SITUACIÓN EN HAITÍ

SITUACIÓN EN HAITÍ: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
CP/RES. 806 (1303/02) CORR. 1 Y AG/RES. 1831 (XXXI-O/01)

I. ANTECEDENTES

Desde agosto de 2000, la OEA ha venido tomando parte activa en las actividades tendientes a lograr la resolución de las dificultades emanadas de las elecciones legislativas y municipales realizadas en Haití el 21 de mayo de 2000. Desde ese entonces el Secretario General y el Secretario General Adjunto han llevado a cabo numerosas misiones en el curso de las cuales han logrado mediar en la realización de negociaciones cara a cara entre el Gobierno de Haití y los partidos políticos de oposición. Se logró completar casi totalmente un acuerdo inicial, pero el mismo sufrió reveses en dos oportunidades, debido a la violencia, los días 28 de julio y 17 de diciembre de 2001.

El 15 de enero de 2002 el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria para considerar la situación imperante en Haití tras un ataque armado al Palacio Nacional de Puerto Príncipe, en las primeras horas del día 17 de diciembre de 2001. En esa reunión el Consejo aprobó una resolución titulada “La situación en Haití”, publicada como CP/RES. 806 corr. 1, del 16 de enero. En ella se reiteran varios mandatos contenidos en la Resolución AG/RES. 1831 (XXXI-O/01). Además se dispone que el Secretario General y el Consejo Permanente adopten determinadas medidas específicas con respecto a Haití y den cuenta de las mismas a la Asamblea General en la medida en que sea pertinente.

El 3 de abril de 2002 el Secretario General presentó al Consejo Permanente el Primer informe provisional sobre el cumplimiento de la resolución CP/RES. 806, (CP/doc.3567/02), copia del cual se adjunta al presente documento como Anexo I. En el informe provisional se presenta la gama de actividades realizadas en los meses que precedieron al 3 de abril; dicho documento forma parte del informe dirigido al trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, conforme a lo dispuesto por la resolución CP/RES. 806.

Se presenta este informe, con sus Anexos, en cumplimiento de lo dispuesto a ese respecto por las resoluciones AG/RES. 1831 y CP/RES. 806.

II. LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LOS HECHOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2001

El 4 de abril el Secretario General nombró una Comisión Investigadora y le encomendó examinar los actos de violencia que tuvieron lugar en Haití el 17 de diciembre y presentar al propio Secretario General y a las autoridades haitianas recomendaciones basadas en los hechos comprobados por la Comisión. La Comisión está formada por tres juristas: Nicholas Liverpool, de Dominica, designado por la Comunidad del Caribe (CARICOM); Roberto Flores Bermúdez, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, y Alonso Gómez Robledo, profesor de Derecho Internacional, de México.

Tras las reuniones mantenidas en la sede de la OEA el 5 de abril, los Comisionados viajaron a Haití, donde permanecieron entre el 8 y el 21 de abril para la primera fase de su labor; en ese período celebraron audiencias en Puerto Príncipe y en las Provincias para recibir declaraciones de personas que habían sido afectadas por los hechos del 17 de diciembre. Los Comisionados regresaron a Haití el 13 de mayo para iniciar la segunda fase de su investigación. Según se prevé, concluirán su labor alrededor del 30 de junio de 2002.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión es la Dra. Bertha Santoscoy, en uso de licencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

III. CONSEJO CONSULTIVO DE INDEMNIZACIONES

El 13 de mayo el Secretario General anunció el establecimiento del Consejo Consultivo de Indemnizaciones, conforme a la resolución CP/RES. 806 (1303/02) corr. 1, a través de la cual el Consejo Permanente había exhortado al Gobierno de Haití a “…[proseguir] con diligencia todos los esfuerzos para restablecer el clima de seguridad que es condición necesaria para reanudar las negociaciones auspiciadas por la OEA”, lo que comprende, entre otras cosas “indemnizaciones de organizaciones y personas que sufrieron daños y perjuicios como resultado directo de los actos de violencia del 17 de diciembre de 2001”.

La estructura del Consejo es el fruto de un acuerdo entre el Secretario General y el Gobierno de Haití. El miembro del Consejo designado por el Gobierno es el Ministro de Obras Públicas, Sr. Harry Clinton, en tanto que el Secretario General designó al Sr. Fritz de Catalogne, Jefe de la Asociación de Compañías de Seguros de Haití, quien fue recomendado conjuntamente por instituciones del sector privado y por las instituciones religiosas de Haití. El Sr. Jean Michel Arrighi, Director del Departamento de Derecho Internacional de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, fue designado por el Secretario General como representante personal suyo en el Consejo.

El Consejo Consultivo comenzó su labor el 13 de mayo. En otras cosas, efectuará “una evaluación de todos los daños físicos, pérdida de vidas u otros daños físicos sufridos como consecuencia directa de la violencia del 17 de diciembre de 2001, la cual continuó durante varios días después" y realizará "un recuento de los daños materiales derivados del ataque al Palacio Nacional, el saqueo e incendio de la sede de los partidos políticos de la oposición, de las residencias privadas de los dirigentes de Convergencia Democrática, de los centros culturales y académicos, extranjeros o nacionales, en Port-au-Prince y en otras ciudades y localidades”.

El Consejo Consultivo de Indemnizaciones, cuyo mandato es presentar recomendaciones a la Comisión Interministerial constituida por el Gobierno de Haití a los efectos de conocer de las demandas y proceder a las indemnizaciones, inició inmediatamente sus labores. A los fines consultivos para los que fue constituida, el Consejo Consultivo de Indemnizaciones ha decidido establecer un marco de categorías de situaciones ocurridas, daños producidos y modalidades y procedimientos sumarios para la evaluación de los mismos de acuerdo con su naturaleza. Dicho marco general estará concluido en los próximos días.

Simultáneamente, el Consejo Consultivo de Indemnizaciones espera poder recibir la información que compete transmitir a las autoridades nacionales sobre las denuncias presentadas a fin de proceder al estudio de casos. Sin pretender agotar la estimación de todas ellas, establecerá parámetros que permitan a las instancias nacionales encargadas del pago de dichas indemnizaciones a las víctimas. Es deseo del Consejo Consultivo de Indemnizaciones poder presentar sus recomendaciones a la Comisión interministerial a la brevedad posible y que ello permita culminar rápidamente con el proceso de indemnización de los daños producidos y poder así resolver satisfactoriamente las reclamaciones.

IV. LA MISIÓN ESPECIAL DE LA OEA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN HAITÍ

El 4 de abril de 2002 el Secretario General anunció el nombramiento de David Lee, ex Coordinador Especial para Haití del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, como Jefe de la Misión Especial para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití, y del Embajador Denneth Modeste, Asesor del Secretario General Adjunto, como Subjefe de Misión. La Misión Especial comenzó a funcionar con la llegada a Haití del Subjefe de Misión, el 10 de abril, y del Jefe de Misión, el 20 de abril. Se adoptaron medidas para la obtención del personal administrativo y el respaldo logístico necesarios para facilitar la labor de la Misión. Además se procura identificar expertos para los cuatro ámbitos clave de la Misión Especial, a saber, seguridad, justicia, derechos humanos y gobernanza.

Desde su llegada, el Jefe y el Subjefe de Misión celebraron una serie de reuniones con el Representante Especial del Secretario General, Embajador Sergio Romero, altos funcionarios del Gobierno de Haití, la oposición política, los representantes del Grupo de Amigos del Secretario General para la cuestión de Haití, establecido en Puerto Príncipe, con la sociedad civil y con el sector privado, conforme a un programa de actividades.

El Jefe y el Subjefe de la Misión Especial se reunieron también con los principales organismos multilaterales y bilaterales (gubernamentales) de asistencia, para informarse sobre la labor que se estaba realizando en las esferas de trabajo relacionadas con el mandato de la Misión, y determinar los ámbitos y mecanismos de realización de una colaboración más eficaz.

En todas las reuniones, el enfoque de la Misión consistió en exponer las actividades que deben realizarse en el marco de la resolución CP/RES. 806, del 16 de enero de 2002. La exposición comprendió información sobre la Comisión Investigadora sobre los hechos de violencia ocurridos en Haití el 17 de diciembre de 2001 y días subsiguientes; el Consejo Consultivo de Indemnizaciones para las víctimas de la violencia; las negociaciones tendientes a resolver la crisis política provocada por el hecho de que las elecciones legislativas y municipales del 21 de mayo de 2000 no arrojaron resultados concluyentes; y el necesario seguimiento de las recomendaciones que debe efectuar la Comisión Investigadora de las disposiciones del Acuerdo Inicial al final de las negociaciones políticas.

La exposición se refirió también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual, conforme a lo previsto en la resolución CP/RES. 806, se ha solicitado que "realice una visita in situ a Haití”. La CIDH ha hecho saber que regresará a Haití a fines de mayo o principios de junio de 2002.

Dado el reducido número de miembros de la Misión Especial, es esencial que los haitianos se sientan identificados con ella y que la Misión eche firmes raíces en la Administración haitiana, lo que hace necesario contar con contrapartes. También es necesario crear alianzas con otros donantes que estén en condiciones de seguir acompañando a Haití tras la finalización de la Misión, teniendo cuidadosamente en cuenta qué organismo mantiene una presencia activa en cada campo. La Misión Especial se propone basarse en las realizaciones del pasado (por ejemplo, utilizando los informes pertinentes de MICAH y MICIVIH), y brindar continuidad para el futuro, a mediano y a más largo plazo.

El equipo de la Misión Especial, aun cuando en la actualidad cuenta con la mitad de su fuerza, continuará fortaleciéndose en forma selectiva y gradual y, si todo va bien, su labor, incluso cuando logre la mayor eficacia, no tendrá resultados espectaculares.

La Misión Especial tiene el cometido de establecer contactos y trabajar con un muy amplio espectro de protagonistas en Haití, dentro y fuera de la Administración. Estos contactos se están realizando y el Jefe de Misión espera crear relaciones productivas y basarse en su asesoramiento y asistencia para llevar a cabo la labor de la Misión.

Como los cuatro pilares principales de la labor de la Misión Especial están estrechamente interconectados, se está adoptando un enfoque flexible para la interrelación entre los sectores. De hecho, algunos temas abarcan diversos campos, como el de los derechos humanos, por lo cual se tratarán en conjunción con la CIDH, teniendo en cuenta que en la resolución CP/RES. 806 se hace hincapié en el cometido de la Misión Especial de controlar e informar en la esfera de los derechos humanos.

Como es evidente, una de las principales prioridades –por lo menos a corto plazo– será la de la seguridad. La mayoría de los interlocutores plantearon varios temas y motivos de preocupación referentes al problema de la seguridad en el país, que abarcan los cuatro pilares de la labor de la Misión, incluido el incremento del número de bandas armadas y el armamento que poseen estas últimas, el hecho de que el Gobierno no respete las conclusiones y sentencias de los tribunales de justicia, así como los arrestos y detenciones arbitrarios, determinados por motivos políticos. La oposición política y las organizaciones de la sociedad civil han expresado el temor de que si no se consideran seriamente esos temas se dificultará la búsqueda de una solución de consenso frente a la actual crisis política.

Aparte de la importancia intrínseca que, por muchas y notorias razones, posee la cuestión de la seguridad en Haití, el tema resulta especialmente importante en el actual contexto político, tras los hechos del 17 de diciembre de 2001 y otros, y en virtud de las renovadas negociaciones políticas en perspectiva en las dos primeras semanas de junio de 2002. No obstante, aunque la Misión Especial podrá colaborar con otras instituciones internacionales que actúan en los tres pilares restantes, en la esfera de la seguridad son pocos los actores internacionales que permanecen en Haití, lo que obligará a la Misión Especial, en el marco de sus limitados recursos, a asumir más arduas responsabilidades.

Todos los interlocutores consideran que el enfoque basado en los mecanismos de contrapartes y alianzas para la ejecución del componente de la Misión Especial de la resolución CP/RES. 806 es eficaz y cabe esperar que genere resultados tangibles. A la Misión le resulta también alentador el hecho de que todos los interlocutores han ofrecido colaboración, por lo cual ha venido realizando el seguimiento del tema con detalles sobre la práctica.

La Misión se ha estado reuniendo con otros sectores de la sociedad haitiana, incluida la asociación de periodistas, entidades de promoción de los derechos humanos y el Colegio de Abogados de Haití y planea continuar haciendo durante las próximas semanas. Se ha hecho hincapié en la necesidad de colaboración con instituciones locales de ese género para potenciar los recursos y brindar continuidad, que es uno de los principales objetivos de la Misión Especial.

Al mismo tiempo, la Misión Especial ha hecho hincapié en que el éxito de su labor se verá afectado también notablemente por la evolución de las negociaciones políticas.

V. REUNIÓN DEL 10 DE MAYO CON EL PRESIDENTE ARISTIDE

El Secretario General Adjunto aprovechó la presencia del Presidente Aristide en Nueva York para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia para reunirse con él, el 10 de mayo. El Presidente fue acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Philippe Antonio y el Embajador Representante Permanente ante las Naciones Unidas, Dr. Jean Alexandre. El Secretario General Adjunto, que fue acompañado por su Jefa de Gabinete, señora Sandra Honoré, aprovechó la oportunidad que ofrecía ese foro neutral para pasar revista al estado de los esfuerzos realizados por la Organización y para examinar perspectivas de resolución de la crisis política.

El Secretario General Adjunto hizo hincapié, ante el Presidente, en que a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes de la Organización les preocupa cada vez más la necesidad de completar la negociación con la oposición de modo de garantizar un proceso electoral libre y de puntual realización.

VI. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN – VISITA A HAITÍ DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Y DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE SANTA LUCÍA, JULIAN HUNTE, DEL 12 AL 15 DE MAYO

El Secretario General Adjunto y el Ministro de Relaciones Exteriores de Santa Lucía, actual Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias de la CARICOM (COFCOR), Excelentísimo señor Senador Julian R. Hunte, viajaron a Haití, donde permanecieron entre el 12 y el 15 de mayo, procurando reducir las diferencias que siguen impidiendo un acuerdo electoral entre el Gobierno y los partidos políticos de oposición en ese país.

El Secretario General César Gaviria indicó, antes de esa visita, que la misma resulta especialmente importante teniendo en cuenta que el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General se realizará en Barbados en junio de 2002. Durante su estadía en Puerto Príncipe, el equipo se reunió con autoridades del Gobierno haitiano, incluidos el Presidente, el Primer Ministro y el Ministro de Relaciones Exteriores; con la organización opositora Convergencia Democrática, con entidades de la sociedad civil y con la Iglesia. Aprovechó la oportunidad para ponerse al tanto de la situación imperante y evaluar la labor inicial de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití.

El Secretario General Adjunto y el Ministro de Relaciones Exteriores quedaron muy impresionados por la preocupación manifestada por la oposición y las entidades de la sociedad civil acerca de las deficientes condiciones de seguridad. Reconocieron la validez de muchas de estas preocupaciones. Asimismo, observaron que éstas debían ser abordadas en las negociaciones y no constituir requisitos previos para las conversaciones. Al tratar cuestiones conexas, la Misión OEA-CARICOM aprovechó la oportunidad para informarse sobre la labor de la Comisión Investigadora tripartita en relación con la violencia del 17 de diciembre de 2001 y participó en la puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo de Indemnizaciones, el 13 de mayo de 2002, conforme a lo anteriormente expuesto en este documento.

La solidez de la cooperación entre los líderes de la OEA-CARICOM y los de la comunidad internacional fue evidente en las dos prolongadas sesiones de trabajo que mantuvieron con los embajadores y representantes del Grupo de Amigos del Secretario General para la cuestión de Haití en Port-au-Prince y en Washington.

VII. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Los cuatro procesos en los que ahora toma parte la OEA en Haití --la Misión Especial, la Comisión Investigadora, el Consejo Consultivo de Indemnizaciones y la labor de respaldo para el diálogo político-- requerirán considerables recursos. Tras una comunicación enviada el 19 de febrero de 2002 a Embajadores, Representantes Permanentes, instituciones financieras internacionales y organismos internacionales, el Secretario General y el Secretario General Adjunto hicieron un llamamiento conjunto, el 11 de abril, a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros y Observadores Permanentes, y a las autoridades de las instituciones y de los organismos antes mencionados en procura de contribuciones que permitan a la Organización cubrir los costos que deberán financiarse. El Secretario General agradece el respaldo y las contribuciones que se reflejan en el cuadro adjunto (Anexo II).

No obstante, subsiste una brecha considerable entre las contribuciones recibidas y el costo real de la labor, que proseguirá durante algún tiempo. Tan sólo el moderado costo de la Misión Especial es del orden de los US$3 millones, en tanto que el de la Comisión Investigadora y el del Consejo Consultivo de Indemnizaciones equivale, en cifras agregadas, a aproximadamente US$150.000. El monto de las contribuciones en efectivo recibidas al 17 de mayo de 2002 asciende a US$698.357.

La resolución 806 estableció para la Misión Especial objetivos ambiciosos, con un presupuesto reducido que no comprende fondos para programas. La OEA está realizando consultas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y otros organismos sobre colaboración para la realización del mandato de la Misión Especial. El BID se ha ofrecido para brindar respaldo técnico a través de su Representación en Port-au-Prince, en tanto que el Banco Mundial ha examinado la posibilidad de brindar respaldo para la labor de la Misión Especial en el rubro gobernanza.

El Secretario General y el Secretario General Adjunto aprovechan la oportunidad que ofrece este informe para agradecer a los Estados Miembros, a los Observadores Permanentes y a los organismos internacionales por su apoyo y para reiterar su llamamiento de que proporcionen contribuciones para la labor que realiza la OEA en Haití.

VIII. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

La labor de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití ha venido realizándose en forma cuidadosa y segura. A la fecha de preparación del presente informe la Misión Especial ha dado forma final a los acuerdos de obtención de espacio de oficinas, que espera ocupar alrededor de fines de mayo. Habiendo obtenido el personal administrativo y el respaldo logístico inicial necesarios, la Misión Especial puede ahora dedicarse a desarrollar y ejecutar sus programas de trabajo con las contrapartes haitianas y colaboradores internacionales y contratar y poner en acción expertos adicionales para los cuatro ámbitos clave de su mandato, si los recursos lo permiten.

Análogamente, la Comisión Investigadora sigue llevando adelante su investigación sobre los hechos del 17 de diciembre de 2001 y está realizando serios esfuerzos para concluir su labor e informar al Presidente de Haití y al Secretario General a más tardar el 30 de junio de 2002.

El Consejo Consultivo de Indemnizaciones complementará la labor realizada por la Comisión Investigadora, y cabe esperar que sus recomendaciones, una vez acogidas, ayuden a sentar las bases de la reconciliación entre los diferentes sectores afectados por los hechos del 17 de diciembre de 2001.

La OEA sigue aprovechando su estrecha colaboración con la CARICOM, manifestada en el renovado esfuerzo del Secretario General Adjunto y del Ministro de Relaciones Exteriores de Santa Lucía de facilitar la reanudación de las negociaciones para un acuerdo electoral (político) inicial entre el Gobierno y los partidos políticos de oposición en Haití.

Quizá lo más importante sea que los crecientes esfuerzos de la Secretaría General de la OEA en Haití desde la adopción de la resolución CP/RES. 806 el 16 de enero han sido reciprocados cooperativamente por el Gobierno de Haití. Conforme al acuerdo del 1 de marzo de 2002 entre la OEA y el Gobierno de Haití, las actividades de la Organización en Haití se están llevando a cabo en el marco de las leyes haitianas y están recibiendo pleno respaldo de las autoridades del país. Es de esperar que la mayor previsibilidad y confianza que está surgiendo de esa relación se sienta pronto en el entorno de las negociaciones que se llevan a cabo entre el gobierno y las fuerzas de la oposición.

En el punto 7 de la resolución CP/RES. 806 se exhorta “al Gobierno de Haití y a todos los partidos políticos a que, con apoyo de la sociedad civil y otras instituciones pertinentes de Haití, reanuden como cuestión de urgencia las negociaciones auspiciadas por la OEA tan pronto las condiciones lo permitan, con miras a lograr un acuerdo para resolver la crisis política en Haití”.

El Secretario General y el Secretario General Adjunto concluyen que el progreso registrado en abordar las causas y consecuencias de la violencia del 17 de diciembre de 2001 y establecer la Misión Especial determinan que la pronta conclusión del acuerdo negociado sobre las elecciones –de conformidad con lo estipulado en el Proyecto de Acuerdo Inicial del 15 de julio de 2001 y propuesto en los elementos de un compromiso el 5 y 11 de diciembre de 2001– constituya hoy la contribución más importante para lograr progreso esencial en Haití, ya sea para mejorar el clima de seguridad o normalizar las relaciones del país con las instituciones financieras internacionales. El Secretario General y el Secretario General Adjunto exhortan al Gobierno de Haití y a todos los haitianos a hacer que esto sea posible sin más demoras.