Indice de Sentencias

 

Sentencia No. 79

 

Recurso No. 115

Alberto Cheng Hurtado vs. Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

 

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

Integrado por Alejandro Tinoco, Presidente; Humberto García Ortiz, Juez, y Coqueijo Costa, Juez,

Tiene a la vista para dictar sentencia el expediente que corresponde al recurso interpuesto por el señor Alberto Cheng Hurtado en contra del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

El recurrente compareció personalmente y el Secretario General estuvo representado por el abogado José D. Acosta, de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Tribunal.

RESULTA:

        I. Con fecha 1º de diciembre de 1982 se recibió por correo el recurso que autoriza el Estatuto del Tribunal Administrativo, en contra del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. El recurrente expresó:

        Que el recurso se interpone para que se deje sin efecto la decisión del Secretario General de dar por terminada su relación de trabajo y para que lo reincorpore al servicio reconociéndole sus derechos y beneficios como funcionario permanente o, en su defecto, lo indemnice.

        Que fue contratado el 27 de marzo de 1963, con el cargo de profesor, para trabajar en el proyecto 108 del Programa de Cooperación Técnica de la Secretaría General, con sede en Bolivia. Que desde entonces ha trabajado en forma ininterrumpida en su condición de antropólogo social en diversos programas y proyectos de desarrollo en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

        Que en 1980 el Departamento de Desarrollo Social, Alimentos y Recursos Humanos creó el Proyecto Regional Interamericano de Capacitación para el Desarrollo Rural --Centro de Investigación, Capacitación y Extensión en Asentamientos Rurales (CICEAR)--, en acuerdo con la Universidad Nacional Agraria de Lima, Perú, y encargó al recurrente el diseño, la organización y la coordinación del mencionado proyecto regional.

        Que a fines de 1981 el recurrente recibió los telexes Nos. 968, 364 y 60 con los cuales, de manera confusa, arbitraria e inusualmente desacomedida, se pretendió dar por terminada su relación de trabajo, a pesar de que por entonces el proyecto empezaba su fase inicial y el Gobierno de Perú había expresado su máximo interés en la continuación del mismo durante el siguiente bienio, obteniendo la correspondiente aprobación por parte de la Secretaría General.

        Que con posterioridad sólo ha recibido, con relación a su situación administrativa, la hoja No. 2241 del Plan de Jubilaciones y Pensiones y algunos encargos de trabajo, pero que no ha recibido ninguna liquidación del cargo ni del proyecto ni sobre su situación y sus derechos sociales.

        Que en septiembre de 1981 se le comunicó que sería propuesto como candidato a una plaza vacante en el Centro Interamericano de Desarrollo Social (CIDES), con sede en Buenos Aires, sin que se le haya comunicado los resultados de la candidatura.

        Que ha dirigido varias comunicaciones a la Sede manifestando oposición a las decisiones contenidas en los telexes mencionados sin haber obtenido respuesta alguna.

        Que el 12 de marzo de 1982 se dirigió al Secretario General haciendo reserva del derecho a pedir rectificación de la liquidación, aunque nunca le ha sido hecha, declarando no haber renunciado y haciendo también reserva de los derechos referentes a la paridad de sueldos con las Naciones Unidas. Que asimismo le solicitó su intervención a fin de ser considerado como funcionario permanente, su reincorporación al servicio y que se le pagaran los sueldos no percibidos.

        Que el 20 de septiembre de 1982, luego de varias comunicaciones sin respuesta a las que se refiere, se dirigió por télex al señor Alberto Salem, Director de la Oficina de Personal, designando al señor Hugo Valverde, Presidente de la Asociación del Personal, su representante para que trasmitiera solicitud de audiencia al Secretario General a fin de considerar las reclamaciones.

        Que el 30 de junio de 1982 se dirigió al Tribunal Administrativo y que en respuesta a su carta, con fecha 28 de septiembre de 1982 el Secretario del Tribunal le manifestó que se ajustara al artículo 9 del Reglamento del Tribunal y le remitió una copia de dicho Reglamento.

        Que pide al Tribunal:

        Que se deje sin efecto la decisión de la Secretaría General de dar por terminada la relación de trabajo.

        Que se ordene al Secretario General reconocer al recurrente la condición de funcionario permanente con antigüedad computable desde el 10 de abril de 1963, con los beneficios y prerrogativas inherentes a tal condición.

        Que se le reincorpore en la misma posición que tenía al 31 de diciembre de 1981 y se le reembolsen sus haberes no percibidos desde esa fecha.

        Que en caso que la Secretaría General no acceda a la reincorporación, se le pague indemnización en concepto de sueldos, vacaciones no tomadas, paridad con los sueldos de Naciones Unidas y otros.

        II. En su contestación al recurso, el abogado del Secretario General manifestó:

        Que el recurso es improcedente por haber sido presentado trece meses después de la decisión que el recurrente impugna y por consiguiente fuera del plazo de ciento veinte días que establece el artículo VI, 2, del Estatuto del Tribunal.

        Que la decisión impugnada es una comunicación de cortesía referente a la inminente expiración del contrato de empleo, pues, de acuerdo con la regla 110.2 (a) del Reglamento de Personal tal comunicación es innecesaria e inoperante debido a que la extinción de su contrato se produjo de pleno derecho por vencimiento del término.

        Que la comunicación no afecta las condiciones del respectivo contrato ni constituye infracción de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General como requiere el artículo II.1 para fijar la competencia del Tribunal, pues se limita a informar al recurrente de la fecha de extinción de su contrato, de conformidad con la regla 104.5 (b) (ii).

        Que por tales razones pide que como cuestión de previo y especial pronunciamiento el recurso se declare inadmisible por prescripción de la acción.

        Que la oficina o dependencia de la que el recurrente señala formaba parte ya no existe, pues ese departamento y el área programática donde él se desempeñaba fueron eliminados por el Secretario General en cumplimiento del mandato sobre reordenamiento de la Secretaría General dispuesto por resolución AG/RES. 561 (XI-0/81) de la Asamblea General.

        Que niega que la relación de empleo se haya iniciado el 27 de marzo de 1963 y que haya sido ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 1981.

        Que niega que la relación de empleo siempre haya sido la de un contrato a término fijo.

        Que si bien la denominación del empleo del recurrente ha sido la de "especialista principal", nunca ha incluido la denominación de "coordinador del Proyecto Regional Interamericano de Cooperación para el Desarrollo Rural". Que la experiencia que trajo el recurrente a la Secretaría General es en "desarrollo de la comunidad", tal como él lo señala en su solicitud de empleo, y que, por consiguiente, ésa es la única denominación de funciones que puede aceptar el abogado del Secretario General.

        Que niega que la relación de empleo se haya dado por terminada por un acto de la Secretaría General que infringe derechos laborales del recurrente.

        Que durante la vigencia del último de los contratos, del 1º de julio de 1972 al 30 de junio de 1974, se produjo una interrupción material en los servicios del recurrente con motivo de una licencia sin sueldo que el recurrente solicitó y le fue concedida, del 1º de noviembre de l972 al 30 de junio de 1973.

        Que extinguida la relación contractual de consultor regional en desarrollo de la comunidad en el área andina el 30 de junio de l976, por vencimiento del término, el recurrente fue contratado nuevamente, esta vez mediante un contrato a término fijo de dos años, inicialmente en Perú pero con traslado casi inmediato a Ecuador para el cumplimiento de una misión de asistencia técnica ante la Dirección de Promoción y Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de este país.

        Que el Gobierno de Ecuador solicitó que el proyecto que había cumplido el recurrente fuese ampliado al segundo año del bienio 1976/1977, lo que produjo como resultado un nuevo contrato a término fijo por un año, el que fue prorrogado hasta su extinción el 31 de diciembre de l979.

        Que el recurrente no ha prestado servicios a la Secretaría General desde el 27 de marzo de 1963, pues su primer empleo se inició el 10 de abril de 1963.

        Que el recurrente no ha prestado servicios ininterrumpidos a la Secretaría General, pues tales servicios se interrumpieron desde el punto de vista del objeto del contrato en cinco ocasiones y desde el punto de vista jurídico-formal en innumerables oportunidades, y que, por consiguiente, sus servicios se han prestado bajo varios contratos por tiempo determinado hasta 1974 y bajo varios contratos a término fijo con posterioridad a esa fecha.

        Que desde el punto de vista jurídico sustantivo es evidente que la relación laboral no ha sido la misma, y que en ella han tenido lugar interrupciones tanto materiales como jurídicas.

        Que en todos los casos la materia objeto del contrato ha sido diferente, se ha referido a un programa o proyecto específico distinto, ha quedado plenamente justificada en la contratación y ha consistido en la prestación, en el terreno, de servicios de cooperación para el desarrollo por medio de misiones de asistencia técnica o actividades de adiestramiento, cumplidas a nivel regional o nacional.

        Que los artículos 16 (a) y 17 (b) invocados por el recurrente no son aplicables, pues ambos se refieren a los miembros del servicio de carrera del que él nunca ha sido miembro porque no ha cumplido con los requisitos de ingreso, ni ha ocupado puesto aprobado en el presupuesto regular ni cumplido funciones de carácter permanente.

        Que el recurrente siempre ha mantenido relaciones de empleo por tiempo determinado o por término fijo, para cumplir funciones en programas o proyectos específicos claramente justificados, consistentes en la prestación, con cargo a los fondos voluntarios, de servicios directos de cooperación para el desarrollo en el terreno.

        Que en necesaria congruencia con el artículo 16 de las Normas Generales, los párrafos (b) y (c) de la regla 104.5 confirman que el recurrente nunca ha sido nombrado por el Secretario General para ocupar un cargo permanente y las estipulaciones de sus contratos de empleo, por tiempo determinado primero y a término fijo después, se han ajustado a lo dispuesto por las normas en vigor.

        Que el caso de la sentencia No. 27 se caracteriza por una serie de contratos a término fijo, para prestar servicios, de manera ininterrumpida, en la Sede de la Secretaría General, consistentes en funciones de apoyo general no vinculadas a un programa o proyecto específico. Que en cambio, en el caso de autos se ha producido interrupción de hecho y de derecho en la prestación de servicios que han consistido siempre en servicios directos de cooperación para el desarrollo fuera de la Sede y vinculados con un programa o proyecto específico.

        III. El recurrente y el representante del Secretario General presentaron, respectivamente, las observaciones y los comentarios a que alude el artículo 13 del Reglamento del Tribunal en tiempo y forma.

        IV. Una vez señalada por el Presidente la fecha de iniciación del vigesimotercer período de sesiones fueron tomadas las disposiciones pertinentes y el Tribunal quedó integrado por José Eugenio Jacquet, Vicepresidente, en funciones de Presidente, Alejandro Tinoco y Humberto García Ortiz; se reunió oportunamente, deliberó sobre el caso sub judice y a solicitud del recurrente se pospuso para el vigesimocuarto período de sesiones la consideración del caso.

        V. Una vez señalada por el Presidente la fecha de iniciación del vigesimocuarto período de sesiones fueron tomadas las disposiciones pertinentes y el Tribunal quedó integrado por Alejandro Tinoco, Presidente, Humberto García Ortiz y Carlos Coqueijo Costa; se reunió oportunamente, deliberó sobre el caso sub judice y de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento, se designó ponente para redactar el proyecto de sentencia correspondiente.

        Después del examen de lo actuado, el Tribunal pasa a

CONSIDERAR:

        1. Competencia del Tribunal

        Que es competente para conocer del presente recurso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo II del Estatuto del Tribunal Administrativo.

        2. El acto recurrido

        De conformidad con lo expresado por el recurrente pareciera deducirse que la decisión definitiva del Secretario General que es objeto de impugnación y a la cual se hace referencia en el numeral 2 del artículo VI del Estatuto del Tribunal, es el télex No. 60 del 3 de febrero de 1982 en el cual, según expresa el recurrente, se le excluye de los beneficios del télex No. 364 y se le comunica descontinuar su asistencia a la Oficina.

        Por otra parte, el representante del Secretario General alega en su exposición que la resolución impugnada está establecida en el télex No. 968 del 2 de noviembre de 1981.

        El Tribunal observa que los lapsos establecidos en el Estatuto obedecen al principio legal de que las presuntas partes litigantes no pueden quedar a merced de una eventual acción por tiempo indefinido en virtud de la inseguridad jurídica que ello implicaría y que por tal motivo los procedimientos establecen lapsos de naturaleza preclusiva dentro de los cuales deben intentarse las acciones o recursos, bajo pena de que tales presuntos derechos pierdan eficacia por haberse dejado inactivos.

        El Tribunal ha constatado en el presente recurso ya sea que se considere como decisión impugnada la contenida en el télex del 2 de noviembre de 1981 o la contenida en el télex del 2 de febrero de 1982, y puesto que el procedimiento comenzó el 30 de junio de 1982, puede claramente constatarse que el recurso fue intentado en una fecha posterior a los 120 días aludidos en el artículo VI del Estatuto del Tribunal y en consecuencia ha sido intentado extemporáneamente.

        Por las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 2 y 7 de su Estatuto, el Tribunal por unanimidad de votos,

RESUELVE:

        1. Declarar que la solicitud del señor Alberto Cheng en contra del Secretario General es extemporánea y por consiguiente el Tribunal no puede entrar a considerar los ulteriores alegatos a que se refiere el aludido recurso.

        2. El Tribunal impone al recurrente el pago de costas por considerar que el recurso fue intentado temerariamente pues era obvio que los lapsos indicados habían transcurrido a la fecha en que comenzó el procedimiento.

        3. Se fija en la suma de $500.00 dólares el monto de las costas a las cuales es condenado el recurrente.

 

Notifíquese.

Washington, D.C., 22 de junio de 1984

 

Alejandro Tinoco / Presidente

Humberto García Ortiz / Juez

Coqueijo Costa / Juez

Domingo E. Acevedo / Secretario

OEA/Ser. R

TRIBAD/242

19 junio 1984

Original: español