Colombia acude hoy a este Foro de las Américas, convencida como está de su proyecto de Nación, sustentada en la seguridad desde la democracia; del valor de la inversión desde la responsabilidad social, y del principio de la cohesión social desde la libertad.

Nuestro país ha sido y será garante del cumplimiento de los principios sobre los cuales se constituyeron la Carta de la Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como de la Carta Democrática de las Américas.

Colombia no tiene tradición ni lenguaje belicista. No hemos desplazado tropas a nuestras fronteras. Frente a nuestras naciones hermanas, frente a sus pueblos y frente a sus instituciones nuestra única vocación es la de estrechar vínculos de amistad y cooperación. Frente a los terroristas que amenazan nuestra seguridad interior y la de nuestros vecinos, hemos desplegado todos nuestros esfuerzos en ejercicio del deber constitucional de garantizar seguridad y protección a nuestros compatriotas.

Colombia ha sido víctima del terrorismo y en su lucha por superar ese flagelo ha contado con la solidaridad continental. El terrorismo invasor y transnacional, violenta no solo la soberanía de Colombia, también irrespeta la soberanía de los países vecinos.

QUIÉN ERA EL TERRORISTA RAÚL REYES

Permítanme detenerme para explicarles quién era alias Raúl Reyes, uno de los criminales más buscados en el mundo.

El terrorista alias “Raúl Reyes” tenía circular roja de la INTERPOL, 14 condenas y 121 procesos penales por crímenes de lesa humanidad, tales como masacres, homicidios, secuestros, terrorismo y crimen organizado, entre otros.

En días recientes había sido denunciado por el gobierno colombiano por el delito de trata de personas, relacionado con niñas menores de edad, sometidas a explotación sexual.

Por mencionar algunos ejemplos, Raúl Reyes fue el responsable en el 2007, del envío a México de 700 kilogramos de estupefacientes, y con cabecillas de la comisión internacional de las FARC participó en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, en Paraguay.

Señor Presidente, hago entrega a este Consejo del prontuario criminar de “Raúl Reyes” para su constancia. (ANEXO 1).

LOS HECHOS

Es cierto, y así Colombia lo ha reconocido, que el terrorista Raúl Reyes murió en territorio ecuatoriano, a 1.800 metros de la línea fronteriza con Colombia. El campamento en que permanecía era por su infraestructura de carácter permanente.

Por el contrario, no es cierto que los aviones colombianos hayan incursionado en territorio ecuatoriano. Se disparó desde el norte, desde territorio colombiano, a una distancia aproximada entre tres y cinco millas dentro de la frontera de Colombia. De haber incursionado en territorio ecuatoriano, el radar militar de ese país, situado en Lago Agrio, lo hubiese detectado. No es un argumento válido decir que los aviones colombianos han podido incursionar a baja altura para no ser detectados, puesto que para lanzar bombas necesariamente tendrían que haber subido de altura y por lo tanto, ser detectados por el radar en mención.

Es cierto que helicópteros colombianos con personal militar ingresaron a territorio ecuatoriano para registrar el campamento terrorista, razón por la cual el Gobierno colombiano ha pedido disculpas públicas al Gobierno del Ecuador y lo hace de nuevo en el día de hoy.

En desarrollo de ese registro, se detectaron los cadáveres de Raúl Reyes y de 16 terroristas más, así como amplia documentación personal y cuatro computadores de Reyes.

El gobierno de Colombia cuenta con información precisa que le permite aseverar, sin temor a equívocos, que el campamento hallado en territorio ecuatoriano no era un lugar de tránsito, sino, por el contrario, un campamento permanente, tal y como se comprueba a través del abundante material que se anexa a esta presentación y que contiene comprometedoras revelaciones de acuerdos entre las FARC y los gobiernos del Ecuador y Venezuela, que el Gobierno colombiano ha decidido poner en conocimiento de la Organización de Estados Americanos y otras instancias jurídicas competentes.
En los últimos días, algunos han afirmado que se atacó a ciudadanos indefensos mientras dormían. Señores Embajadores, eso es una falta de respeto con el pueblo colombiano; referirse de esa manera a unos terroristas que han cobrado miles y miles de vidas de ciudadanos de todas las nacionalidades resulta inadmisible para la nación que represento.

LA INFORMACIÓN PRELIMINAR HALLADA EN LOS COMPUTADORES

A continuación, me permito presentar apartes del informe preliminar sobre la evidencia encontrada en los computadores pertenecientes al terrorista Raúl Reyes.

La incautación de los computadores del terrorista ha permitido conocer hechos muy graves, que requieren una explicación al pueblo colombiano. Para efectos de preservar la prueba y garantizar su fidelidad, dichos computadores han sido puestos a disposición de esta Organización para que realice el peritazgo técnico del caso y se proceda al acompañamiento a las autoridades que tienen bajo su custodia ese material.

Presentamos documentos que no solo afectan la seguridad nacional de mi país, sino también la de la región, y hacen imperativas las explicaciones por parte de las autoridades ecuatorianas y venezolanas sobre sus vínculos con las FARC; sobre la presencia permanente de campamentos del grupo terrorista en territorio ecuatoriano; sobre el adoctrinamiento ideológico de la población de frontera; sobre el tráfico ilícito de drogas y de armas por dicho grupo bajo la protección de los gobiernos de Ecuador y Venezuela, y sobre el tránsito de secuestrados por esos territorios.

Me refiero, en primer lugar, a un documento fechado el 18 de enero de 2008, firmado por alias Raúl Reyes, del cual se concluye que este terrorista tuvo contacto directo con el Ministro de Seguridad del Ecuador, Señor Gustavo Larrea. (ANEXO 2/ DOC 1).

Dice textualmente Raúl Reyes en este documento, dirigido al secretariado de las FARC: “Atendimos la visita del Ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, en adelante Juan, quien a nombre del Presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el Secretariado”, exponiendo así entre otros puntos el interés del Presidente Correa de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto de su ministro de seguridad.

¿Cómo es posible, señores embajadores, discernir esta conducta, a la luz de las Resoluciones 1373 y 1368 de 2001; 1456 de 2003; y 1624 de 2005 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y las Resoluciones 2170 del 2006 y 2272 del 2007 de la Asamblea General de la OEA, así como las disposiciones que regulan la obligación internacional de hacer cumplir las circulares rojas de la INTERPOL?

También señala el referido documento, enviado por ‘Reyes’ al secretariado, con relación al gobierno ecuatoriano que: “…Están dispuesto (sic) a cambiar mandos de la fuerza pública de comportamiento hostil con las comunidades y civiles de la zona para lo cual solicitan nuestro aporte con información”….y adicionalmente que: “Para el Plan Ecuador nos piden cursos de organización de masas para nativos de la frontera, los que luego serán encargados por el gobierno de coordinar con las FARC el trabajo fronterizo. Con la ventaja de que una gente de esta es parte del Partido Clandestino o participan del Comité Binacional orientado por el Frente 48”.
El texto mencionado, se acompaña de otro, fechado el 28 de febrero del presente año, en el cual Raúl Reyes reitera a los miembros del secretariado la necesidad de avanzar en la respuesta al contacto del Ministro Larrea, emisario del señor Presidente Correa. (ANEXO 2/ DOC 2)
Sorprenden las declaraciones del Ministro Larrea cuando afirma que los contactos que mantenía con las FARC eran conocidos por el Gobierno de Colombia. No es cierto. Por el contrario, el Presidente Correa siempre aseguró al gobierno colombiano que no adelantaría ninguna gestión con las FARC sin conocimiento y autorización del Gobierno colombiano.

Las declaraciones del Presidente Correa y su ministro Gustavo Larrea confirman que sí existió la reunión a la que hace referencia el terrorista Reyes en las cartas encontradas en su computador. El acuerdo que estarían negociando con las FARC, según el elemento probatorio conocido, sería un acuerdo con fines políticos, con decisiones compartidas en el nombramiento de comandantes militares en la zona y para ejercer actividades proselitistas en el Ecuador.

Esto no tiene relación con la justificación que ha dado el Gobierno ecuatoriano que estaría adelantando acciones humanitarias. Lo que revelan los documentos tiene más bien las características de tráfico de secuestrados con fines políticos. Temas por los que tiene que responder el gobierno del Presidente Rafael Correa.
Quizás el hecho más grave aún es la referencia que en un documento de fecha del 14 de febrero de 2008, se hace sobre el financiamiento, por parte del gobierno de Venezuela, al grupo terrorista de las FARC por un monto de 300 millones de dólares. (ANEXO 2/ DOC 3-4-5-6-7). Cabe aquí analizar el alcance de este ofrecimiento de cara a la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
En el proceso de examen del abundante material contenido en los computadores hallados a los miembros del grupo terrorista, han aparecido hasta el momento otros datos vinculados directamente con la entrega de armamento y dinero por parte del Presidente Hugo Chávez a las FARC.
Este hecho configura una violación a la ley penal internacional y será denunciada por Colombia ante la Corte Penal Internacional para que investigue al presidente Hugo Chávez Frías por el delito de financiamiento directo de grupos terroristas.
Es de destacar que de manera oficial, el gobierno colombiano había informado por la vía diplomática sobre la presencia de las FARC en territorio ecuatoriano. Así consta en las notas: DA/CAL No. 4167 del 31 de enero de 2006, DM No. 8050 del 10 de febrero de 2006, VRE No. 13277 del 16 de marzo de 2006, VRE/DSF NO. 12995 del 7 de marzo de 2007, MRE/DSF/CAM No. 39671 del 6 de agosto de 2007, DM/DSF/CAM No. 49336 de 24 de septiembre de 2007, DM/VR No. 50856 del 2 de octubre de 2007, DM/DSF/CAM No. 51593 del 3 de octubre de 2007, DM/VR No. 55485 del 25 de octubre y E No. 032 del 25 de enero de 2008, enviadas al gobierno del Ecuador y que se entregan a este Consejo para su constancia. (ANEXO 3).
Es del caso señalar que Colombia tiene serios indicios de que en la actualidad subsisten campamentos de las FARC en territorio ecuatoriano. Los indicios que presenta el gobierno colombiano muestran que en ambos territorios existen campamentos de las FARC según coordenadas que se adjuntan en el documento. (ANEXO 4)

Son muy notorios los documentos relacionados con el tráfico de drogas por parte de las FARC utilizando territorio ecuatoriano. Se habla abiertamente de cientos de kilos de coca y de millones de dólares, tal como consta en el documento que se acompaña. (ANEXO 5)

Señores miembros del Consejo Permanente y ciudadanos del Hemisferio: que no quepa la menor duda de que los gobiernos de Venezuela y Ecuador han venido negociando con terroristas narcotraficantes. Las pruebas están a su disposición.

Tampoco puede olvidarse que los miembros de las FARC son terroristas registrados en la circular roja de la INTERPOL, tal como lo demuestra el anexo que se acompaña. (ANEXO 6)

Señor Presidente,

En las Naciones Unidas, así como en el seno de esta Organización, se ha condenado enérgicamente y de manera reiterada al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, por considerarlo criminal e injustificable bajo cualquier circunstancia, en donde quiera y por quien quiera sea cometido, porque constituye una grave amenaza para la paz y para la seguridad internacional, para la democracia, para la estabilidad y para la prosperidad de todos los países de la región.

También, los países hemos sido reiterativos en la importancia de que los estados miembros de la OEA cumplan con los compromisos adquiridos en las disposiciones internacionales sobre el terrorismo, y específicamente, trabajen de manera mancomunada en un marco de cooperación para prevenir los crimines producto de la actividad terrorista y sus delitos relacionados.

Colombia desea apelar especialmente a la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La humanidad de honrar los preceptos en ella contenidos, en el sentido de denegar refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo e impedir que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en contra de otros estados o de sus ciudadanos.

Permitir que grupos terroristas tengan campamentos en la frontera de un país vecino y que desde ellos se planeen y ejecuten actos terroristas es en sí un acto criminal y una clara violación a los tratados internacionales sobre la lucha contra el terrorismo, al igual que al principio de respeto a la soberanía de los Estados, entre otras obligaciones internacionales.


Permítame, Señor Presidente, reiterar que Colombia es un país amante de la paz, respetuoso de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y apegado al Derecho Internacional. Nunca hemos sido un país agresor ni en lo político ni en lo militar. Hemos sido respetuosos del principio de la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Jamás hemos querido expandir un principio alguno distinto al de la Democracia. No aceptamos ninguna provocación que ponga en peligro la estabilidad de la región. Continuaremos, eso sí, siendo firmes en la lucha contra el problema mundial de las drogas y contra el terrorismo, dentro del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.

Colombia es un país abierto al diálogo, dispuesto siempre a la confrontación de las ideas, en el marco de la democracia y en estricto apego a la solidez de sus instituciones. Mi gobierno, en aras de buscar solución a la crisis con el país hermano, apoya la convocatoria de mecanismos de diálogo político y la búsqueda de fórmulas de entendimiento. Para el efecto, proponemos se conforme, bajo la dirección del Secretario General, una Comisión de Exploración de Alternativas Políticas, con el fin de buscar las alternativas posibles para superar la situación actual haciendo uso pleno de las vías diplomáticas.

Para el Gobierno y el pueblo colombiano, sin embargo, resulta perentorio que ningún escenario de discusión esté desprovisto de la búsqueda de la verdad. La honestidad con la que Colombia ha acometido infatigables esfuerzos por restablecer la seguridad en su territorio, consolidar su democracia y ofrecer garantías a todos sus ciudadanos es lo mínimo que exigimos a los países del continente.

Lo que hoy pedimos es una posición clara frente al terrorismo. Una posición honesta, una posición sincera. Ofende al pueblo colombiano que algunos de nuestros vecinos sigan creyendo que las FARC representan los intereses del pueblo. Mi país reclama que las cosas sean llamadas por su nombre: Las FARC son una mafia narcotraficante, que para nada representan los intereses del pueblo colombiano. Son una mafia sin patria, que delinque, bien en Colombia o en el exterior. Sorprende que mientras ahora se nos quiere condenar por una acción que liberó a nuestro pueblo de un yugo de 40 años de terror, en Venezuela se le rinden homenajes a un criminal y genocida.

Ahora la discusión se centra sobre 1.800 metros más allá de la frontera, pero nadie habla de los miles de colombianos secuestrados y masacrados por las FARC. Nadie habla del prontuario criminal de Raúl Reyes. Nadie habla del derecho a la libertad de los colombianos.

¡Qué valor han mostrado los presidentes de Ecuador y Venezuela para
expulsar a nuestros embajadores, dignos representantes de una democracia legítima! Ojalá mostraran similar valor para expulsar a los terroristas de su territorio.