Indice de Sentencias

 

Sentencia No. 21

 

Recurso No. 31

Enrique Méndez vs. Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

 

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

Integrado por Juan Bautista Climent Beltrán, Presidente, Alejandro Tinoco y Carlos A. Pigretti,

Tiene a la vista para dictar sentencia el expediente que corresponde al recurso interpuesto por el señor Enrique Méndez en contra del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

El recurrente actuó por sí mismo y el Secretario General estuvo representado por el Abogado David Padilla, Abogado del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Organización, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento del Tribunal.

RESULTA:

    1.    Que el señor Méndez recurre de la decisión adoptada por el Secretario General de la Organización con fecha 1º de noviembre de 1975 con respecto a la transferencia de su cargo y cambio de funciones, del Departamento de Información Pública al Departamento de Publicaciones, por considerar que dicha medida no se ajusta a las normas que rigen esa materia dentro de la Secretaría General.

    Para fundamentar su recurso manifestó:

    Que ha prestado servicios en el Departamento de Información Pública desde enero de 1956 en el cargo de Editor en Español de la División de Prensa. Que desde el 1º de noviembre de 1975 se encuentra trabajando como Editor Principal de la División Editorial del Departamento de Publicaciones. Que con anterioridad a su traslado la Secretaría paulatinamente le fue reduciendo las funciones que le correspondían de acuerdo con la descripción de funciones del cargo que ocupaba en el Departamento de Información Pública.

    Que aprovechando que se hallaba ausente en uso de sus vacaciones anuales, el 1º de noviembre de 1975, sin habérsele consultado, fue trasladado al Departamento de Publicaciones.

    Que las funciones contenidas en su nueva descripción de tareas son sumamente reducidas y que su trabajo requiere revisión por parte de su señora esposa que presta servicios en otra oficina de la Secretaría General y tiene una clasificación inferior a la del recurrente. Que además, el trabajo es completamente diferente y que las funciones del cargo al cual se le trasladó en noviembre de 1975 corresponden a una clasificación equivalente a P-2 o P-3. Que su trabajo no ha sido evaluado desde 1972.

    Que no es verdad que su traslado puede justificarse en razón del volumen de trabajo de la División Editorial.

    Que ha venido sufriendo una serie de dificultades que juzga como violatorias de los derechos humanos. Que al quitarle el cargo que desempeñaba en forma satisfactoria se le impidió también la entrada al Edificio Principal de la Organización. Que entre otras molestias sufridas tanto por el recurrente como por su señora esposa, recibió en su domicilio varias llamadas telefónicas amenazantes así como escritos anónimos obscenos y amenazantes.

    Que considera esta situación como violatoria de los derechos humanos de un funcionario que ha prestado buenos servicios a la Organización.

    Que estos hechos han estropeado su moral, su salud, su bienestar personal y su vida privada.

    Que en mérito a todo ello pide al Tribunal que ordene a la Secretaría General:

    Que se respete su carrera administrativa de conformidad con los reglamentos y normas vigentes, devolviéndosele el total de sus funciones en el Departamento de Información Pública.

    Que en vista del inmenso daño moral que ha sufrido, se le conceda una indemnización que comprenda el tiempo desde el cual se le comenzó a perseguir y hostilizar --agosto de 1973-- hasta la fecha en que el Tribunal dicte el fallo correspondiente.

    Que en la forma que el Tribunal lo juzgue conveniente, y de conformidad con sus atribuciones, haga constar que el haber recurrido a este alto cuerpo no de lugar a represalias.

    2.    El 29 de marzo de 1976 el Secretario General contestó el recurso expresando:

    Que la Secretaría General acepta la afirmación del recurrente en el sentido de que su trabajo en el Departamento de Información Pública no fue evaluado desde 1972. Que, sin embargo, la cuestión relativa a su falta de evaluación no viene al caso porque el traslado del señor Méndez no fue una medida punitiva. Que en cambio, el recurrente fue trasladado por dos razones muy positivas: la primera, para reorganizar la División de Prensa, y la segunda, para reforzar el personal de la División Editorial donde había mucha mayor necesidad de contar con sus servicios.

    Que no es exacto que con el traslado del señor Méndez la Secretaría General haya violado la Declaración Americana de Derechos Humanos. Que la Secretaría no impugna ni la reputación ni el honor del señor Méndez. Que el traslado no fue el resultado de una medida disciplinaria ni tampoco de ninguna otra medida punitiva destinada a causar perjuicio al recurrente sino simplemente una medida administrativa adoptada en función de los mejores intereses de la Secretaría General.

    Que fue necesario reforzar la División Editorial del Departamento de Publicación. Que al mismo tiempo el Secretario General proyectó una reorganización integral del Departamento de Información y Asuntos Públicos. Que con el fin de armonizar estas dos cuestiones se decidió trasladar al señor Méndez, entre otros, a la División Editorial. Que el traslado del recurrente se efectuó junto con su cargo de presupuesto, de modo que no hubo reducción de personal ni se modificó el número neto de cargos de la Secretaría. Que como la Secretaría General tiene una facultad limitada para crear nuevos cargos, por evidentes razones financieras, las necesidades internas se deben satisfacer con los recursos humanos disponibles.

    Que el señor Méndez fue trasladado simplemente porque sus antecedentes profesionales y educación eran muy apropiados para la actividad que le correspondía realizar en la División Editorial.

    Que la Secretaría General estima que en este caso se ha cumplido íntegramente con las normas que rigen los traslados y pide al Tribunal:

    Que declare que no ha lugar la demanda del recurrente, pues su objeción al traslado en cuestión carece de fundamento razonable o justificable.

    Que decline hacer lugar al pedido del recurrente de que se le reintegre a su anterior cargo en el Departamento de Información y Asuntos Públicos.

    Que desestime el pedido de indemnización del recurrente, pues cualquier padecimiento que haya podido experimentar en modo alguno se le puede atribuir a la Secretaría General.

    3.    El 8 de abril de 1976 el recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 13 del Reglamento del Tribunal, se presentó a hacer sus observaciones a la contestación del Secretario General.

    Que el 26 de abril de 1976 se presentó al Tribunal el apoderado del Secretario General con sus comentarios a las observaciones hechas por el recurrente.

    4.    El 30 de abril de 1976 el presente caso, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 14 del Reglamento del Tribunal, fue inscrito en la lista de asuntos pendientes de consideración y una vez señalada por el Presidente la fecha de iniciación del período de sesiones correspondiente, fueron tomadas las disposiciones pertinentes. El Tribunal quedó integrado por Juan Bautista Climent Beltrán, Presidente, Alejandro Tinoco, Vicepresidente y Carlos A. Pigretti. Se reunió oportunamente, deliberó sobre el caso sub judice y decidió que de conformidad con el Artículo 17, párrafo 3 del Reglamento, se llevara a cabo la audiencia de testigos, señalando a tal efecto el 21 de mayo a las 10:30 a.m., oportunidad en la que también se recibió el debate oral solicitado por las partes y que autoriza el Artículo 18, párrafo 3 del Reglamento.

    Concluida la recepción de la prueba testimonial y producido el debate oral, como no era del caso recabar nuevas pruebas de acuerdo con el Artículo 27 del Reglamento, se designó ponente para redactar el proyecto de sentencia correspondiente.

    Después del examen de lo actuado el Tribunal pasa a

CONSIDERAR:

    1.    Que en mérito a las prescripciones del Artículo II de su Estatuto, este Tribunal es competente para conocer en el presente recurso.

    2.    Que en su aspecto principal, la petición del recurrente está referida a obtener se disponga su reinstalación en el Departamento de Información Pública para ejercer allá la totalidad de las funciones que corresponden a su cargo.

    Accesoriamente solicita se le haga efectiva una indemnización como resarcimiento del daño moral que dice haber sufrido, peticionando que este Tribunal adopte las medidas que estime del caso, para no ser objeto de represalias por la interposición de este recurso.

    3.    Que, en consecuencia, corresponde determinar si la decisión del Secretario General por la que dispuso el desplazamiento del recurrente del Departamento de Información Pública y la instalación en el Departamento de Publicaciones vulnera los derechos del funcionario, o si por el contrario, la decisión aquí cuestionada se ajusta a derecho.

    4.    Que el establecer cuándo es oportuno y conveniente redistribuir al personal dentro de las dependencias de la Secretaría General de la Organización para lograr una mayor eficacia de los servicios o una mejor ejecución de los programas, es indudablemente una atribución que está comprendida dentro de la competencia asignada al Secretario General por el Artículo 119 de la Carta de la OEA y el Artículo 11 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General.

    Que empero, la legitimidad en el ejercicio de esta facultad discrecional del Secretario General debe estar condicionada entre otros aspectos, a que no medien circunstancias de hecho que la desvirtúen o que no respondan a sus objetivos básicos; a que no contradiga los preceptos reglamentarios vigentes y a que no lesione el interés jurídico de los funcionarios afectados en la decisión.

    5.    Que las necesidades de servicio, en cuanto a que debía procederse a reforzar el personal de la División Editorial del Departamento de Publicaciones ha quedado acreditada por la prueba producida en autos.

    Al prestar declaración el señor Alejandro Carrión en su carácter de Jefe de la División Editorial, informó a este Tribunal acerca de las peticiones que conjuntamente con el Director del Departamento, hiciera para procurar obtener un refuerzo del personal en su División. Reconoció asimismo haber cursado el Aide Memoire que obra a fojas 88 de estas actuaciones.

    Que el señor Juan A. Nimo, Director de la Oficina de Conferencias, Documentos e Idiomas, participante en la reunión a que hace referencia el Aide Memoire corriente a fojas 77, testificó que hubo acuerdo general de los asistentes a dicha reunión, en el sentido de dar solución a la petición de reforzar la División Editorial con personal capacitado para actuar como editores.

    6.    Que de las descripciones de funciones contenidas en los documentos de fojas 18-19 y 32-34, que se refieren a los dos puestos ocupados por el recurrente, no resultan diferencias ni cambios sustanciales en los deberes del cargo ni en la naturaleza de las funciones que se cumplen en uno y en otro. Que tampoco en su concepción objetiva, el grado de responsabilidad resulta alterado.

    Que el testigo señor Carrión, cuando describió las funciones que debe desempeñar el recurrente en la División a su cargo indicó que se trataba de un "trabajo profesional, delicado y para el que se requería responsabilidad, discreción y mucha confianza", aclarando que la preparación "de periodista que tenía el recurrente era un buen antecedente". Dejó también establecido que las necesidades funcionales cubiertas por las tareas que realiza el recurrente mantienen actualidad.

    7.    La circunstancia de que el señor Méndez en sus nuevas funciones conserva su grado y sueldo, así como que reúne los requisitos personales necesarios para desempeñarlas, son hechos todos, que este Tribunal da por ciertos en razón de no estar la cuestión controvertida al respecto.

    8.    Que el testigo señor Alfonso Munévar, en su carácter de Oficial de Presupuesto, ilustró a este Tribunal en el sentido de que la decisión adoptada por el Secretario General que diera origen a este recurso, no tiene repercusión alguna en el presupuesto de la Organización. En consecuencia, contrariamente a lo alegado por el recurrente, no se ha producido alteración en el manejo presupuestario que le corresponde al Secretario General.

    9.    Que la opinión mayoritaria del Comité Mixto de Asesoramiento para Casos de Reconsideración concluye que, si bien es cierto que el caso del señor Méndez no fue conducido con el tacto y la consideración debida, la solicitud del interesado no debía tener acogida favorable.

    10.    Que con el fin de que no pueda interpretarse que se han pasado por alto las diversas circunstancias de hecho relatadas por el recurrente tratando de ilustrar sobre la persecución y hostilidad de que se dice víctima, este Tribunal quiere dejar sentado que la apreciación y valoración de las mismas no han de ser recogidas en razón de que no atañen substancialmente al fondo de la cuestión y también porque ellas estarían fuera del ámbito temporal de su competencia.

    11.    Que por lo expuesto y probado, puede concluirse que el desplazamiento del señor Méndez tiene origen en necesidades funcionales de la Secretaría General. Que no ha mediado perjuicio patrimonial y que las variaciones o cambios que pudieran apuntarse en el desempeño de las nuevas funciones en comparación con las anteriores no alcanza a tener una relevancia suficiente para servir de sustento jurídico a la afirmación que ha hecho el recurrente de que existe una lesión a su jerarquía de funcionario.

    Que si bien este desplazamiento no configura típicamente el traslado a que hace referencia la Regla 105.2 del Reglamento de Personal, tampoco encuentra disposición reglamentaria alguna que se oponga a su cumplimiento, razón por la cual, este Tribunal estima que la decisión adoptada por el Secretario General se encuentra dentro de las facultades discrecionales que le han sido atribuidas y que en el ejercicio de las mismas no se ha afectado el interés jurídico del recurrente.

    En virtud de lo expuesto, por unanimidad de votos el Tribunal

RESUELVE:

    Declarar sin lugar en todas sus partes el recurso presentado por el señor Enrique Méndez en contra del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

 

Notifíquese.

Washington, D.C., 28 de mayo de 1976

 

Juan Bautista Climent Beltrán / Presidente

Alejandro Tinoco / Vicepresidente

Carlos A. Pigretti / Miembro

Domingo E. Acevedo / Secretario