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Aparentemente,
las familias en los países industrializados dan mucha
importancia a los servicios de atención al niño, los cuales se
estima cuestan entre un cuarto y la mitad del salario de la
madre. Aunque la porción relativa de las contribuciones públicas
y privadas varían en Bélgica, Dinamarca, Italia y Japón,
Psacharopoulos (1982) encontró que en estos países ambas
contribuciones han aumentado lentamente a través del tiempo.
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Fondos
públicos y compartidos. Muchos países en desarrollo
dan un subsidio importante a los servicios de atención al
niño, asegurándose de que estos servicios estén
disponibles para familias pobres, las cuales gastan la mayor
parte de sus ingresos en comida, casa y transporte.
Por ejemplo, el gobierno de Colombia financia el 85% de los
costos de los Programas Hogares Comunitarios de Bienestar, básicamente
a través de un impuesto a los ingresos del 2% implementado
en 1974 y que subió al 3% en 1988.
La
mayoría de los gobiernos nacionales comparten el costo de los
programas para la infancia temprana con gobiernos locales y
con los beneficiarios de los programas. El gobierno
central de Kenya, por ejemplo, financia la capacitación del
personal para los centros mientras las autoridades locales
proporcionan y mantienen los sitios de los programas
preescolares. El gobierno de la India paga todo con
excepción de la alimentación complementaria, la cual es
financiada por los estados. En una iniciativa audaz, el
gobernador de Santa Catarina en Brasil asumió la total
responsabilidad por los programas para niños y combinó las
contribuciones recibidas de cada departamento del gobierno
para establecer un presupuesto intersectorial de ayuda a los
niños (Myers 1995).
Generalmente
son los padres quienes pagan los salarios del personal en los
centros. Así, los padres colombianos pagan la mitad de
los honorarios y de las contribuciones al seguro social del
personal. Además, el gobierno de Colombia también
financia préstamos para ayudar a mejorar las casas de las
madres que manejan hogares comunitarios (guarderías).
Hasta hace poco, las asociaciones de padres eran responsables
por los incumplimientos en el pago de los préstamos, pero
dado el alto índice de incumplimiento el gobierno introdujo
una política que hace a las madres que manejan los programas
preescolares responsables por estos pagos en caso de que dejen
el programa.
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Cuota
para los usuarios. Un buen número de países ha
instituido cuotas para los usuarios las cuales financian
parte de los programas para la infancia temprana. Los
padres que participan en el Proyecto Comunal Colombiano de
Atención y Nutrición del Niño, por ejemplo, contribuyen
siguiendo una escala de acuerdo al ingreso familiar.
En el caso del Proyecto de Desarrollo
Integral del Niño en Bolivia, los padres pagan una cuota
mensual fija equivalente a US$ 2.50 (precios para 1993) por
el primer hijo y una cuota adicional menor por cada hijo
matriculado.
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Esquemas
de financiamiento innovadores. Tailandia ha puesto en
práctica un esquema de financiamiento en el cual los préstamos
pagados a los fondos de la población (financiados por el
Fondo de Niños Cristianos) son concentrados en un fondo
capital para apoyar continuamente a los programas de
desarrollo de la infancia temprana en la comunidad.
En
Mauritania el gobierno ha creado el fondo de bienestar de la
Zona de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) como una concesión
para los trabajadores de la ZPE, los cuales representan el 20%
de la mano de obra del país, y no se benefician de las
regulaciones laborales más ventajosas que rigen fuera de esta
zona. El fondo, creado para financiar los servicios
sociales de los trabajadores de la ZPE y sus hijos, deriva sus
rentas de un sistema tripartito de pagos mensuales del estado,
empleados y empleadores. El fondo de servicio social de
la ZPE otorga contribuciones a organizaciones no-gubernamentales
para crear o para continuar programas de atención
al niño, y subsidia las cuotas preescolares de los hijos de
los trabajadores de la ZPE. En este sistema de
financiamiento tripartito, el gobierno contribuye con un 10%
de las rentas del fondo de servicio social de la ZPE.
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