Sesón Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

El pasado viernes a las 8 y 15 de la noche, en Bogotá, un grupo de terroristas hizo estallar un carro bomba con más de 200 kilos de explosivos en el estacionamiento de un club privado en cuyo interior había más de 700 civiles. 35 personas, entre ellas 6 niños con edades entre 3 y 13 años,
murieron como consecuencia de esta atrocidad. 160 personas más
resultaron heridas.

La historia de una de ellas, María Camila García, de 12 años, sintetiza lo que representa un ataque terrorista contra la población civil: su padre, su madre y su hermana de tres años murieron por causa de la explosión y ella resultó gravemente herida. Le amputaron una de sus piernas y aún permanece en coma en el hospital. Su unica familia es un hermano gemelo
que milagrosamente se salvó.

Quiero expresarles con toda claridad que tanto el gobierno de Colombia como el de los Estados Unidos tienen evidencia irrefutable, producto de La inteligencia tecnica y humana y que por obvias razones de seguridad no podemos divulgar, que indican que los autores de este atentado fueron las FARC.

Ningún país del mundo padece con tanta severidad los horrores del terrorismo y la violencia como Colombia.

Durante los últimos 5 años los colombianos sufrimos 8 mil actos de destrucción colectiva, cifra superior a la registrada en los demás casos de violencia del mundo; 280 poblaciones sufrieron ataques de guerrillas y paramilitares con graves consecuencias para la población civil y la Fuerza
Pública.

La violencia de la Colombia de hoy tiene distintas fuentes. Pero la principal es esa maquinaria infernal que desatan los multimillonario s ingresos del narcotráfico puestos al servicio de organizaciones terroristas como las FARC.

En el 2002 las FARC asesinaron 834 civiles y cometieron 876 actos terroristas. Es decir, más de dos por día.

Estos actos comprenden la utilización de artefactos explosivos, quemas de vehículos de transporte público, destrucción de escuelas, de instituciones estatales, de establecimientos públicos, de viviendas, de lugares de
recreación, de bienes culturales, de lugares de culto religioso, de voladura de torres de energía o comunicaciones, de puentes y de peajes. Pero muy especialmente todo tipo de atrocidades contra la población.

Las F ARC no distinguen en su accionar entre civiles y combatientes. Sus ataques son indiscriminados y el uso de medios de combate no tiene límites.

Sería interminable realizar la relación completa de actos terroristas por parte de este grupo, pero SI qUIero referirme a algunos casos que demuestran claramente que los hechos que les pedimos condenar no son aislados sino hacen parte de una creciente ola de atentados bárbaros que culminan en los del pasado viernes.

El 7 de abril de 2002 en Villavicencio, capital del departamento del Meta la explosión de un carro bomba causó la muerte a 11 personas y heridas a 70 más en el sector de La Grama donde jóvenes departían un viernes por la noche en restaurantes, cantinas y bares de esta ciudad.


El 2 de mayo del mismo año, un cilindro de gas lanzado por terroristas de las F ARC destruyó la iglesia de Bojayá (Choco) y provocó la muerte de más de 110 civiles - 45 de ellos niños - y heridas a otros 80 ciudadanos.

El 7 de agosto de 2002, día de la posesión del Presidente Alvaro Uribe, murieron aproximadamente 18 civiles en Bogotá como consecuencia del lanzamiento de un rocket contra el Palacio de Nariño a la misma hora en que realizaba la transmisión de mando.

Tres granadas de mortero explotaron el 22 de noviembre de 2002 en una edificación cercana a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Embajada Norteamericana.
y el 30 noviembre,3 O personas resultaron heridas en el piso 30 de Residencias Tequendama en Bogotá, tras la activación de un artefacto explosivo en un restaurante. Ese mismo
día el Presidente de la Comisión Primera del Senado, Germán Vargas Lleras, fue víctima de un libro-bomba que le voló la mitad de su mano izquierda.

El 16 de enero de este año un grupo de hombres armados de las FARC realizaron un macabro recorrido por varias veredas del municipio de San Carlos en Antioquia. A lo largo del mismo mataron a 20 humildes campesinos, algunos menores de edad y hasta un anciano de 72 años. ¿Los motivos? Algunos por que no aceptaron vincularse a las F ARC, otros bajo
la sindicación de tener teléfono en sus casas y ser sospechosos de utilizados para informar a las autoridades y otros por vivir en veredas donde patrullan grupos de autodefensa ilegales.

Tan sólo en el año 2002, 43 menores de edad fueron secuestrados por las F ARC. Ese mismo año este grupo terrorista secuestró a 12 extranjeros, a 898 civiles y a 48
miembros de las Fuerza Pública.

Si hablamos de los atentados que la Fuerza Pública ha evitado tenemos que mencionar unos rockets que apuntaban hacia el sistema de transporte masivo u ocho carros-bombas que iban a ser activados en distintos lugares de la capital.

Las F ARC constituyen en la actualidad la principal amenaza contra nuestra democracia. Mantienen secuestrados 23 dignatarios del Estado entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancur, senadores, representantes,
diputados y al gobernador del departamento de Antioquia Guillermo Gaviria. Asimismo, además de amenzar con asesinar a todos los alcaldes,lo que obligó a muchos de ellos a renunciar o a despachar desde las capitales de departamento limitando las libertades públicas y el derecho a algo tan fundamental en una democracia como el de elegir y ser electo, el año pasado este grupo terrorista asesinó a 62 concejales, 13 alcaldes y 43 religiosos.

En medio del acoso y de las amenazas del terrorismo el gobierno trabaja sin descanso en la construcción de la Seguridad Democrática para Colombia que consiste fundamentalmente en rescatar el imperio de la Ley.

Al mismo tiempo el Presidente Álvaro Uribe reitera su voluntad de propiciar una solución política del conflicto que las F ARC y el ELN han rechazado una y otra vez.

El Presidente ha sido enfático en señalar que cualquier proceso de negociación debe contar con la presencia de la comunidad internacional, ir precedido de una eliminación de la violencia contra los civiles y acompañado de una voluntad real de llegar a acuerdos de paz.

En el momento mismo de su elección solicitó los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas, creó una comisión encabezada por el arzobispo de Tunja Monseñor
J osé Augusto Castro para los acercamiento s con las F ARC, mantuvo los diálogos con el ELN en Cuba, apeló al grupo de países amigos cuando estas conversaciones se empantanaron.
Voluntad no le ha faltado a este gobierno de buscar una alida negociada.

Nuestro gobierno no impone condiciones indignas pero tampoco acepta Imposiciones surgidas del terror. Concibe la construcción de la paz mediante un proceso de buena fe, tejido con paciencia y creatividad, acompañado por los amigos de Colombia, que reconozca la inutilidad e inviabilidad de la confrontación armada y que comience por respetar a la
población civil. El inicio de este proceso no ha sido posible por la intransigencia de la insurgencia y por sus mezquinos cálculos.

Ni el terrorismo, ni la crueldad, ni la insensatez de los violentos nos harán desistir del empeño y del compromiso de proteger a los colombianos y devolver la seguridad a nuestro país. Estamos enfrentando con fortaleza, perseverancia y decisión las múltiples amenazas que plantea esta letal
alianza de subversión y narcotráfico. Los grandes objetivos de nuestra política de seguridad, dirigida contra todos los factores de violencia, son lograr la plena vigencia de todos los derechos para todas las personas, proteger a empresarios, periodistas y sindicalistas. A todos los colombianos.

En sólo seis meses de aplicación de esa política hemos logrado reducir los homicidios de 2500 por mes a 1800, los secuestros de 300 por mes a 200, y disminuyeron a niveles históricos el asesinato de sindicalistas y las masacres. En las vacaciones de pasado fin de año nuestro pueblo recuperó
el derecho a transitar por su país y 19 millones de personas viajaron por nuestras carreteras.

En Colombia hay autoridad, no autoritarismo. Hemos aplicado nuestra política con estricta observación las normas internas y de los tratados internacionales de derechos humanos. Ningún gobierno colombiano ha sido sometido a mayor escrutinio nacional e internacional y ha logrado mejores resultados.

Pero este esfuerzo del Estado y la sociedad colombiana requerimos el respaldo decidido, inequívoco y expresado en acciones de la comunidad internacional.

El mensaje que les quiero transmitir es muy concreto: las actividades de los grupos armados al margen de la ley que operan en nuestro territorio, atentan directamente contra la estabilidad política, económica y social de nuestro Estado, violan los derechos humanos de todos los colombianos sin excepción, contradicen las normas del Derecho Internacional Humanitario, y son hechos terroristas sobre los cuales se debe aplicar todo el peso de la Ley.

El impacto negativo de las actividades terroristas de las F ARC transciende nuestras fronteras y afecta la paz y la estabilidad de toda la región. Por ello nuestro Gobierno les solicita adherir a la declaración suscrita ayer por los
Presidentes de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Canciller de la República de Argentina.

Igualmente exhortamos todos los países miembros de la OEA a cumplir estrictamente la normatividad nacional, regional e internacional de combate al terrorismo en todas sus manifestaciones, en particular la Resolución número 1373 del Consejo de Seguridad y la Convención Interamericana
contra el Terrorismo. Pero sobre todo les pedimos eliminar todo vínculo,facilidad o relación con dichos grupos terroristas.

La amenaza del terrorismo contra la democracia y la población no es sólo contra los colombianos: es contra todos. Por eso es inaceptable que los terroristas puedan transitar libremente por nuestros países; adquirir armas, municiones y explosivos; movilizar el dinero producto de la extorsión, el
secuestro y el tráfico de drogas ilícitas.

Nuestro deber y nuestra obligación es trabajar conjuntamente para quitarle a los terroristas toda fuente de financiamiento y toda posibilidad de moverse de un lugar a otro.

La que está en juego es la seguridad del continente, la democracia, la posibilidad de construir un mundo mejor para nuestros pueblos y las condiciones para integrarnos económica y tecnológicamente con el mundo.

Los valores que iluminan nuestro camino de equidad, participación libre,democracia plena, prosperidad, desarrollo, integración, garantía de derechos y convivencia pacífica no son realizables si esta amenaza no se controla.

Colombia ha honrado sus compromISOS internacionales y ha hecho
Inmensos sacrificios en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Cuantiosos recursos necesarios para la inversión en los más pobres y el desarrollo nacional se han ido en esta lucha. Humildes ciudadanos y ciudadanas y connotados dirigentes de nuestro país han ofrendado sus
vidas. Asistimos con tristeza a la destrucción de aquello que nos ha costado tanto esfuerzo. Pero como lo pregonaban las decenas de miles manifestantes el domingo pasado en Bogotá: COLOMBIA LLORA PERO NO SE RINDE.

Acudimos a ustedes en este crucial momento de nuestra historia a pedir su solidaridad y compromiso en la defensa de nuestra democracia y nuestra población. Que ningún lugar de América sirva de refugio a los terroristas, ni sea propicio para su apertrechamiento o circulación de sus capitales de
muerte. Que sus autoridades cooperen con las nuestras en la investigación y represión de actos criminales. Que la Convención Interamericana contra el terrorismo sea ratificada y aplicada. Que los compromisos derivados de la
Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los apliquemos eficazmente.

44 millones de colombianos y colombianas estamos dispuestos a realizar aun mayores sacrificios hasta lograr la seguridad para nuestro país y por ende la paz y esperamos que los países hermanos no sean inferiores al reto de esta hora que nos plantea a las democracias del continente el terrorismo.