En la búsqueda de mayor integridad y transparencia en la gestión gubernamental, los países de las Américas han venido desarrollando, cada vez más, una serie de políticas, mecanismos y estrategias dentro de sus sistemas de administración pública. Así mismo, los Organismos internacionales y la sociedad civil organizada han contribuido de manera significativa a apoyar tales esfuerzos. Acorde con ese creciente interés, la Guía de Mecanismos para la Promoción de la Transparencia y la Integridad (en adelante la Guía), ofrece información sistematizada sobre los diversos esfuerzos realizados a escala nacional e internacional, incluyendo un compendio de iniciativas y mecanismos diversos, además de instrumentos de análisis e información de referencia.
De esta manera, la Guía intenta ser una herramienta de uso práctico para autoridades, formuladores de políticas, investigadores, académicos, y público en general; que sirva como referencia para futuras acciones y políticas, y como instrumento de formación e información sobre avances, recursos, políticas, e iniciativas en los países miembros de la OEA; en materias que incluyen la transparencia, la promoción de la integridad, y el acceso a la información. Atendiendo a este propósito, la Guía busca contribuir al buen gobierno mediante la promoción de valores fundamentales y el incremento de la responsabilidad en el manejo del Estado; así como mejorar las condiciones de gobernabilidad de los países de la región a través de fortalecer la confianza y legitimidad de las instituciones públicas.
Acerca de la Transparencia
La transparencia es un tema que ha estado presente, de manera protagónica, dentro del desarrollo de políticas nacionales en los últimos años. Este rol protagónico responde a procesos como la transición democrática en gobiernos nacionales y locales, el fortalecimiento de democracias en riesgo; así como también el desarrollo de mejores sistemas de rendición de cuentas y la creciente demanda, por parte de la sociedad, por lograr una participación más activa en los procesos de toma de decisiones y de control de las acciones gubernamentales.
Otros procesos a escala global como la llamada “tercera ola” democrática, la integración comercial, así como el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación, como es el caso del gobierno electrónico, han colocado a la transparencia en un lugar protagónico en el interés de gobiernos, organismos nacionales e internacionales y sociedad civil. Estos procesos han auspiciado el nacimiento de una nueva cultura política en la cual la transparencia ocupa un lugar indispensable en el desarrollo de mejores sistemas de rendición de cuentas y el logro de una mayor eficiencia y efectividad en la gestión y administración pública.
Un tema profundamente vinculado con la transparencia y la integridad en el manejo del Estado, es el acceso a la información pública; la apertura y mantenimiento de canales de información, control y participación ciudadana hace posible, entre otras cosas, facilitar los procesos de comunicación y la relación entre el Estado y los ciudadanos, identificar y subsanar deficiencias en la función pública, así como disponer de un medio efectivo para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos; así como de un instrumento para el control del adecuado manejo del Estado y de los bienes públicos. La ausencia de normas y políticas públicas operantes en este sentido, por el contrario, son terreno abonado para la desconfianza en instituciones vitales para la democracia, lo que tiene graves efectos sobre las condiciones de gobernabilidad democrática.
Los avances de los países de las Américas en relación con el tema de Acceso a la Información Pública, tanto a escala regional como nacional, se irán incorporando de manera progresiva a esta Guía.
Acerca de la Integridad
La integridad es piedra angular del buen gobierno, en cuanto constituye una condición necesaria para decisiones y acciones basadas en principios éticos mínimos que incluyen, en primer lugar, la responsabilidad, la tolerancia y la equidad, en beneficio del bien común. La integridad ocupa un lugar de privilegio entre los valores que conducen a la consolidación democrática, en cuanto constituye el camino seguro hacia la legitimidad y la confianza en las instituciones y autoridades a cuyo cargo se encuentra el manejo del Estado. Es también la cara opuesta de la corrupción. De allí la importancia de que las instituciones y estructuras económicas, políticas y sociales, que rigen las vidas de los ciudadanos, se construyan sobre la base de la integridad.
La promoción de valores democráticos, encaminada hacia la construcción y fortalecimiento de una ciudadanía ética y responsable constituye un objetivo claro para los países miembros de la OEA, los cuales han reiterado de diversas maneras su compromiso en ese sentido. No obstante, se puede decir, en términos generales, que, dentro del contexto global de la lucha contra la corrupción, los países de las Américas no han sido ajenos a la tendencia de vincular buena parte de los esfuerzos en cuanto a la promoción de la transparencia y la integridad, con los aspectos preventivos y de control de la corrupción. De allí que sea útil tomar el tema del control de la corrupción en los países de las Américas, como marco general de referencia para desarrollar el contenido de esta Guía.
Acerca del Control de la Corrupción
No se cuenta con una definición simple, comprensible y universalmente aceptada sobre corrupción, pues aspectos legales, económicos, sociales, y las características de cada país, no permiten una definición unívoca general.
Existe consenso respecto de lo que se podría denominar actos o actividades corruptas o corruptivas, los que tampoco se encuentran taxativamente enumerados. Por lo tanto, agotar el problema sobre la fisonomía del concepto de corrupción, es decir su definición, es un reto que persiste. Pero un reto aún mayor es el de elaborar e implementar medidas que ayuden efectivamente a prevenirla, y al mismo tiempo promover la transparencia y la integridad.
En la década de 1990, el fenómeno de la corrupción se convirtió en un tema clave en el debate público. Desde entonces, con el consenso de que éste constituye un gran obstáculo para el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico social, los países miembros de la OEA han emprendido esfuerzos dirigidos al control de la corrupción.
En 1994 se introdujo el tema en la agenda Interamericana. La primera Cumbre de las Américas (de ese mismo año) le dio gran relevancia al fenómeno de la corrupción y abogó por la elaboración de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) para los países del Hemisferio. La CICC, firmada en Caracas el 29 de marzo de 1996, es el primer instrumento legal internacional para hacer frente a la corrupción y para fomentar la cooperación entre países para su control.
Desde entonces, los líderes de los países miembros de la Organización han reiterado, en sucesivas Cumbres de las Américas, su compromiso para controlar la corrupción y promover la transparencia y la integridad, así como la responsabilidad en el desempeño de la función pública. De igual manera, en concordancia con los mandatos de las Cumbres, otros órganos de la OEA promueven y ejecutan diversas acciones en ese mismo sentido.
Es así como en cumplimiento del Plan de Acción de la III Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, Canadá, en abril de 2001, se establece el Mecanismo de seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (MESICIC), el cual, como se establece en el Acta de la Conferencia de Estados Parte, celebrada en Buenos Aires, Argentina en mayo de 2001, tiene por objeto dar seguimiento y analizar la forma en que están siendo implementados los avances en la implementación de la CICC por los países firmantes.
En 1997, los países integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) adoptaron la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho (Soborno) de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales; y en 2000, los miembros del Grupo de Créditos para la Exportación (de la OCDE) aprobaron una “Declaración de Acción” para tomar medidas y acciones apropiadas para frenar los sobornos en el crédito a la exportación (2000 Action Statement on Bribery and Officially Supported Export Credits).
En 2002, se estableció el Mecanismo de seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (MESICIC), como su nombre lo indica, para dar seguimiento y promover los avances en la implementación de la CICC por los países firmantes.
El año 2003, marcó un hito importante dentro de los esfuerzos por contrarrestar la corrupción con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción por la Asamblea General de la ONU. Ese mismo año, varios países de África adoptaron la Convención para Prevenir y Combatir la Corrupción de la Unión Africana.
Además, en la Cumbre del Grupo de los 8, G-8, que se llevó a cabo en Evian, Francia, la corrupción fue señalada como un tema central cuando los países más industrializados del mundo, además de Rusia, emitieron la Declaración sobre la Lucha contra la Corrupción y el Aumento de la Transparencia.
A lo anterior se puede agregar el desarrollo de otros instrumentos, como la inclusión, en junio de 2004, durante la Cumbre de Líderes del United Nations Global Compact, de un décimo principio, el cual no sólo compromete a los gobiernos de los países integrantes del Pacto, sino también a las empresas, a unirse a los esfuerzos para contrarrestar la corrupción.
Más recientemente, en el 2006, surgió la iniciativa de la OCDE de fortalecer su “Declaración de Acción” con la Recomendación 2006 para disuadir el soborno en créditos de exportación oficialmente apoyados.
En las últimas décadas, los esfuerzos emprendidos para contrarrestar el fenómeno de la corrupción han aumentado en la región. Las Asambleas Generales de la OEA y las reuniones de los jefes de Estado en el marco de las Cumbres de las Américas, han continuado dando relevancia al compromiso político de los países miembros en la lucha contra la corrupción.
El creciente interés sobre la corrupción en la región no sólo ha sido paralelo a una tendencia similar a escala mundial, sino que, a la vez, ha estado relacionado también con el proceso de consolidación de la democracia. La transición de gobiernos autoritarios a democráticos en América Latina en la década de 1980 y 1990, generó la necesidad de dar mayor atención a los aspectos éticos y de transparencia dentro de los gobiernos.
Con la consolidación de la democracia, el tema de la corrupción surgió a la superficie, ayudado por el empuje de la sociedad civil y de los medios de comunicación. A fin de contrarrestar el fenómeno, los gobiernos han iniciado esfuerzos para mejorar sus sistemas de Integridad, de transparencia, de responsabilidad, y de rendición de cuentas a través del reforzamiento de sus sistemas de control superior.
