La celebración de elecciones libres, justas y periódicas es un elemento primordial de la democracia y la democracia es una de las preocupaciones principales de nuestra Organización.

Nuestra democracia, aquella que nos preocupa pero también nos orienta, no es una idea en construcción ni un instrumento flexible que pueda adaptarse a las necesidades de los gobernantes o a las veleidades intelectuales de los analistas. Está definida con toda claridad en los textos que componen el marco jurídico-institucional desarrollado durante los últimos veinte años por la OEA. Ese marco jurídico, absolutamente explícito en lo relativo a la democracia y sus componentes, está contenido, entre otros documentos, en el Protocolo de Cartagena [1985], en la Resolución 1080 [1991], en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo [1993], en el Protocolo de Washington [1997] y, de manera definitiva, en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por los Estados miembros en 2001.

Nuestra Carta Democrática, tras proclamar en su primer artículo el derecho de los pueblos a la democracia, define en su Artículo 2 a la democracia representativa, al estado de derecho y a la existencia de un régimen constitucional como bases de la misma. La Carta agrega que la democracia representativa se refuerza por la plena y responsable participación de la ciudadanía (considerada un derecho y una responsabilidad) e incluye como sus rasgos esenciales (Art. 3) las elecciones periódicas, libres y justas, el voto secreto, la independencia de poderes públicos y la obligación de las autoridades de ejercer sus poderes dentro del marco de la Constitución y la ley.

Además de estas condiciones de origen, la Carta Democrática Interamericana incluye también como elementos esenciales de la democracia el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas, así como la existencia de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, de cuyo financiamiento también se preocupa en el Art.5. Finalmente denomina componentes fundamentales de la democracia a la transparencia, la probidad, la responsabilidad en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales y el respeto a la libertad de expresión y prensa, al tiempo que demanda la subordinación de todos a la autoridad civil y al estado de derecho.

El concepto de democracia en el que coinciden, en el que creen y por el que luchan los Estados Americanos es, pues, exigente y amplio. Incluye requisitos de origen en la formación misma de un gobierno democrático pero también un conjunto de valores que se proclaman “esenciales” o “fundamentales” a todo ejercicio democrático.

Dicho de otra manera, para ser un gobierno democrático no basta, según la Carta Democrática Interamericana, con ser un gobierno de mayorías, electo en elecciones totalmente válidas. A la condición de origen (elecciones periódicas, libres y justas y voto secreto) se agregan aquellas condiciones esenciales que dicen relación con otras dos categorías políticas: la organización del Estado -esto es régimen constitucional de democracia representativa, estado de derecho, independencia de los poderes públicos, régimen plural de partidos, gobierno transparente y responsable y la subordinación a la autoridad legítima- y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía, es decir derechos humanos y sociales, libertad de expresión y prensa, y participación ciudadana.

La misma Carta, tras señalar que democracia y desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente, señala cómo la pobreza y el analfabetismo, entre otros temas sociales (se mencionan también el medio ambiente y la educación) son factores negativos para el desarrollo de la democracia; en ese marco compromete a los gobiernos a promover y observar los derechos económicos y sociales, así como a respetar los derechos de los trabajadores. Condena decididamente, asimismo, toda forma de discriminación, señalando que su total eliminación fortalece la democracia y la participación ciudadana. El último artículo de la Carta Democrática Interamericana compromete a los Estados signatarios a promover la participación plena e igualitaria de la mujer en las estructuras políticas de la sociedad.

Esta proclamación de una "ciudadanía social" es un aspecto muy relevante de la Carta, formulada en un continente en que la pobreza aún alcanza a cerca del 40% de la población, incluyendo un alto número de indigentes; donde muchos ciudadanos son discriminados por razón de raza, género u otros factores; donde existe aún mucho analfabetismo y falta de acceso a los servicios sociales y donde los derechos de los trabajadores están en los libros, pero en la práctica son ignorados. La Carta Democrática Interamericana, que no incluye la ciudadanía social como un requisito esencial de la democracia, indica claramente sin embargo que sin un progreso en el plano económico y social no es posible preservar y ampliar una democracia que responda a las expectativas de sus ciudadanos.

Ciertamente la Carta Democrática Interamericana nos entrega una visión comprehensiva de la democracia y por ello ha sido reconocida como el instrumento interamericano más completo promulgado hasta hoy para promover las prácticas democráticas en los Estados del continente. Nos muestra que la democracia es un sistema y sólo existe si existen todas sus partes, que importan por igual. Nos indica claramente que no hay verdadera democracia en un país si en él se practica el ritual periódico de las elecciones pero no está establecido el derecho a la libre asociación y, por lo tanto, no pueden existir partidos opositores al gobierno. Que no existe verdadera democracia si los partidos opositores son permitidos pero ni su voz ni su mensaje puede llegar a los ciudadanos electores. Que tampoco impera la democracia allí en donde una parte significativa de los ciudadanos permanece condenada a la pobreza, la ignorancia y la enfermedad sin que sus gobiernos se preocupen auténticamente por responder a sus necesidades; pero que tampoco la hay si los gobiernos que se preocupan de atender las necesidades de su pueblo al mismo tiempo acallan la voz de la oposición o no respetan el estado de derecho.

En suma, lo que nos indica la Carta Democrática Interamericana es que no existe la democracia “por partes”. Que en consecuencia no son aceptables las democracias “protegidas”, “tuteladas”, “intervenidas”, “populares” o “autoritarias”. Que las democracias lo son del todo o simplemente no son democracias.

Esos son los principios que orientan la actividad de la OEA. En función de ellos hemos procurado y seguiremos procurando hacer prevalecer situaciones democráticas en la generación de gobiernos y otras autoridades en la región por intermedio de nuestra labor de observación de elecciones y de asistencia técnica en materia electoral.

Con base en esos mismos principios y en las normas interamericanas sobre la materia, hemos hecho un esfuerzo por identificar algunos elementos básicos que deben existir para validar el carácter democrático de una elección. Es a esos componentes de elecciones democráticas, reflejados en múltiples instrumentos suscritos por los Estados miembros, a los que prestamos atención cuando observamos un proceso electoral.

Cuatro son los principales entre ellos. En primer lugar se observa que las elecciones sean inclusivas, es decir que los ciudadanos se encuentren habilitados para ejercer su derecho al voto en el proceso electoral. En segundo término se observa que las elecciones sean limpias, esto es que las preferencias de los electores se respeten y se registren de manera fidedigna. El tercer aspecto que se observa es la competitividad de las elecciones, es decir que se brinde al electorado opciones imparciales entre las alternativas y que el ejercicio electoral se dé en condiciones de equidad. Finalmente se observa que los cargos públicos principales se obtengan mediante elecciones periódicas y que no se modifiquen arbitrariamente los resultados expresados a través del voto por los ciudadanos.

Nuestra experiencia, a lo largo de los últimos dieciséis años durante los cuales hemos observado alrededor de ciento treinta elecciones en unos veintidós países del hemisferio, nos permite advertir tendencias y obtener conclusiones. Estas últimas, principalmente, se han visto ampliamente confirmadas en el intenso ciclo electoral que experimentamos durante los años 2005 y 2006, en el que las elecciones, si bien a veces complejas y muy competidas, fueron por lo general bien conducidas y ampliamente aceptadas.

Una primera conclusión es que la intensa ola de procesos electorales representa por sí misma un logro importante para la región, ya que con ellos se confirma que la búsqueda de acceso al poder por vías no democráticas es algo que comienza a quedar atrás en nuestra práctica social.

También es necesario destacar que todas las elecciones observadas durante el ciclo 2005-2006 se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad, aún en países donde, por antecedentes históricos, se anticipaba la posibilidad de procesos electorales que contuvieran elementos de violencia o fuerte conflictividad. A pesar de esos temores estas situaciones no se dieron, lo que es revelador de una evolución muy alentadora en nuestra región, sobre todo en países donde existen o han existido fuertes conflictos sociales. El fenómeno nos alienta a concluir que en nuestras sociedades comienzan a abrirse caminos para una mayor tolerancia social. Del mismo modo y en contra de la opinión de algunos analistas que tienden a asociar los períodos de actividad eleccionaria con momentos de alta conflictividad o confrontación política, nuestra propia experiencia tiende a demostrar que si bien es cierto que los períodos electorales pueden ser propicios para generar disensos entre diferentes actores y sectores, constituyen también el momento ideal para procesar los diferendos y ventilar las distintas opciones políticas de manera más organizada e institucionalizada, con el resultado de una atenuación o disminución de la conflictividad social latente.

Las elecciones recientes en nuestra región, parecen, por otra parte, haber permitido una cierta revitalización de la relación entre los ciudadanos y sus gobernantes. En efecto, según datos de la encuesta anual Latinobarómetro, las instituciones democráticas y los líderes políticos que las ocupan fueron valorados más positivamente durante 2005-2006 que en el pasado. En períodos eleccionarios los partidos políticos, igual que los Congresos, tienen una oportunidad importante de acercamiento con la ciudadanía. El reto es extender ese acercamiento más allá de esos períodos.

Nuestras observaciones documentaron, de igual modo, muy poca evidencia de fraude. En ningún caso se observó una manipulación masiva de resultados electorales y las elecciones, en líneas generales, tuvieron lugar en un ambiente de transparencia y de apego a las normas electorales nacionales. En los casos observados por la OEA se constató respeto por la integridad de las preferencias de los electores y las mismas se registraron de manera correcta.

El concepto de inclusividad, a su vez, parece cada vez más valorado en nuestros países y es evidente el esfuerzo hecho para abrir el espacio político a grupos históricamente representados de modo insuficiente, como las mujeres y los pueblos indígenas. Debemos admitir que aunque queda todavía mucho por hacer a este respecto, también es mucho lo avanzado.

Nuestra experiencia de observación y asesoría electoral nos muestra también áreas deficitarias. Entre ellas quizá la cuestión de la competitividad es la que más poderosamente debería preocuparnos, en particular con relación a tres temas esenciales: el acceso equitativo a los medios masivos de comunicación, el fortalecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados que usan los partidos y el creciente costo de las campañas electorales. Sobre este punto debe considerarse, como ya he recordado, que la Carta Democrática Interamericana en su Artículo 5 llama a “prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación” de las actividades de los partidos políticos.

De igual manera, de las observaciones hechas por la OEA se desprende que si bien el derecho al voto universal ha sido conquistado en términos formales y ha sido incorporado a la ley, no siempre se ha materializado de manera ecuánime en la práctica. Así por ejemplo, un aspecto que el ciclo electoral reciente ha puesto en evidencia como deficiente en varios países es la incorporación de los individuos al registro civil y su posibilidad de obtener un documento de identidad, lo que en la mayoría de los países son pasos obligatorios para la incorporación al registro electoral y, por ende, al ejercicio del derecho de votar.

Las sumas y las restas de nuestra experiencia de dieciséis años de observación electoral y de asesoramiento a los países miembros de nuestra Organización en materia electoral nos entregan, sin embargo, un saldo netamente positivo. Lo significativamente importante, en última instancia, es que las elecciones se hayan terminado por constituir en el único elemento para dirimir las diferencias políticas y que las mismas tengan lugar en el marco de procesos plenamente normales y en los que se respeta la decisión de las mayorías.

Como todos sabemos, entre noviembre de 2005 y finales de 2006 tuvieron lugar veintisiete procesos electorales que dieron lugar treinta y seis elecciones en veintiún Estados miembros de nuestra Organización: trece comicios presidenciales, todos en América Latina, once parlamentarios y procesos de referéndum, consultas populares y elecciones municipales y regionales. En el futuro próximo habrá elecciones en Guatemala y Argentina y durante 2009-2010 nuevamente una conjunción de procesos electorales similar a la recién experimentada pues el primero de esos años debe haber elecciones en El Salvador, Honduras, Panamá, Antigua y Barbuda, St. Kitts and Nevis, Chile y Uruguay y, en 2010, en Canadá, Costa Rica, Dominica, Surinam y Brasil. Un total de trece elecciones en los próximos años.

Es verdad que, a pesar de este importante progreso, persisten todavía algunas aprensiones en la región en lo relativo a la credibilidad y la transparencia de los procesos electorales. Tal percepción, como queda perfectamente claro de lo expuesto hasta aquí, no coincide con lo que efectivamente la OEA observó y por lo tanto llama a un esfuerzo más profundo de información a nuestros ciudadanos acerca de procesos en los cuales ellos mismos, muchas veces, han participado en un ambiente de transparencia y respeto a las normas electorales en vigor.

Lo verdaderamente sustantivo, en definitiva, es el carácter de gran dirimente de las diferencias políticas en nuestra región que han alcanzado las elecciones y el hecho que, sin excepciones, nuestra experiencia reciente esté demostrando que ellas se realizan en un contexto de plena normalidad y respeto a las decisiones de las mayorías. Con ello hemos avanzado significativamente en la materialización de uno de los elementos fundamentales de la democracia.

Reitero aquí el compromiso de nuestra Organización de seguir contribuyendo a esta situación mediante nuestra labor de observación de elecciones y de asistencia técnica en materia electoral.