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Democracia
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Reportes
Fecha:  26/12/2011 
Capitulo V: TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

El presente capitulo brinda un estado de situación respecto al avance registrado en el país en cumplimiento de los artículos 76, 80, 81 de la Declaración de Compromiso de Puerto España. Constituye por tanto un insumo, de cara a las reuniones preparatorias de la próxima Cumbre de las Américas.
I: Mandato para Evitar Acceso de Fondos Ilícitos al Sistema Financiero
II: Mandato para Combatir la Corrupción y Prácticas Fraudulentas

En cuanto a: “la Convención Interamericana Contra la Corrupción”, Uruguay ratifico la Convención Interamericana (CICC) por ley 17.008 del 15 de setiembre de 1998 promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de setiembre y publicada en el Diario Oficial el 7 de octubre de 1998.

En cuanto a la “Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, Uruguay ratificó la Convención por Ley 18.056 del 14 de noviembre de 2006, promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de noviembre y publicada en el Diario Oficial el 1º de diciembre de 2006.

Uruguay participa activamente en los mecanismos de seguimiento de ambas convenciones, habiéndose ofrecido voluntariamente a ser evaluado en la primera ronda del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana, llamado MESICIC, y actualmente se encuentra en proceso de ser evaluado en el mecanismo de seguimiento de la Convención ONU. A su vez, ha actuado en varias oportunidades como Estado evaluador correspondiendo destacar la evaluación de Chile del año 2010, realizada junto con Estados Unidos en el marco del MESICIC, y la evaluación a Belice de 2011 que se encuentra en proceso. A su vez en el mecanismo de seguimiento ONU, nuestro país participa en subgrupo con Nicaragua, evaluando el cumplimiento de la República Dominicana.

En cuanto al compromiso con la “lucha contra todas las formas de corrupción, prácticas fraudulentas y conducta no ética, mediante el aumento de la transparencia, la integridad, el rendimiento de cuentas y la eficiencia en los sectores público, privado”. Podemos afirmar que nuestro País ha aprobado cambios en su legislación que le permiten luchar más eficazmente contra el fenómeno de la corrupción, siguiendo las estipulaciones de las Convenciones ya mencionadas. A continuación se detallan los cambios.

• Aprobación de la Ley 17.060 del 23 de diciembre de 1998 por la cual se implementan varias de las medidas anticorrupción de la CICC y se crea esta Junta. A continuación se detallan las medidas.
• Creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) articulo 4, con función preventiva contra la corrupción. Para ello debe: propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración Pública, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados a su presentación. La atención a los compromisos internacionales asumidos por el Uruguay en las Convenciones y Convenios vinculados a la materia y el control de la publicidad que deben realizar los entes públicos sobre los actos de adjudicación de licitaciones y contrataciones directas en régimen de excepción. (Dec. 393/004).
• Creación de un sistema de declaraciones juradas de bienes e ingresos de funcionarios públicos a quienes por su cargo o su función se les considere potencialmente expuestos al fenómeno de la corrupción, capítulo V artículos 10 a 19. Posteriormente reglamentada por el Decreto 354/999 y más recientemente por el Decreto 338/010.
• Creación de un entorno ético en la función pública. Capítulo VI, artículos 20 a 23, donde se establecen los principios que deben regir la conducta funcional, como los principios de probidad, respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad. A su vez establece una serie de prohibiciones relacionadas con el abuso de poder como son las de valerse del cargo para influir sobre una persona para obtener un provecho indebido, tomar o utilizar bienes del Estado en beneficio propio, evitar la implicancia del funcionario en decisiones de la Administración cuando tiene algún interés personal, usar en beneficio propio información reservada o privilegiada. A su vez también impone la rotación periódica de funcionarios que se desempeñen en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios. Estas disposiciones fueron a su vez reglamentadas por el Decreto 30/003 de normas de conducta en la función pública.
• Promoción de formación y capacitación de la población y en especial de los funcionarios públicos de los aspectos que regula la Ley 17.060, artículos 27 y 28. En este tema se destaca, la creación de un área de capacitación en la JUTEP que se encarga de dictar cursos y talleres a funcionarios públicos sobre esta temática. En especial a partir de 2009 mediante un Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que aportó la financiación para el proyecto de creación de una “red de funcionarios públicos especializados en normativa anticorrupción” y la implementación de cursos para funcionarios públicos por parte de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), dependiente de la Oficia Nacional del Servicio Civil, (ONSC), entre los que se destacan los cursos de ingreso a la Función Pública y programa de Dirección Media. El modulo vinculado a la ética pública en estos cursos se dicta por el equipo de la JUTEP.
• Actualización de la legislación penal en la materia mediante la modificación de los artículos del Código Penal referidos a los Delitos contra la Administración Pública, capítulo IV, artículos 8 y 9 de la Ley 17.060. Se aumentan las penas de privación de libertad, se actualizan las penas de multa llevándolas a valores más acordes con la gravedad del Delito y se crean figuras nuevas como el tráfico de influencias y la utilización indebida de información privilegiada.

En cuanto a “compromiso, en el marco de la legislación nacional y normas internacionales aplicables, a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen, y a sus bienes, y a cooperar en su extradición así como en la recuperación y la restitución a sus propietarios legítimos de los activos producto de la corrupción” corresponde informar que el Uruguay, con la aprobación de la Ley 17.060 en su capítulo VII, artículos 29 a 36, ha tomado las medidas que se detallan:

• Creación de figuras delictivas como el cohecho transnacional, el soborno transnacional (artículo 29) y blanqueo de dinero (artículo 30). En esta materia a su vez se produjo un nuevo avance con la aprobación de la Ley 17.016 y las Leyes 17.835 y 18.494 sobre lavado de activos.
• Regulación especial del sistema de extradición y cooperación jurídica internacional (artículos 31 a 36 de la Ley 17.060). En este aspecto se establece que la extradición se regulará en primer lugar por las disposiciones de las Convenciones Internacionales ratificadas por la República y en ausencia de dichas normas por las disposiciones del Código Penal. A su vez se establecen procedimientos de cooperación jurídica en la materia. Se crea la Sección de Cooperación Jurídica penal Internacional dentro de la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.
• Es de destacar que con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción se tiene otro instrumento ya que cuenta con disposiciones en la materia a ser aplicadas con los Estados que Uruguay no tenga otro instrumento jurídico aprobado.
• También existe regulación sobre extradición y cooperación jurídica internacional en materia de lavado de activos regulado por la Ley 17.835 y 18.494.

Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
Párrafos: 80 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  26/12/2011 
III: Mandato sobre Fomento de la Transparencia / Acceso a la Información Pública

En relación al mandato establecido anteriormente, cabe destacar que se aprobó la Ley 18.381 de “Derecho a la Información Pública” publicada en el Diario Oficial del 7 de noviembre de 2008, que tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.

A su vez se creó una agencia estatal dependiente de la Presidencia de la República vinculada al desarrollo de las tecnologías de la información y el acceso a la información pública. Se trata de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) que a su vez cuenta con la Unidad de Acceso a la Información Pública, que tiene como cometidos, entre otros, controlar la implementación de la Ley de Acceso a la Información, orientar y asesorar a los particulares respeto al derecho de acceso a la información pública y denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la Ley de Acceso a la Información Pública.

En cuanto a las iniciativas emprendidas en torno a cada uno de los mandatos que sean de competencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública debemos señalar que la JUTEP ha presentado al Poder Ejecutivo un anteproyecto de Ley en materia de “Fortalecimiento de la Transparencia” modificativo de la Ley 17.060, hoy transformado en proyecto ya que fue enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo y se encuentra a estudio del mismo. En este proyecto se propone:

• Ajustar la definición de corrupción extendiendo su alcance en cuanto al concepto de “provecho” que se contempla como móvil tipificante del acto de corrupción, planteándose que el mismo podría ser no solo “económico” sino “de cualquier otra naturaleza se haya consumado o no dicho proyecto”.
• Se desarrollan los aspectos orgánicos- institucionales referidos a la integración, designación, destitución, duración en el cargo e incompatibilidades de los miembros de la JUTEP, y competencias de la misma, integrando en un solo texto varias disposiciones dispersas en distintas normas.
• En cuanto a la declaración jurada de bienes e ingresos de las autoridades y funcionarios públicos, se otorga mayor rigurosidad a la presentación de declaraciones juradas y más transparencia en sus contenidos, modificándose el texto de los artículos 12, 13, 15, 16, 17 y 19 de la Ley Nº 17.060.
• En cuanto a las normas de conducta en la función pública, en los artículos 4 al 10 del anteproyecto se legisla al respeto dándole rango legal a normas que hoy están previstas como decreto en las que se destacan la prohibición de ejercer la función con relación a las actividades privadas vinculadas y la prohibición de la intervención por razones de parentesco.
• En cuanto a la protección de denunciantes, la creación de ámbitos reservados para la presentación de denuncias en los distintos organismos públicos, procurando la protección del denunciante, mediante la reserva de identidad así como la debida protección administrativa y estabilidad laboral, sin perjuicio de la responsabilidad para el caso de denuncias falsas o infundadas.
• En materia penal se propone crear la figura del “Enriquecimiento ilícito” hasta ahora vigente como agravante, en el artículo 163 ter. Numeral 2 del Código Penal. Es una figura cuya creación recomienda la Convención Interamericana mencionada y que ya existe en otros países de la región como la Argentina y Chile. En Uruguay es un asunto polémico ya que prestigiosos académicos la consideran violatoria del principio de inocencia. La JUTEP pretende lograr una discusión amplia a nivel de la sociedad de este proyectado delito a los efectos de llegar a una redacción que asegure un justo balance entre el respeto a los principios procesales y la protección del interés general en cuanto a no tolerar conductas que permitan el enriquecimiento a través de prácticas corruptas de nuestros servidores públicos.

Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011

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