Iniciativa: Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras continúan trabajando en la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, el cual busca atender los retos estructurales que fomentan la emigración irregular e indocumentada hacia EE.UU. El Plan se basa en 4 pilares: dinamización sector productivo, incremento de capital humano, mejora de la seguridad y acceso a la justicia y fortalecimiento de las instituciones. Durante 2016, los países presupuestaron recursos propios por US$2,805 millones para apoyar las acciones del Plan; en 2017 esta suma ascendió a $2,938 millones. Por otro lado, los recursos del presupuesto de EE.UU. de 2016 asignados a esta iniciativa suman $750 millones, de los cuales más del 90% han sido transferidos a los países.

Durante este proceso, el BID se ha consolidado como el principal aliado de esta iniciativa, facilitando un equipo de especialistas que constituyen la Secretaría Técnica del Plan.

Actividades:
1. Dinámica establecida de reuniones periódicas de los grupos consultivos en cada país para informar avances del Plan y recibir la retroalimentación de representantes de la sociedad civil y otros organismos.
2. Asignación presupuestaria por parte de cada uno de los países a las áreas estratégicas del Plan.
3. Diálogo con el sector privado para promover el financiamiento de infraestructura a través de la creación de una Plataforma de Inversión en Infraestructura que cuente con la participación del sector público y privado.
3. Avance en reformas claves. En seguimiento a los compromisos asumidos por los países en el marco del Plan de la Alianza, los países han avanzado en la implementación de los mismos en las diferentes áreas destacando los siguientes resultados:
i. Fortalecimiento de las administraciones tributarias, lo cual ha resultado en un aumento en la recaudación entre 0.5% y 2.3% del PIB
ii. Refuerzo de la vigilancia y control de las fronteras, fortalecimiento de la penalización de la movilización ilegal, campañas de concientización y fortalecimiento de redes consulares y centros de recepción.
iii. Ampliación de inversiones en reinserción social y económica de retornados.
iv. Lucha contra la corrupción enjuiciamiento, encarcelamiento y deportación de criminales.
v. Fortalecimiento de las oficinas de los fiscales generales.
vi. Incremento de los recursos para las fuerzas de seguridad (entre 0.5% y 0.7% del PIB), posibilitando un incremento de cerca de 4 mil policías, depuración de oficiales, mejoramiento en los niveles salariales y de la calidad de los sistemas de capacitación, creación de fuerzas trinacionales para coordinar acciones y limitar el movimiento del crimen.


Beneficiarios: El Salvador, Honduras y Guatemala

Socios y financiamiento: Gobierno de EEUU, BID, recursos propios países del TN

Los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala han empezado la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte lanzado en 2014 en respuesta a los retos estructurales que fomentan la emigración irregular e indocumentada hacia EEUU. El Plan se enfoca en 4 ejes: (i) desarrollo del capital humano; (ii) dinamización del sector productivo; (iii) mejoramiento de la seguridad ciudadana y acceso a la justicia; y (iv) fortalecimiento institucional y mejora de la transparencia. Los gobiernos de los países del Triángulo Norte han comprometido aproximadamente $2.5 millones de dólares para proyectos de alta prioridad. Además, el gobierno de Estados Unidos, recientemente, aprobó 750 millones de dólares para su Estrategia Centroamericana que incluye apoyar el Plan.

El BID ha sido un fuerte aliado de este esfuerzo regional y ha movilizado recursos para apoyar el diseño de proyectos específicos. Además, ha asignado un equipo de especialistas que constituyen la Secretaria Técnica del Plan de la Alianza. La Secretaría Técnica está a cargo de proveer asistencia técnica para la priorización de proyectos de alto impacto y fomentar el diálogo entre los países del Triángulo Norte, los países cooperantes y todas las partes interesadas para abordar temas como la capacitación de fuerzas policiales y la lucha contra el crimen organizado.