Aparentemente, las familias en los países industrializados dan mucha importancia a los servicios de atención al niño, los cuales se estima cuestan entre un cuarto y la mitad del salario de la madre. Aunque la porción relativa de las contribuciones públicas y privadas varían en Bélgica, Dinamarca, Italia y Japón, Psacharopoulos (1982) encontró que en estos países ambas contribuciones han aumentado lentamente a través del tiempo.

Fondos públicos y compartidos

Muchos países en desarrollo dan un subsidio importante a los servicios de atención al niño, asegurándose de que estos servicios estén disponibles para familias pobres, las cuales gastan la mayor parte de sus ingresos en comida, casa y transporte. Por ejemplo, el gobierno de Colombia financia el 85% de los costos de los Programas Hogares Comunitarios de Bienestar, básicamente a través de un impuesto a los ingresos del 2% implementado en 1974 y que subió al 3% en 1988.

La mayoría de los gobiernos nacionales comparten el costo de los programas para la infancia temprana con gobiernos locales y con los beneficiarios de los programas. El gobierno central de Kenya, por ejemplo, financia la capacitación del personal para los centros mientras las autoridades locales proporcionan y mantienen los sitios de los programas preescolares. El gobierno de la India paga todo con excepción de la alimentación complementaria, la cual es financiada por los estados. En una iniciativa audaz, el gobernador de Santa Catarina en Brasil asumió la total responsabilidad por los programas para niños y combinó las contribuciones recibidas de cada departamento del gobierno para establecer un presupuesto intersectorial de ayuda a los niños (Myers 1995).

Generalmente son los padres quienes pagan los salarios del personal en los centros. Así, los padres colombianos pagan la mitad de los honorarios y de las contribuciones al seguro social del personal. Además, el gobierno de Colombia también financia préstamos para ayudar a mejorar las casas de las madres que manejan hogares comunitarios (guarderías). Hasta hace poco, las asociaciones de padres eran responsables por los incumplimientos en el pago de los préstamos, pero dado el alto índice de incumplimiento el gobierno introdujo una política que hace a las madres que manejan los programas preescolares responsables por estos pagos en caso de que dejen el programa.

Cuota para los usuarios

Un buen número de países ha instituido cuotas para los usuarios las cuales financian parte de los programas para la infancia temprana. Los padres que participan en el Proyecto Comunal Colombiano de Atención y Nutrición del Niño, por ejemplo, contribuyen siguiendo una escala de acuerdo al ingreso familiar. En el caso del Proyecto de Desarrollo Integral del Niño en Bolivia, los padres pagan una cuota mensual fija equivalente a US$ 2.50 (precios para 1993) por el primer hijo y una cuota adicional menor por cada hijo matriculado.

Esquemas de financiamiento innovadores

Tailandia ha puesto en práctica un esquema de financiamiento en el cual los préstamos pagados a los fondos de la población (financiados por el Fondo de Niños Cristianos) son concentrados en un fondo capital para apoyar continuamente a los programas de desarrollo de la infancia temprana en la comunidad.

En Mauritania el gobierno ha creado el fondo de bienestar de la Zona de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) como una concesión para los trabajadores de la ZPE, los cuales representan el 20% de la mano de obra del país, y no se benefician de las regulaciones laborales más ventajosas que rigen fuera de esta zona. El fondo, creado para financiar los servicios sociales de los trabajadores de la ZPE y sus hijos, deriva sus rentas de un sistema tripartito de pagos mensuales del estado, empleados y empleadores. El fondo de servicio social de la ZPE otorga contribuciones a organizaciones no-gubernamentales para crear o para continuar programas de atención al niño, y subsidia las cuotas preescolares de los hijos de los trabajadores de la ZPE. En este sistema de financiamiento tripartito, el gobierno contribuye con un 10% de las rentas del fondo de servicio social de la ZPE.