION DE FORJA

A partir de estas primeras constataciones y en función de nuestra misión institucional, FORJA ha levantado tres hipótesis de trabajo, que se señalan a continuación:

El conocimiento y la difusión de los derechos. Nos referimos al conjunto de los derechos -los cuales fueron recurrentemente mencionados por la población-, esto es, a los civiles, los políticos, los económicos, los culturales y los sociales. Estos constituyen un objetivo principal para la justicia y la convivencia pacífica. También, dada las consecuencias del acceso y el ejercicio de esos derechos, constituyen un desafío para la superación de la pobreza y el desarrollo con equidad. Esto lo hemos diseñado en función de un triángulo, en el cual la base, que es al mismo tiempo nuestra principal actividad, es el conocimiento, el dar a conocer y difundir los derechos a la población.


El conocimiento y el ejercicio de derechos constituye ciudadanía. Según esto, las y los ciudadanos, en la medida que conocen el derecho, deben ser protagonistas principales, ya que están primeramente interesados en la convivencia pacífica, en el respeto de sus libertades y derechos en un régimen democrático. Hay que insistir, entonces, en que el conocimiento de los derechos y su ejercicio constituyen pilares fundamentales para nuestros objetivos.

La educación y la difusión de derechos constituye una tarea principal para los colaboradores de la justicia. Como bien lo siente la población, éstos no son solamente los abogados y los jueces, sino que también un conjunto de otras personas, sean o no funcionarios públicos, pero que en todo caso ejercen una actividad de interés público, la que puede ser educar, difundir, asesorar y ayudar a resolver los conflictos que tiene la gente. Así, entonces, dijimos que la acción de estos colaboradores de la justicia en educación y en difusión jurídica, llevan a la justicia y a la convivencia pacífica.

FORJA es, por lo tanto, la base, un instrumento. Desde Forja, en las acciones de elaboración y de educación jurídica, por un lado, y en las acciones de interés público, por el otro, que apuntan al protagonismo comunitario e institucional, vamos aportando y colaborando para la justicia, para el desarrollo y para la democracia. Es decir, estamos realizando un trabajo de fortalecimiento de la sociedad civil. En términos más orgánicos, FORJA opera como una Corporación sin fines de lucro, y cumplirá 10 años de existencia jurídica. En Forja trabajan 22 profesionales, la mayoría mujeres, los que aplican una política y una cultura de trabajo concertado y asociado con agentes y colaboradores de la justicia, ya sea del sector público como del privado. Además este trabajo se realiza con otras instituciones, a nivel nacional e internacional. Se tienen equipos y programas trabajando en regiones en áreas que se refieren a la justicia comunitaria y acciones de interés público, a la transparencia y la probidad, a la exigibilidad y fiscalización de derechos, además de estar presentes en el tema del protagonismo a nivel rural y agrícola.

ACCIONES COLABORATIVAS PARA EL
PROTAGONISMO CIUDADANO Y LA JUSTICIA PARA TODOS

FORJA significa "formación jurídica para la acción". No nos contentamos con la elaboración de materiales para solamente educar, sino que, también, nos proponemos como objetivo que esas acciones sean útiles. En este sentido se ha desarrollado un trabajo sistemático de elaboración de materiales de educación jurídica. Un primer gran material utilizado en el programa Acciones Ciudadanas por la Justicia y la Democracia, es un conjunto de siete cuadernos educativos. Es una propuesta pedagógica, con una metodología adecuada, para capacitar a líderes y lideranzas comunitarios en los temas justamente más relevantes para las personas, a los cuales hacíamos mención anteriormente. Cada uno de estos siete cuadernos se refiere y tiene propuestas, módulos y unidades educativas en las áreas de familia; ciudadanía y justicia comunitaria con resolución alternativa de conflictos, es decir mediación; laboral, en la previsión y seguridad social; en políticas y programas sociales a nivel municipal; bienes y propiedad, en el tema laboral y en herencia.

Este trabajo se hizo en una primera oportunidad en 1993 y se ha reeditado en tres oportunidades. Estos cuadernos se trabajan en un programa de 56 sesiones con líderes comunitarios, los que son seleccionados de acuerdo con criterios que aseguran que una vez que ellos alcanzan y cumplen los requisitos para la capacitación, obtienen el grado de Extensionistas Jurídicos. Durante el tiempo de capacitación constituyen una organización, la que al término del proceso -asesorada por los profesionales que los han capacitado- empieza a ejercer funciones de información de derechos, de orientación acerca de programas de orden socio-jurídico y de mediación de conflictos. También se explican los alcances de aquellas situaciones que no son susceptibles de su resolución por parte de estos colaboradores de justicia.

En este trabajo se ha contado con la colaboración de instituciones asociadas como la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, que es la máxima instancia de la sociedad civil en términos de superación de la pobreza. Y se ha recibido el importante apoyo de la Fundación Ford. Existen otros materiales para respaldar la acción de estos líderes comunitarios, cuando están en sus Consultorios Jurídicos Vecinales, tales como la "Guía para la acción de operadores de justicia con los sectores pobres". La elaboración de esta guía es el fruto de un trabajo muy prolijo de indagatoria y de fichaje. Son fichas que traen, cada una, nueve indicadores. Contemplan más de 400 situaciones socio-jurídicas en los distintos temas, presentadas en forma de fichas para el trabajo. Este material de apoyo a la acción de los Extensionistas Jurídicos tiene su validez y está sirviendo para el apoyo de otros colaboradores de justicia con los sectores pobres, básicamente los egresados de derecho que deben realizar sus prácticas profesionales en las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Otra iniciativa de FORJA es la referida a los derechos de la mujer y todo lo referente al enfoque de género, que también tiene toda una propuesta específica que es trabajada con organizaciones que se proponen la formación de liderazgo a nivel femenino, en las 13 regiones del país.

Otro trabajo interesante en la línea de la asistencia jurídica es un convenio con el Ministerio de Justicia y el FOSIS (esta última entidad está encargada de llevar adelante los programas y las iniciativas gubernamentales en el área de la pobreza). Se realizó una indagatoria en las 13 regiones del país, en orden a ver cuáles eran estos colaboradores de justicia y dio como primer resultado un Catastro Nacional de las instituciones que prestan asesoría jurídica gratuita a los sectores pobres. Son más de 200, muchas de ellas tienen filiales en las distintas regiones del país. Actualmente, se aspira concretar un segundo avance en este trabajo consistente en la convocatoria, capacitación y articulación de los más de 200 colaboradores y operadores de justicia institucionales, públicos y privados. El objetivo es realizar un taller en cada una de las 13 regiones y proyectar la presencia de cada uno de estos colaboradores, para que ellos se reconozcan y articulen en lo que sería una Red Nacional de Colaboradores de Justicia con Sectores Pobres en Chile.

REFLEXION FINAL

Lo jurídico y la justicia es más que lo restrictivamente jurisdiccional. A nivel de actores se ha podido constatar que como "colaboradores de justicia" pueden operar otras personas, aparte de los abogados y los jueces. En realidad, el acceso a la justicia es más que el acceso a los tribunales, es también, aunque no exclusivamente, una cuestión de inmediatez, un problema de territorialidad. Allí donde la gente vive su vida o trata de vivir su vida y tiene sus problemas socio-jurídicos, es donde la inmediatez de servicios y el acceso debieran asegurarse.

Lo jurídico es un problema de equidad, de conocimiento y de acceso a los derechos; es una cuestión de poder ejercer las libertades y los derechos que están consagrados en las leyes y, por tanto, es algo que interesa directamente a las personas que construyen los procesos democráticos. Lo jurídico, en esta concepción, es un asunto de interés público, de interés común y tiene que ver con la superación de la pobreza, una de las mayores lacras de nuestra sociedad. Lo jurídico tiene que ver, además, con el respeto, la autoestima, la capacidad de cada persona de ser ciudadano, de vivir y de incorporarse a un proyecto, que es el proyecto País.