Skip Navigation Links

Colombia
- Adultos Mayores - Afro Descendientes - Agricultura - Asuntos de Género - Comercio - Cooperación Pública y Privada - Democracia - Derechos Humanos - Desarrollo Económico Sostenible - Desarrollo Social - Diversidad Cultural - Educación - Empleo - Energía - Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres - Infancia y Juventud - Infraestructura y Transporte - Justicia y Estado de Derecho - Manejo de Desastres - Medio Ambiente - Mejora del Manejo Público - Migración - OEA - Pueblos Indígenas - Salud - Seguimiento de Cumbres - Seguridad - Sociedad Civil - Tecnología -
Ministeriales Párrafos Relacionados al Tema Párrafos VII Cumbre
Reportes
Fecha:  15/06/2016 

1. Trata de personas.

En materia de prevención y sensibilización, la ejecución de la segunda fase de la campaña Ante la Trata de Personas Reaccionemos en Cadena . Esta segunda fase tuvo como objetivo enfrentar a una de las poblaciones más vulnerables al delito de trata de personas: jóvenes de colegios distritales entre los 16 y 18 años, ante la realidad de un posible caso de trata de personas.

Se realizaron dos (2) jornadas de talleres en diez (10) colegios distritales: siete (7) en Bogotá, uno (1) en Medellín, uno (1) en Cali y uno (1) en Ipiales. En los talleres participaron alrededor de 900 alumnos entre los 16 y los 18 años de edad, y con el fin de tener un mayor impacto en la difusión, a través de las redes sociales se socializó el video de los talleres

En materia de asistencia y protección a víctimas, el Gobierno Nacional brindó asistencia a 73 presuntas víctimas del delito de trata de personas bajo la coordinación del Ministerio del Interior y a 39 menores de edad bajo coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Respecto a la investigación y judicialización del delito de trata de personas, durante el 2015, la Fiscalía General de la Nación destacó diez (10) fiscales para adelantar investigaciones relacionadas con trata interna de personas, contando actualmente con catorce (14) fiscales destacados, lo que se traduce en catorce (14) despachos para atender este fenómeno criminal a nivel interno. Estos despachos son equipos de trabajo con conocimiento especializado, y dedicados exclusivamente a estos asuntos.

Igualmente, en materia de trata de personas trasnacional, en noviembre de 2014 se creó el Grupo de Articulación para la Lucha contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, que tiene como objetivo desarrollar la investigación del delito desde una perspectiva de macrocriminalidad, que permita la persecución penal inteligente de las organizaciones criminales.

A su vez, la lucha contra el delito de trata de personas es un asunto de primer orden en la agenda de seguridad bilateral y multilateral de Colombia. En este sentido, el Gobierno nacional ha realizado ingentes esfuerzos por fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral y regional, y de esta manera optimizar la lucha integral contra este fenómeno.

Colombia ha buscado promover la suscripción de memorandos de entendimiento bilaterales para combatir el delito de trata de personas, con el ánimo de fortalecer la cooperación en la prevención y lucha contra este fenómeno con países de la región que también se ven fuertemente afectados por el mismo.

Desde el año 2012, el Gobierno ha suscrito 8 acuerdos bilaterales en la materia, resalta en la vigencia 2015 la suscripción del Acuerdo para la prevención, investigación, persecución del delito de la trata de personas y para la asistencia y protección a sus víctimas con el Gobierno de Perú (25 de mayo 2015).

Los Memorandos de Entendimiento y Acuerdos bilaterales suscritos, responden a las diferentes variables que se deben abordar para hacer frente a la trata de personas en la medida que fomentan la cooperación en los ámbitos de prevención, investigación y judicialización, y asistencia a las víctimas de este delito. Estos instrumentos, se operativizan a partir del establecimiento de planes de acción anuales que permiten el desarrollo de acciones concretas entre los signatarios. En el 2015, Colombia acordó planes de acción para el año 2016 con Paraguay, Honduras y Ecuador.

2. Tráfico ilícito de migrantes.

Durante los años 2014-2015 el Gobierno de Colombia avanzó en el análisis técnico, jurídico y político que permita al país adherir al Protocolo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo le permitirá al país contar con mayores herramientas jurídicas, para desarrollar marcos de cooperación efectivos, a nivel regional y bilateral, para hacer frente a este delito de carácter transnacional.
Párrafos: 9 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  15/06/2016 
3. Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El Gobierno de Colombia durante el año 2015 participó activamente en los escenarios internacionales claves en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como lo fueron el XIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, y el 24° Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

En el marco del 24° Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (18 al 22 de mayo, y 10 y 11 de diciembre de 2015), se destaca que el Gobierno de Colombia copatrocinó dos (2) de las ocho (8) resoluciones adoptadas, dada la relevancia de los temas para el país: tráfico de bienes culturales y Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos. De la misma manera, se hizo un llamado a la Comisión para analizar a futuro la distribución geográfica equitativa del personal de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo cual se reflejó en la resolución relativa al presupuesto.

Por su parte, en el XIII Congreso de Prevención del Delito (12 al 19 de abril de 2015, Doha, Qatar), el Gobierno de Colombia participó activamente en la elaboración de la denominada Declaración de Doha, referente a la integración de la prevención del delito y la justicia penal en la agenda de las Naciones Unidas para hacer frente a los desafíos sociales y económicos, y promover el Estado de Derecho y la participación ciudadana en los planos nacional e internacional.

A nivel bilateral, el 25 de septiembre de 2015, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y su homólogo de Honduras, Arturo Corrales, suscribieron un Memorando de Entendimiento para la creación del Grupo de Alto Nivel en Seguridad y Justicia entre ambos países.

3.1 Delito cibernético.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social del Gobierno de Colombia estableció la política nacional de seguridad cibernética en el año 2011 a través del CONPES 3701 , en el que se acordaron los lineamientos en materia de ciberdefensa y ciberseguridad del país, y en virtud del cual se ha fortaleció la institucionalidad nacional para hacer frente a creciente fenómeno.

A fin de continuar fortaleciendo las capacidades naciones en la materia, se consideró oportuno actualizar el documento CONPES 3701, proceso en el que se contó en agosto de 2015 con observaciones y recomendaciones de un grupo de expertos internacionales, en el marco de un trabajo conjunto del Gobierno de Colombia con la Organización de los Estados Americanos.
Párrafos: 5 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  15/06/2016 
4. Lucha contra la corrupción.

La corrupción, como una forma y manifestación de la delincuencia organizada transnacional, es un fenómeno que socava la democracia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho, permitiendo el accionar indiscriminado de la criminalidad y otras amenazas a la seguridad de los Estados.

El Gobierno de Colombia ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de su institucionalidad y ha generado políticas públicas para combatir más eficazmente este fenómeno, enmarcadas siempre en los conceptos rectores de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos.

En ese sentido, el Gobierno de Colombia participó de manera activa en la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción, en San Petersburgo, Rusia (2 al 6 de noviembre de 2015), así como en la cuarta sesión del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional (2 y 3 de noviembre de 2015) y la sexta sesión del Grupo de Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción UNCAC (3 y 4 de noviembre de 2015).

En estos escenarios se destacó que Colombia ha sido un abanderado de la implementación de la Convención de Naciones Unidas en contra de la Corrupción y de su Mecanismo de Examen, cuyo primer ciclo ha sido de la mayor utilidad para los Estados en la identificación de sus fortalezas y debilidades en materia de lucha contra la corrupción.

Por esta razón, Colombia hizo un especial llamado para que esta Conferencia lanzara el segundo ciclo del Mecanismo, para evaluar los capítulos de Prevención y Recuperación de Activos de la Convención.

En el ámbito hemisférico, Colombia es un país activo en el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción -MESICIC-, y se ha convertido en el cuadragésimo país en ratificar la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
Derechos Humanos

Reconociendo el compromiso de proteger y promover los Derechos Humanos en el hemisferio, Colombia ha adelantado durante los últimos años cambios normativos e institucionales dirigidos a fortalecer las garantías fundamentales y reforzar la eficiencia y coherencia de la organización y funcionamiento del Estado en esta materia.

Particularmente, se registran avances en materia legislativa y de política pública para prevenir, sancionar, penalizar y en últimas erradicar la violencia sexual y por motivos de género. En este contexto es importante destacar la promulgación de los Documentos CONPES 161 y 3784 de 2013, a través de los cuales, por una parte, se materializó la Política Pública Nacional de Equidad de Género y el Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y, por otra parte, se estructuraron los Lineamientos de Política Pública para la Prevención de Riesgos, y la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado.

En esta misma línea, se promulgó el Decreto 1480 de 2014 a través del cual el Estado colombiano reafirma la obligación que tiene de ofrecer garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en la Ley de Víctimas, especialmente a mujeres. Además, el acto legislativo declara el 25 de mayo como Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Igualmente, con la expedición de la Ley 1719 el 18 de junio de 2014 se logró la adopción de importantes medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

También se han venido realizando iniciativas que permitan avances en materia de prevención y atención. De esta manera, se trabaja desde el año 2014 en la iniciativa conjunta del “Programa de Garantías para las Mujeres”. El Ministerio del Interior ha liderado el proceso de construcción de la versión final del documento que desarrolla este Programa, a partir del diálogo, el intercambio y la construcción colectiva de propuestas entre el Gobierno, la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo.

También se han realizado esfuerzos a través del Ministerio de Justicia para diseñar e implementar la estrategia de acceso a la justicia y a la reparación, la cual busca especialmente ofrecer garantías de acceso a las mujeres. Dentro de los componentes de esta estrategia se contempla el acompañamiento psicosocial y el empoderamiento de las víctimas para que conozcan los procesos de restablecimiento de sus derechos y las rutas de atención.

Frente a la inclusión de mujeres como beneficiarias de planes de reparación individual, en 2014 se realizaron 2.081 pagos por concepto de indemnización a víctimas de violencia sexual y se elaboraron 1.287 planes integrales de reparación individual a víctimas de este delito. De la misma forma, 257 víctimas de violencia sexual participaron de la Estrategia de Recuperación Emocional, lo cual ha posibilitado que las víctimas realicen su proceso de duelo.

Adicionalmente, la Ley de Víctimas ha reconocido como sujetos de reparación colectiva a los grupos, organizaciones y comunidades que han sufrido un daño colectivo, entre los cuales se incluye a organizaciones de mujeres. En este proceso se han identificado múltiples agrupaciones a las que se les ha reconocido la violencia sexual como parte de los daños sufridos.

Esto se ha visto complementado con el diseño y puesta en marcha de la Estrategia de Reparación Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado, iniciativa que se caracteriza por la atención diferencial, integral y adecuada a las mujeres víctimas de este delito.

Por otra parte, desde la promulgación de la Ley 1654 de 2013, la Fiscalía General de la Nación ha venido trabajando en el marco de un nuevo modelo de investigación penal basado en el análisis y establecimiento de contextos que permitan generar acciones más efectivas frente a la macro criminalidad. Se destacan las siguientes acciones adelantadas en el marco de ese nuevo modelo de investigación:

• Se han logrado relacionar cuatro situaciones priorizadas en materia de delitos de violencia sexual basada en género en el marco del conflicto armado, sobre las cuales se adelantan acciones investigativas.

• El proceso especial de Justicia Transicional contemplado en la Ley de Justicia y Paz ha priorizado la judicialización de los delitos de violencia sexual. Los nuevos modelos de investigación han permitido condenar a varios máximos responsables de estas violaciones, así como adoptar decisiones de fondo que garantizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas sobrevivientes.

Asimismo, durante el año 2014 la Fiscalía General de la Nación, de manera articulada con otras instituciones, participó en siete jornadas de toma de declaración y denuncia a mujeres y jóvenes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, generando así condiciones y garantías para que las sobrevivientes puedan formular las denuncias en condiciones de seguridad y sin riesgo de una segunda victimización.

Finalmente, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1719 de 2014 en casos que involucren violencia sexual, la Fiscalía y la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia han adoptado un acuerdo de cooperación con la Embajada de España, que busca fortalecer la formación de los funcionarios en cultura del servicio con enfoque diferencial y de género, brindando canales de acceso a la justicia a partir de la construcción de estratégicas y metodologías para la atención de las víctimas, la investigación y priorización de casos de violencia basada en género.
Párrafos: 3 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
VI. SEGURIDAD CIUDADANA Y DELICUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Seguridad y Convivencia Ciudadana

La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) de Colombia es el resultado de un proceso interinstitucional liderado por la Presidencia de la República, con la participación del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el DNP, y con el apoyo de otras entidades del orden nacional y del nivel territorial.

En el marco de la PNSCC se apoyaron 24 gobiernos locales para la elaboración e implementación de sus Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los gobiernos locales han podido diseñar planes y programas más efectivos, debido a que su formulación incorporó un ejercicio participativo y de corresponsabilidad con diferentes actores locales. Del mismo modo, la intervención está focalizada en los lugares que presentan mayores desafíos y sus acciones se articulan con las entidades nacionales.

Como parte de la búsqueda de una Colombia más equitativa, desde octubre de 2013 se han venido impulsando acciones de coordinación de la oferta interinstitucional en Tumaco, Nariño. Se identificó que ésta debe ser una intervención integral de mediano plazo, que permita el desarrollo de acciones estratégicas hacia un cambio estructural en el municipio, con impacto en la región pacífica nariñense. En este sentido, el Gobierno Nacional, de común acuerdo con la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco, decidieron elaborar el Plan Estratégico para Tumaco 2014-2019, donde se priorizan proyectos estratégicos en seis áreas: 1) Desarrollo productivo y competitividad; 2) Infraestructura física para el desarrollo económico (servicios públicos); 3) Desarrollo productivo y empleo; 4) Desarrollo social; 5) Seguridad nacional y ciudadana, y 6) Fortalecimiento institucional.

Con respecto al uso de información relevante para fortalecer la capacidad y la coordinación de las instituciones, en el marco del Consejo de Seguridad Nacional de octubre de 2014 se aprobó el Plan de Choque “Vamos Seguros” de la Policía Nacional, el cual se implementó por tres meses a partir de octubre en 12 ciudades que reportan el 82% de los delitos del país. Este Plan de Choque tuvo resultados importantes, entre los cuales están la focalización de acciones contra los delitos en determinadas zonas, dado la particularidad y el comportamiento del delito en cada ciudad. Bajo este esquema, se resalta la articulación entre el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

En este periodo también se han dado otros esfuerzos como la coordinación en la formulación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, con el cual se actualiza esta normatividad al contexto actual y se le permite a la Policía Nacional contar con nuevas herramientas para responder de una mejor manera a los problemas de convivencia ciudadana.

Con el fin de fomentar una cultura de legalidad, la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia (ahora Ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad) y Microsoft decidieron impulsar una iniciativa denominada “Yo le Juego Limpio a Colombia”. Esta iniciativa cuenta ya con el apoyo de varias entidades públicas, gremios y empresas del sector privado.

También se ha avanzado en la implementación de la Estrategia Nacional contra el Hurto de Celulares. Este fenómeno, que ha alcanzado índices muy altos, será combatido atacando la compra y venta ilegal de equipos, desarticulando las estructuras criminales dedicadas a esta actividad y generando corresponsabilidad ciudadana.

Seguridad y Convivencia Ciudadana en escenarios regionales

La lucha contra la corrupción y sus prácticas es un asunto de primer orden en la agenda del Estado colombiano. En los últimos años, Colombia ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de su institucionalidad y en la generación de políticas públicas para combatir más eficazmente este flagelo.

Para el Gobierno de Colombia, la lucha contra la corrupción requiere acciones coordinadas y una visión del problema como un reto global que exige el compromiso de todos. En este sentido, el país ha sido un abanderado en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y ha dado un apoyo total al mecanismo de Evaluación y Seguimiento de este instrumento internacional.

Específicamente, en el marco de la V Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de esta Convención se presentó el Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación de Colombia de aplicación e implementación de la Convención en su Primer Ciclo (Capítulos III y IV). En este marco, Colombia y Filipinas presentaron el Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación de Paraguay de aplicación e implementación de la Convención.

Asimismo, Colombia ha buscado trascender sus compromisos en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, desempeñando un papel activo en los mecanismos regionales de lucha contra la corrupción en América. Igualmente, Colombia se ha convertido en el cuadragésimo país en ratificar la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Durante este periodo también se ha dado la participación activa en escenarios de importancia político/técnica de lucha contra el crimen organizado y la prevención del delito. Específicamente, en el 23° Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y en el VII Periodo de Sesiones de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en los cuales se apoyaron y promovieron las acciones del Sistema de las Naciones Unidas tendientes a fortalecer la cooperación internacional para la prevención y lucha de fenómenos como el tráfico ilícito de migrantes; el tráfico de bienes culturales; la trata de personas; el lavado de activos; y los delitos ambientales.

En este contexto, resulta oportuno mencionar que Colombia hizo un llamado a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal para estructurar un grupo de trabajo intergubernamental que analice a fondo la problemática de la minería criminal, sus vínculos con la Delincuencia Organizada Transnacional, y las posibles respuestas que pueda dar Naciones Unidas a este fenómeno.

De igual manera, en el marco del VII Periodo de Sesiones de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Colombia instó a intensificar los esfuerzos de los Estados en la construcción e implementación de estrategias y políticas que permitan enfrentar las nuevas formas de criminalidad y no únicamente las amenazas tradicionales; de igual forma, Colombia hizo un llamado a los Estados Parte de la Convención a fortalecer la cooperación judicial internacional en dos aspectos esenciales: la identificación e incautación de bienes producto del delito y la negación a las fuentes de financiación del crimen organizado.
Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
Trata de personas

Para el Gobierno de Colombia, la prevención y lucha contra las diferentes formas y manifestaciones de la Delincuencia Organizada Transnacional es un asunto de primer orden en la agenda multilateral. Uno de los fenómenos criminales a los cuales se la ha dado gran importancia ha sido la Trata de Personas, delito que no sólo vulnera los derechos humanos de las personas que son víctimas del mismo sino también la seguridad de los Estados.

En esta sentido, el Gobierno Nacional ha venido formulando y ejecutando una política exterior ambiciosa en materia de prevención, investigación de la trata de personas y asistencia a las víctimas de la misma, que tiene como fundamento la creación de una amplia red de cooperación para la ejecución de acciones conjuntas contra este delito.

En este marco, Colombia cuenta hoy con siete acuerdos de cooperación con países de la región y se encuentra negociando cuatro acuerdos más que permitan prevenir y enfrentar el fenómeno de una forma efectiva y coordinada con la comunidad internacional.

En desarrollo de esta política, durante 2014 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia suscribió dos Acuerdos de Cooperación en materia de Lucha contra la Trata de Personas (Paraguay y Costa Rica), y realizó tres Encuentros Binacionales (Chile - Argentina - Ecuador), que desarrollan los compromisos acordados previamente en esta materia.

Como respuesta a las problemáticas de la trata de personas con fines sexuales, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y demás formas de violencia sexual, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 contempla la generación de lineamentos técnicos por parte de las entidades competentes, para desarrollar acciones intersectoriales de prevención, atención y seguimiento con miras a la erradicación de los determinantes de la violencia sexual y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de estas violencias.

La implementación y ejecución de estos lineamientos se realizará en nivel territorial, fortaleciendo para tal fin los Comités Interinstitucionales Consultivos para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual o los espacios interinstitucionales que cumplan este fin, para que las entidades competentes del ente territorial de manera coordinada y articulada den respuesta de la prevención de la violencia sexual, la atención y protección de las víctimas de violencia sexual, a través de un plan de acción anual, y que emitan recomendaciones a los Consejos de Política Social para el direccionamiento de las políticas públicas.

En materia de prevención y lucha contra la trata de personas, Colombia ha realizado grandes esfuerzos para impulsar los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral y regional. Entre 2012 y 2015 el Gobierno de Colombia suscribió acuerdos en esta materia con Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, y Paraguay. Asimismo, está negociando acuerdos con Panamá, Perú y Trinidad y Tobago.
Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece a través de sus consulados en el exterior atención inmediata a las posibles víctimas de trata de personas, mediante los siguientes servicios: retorno de las víctimas a su lugar de origen; seguridad; alojamiento y alimentación; asistencia médica, psicológica y material; e información y asesoría jurídica respecto a los derechos y procedimientos legales a seguir en el país receptor. En 2014 se dio asistencia a 53 víctimas de trata de personas.

En materia de prevención, se han desarrollado las siguientes estrategias:
• Campaña “Ante la Trata de Personas Reaccionemos en Cadena”, que tiene como objetivo concientizar a los familiares y al entorno de las posibles víctimas sobre la trata de personas.
• Capacitación a cónsules y funcionarios. Mediante la capacitación virtual se han certificado 563 funcionarios en el exterior en el tema. Asimismo, en planta interna se capacitó a 160 funcionarios.
• Desarrollo de material para prevención y capacitación.

Tráfico ilícito de migrantes

En materia de Tráfico Ilícito de Migrantes, en los últimos tres años las autoridades nacionales han identificado 3.475 casos; sólo en 2014 se presentaron 2.111 casos, lo que equivale, comparado con el año 2013, a un incremento de más del 300%.

En este marco, durante 2014 el Gobierno de Colombia avanzó en el análisis técnico, jurídico y político que permita adherir al Protocolo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo le permitirá al país contar con mayores herramientas jurídicas y de cooperación para hacer frente a este fenómeno transnacional

Dada la dinámica migratoria, caracterizada por un incremento en la presencia de víctimas del tráfico de migrantes en el territorio nacional, en 2014 Colombia, con apoyo de la UNODC, implementó el Plan de Acción en materia de tráfico ilícito de migrantes, desarrollando acciones multidimensionales. Se destacan los siguientes logros tanto en materia de prevención como de investigación y judicialización:
• I Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y Migraciones, celebrado en mayo de 2014 por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Su objetivo se enfocó en establecer un espacio de debate sobre la importancia de promover y garantizar el respeto de los Derechos Humanos de la población migrante, desarrollando temas como la protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas.
• Capacitación y sensibilización en Derechos Humanos: en 2014 fueron capacitados 120 funcionarios en Derechos Humanos en el control migratorio.
• "Línea amiga del migrante” Número 153, asignada en julio de 2014 con el propósito de atender denuncias y quejas relacionadas con delitos transnacionales, en especial la trata de personas y el tráfico de migrantes a nivel nacional.
• Protección de niños, niñas y adolescentes y controles a la salida irregular de menores. Se han extremado las medidas tendientes a evitar la salida irregular de los menores. Asimismo, las Direcciones Regionales de Migración Colombia vienen realizando acompañamiento continuo a los comités regionales de Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, para prevenir, reducir y combatir las problemáticas en torno a este flagelo.
• Operaciones “Soberanía I” y “Arena” contra el tráfico de migrantes, gracias a las cuales se logró desarticular dos redes dedicadas a este delito.
• Diplomado en Policía Judicial con énfasis en Trata y Tráfico de Migrantes, realizado en marzo de 2014 con la participación de 40 funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a nivel nacional.
• Seminario de Formación en materia de Policía de Fronteras e Inmigración, celebrado en junio de 2014 en la ciudad de Ávila, España, con la participación de 19 oficiales de las diferentes regionales de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y del nivel central.
Párrafos: 9 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  30/05/2014 
Con el propósito de dar cumplimiento a los mandatos de la VI Cumbre de las Américas sobre seguridad ciudadana y delincuencia organizada, el Gobierno Nacional ha impulsado la implementación de modelos de mejora continua e innovación, que promueven la competitividad y la capacidad de anticipación frente a los fenómenos criminales, la articulación de los esfuerzos, así como la optimización de los recursos, a través de la adopción de herramientas gerenciales y de compromisos con la calidad y efectividad de sus servicios.
Seguridad y Convivencia Ciudadana
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) de Colombia es el resultado de un proceso interinstitucional liderado por la Presidencia de la República, con la participación del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, y el concurso de otras entidades del orden nacional y del nivel territorial.
Puntualmente, la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia, a través de un trabajo de articulación con las Mesas Transversales (en las que participan 20 entidades nacionales), de las Juntas Directivas con el Señor Presidente de la República y de las Mesas de Concertación Nación – Región (como espacios de concertación entre los gobiernos locales y las entidades nacionales), ha logrado acortar la brecha existente entre la oferta nacional y las demandas de las 24 ciudades priorizadas por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La PNSCC se apoya en intervenciones y actuaciones integrales y focalizadas en los delitos que se consideran de alto impacto: homicidio y hurto común, lesiones personales y muertes en accidente de tránsito. Lo anterior, con el propósito de mejorar los índices de seguridad y convivencia ciudadana en forma pertinente y estratégica, sin perjuicio de otras modalidades delictivas.
Actualmente, las 24 ciudades priorizadas por la Alta Consejería cuentan con un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que se estructuró bajo un diagnóstico que prioriza los delitos y su tendencia de comportamiento desde el 2007 y focaliza (comuna, barrio y cuadrante) las intervenciones a desarrollar de manera diferenciada y acorde a los factores determinantes.
A través de la elaboración e implementación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se ejecutaron talleres con las comunidades de los barrios focalizados y con más altas tasas de generación de delitos de impacto. En las ciudades de Armenia, Medellín, Cúcuta, Pereira y Manizales se constituyeron en esos Barrios las Mesas Comunitarias de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales se establecieron Pactos de Seguridad y Convivencia Ciudadana para articular la ejecución de la Oferta Local y Nacional con las Mesas Comunitarias.
Por otra parte, la PNSCC cuenta con un eje estratégico de Sistemas de información y estudio de políticas públicas. El propósito del componente de sistemas de información y estudio de políticas públicas en materia de convivencia y seguridad ciudadana es facilitar el proceso de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas efectivas contra el delito, la criminalidad y la violencia; las acciones de sanción y control policial y los procesos judiciales. El país cuenta con una amplia experiencia en el montaje y operación de sistemas de información primaria oficial y de observatorios del delito que utilizan estas fuentes oficiales.
La Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana logró que desde el 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE – realice la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, produciendo información estadística sobre los siguientes hechos delictivos: hurto (residencias, personas y vehículos), riñas y peleas y extorsión, así como la percepción de seguridad para la población de 15 años y más. Esta es una herramienta de información que produce investigación estadística sobre estos hechos delictivos. La encuesta se realizó en las siguientes cabeceras municipales y municipios aledaños: Armenia, Barranquilla – Soledad, Bogotá, D.C. – Soacha, Bucaramanga, Cali – Palmira, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín - Itagüí – Envigado, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San André, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Villavicencio (La población total de estas ciudades es de 22 millones de personas en 2012, que equivale al 48% de la población Colombiana)
Del mismo modo se logró que esta Encuesta quedara dentro del presupuesto anual del DANE, garantizando su continuidad en el tiempo. Se espera para finales de julio de 2014 tener los resultados del 2013
La encuesta estableció que la victimización promedio de los 20 dominios es de 20%. Es decir, el 20% de la población mayor de 15 años en la zona urbana de esas ciudades fue víctima de alguno o varios de los cinco delitos señalados, entre junio 2011 y junio 2012. En relación con el hurto a personas, el 13.2%, hurto a residencias el 3.5%, hurto a vehículos el 12,4%, riñas y peleas el 2,5%, y extorsión el 0.08%. La encuesta también señala que en promedio el 61% de las personas se siente insegura en su ciudad. En el caso de Colombia, a diferencia de otros países, se hizo una selección de los delitos de mayor impacto en seguridad ciudadana y que no se estuviesen midiendo a través de otros instrumentos (caso de los delitos sexuales).
La información de la encuesta empieza a ser muy útil, puesto que ha permitido establecer que ciudades como Pasto y Bogotá tienen una victimización mayor de la que se creía, que el hurto a personas en el país es muy alto comparado con otros países de la región y que este se debe principalmente a hurto de celulares (70.7%), y que la extorsión es bastante menor que la esperada (0.08%) dado que se concentra en lugares específicos de las zonas urbanas (v.gr. plazas de mercado y corredores comerciales). La encuesta también evidencia, por ejemplo, que el hurto de bicicletas es mayor que el de motos (3,6% vs 1,5%), y que el promedio de denuncia es bajo: 24.5%.
Por otro lado y apuntando a la Cultura de Legalidad y Convivencia de la PNSCC, el Gobierno Nacional decidió impulsar una reforma de ley que de origen a un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, que contará con un marco normativo más fuerte y robusto para combatir el crimen y estimular la convivencia ciudadana.
Esta reforma tiene dos objetivos, el primero es dotar a las autoridades y a la ciudadanía de una norma que regule las relaciones entre los ciudadanos, y de estos con las autoridades y con el entorno, para contribuir a mejorar la convivencia. El segundo es, actualizar la legislación existente al marco filosófico y legal que se estableció en la Constitución de 1991, la cual afianza derechos y libertades con sus respectivos deberes y obligaciones. Se espera que a más tardar, en el segundo semestre del 2014 este proyecto esté radicado ante el Congreso de la República.
Mención especial merece la implementación de la Estrategia Nacional Contra el Hurto Celular que fue diseñada para acabar con esa industria transnacional del crimen, que se inicia cuando a un ciudadano le roban su teléfono celular. Para lograr acabar con este delito que además de cobrar la vida de muchos colombianos, financia bandas criminales (BACRIM), la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana lidera un equipo de carácter multi-institucional conformado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y de la mano de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Policía Nacional, el Gobierno Nacional y la industria celular. En este marco, desde el 4 de abril de 2013, se están haciendo bloqueos de celulares que no hayan sido registrados, los usuarios que utilicen su SIM CARD en un equipo celular diferente al que venían usando antes del primero de abril de 2013, serán objeto de controles por parte de los operadores.
Vale la pena también resaltar, que dentro de la acción de la Policía Nacional, se decidió especializar a un grupo de efectivos para desmantelar las bandas criminales dedicadas al tráfico de celulares robados. Para este fin se crearon 43 Grupos Especiales Seccionales, conformados por 183 policías dedicados exclusivamente a esta tarea.
Pero los esfuerzos para combatir el hurto de celulares no son solo locales. En los comités de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, organismo de la Organización de Estados Americanos, Colombia propuso y logró el consenso de todos los Estados Miembros para adoptar medidas contra el problema del hurto de celulares, dentro de las cuales se encuentra la conexión a la base de datos de la Asociación Mundial de los Operadores para compartir internacionalmente las bases de datos negativas o de equipos hurtados. Nuestro país ya se encuentra trabajando de la mano con Ecuador y se encuentra en proceso de negociación con Venezuela y Perú.
Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  30/05/2014 
Seguridad y Convivencia Ciudadana en escenarios regionales
El 19 de agosto de 2013 en el marco de la Reunión de Ministros de Seguridad, Interior, Defensa y Justicia de los países Miembros de UNASUR, culminó el proceso de estructuración del Consejo Sudamericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional, propuesta que hizo Colombia en el mes de mayo del año 2012, habida cuenta de la necesidad de construir un mecanismo político/técnico de actuación conjunta frente a los diferentes fenómenos que amenazan la seguridad de los países sudamericanos.
El Consejo es uno de los avances más importantes a nivel subregional en materia de seguridad, pues por primera vez los países Sudamericanos acuerdan la puesta en marcha de un marco de cooperación técnico, político, policial y de intercambio de información estratégica para enfrentar la criminalidad organizada y el fortalecimiento de la Justicia.
Asimismo, Colombia fue sede de la Cuarta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-IV), cuyo objetivo es fortalecer el diálogo entre los actores claves en materia de seguridad pública con miras a lograr una cooperación efectiva, facilitar la transferencia de conocimientos, apoyar la asistencia técnica y el intercambio de prácticas prometedoras en este ámbito para hacer frente a los crecientes desafíos que afectan a los Estados de las Américas y sus poblaciones.
En el marco de la reunión se aprobó la Declaración de Medellín para el Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica en materia de Seguridad Pública y se designó a Colombia como presidente del Grupo Técnico que le hará seguimiento a las recomendaciones contenidas en la Declaración en mención.
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  30/05/2014 
Trata de personas
Colombia realizó grandes esfuerzos por estructurar y fomentar mecanismos de cooperación bilateral y regional con el objetivo de fortalecer la lucha integral contra la Trata de Personas.
En este marco, se logró la suscripción de cuatro (4) Acuerdos bilaterales de cooperación para prevenir y enfrentar la Trata de Personas y brindar asistencia y protección a las víctimas de este Delito:
1. Memorando de Entendimiento entre la República de Colombia y la República de Chile sobre Cooperación en la prevención y control de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
2. Acuerdo entre la República de Colombia y la República Argentina para la prevención, investigación del delito de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de sus Víctimas.
3. Memorando de Entendimiento entre la República de Colombia y la República de Honduras para la prevención e investigación del delito de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección a las víctimas de la misma.
4.
Memorando de Entendimiento entre la República de Colombia y la República de El Salvador para la prevención e investigación del delito de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección a las víctimas de la misma.
Siguiendo el objetivo de fortalecer la lucha bilateral y regional contra la Trata de Personas y de acuerdo a las buenas prácticas y experiencias de Colombia en la materia, se logró la invitación a ser Miembro Observador de la Coalición Regional de Lucha contra la Trata de Personas, mecanismo subregional único en el mundo en el cual los países Parte impulsan políticas y estrategias comunes y coordinadas para prevenir y enfrentar la Trata de Personas, y brindar asistencia a sus víctimas.
Finalmente, es de resaltar que los días 5 y 6 de noviembre de 2013 se llevó a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, el I Encuentro Binacional Colombia – Costa Rica: Retos y Desafíos para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas y la Asistencia a las Víctimas. El encuentro buscó fortalecer la cooperación binacional en estas materias, así como analizar la posibilidad de Suscribir un Memorando de Entendimiento que permita desarrollar estrategias conjuntas de alto impacto frente a este delito transnacional.


Tráfico ilícito de migrantes
En materia de Tráfico Ilícito de Migrantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un análisis jurídico/técnico sobre la conveniencia y procedencia de adherir al Protocolo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, complementario a la Convención de Palermo, dando así inicio, junto con la institucionalidad nacional competente en la materia, al proceso jurídico administrativo que le permitirá a Colombia ser parte del Protocolo en comento. El Protocolo le permitirá al país contar con mayores herramientas jurídicas y de cooperación para hacer frente a este fenómeno transnacional.
Párrafos: 9 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  03/06/2010 
Lucha contra el terrorismo
En lo que respecta a la lucha contra el terrorismo, la Fuerza Pública alcanzó importantes resultados gracias a la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática: En el período 2008-2009, el Gobierno capturó a 4.735 miembros de los grupos subversivos. A su vez, 1.768 subversivos fueron abatidos. En el mismo período se produjeron más de 6.099 desmovilizaciones individuales. Mientras en 2008 hubo un total de 347 actos terroristas, en 2009 este número fue de 307. Asimismo, en 2009, se registraron en el país 15.817 homicidios, es decir 2% menos que los perpetrados en 2008, año en el cual acaecieron 16.140 muertes violentas, manteniendo la tendencia descendente que se viene presentando desde 2003.
En 2009, los secuestros se redujeron en 51% con respecto a 2008, al pasar de 437 a 213, confirmando la tendencia descendente que se viene registrando desde 2002. En ese mismo sentido, en el 2008 hubo 197 secuestros extorsivos, mientras que en 2009, estos disminuyeron a 160.
La Corte Constitucional mediante sentencia C-537 de mayo de 2008, declaró exequible la ley 1108 de 2005, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Durante el período 2008-abril 2010, el Gobierno de Colombia aprobó 448 extradiciones, cifra histórica en el país.
En el ámbito de la cooperación internacional, se han mantenido y consolidado mecanismos de cooperación internacional entre las dependencias de inteligencia de los ejércitos de países de la región como Bolivia, Brasil, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana.
Párrafos: 69 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  03/06/2010 
Lucha contra Organizaciones delictivas

En el año 2009, se desarticularon 68 bandas criminales, se logró la captura de 2.843 miembros de bandas criminales y 51 miembros fueron abatidos. Se continúa la lucha contra las pandillas delictivas a través del Centro Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminale C12-BACRIM, contando con la participación de integrantes de las diferentes Direcciones de la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente las autoridades nacionales han recuperado y mantenido el control territorial de las zonas y regiones focos de violecia y actividades de las bandas criminales cercando sus corredores estratégicos de movilidad e impidiendo que delincan a travésdel tráfico de estupefacientes; y han iniciado una lucha frontal contra las finanzas de todos los grupos delincuenciales sobre una agresiva política de extincón de dominio y recuperación de activos, que hoy en día llega a una cifra estimada de $362.000 millones.
Párrafos: 70 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  03/06/2010 
Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD)


La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática ha hecho de Colombia un país más seguro, y con toda la determinación de recuperar totalmente la seguridad. Se ha logrado la recuperación del monopolio del Estado para combatir a los grupos criminales; la consolidación del control territorial; la recuperación de la confianza para denunciar, para apelar a las instituciones estatales en busca de seguridad, y para reclamar los derechos de las víctimas. La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática ha adoptado las condiciones necesarias para la protección efectiva de los ciudadanos, especialmente de quienes viven en zonas rurales remotas y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.


Mediante la aprobación del Documento Conpes 3591 de junio de 2009, se contempla la rehabilitación integral de los miembros de la Fuerza Pública heridos en combate, así como una metodología para el cálculo del gasto en defensa y seguridad con el fin de unificar los criterios de estimación d dicho rubro y generar mayor transparencia en el contenido de las cifras presentadas. Como resultado de tal ejercicio, se concluyó que, como porcentaje del PIB, el Gasto en Defensa y Seguridad pasó del 3,7% en 2002 al 4,6% en el año 2008.


Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)

La Dirección Nacional de Estupefacientes continuó la coordinación con las instituciones estatales colombianas en el inicio de la Quinta Ronda de Evaluación 2007 – 2009 del MEM, mediante los ajustes para la revisión del proceso. De manera particular, Colombia propuso la creación de dos indicadores nuevos: Interdicción Aérea del Narcotráfico e Interdicción Marítima del Narcotráfico.

Asimismo, procedió en la coordinación del diligenciamiento de un cuestionario sobre la estrategia nacional antidroga, que incluyó, entre otros temas, convenciones internacionales; sistema de información nacional; prevención; tratamiento de la drogadicción; producción de drogas; desarrollo alternativo; controles a los productos farmacéuticos y sustancias químicas; tráfico ilícito de drogas; interdicción marítima; armas de fuego; municiones y explosivos; lavado de activos y cooperación judicial.
Párrafos: 71 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  03/06/2010 
Lucha contra el problema mundial de las drogas

El Informe Mundial sobre Drogas 2009 de las Naciones Unidas reconoce los resultados de Colombia en materia de reducción de cultivos ilícitos; es así como desde el 2002 se ha incrementado en 72% la erradicación manual y la aspersión de cultivos ilícitos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el área cultivada con coca en Colombia pasó de 160.000 hectáreas a principios del decenio, a 81.000 hectáreas en 2008, lo que representó una reducción del 50%. Asimismo, se estimó que el potencial de producción de cocaína en Colombia en 2008 cayó en 28% frente a 2007, una disminución aún mayor que la observada en el área cultivada.


Las acciones en materia de lucha contra las drogas para el año 2009, no se reducen únicamente al tema de eliminación de cultivos ilícitos; operacionalmente, las autoridades lograron la incautación de 421.632 kg de drogas ilícitas. El año anterior las diferentes instituciones de seguridad del Estado decomisaron 205.727 Kg de clorhidrato de cocaína, 215.165 kg de marihuana prensada y 740,95 kg de heroína. La incautación de clorhidrato de cocaína es la más alta en los últimos años, puesto que se incautaron cerca de 5.000 kg más que en 2008, año en el que la lucha antidrogas en el país batió todos los récords logrados en erradicación e incautación.


Cabe señalar, que en los últimos tres años las autoridades colombianas han incautado mayor cantidad de marihuana que de cocaína clorhidrato, entre 2007 y 2009 se han incautado 653.054 kilogramos de marihuana prensada, 18% más que las incautaciones de cocaína.
(para mayor información, ver el informe adjunto, página 12)


Problema mundial de las drogas, delitos conexos y lavado de activos

Se resalta la implementación de la plataforma SIIS (Sistema de Intercambio de Información Segura), programa liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuya misión es intercambiar información de inteligencia entre los Estados Miembros en la lucha contra el tráfico de drogas dese América Latina hacia África Occidental. Asimismo, se resalta la expedición de la resolución No. 009 de junio de 2009, por medio de la cual se unifica la reglamentación para la compra, venta, consumo, distribución, almacenamiento y transporte de las sustancias sometidas a control especial.
Igualmente, se expidió la resolución N° 363 del noviembre de 2008, por medio de la cual se impone a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan l comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y /o exportación de oro, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de información y Análisis Financiero.
Párrafos: 72 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  03/06/2010 
Lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos

En marzo de 2009, el Comité de Coordinación Nacional para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas aprobó el Plan Nacional de Acción en materia de lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (APL) en todos sus aspectos, el cual recoge tres líneas estratégicas dirigidas al fortalecimiento institucional, el desarrollo de una cultura de paz y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Con la aprobación de este Plan, Colombia continúa avanzando en la búsqueda de mecanismos para la lucha contra el tráfico de armas cumpliendo los compromisos adquiridos en el Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos; la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y; el Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos (Decisión 552).
Párrafos: 75 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  03/06/2010 
Problema mundial de las drogas, delitos conexos y lavado de activos

Se resalta la implementación de la plataforma SIIS (Sistema de Intercambio de Información Segura), programa liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuya misión es intercambiar información de inteligencia entre los Estados Miembros en la lucha contra el tráfico de drogas dese América Latina hacia África Occidental. Asimismo, se resalta la expedición de la resolución No. 009 de junio de 2009, por medio de la cual se unifica la reglamentación para la compra, venta, consumo, distribución, almacenamiento y transporte de las sustancias sometidas a control especial.

Igualmente, se expidió la resolución N° 363 del noviembre de 2008, por medio de la cual se impone a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan l comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y /o exportación de oro, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de información y Análisis Financiero.
Párrafos: 76 Párrafos VII Cumbre: -

Recursos Relacionados
Decreto 2568 de 2003. Por el cual se modifica la estructura de la Dirección Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.
Diversos Acuerdos
Gastos directo del Estado colombiano contra las drogas. (2008-2009).
IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN. Informe sobre progreso 2009-Colombia.
INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 12 y 14)
INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 13)
INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 14)
INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 14)
INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 17)
Ley 785 de 2002. Disposiciones relacionadas con la administración de bienes incautados.
LOGROS DE LA POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA – PCSD
LOGROS DE LA POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA – PCSD
Logros MEM 1997-2007
NFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA
Plan Nacional de acción contra tráfico ilícito de armas
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” Tomo I, Capítulo 2. Política de Defensa y Seguridad Democrática.
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” Tomo I, Capítulo 2. Política de Defensa y Seguridad Democrática.
Política Integral de DDHH y DIH
Resolución 012 de 2009. Por el cual se modifica el capítulo III – Administración de Bienes.
Resolución 023 de 2006. Instructivo que debe seguir la DNE para la enajenación y administración de activos y demás bienes que forman parte del FRISCO.
Resultados Operacionales Gobierno Alvaro Uribe 2002-2009.
Resultados Operacionales Lucha Contra el Problema de las Drogas 1990-2008.