Señor Patricio Zuquilanda Duque, Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y Presidente de esta Asamblea
Señores Cancilleres de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos
Señor Secretario General, César Gaviria
Señor Secretario General Adjunto, Embajador Luigi Einaudi
Señoras y Señores:

En nombre del Gobierno de la República Dominicana y la Delegación que me honro en presidir, permítanme expresar por su digno conducto nuestro agradecimiento al Gobierno y pueblo ecuatorianos por la cálida hospitalidad que se nos ha brindado desde que tuvimos el placer de pisar tierra en esta hermosa nación americana.

El pueblo ecuatoriano desde su formación como nación, se ha distinguido por la defensa de sus valores históricos y tradiciones, así como por la lucha de sus mejores hombres y mujeres en la construcción de la democracia, por lo que nos sentimos muy satisfechos de la acogida que ha dado su Gobierno a esta importante Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Señor Presidente:

Deseo hacer propicia la ocasión, para manifestar el profundo agradecimiento del Gobierno y pueblo dominicanos por la excelente colaboración y apoyo brindados por la Misión de Observación Electoral de la OEA, la que junto a otras importantes delegaciones del Hemisferio, países de Europa y Asia, fueron testigos del éxito del proceso electoral recién celebrado en mi país el pasado 16 de mayo.

Estas elecciones ratificaron la conciencia democrática de los dominicanos y las dominicanas que participamos masiva y ordenadamente ejerciendo nuestra voluntad soberana para elegir nuevos gobernantes.

Con humilde pero profundo orgullo debo señalar el gesto del Señor Presidente y candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, Ingeniero Hipólito Mejía, quien reconoció el triunfo del Doctor Leonel Fernández cuando apenas habían transcurrido cuatro horas del cierre de los colegios electorales, y sólo se había emitido el primer boletín oficial de la Junta Central Electoral.

Con esa actitud nuestro Presidente ofreció un cívico ejemplo a las fuerzas políticas dominicanas y generó el clima de paz y tranquilidad que se prolonga ahora en una transición de mando respetuosa y transparente.

Permítanme afirmar que este ejemplo no sólo fortalece la institucionalidad en la República Dominicana, sino que se constituye en un estimulante acto de fe en los procesos democráticos de todo el Continente, contribuyendo así a la gran misión de la OEA, en cuanto a velar y a apoyar la democracia en nuestros países, tal como ha sido consignado en la Carta Democrática Interamericana.

Deseo hacer provecho de la ocasión para expresar el agradecimiento del pueblo y el Gobierno dominicanos por el oportuno y solidario apoyo que nos ha brindado la comunidad hemisférica y otras naciones hermanas, así como organizaciones y organismos internacionales, en ocasión de los trágicos acontecimientos provocados por recientes inundaciones en el municipio fronterizo de Jimaní, donde cientos de dominicanos y haitianos perdieron la vida y otros miles de ciudadanos han padecido la pérdida de parientes y/o sufrido daños materiales y sicológicos.

Señor Presidente, los temas relativos al desarrollo social y la democracia han sido históricamente objetos de debates ideológicos y doctrinales. Distintas escuelas latinoamericanas, así como intelectuales y académicos han planteado la vinculación entre ambos conceptos, asociados a varias teorías del desarrollo en las que se destacan las distintas corrientes del marxismo, la socialdemocracia y el neoliberalismo, las cuales han tratado de fundamentar sus tesis sobre el desarrollo socioeconómico en base a dichos modelos.

Tenemos que reconocer que a pesar de los cambios políticos ocurridos en nuestra región en las últimas dos décadas y del fortalecimiento de la democracia como sistema político, la gran mayoría de los países americanos continúan atrapados en la pobreza y el subdesarrollo abrumados por los graves problemas de desigualdad y la falta de oportunidades y de justicia social que ello implica.

Hoy día, muchos de nuestros países siguen teniendo un crecimiento muy débil, expuestos al ciclo internacional del capital financiero, destacándonos como productores de materias primas pagadas a muy bajos precios y sin dar respuestas oportunas y eficaces a los grandes retos y desafíos del desarrollo industrial y tecnológico.

A pesar del crecimiento coyuntural de algunas economías de la región, conforme a estadísticas de importantes organismos internacionales, 220 millones de ciudadanos de las Américas continúan viviendo con sólo US$2.00 por día, de los cuales el 40% vive en la indigencia, con ingresos de menos de US$1.00, situación que tiende a agravarse por la pérdida acelerada del poder adquisitivo de amplios sectores de la población, así como por el incremento del desempleo. La brecha entre ricos y pobres se amplía como resultado de la distribución desigual del ingreso, lo cual viene a acentuar el desequilibrio social.

La carencia de respuestas a los problemas socioeconómicos y de justicia distributiva ha venido generando a su vez un conjunto de inquietudes sociales que minan la confianza en las instituciones. La falta de solución a estos problemas produce todo un cuestionamiento del sistema democrático, de los partidos políticos, de los gobiernos y sus líderes, conduciéndonos a importantes crisis de gobernabilidad, afectando la estabilidad democrática y el Estado de Derecho en mucho de los países del Hemisferio.

En realidad, nos estamos refiriendo a una situación que afecta a nuestra región desde hace muchos años, y que los gobiernos y Jefes de Estado han venido tratando en las distintas cumbres, en especial en las Cumbres de las Américas y la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, donde se han definido metas para superar la pobreza, la lucha contra la corrupción, los problemas de gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia.

Hicimos referencia a este tema durante nuestra intervención en el Trigésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en Santiago de Chile el año pasado cuando expresamos que “la corrupción y el clientelismo político son amenazas para la gobernabilidad democrática, porque un ciudadano no puede ser libre en una sociedad cuyos derechos dependen del arbitrio de un funcionario”. En la ocasión planteamos que “la complicidad y la impunidad deben ser eliminados. El ejercicio del poder para conservarlo sin ningún compromiso ético, se convierte en un enemigo de la democracia y de la gobernabilidad, convirtiendo la política en un negocio desposeído de toda responsabilidad con equidad”.

Precisamente, el fenómeno de la corrupción a nivel mundial y regional tiene una incidencia directa en los problemas que hoy enfrentan nuestras instituciones y Gobiernos, los cuales repercuten negativamente en la estabilidad del sistema democrático. Dicha práctica como se ha señalado, vulnera la legitimidad de los gobiernos y corroe la democracia.

Se ha establecido que la corrupción distorsiona la adopción de decisiones económicas, aleja la inversión, socava la competitividad y debilita el crecimiento económico en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad. La corrupción ha penetrado en todos los espacios sociales y económicos, convirtiéndose en un problema de carácter internacional. Sobre el particular ya habíamos planteado durante nuestra intervención en la Conferencia sobre Seguridad Hemisférica, celebrada en Méjico en octubre del 2003, que “la corrupción, tanto pública como privada, es una de las preocupaciones de todos los Estados del Hemisferio. Ella contribuye a la inseguridad por dos vías, primero socava la fe de la población en las instituciones democráticas y segundo, debilita la respuesta de los Estados a las amenazas que representan las redes criminales transnacionales, particularmente, aquellos que trafican con drogas”.

Señor Presidente, al evaluar los avances que hemos logrado para hacer frente a estos agobiantes problemas, debemos convenir que los mismos han sido insuficientes y reconocer la responsabilidad compartida de los Estados, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional, como corresponsables de dicho fenómeno. Se hace necesario, pues, tomar acciones apremiantes y radicales para enfrentar una situación que amenaza desbordar las agendas de nuestros gobiernos.

Es por ello que el Gobierno dominicano ha adoptado un conjunto de leyes, decretos y medidas administrativas, las cuales buscan fortalecer la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en sus aspectos de prevención, investigación de casos de corrupción y participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Estamos conscientes de que esta lucha sólo tendrá éxito en la medida en que se involucre a toda la sociedad.

Entre las acciones más importantes adoptadas al respecto en nuestro país durante la presente gestión de gobierno con miras a la aplicación de la señalada Convención, se encuentran:

1. La modificación del sistema presupuestario, para hacerlo más previsible, transparente y menos discrecional.
2. La aprobación de una nueva Ley de Cámara de Cuentas, que fortalece la capacidad del control externo, permitiéndole aplicar sanciones administrativas y someter a la acción de la justicia a los responsables de actos de corrupción.
3. La creación de las comisiones de auditoría social, que permiten a las comunidades vigilar la inversión pública, en especial las obras de construcción del Estado.

Además de las medidas ya aprobadas, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional importantes proyectos de leyes que procuran prevenir la corrupción, entre los cuales cabe mencionar el dirigido a crear la Oficina Nacional de Prevención e Investigación de la Corrupción, el que modifica la actual Ley de Declaración Jurada de Bienes de los Funcionarios Públicos y el que establece un nuevo sistema de compras de bienes y servicios por parte de las instituciones del Estado, así como de las contrataciones y concesiones.

Deseo destacar, que además de adoptar estas importantes iniciativas en contra de la corrupción, el Gobierno dominicano ha perseguido y enviado a la justicia ordinaria aquellos casos en que se han detectado irregularidades o hechos de corrupción, consciente de su responsabilidad social y de que la lucha contra este mal social tiene mayores posibilidades de éxito cuando se preserva el Estado de Derecho y se fortalece la acción de la justicia.

Señor Presidente, el Gobierno dominicano reconoce los esfuerzos y apoyo de la Organización de los Estados Americanos para que los países de las Américas y en especial la República Dominicana avancen en la lucha contra la corrupción. Vale destacar la creación del Mecanismo de Seguimiento a la Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en junio del 2001, del cual nuestro país ha formado parte y ha ocupado la Vice-Presidencia del Comité de Expertos durante sus primeros dos años.

En lo adelante la OEA está llamada a fortalecer estos esfuerzos, adoptando medidas que permitan afianzar el Mecanismo de Seguimiento de la Convención, dotándolo de una mayor capacidad operativa, técnica y presupuestal.

De igual modo, se deberán ampliar las acciones del Programa de Lucha contra la Corrupción que lleva a cabo la Organización, a fin de que los países miembros puedan contar con su apoyo para implementar las recomendaciones aprobadas por el Comité de Expertos. En tal sentido, vemos con satisfacción y como un aporte importante, las recomendaciones realizadas por la sociedad civil durante el diálogo con los Jefes de Delegaciones efectuadas al inicio de esta Asamblea.

Finalmente, Señor Presidente, al ser esta la última ocasión en que me dirigiré a la Asamblea General en nombre del Gobierno dominicano, permítame agradecer a todos mis colegas, al Secretario General, al Secretario General Adjunto, por el apoyo brindado durante mi gestión al frente de la Cancillería.

Siempre recordaré los momentos solemnes en que en nuestras reuniones, la hermandad y el espíritu hemisférico de los sueños de nuestros Padres de la Patria primaron sobre cualquier aspiración particular de nuestros Estados. Guardaré en mi memoria como lecciones fecundas los abordajes constructivos de temas que como la corrupción, el desarrollo con equidad y la democracia constituyen el gran desafío y a la vez, la mayor esperanza de nuestros pueblos hermanos.

Como ciudadano “de a pie” me propongo continuar dando apoyo y respaldo a esta Organización de los Estados Americanos, desde mi país, la República Dominicana.

Muchas gracias.