La Facilitación del Proceso de Dialogo 

La OEA apoyó los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua y de diversos actores políticos y sociales en la facilitación del diálogo entre el Gobierno y los principales partidos políticos nicaragüenses, en el contexto de una crisis política que puso en riesgo la gobernabilidad, producto de la falta de una normal interrelación entre los poderes del Estado, como consecuencia de la divergencia en la interpretación de los alcances de las reformas constitucionales. La adopción de la Ley Marco para la Estabilidad y la Gobernabilidad del País constituyó una medida para encaminar la solución del conflicto político en el país, generar condiciones para asegurar la estabilidad del Gobierno y el normal desarrollo del proceso electoral.

La Misión Especial fue dirigida por el Representante Especial del Secretario General, Dante Caputo, ex canciller de la República Argentina y actual Subsecretario de Asuntos Políticos de la OEA. La tarea de acompañamiento al diálogo en Nicaragua se desarrolló durante el período comprendido entre junio y octubre de 2005, fecha en que se adoptó la denominada Ley Marco.

El origen de la crisis fue el siguiente: la reforma parcial de la Constitución aprobada en dos legislaturas, con los votos de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), no fue reconocida por el Poder Ejecutivo, quién decidió no publicar el texto sancionado de la reforma constitucional, con la intención de impedir su entrada en vigencia. Se produjo un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que debió resolver la Corte Suprema de Justicia. En el marco de este conflicto de poderes, el gobierno de Nicaragua, que también se enfrentó con la Corte Suprema de Justicia, invitó a la OEA a facilitar el diálogo.

La Ley Marco que resultó de las negociaciones incorporó los acuerdos logrados entre las fuerzas políticas, incluyendo la suspensión de la aplicación de la reforma constitucional, y generó condiciones para el normal desarrollo del proceso electoral. Más importante aún, la Ley Marco institucionalizó el diálogo, creando una Mesa de Diálogo, con presencia de la Iglesia católica y la OEA como garantes, que facilitó la tarea legislativa en materias muy importantes. Para dar continuidad a este trabajo, la OEA también desplegó una misión de observación electoral de amplio alcance para acompañar las elecciones regionales de la Costa Atlántica, del 5 de marzo, los comicios presidenciales y legislativos del 5 de noviembre de 2006.

Raúl Alconada, asesor político de la Misión Especial, destacó la necesidad de ganar la confianza de los actores involucrados. Para ello, la discreción fue esencial. Durante su permanencia en Nicaragua, la Misión no dio entrevistas a la prensa ni tampoco hizo declaraciones, salvo de manera genérica. A la vez, también fue necesario crear confianza entre los actores mismos. Alconada enfatizó la importancia de mantener la mente abierta: "No existen esquemas predeterminados de facilitación", dijo. En buena parte, el éxito depende de la experiencia política práctica de los facilitadores.

En este caso, la OEA se encontró frente a una decisión estratégica. Durante su presencia en el país, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de la constitucionalidad de la reforma mientras la Corte Centroamericana de Justicia consideraba adversa su aplicación por atentar contra el principio de la separación e independencia de los poderes del Estado. Como el gobierno mantuvo su posición en contra del cambio constitucional, se comenzó a discutir el desafuero de los ministros e incluso del mismo Presidente Bolaños. Los diálogos entre las tres partes - el gobierno, el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista - se encontraban en un punto muerto. Por eso, en palabras de Alconada, la OEA "abandonó el camino de los tres" y "exploró alternativas de dos, sin ser ella quien decidiera cuáles dos debían sentarse a la mesa". Fueron el gobierno y el Frente Sandinista que lograron el primer acuerdo. Con 47 legisladores a bordo, el Partido Liberal Constitucionalista se sumó a ellos.

La resolución de la crisis llevó a que se destrabara el funcionamiento del poder legislativo. Durante siete miércoles seguidos, las autoridades gubernamentales y los representantes de los partidos discutían, con miembros de la OEA y de la Iglesia como testigos, textos jurídicos que estaban pendientes de aprobación en la Asamblea. En una de las reuniones participó incluso el representante del Fondo Monetario Internacional, quien explicó la necesidad de algunas normas. Cuando no se lograba un acuerdo, se pasaba a votación en la Asamblea. Así se aprobaron múltiples leyes.

Esta crisis evoca la necesidad de reflexionar sobre las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Congreso en regímenes presidencialistas. En efecto, los dos polos políticos establecidos en 1990, el primero alrededor de Violeta Barrios de Chamorro y el segundo alrededor de Daniel Ortega, se mantuvieron en 1996 con el triunfo de Arnoldo Alemán y en el 2001 con el triunfo del Presidente Bolaños. Poco después del inicio de su gobierno, el Presidente Bolaños perdió el apoyo parlamentario. La bancada gubernamental contó con sólo nueve diputados mientras que el bloque del Partido Liberal Constitucionalista estaba conformado por 45 y el del Frente Sandinista 38. ¿Qué hace, entonces, un gobierno sin apoyo legislativo? Es por ello que el caso de Nicaragua pone sobre la mesa el debate en torno al presidencialismo y al parlamentarismo en las Américas. Para Alconada, el desafío de América Latina reside en la búsqueda de formas intermedias.

La Misión se desarrolló de conformidad con las provisiones de la Carta Democrática Interamericana y de la Declaración de Apoyo suscrita en el marco del XXXV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.